“La respuesta del Estado no es adecuada ni suficiente”: defensor del pueblo Chocó

“Para nosotros lo que debería ser una bendición ha significado un riesgo para la vida”, manifestó Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo regional Chocó, al referirse a la riqueza natural y ubicación geoestratégica del departamento. Estas han sido apetecidas por los grupos armados ilegales históricamente pero ahora la disputa es entre las Agc y el ELN.

La confrontación de estos grupos ha dejado a la población civil presa de confinamientos, accidentes y riesgo de movilidad por minas antipersonal y desplazamientos forzados rurales y urbanos. Entre 2020 y 2021 la Defensoría documentó más de 60 mil personas confinadas en Chocó, cifra similar a la de población desplazada en el mismo periodo de tiempo.

Le puede interesar: Las mujeres de Quibdó combaten la violencia formando a líderes y lideresas

En entrevista con Colombia +20, el defensor resaltó las alertas claves que han emitido al gobierno nacional para atender la situación de conflicto que se vive en el departamento.

¿Cuáles son las acciones claves que las comunidades y las instituciones piden al gobierno nacional?

Primero el desminado porque los territorios cada vez más están llenos de trampas explosivas y eso no permite que puedan cultivar ni relacionarse con comunidades. De otro lado, nos preocupa mucho los controles poblacionales, es decir, la estrategia que tienen los grupos de instalar personas en las comunidades para hacer control territorial y poblacional desde adentro; esto ha generado muchas rupturas organizativas.

Los confinamientos son recurrentes y cada vez más prolongados. Eso es grave porque la gente está padeciendo hambre al no poder sembrar, y la respuesta del Estado no es adecuada ni suficiente.

Lea: Desplazadas o confinadas: la realidad de comunidades visitadas por Gobierno y Eln

El confinamiento se entiende de manera transitoria desde 2009 cuando se conceptuó por la Corte Constitucional. Es una etapa previa al desplazamiento, que se atiende por tres meses mientras un grupo armado está en el territorio. Pero en esta etapa de post acuerdo tenemos a los grupos con estadías permanentes, entonces hay comunidades que llevan dos y tres años confinadas, principalmente las indígenas. Esto genera que la gente tenga que reubicarse, abandonar el territorio o estar de desplazamiento constante.

¿Cuáles son los retos de atender esta nueva modalidad de confinamiento?

Lo grave del confinamiento es que está más invisibilizado y los protocolos que tenemos para atenderlos son desde lo alimentario por tres meses o seis máximos, pero de ahí para allá no hay una ruta porque se piensa que es un evento transitorio. Cuando tenemos eventos prolongados de uno o dos años, como se han presentado en el Bajo Baudó, esas comunidades quedan a su suerte y se genera el desplazamiento.

¿Cuántas alertas tempranas hay activas en Chocó?

Tenemos 14 alertas tempranas vigentes en Chocó que advierte el riesgo de 438.117 habitantes en 25 municipios del Chocó. El pasado 3 de abril emitimos una para Bagadó, un municipio fronterizo que colinda con Antioquia y con Risaralda. Allí habita el resguardo indígena más grande del departamento, Alto Andágueda, que tiene 34 comunidades y cerca de 7.000 habitantes.

Lea también: Hay acciones urgentes que no dan espera a la mesa de diálogo: gestor de paz de Eln

En vigencia de esta alerta, la población se desplazó hacia Palmira y Medellín, según relataron, por combates pero la fuerza pública dice que no han chocado con nadie. En este territorio sabemos que hay presencia histórica del ELN. Estamos tratando que los retornos tengan los tres principios: voluntarios, seguros y acompañados, es decir, que sean dignos y con garantías de seguridad.

Si nosotros vemos las alertas tempranas podemos dar cuenta cómo se ha expandido la guerra. Entre 2017-2018 tuvimos alertas de Riosucio, Carmen del Darién y tres fueron consecutivas para Riosucio, fue una cosa histórica. Desde el norte las Agc comenzaron a entrar. Las últimas alertas son sobre el sur del departamento.

¿Están trabajando en nuevas alertas?

Se está construyendo una alerta de inminencia para el Río Iró porque en la parte baja hay presencia de Agc y en la parte alta, el ELN. Este último ha pintado banderas, ha hecho atracos, han hecho hostigamientos a la estación de Policía y en las últimas semanas, nos reportaron que ocho niños fueron reclutados por ellos. Las alertas son fotografías a futuro y algunas personas piensan que estos escenarios no son posibles, pero terminan ocurriendo.

En contexto: En el Día del Niño, la Defensoría anunció el aumento de reclutamiento de menores

La Defensoría expresó preocupación en febrero pasado por la situación humanitaria en Nóvita y Sipí, ¿qué ha pasado allí?

En Nóvita llegaron las Agc, controlaron primero la cabecera municipal y luego se expandieron. Esta es una zona fuerte del ELN y han entrado en confrontación sin pensar en la población civil. Las casas donde estaban los excombatientes quedaron como coladores por las balas pero también las aledañas que son de población civil.

¿Hubo respuesta ante esta alerta?

Sí se tomaron acciones pero no suficientes, han sido de asistencia, preventivas pero no sostenidas en el tiempo. En la parte sur del departamento, donde se encuentran estos municipios, es donde se está constituyendo un nuevo corredor de movilidad que tiene dos rutas: Pacífico-Norte del Valle y San Juan-’Baudoes’. Todos los grupos ilegales tienen como meta la frontera del Pacífico.

¿Qué se disputan los actores armados en el Chocó?

Se están constituyendo unas zonas de control estratégico para el narcotráfico y la minería. Esto es una gran mina con oro, cobre, petróleo, platino, litio, coltán, de todo. Para nosotros lo que debería ser una bendición ha significado un riesgo para la vida. También hay intereses geoestratégicos como los megapuertos, mega vías y monocultivos. Si uno hace un mapa de capas se da cuenta que donde hay intereses mineros, de megaproyectos, monocultivos y demás, en la última capa están los actores armados, ahí van a coincidir siempre.

Le sugerimos: En primer trimestre del año, 35 líderes sociales fueron asesinados: Defensoría

¿Están trabajando en una alerta temprana para Quibdó?

Estamos haciendo una alerta nueva porque desde 2019 hay una vigente en la que advertimos que el ELN estaba fraguando una alianza con bandas de delincuencia común locales para enfrentarse a las Agc que estaban tratando de tomar el control total de la ilegalidad en Quibdó. Lo que se vino desde 2020 con la pandemia y después de ella fue una confrontación del ELN con estructuras urbanas y trataron de establecer un frente urbano. Tienen presencia urbana, a través de una tercerización con delincuencia común y las Agc siguen siendo muy fuertes en Quibdó con la extorsión.

¿Qué está pasando en Quibdó?

Con la guerra urbana lo que hubo fue desplazamientos intraurbanos, la gente tenía que salir de un barrio a otro, a otros municipios porque aquí es muy pequeño y los controles se extienden de un barrio a otro. Los grupos reemplazaron al Estado en todo el tema de control, algunos territorios están cerrados.

Por ejemplo, durante la pandemia en Condoto y Andagoya (Medio San Juan) tenían rejas y controlaban quién entraba y quién no. Imagínese lo grave porque la gente que quería huir tampoco podía salir a la cabecera municipal, no era viable porque también tienen control allí.

Vivimos grandes desplazamientos entre 2020 y 2021, fueron más de 25 mil o 30 mil personas desplazadas cada año y con los confinamientos prácticamente la misma cantidad de personas. En esos años hubo más gente muerta por la violencia que por el Covid, y los que no murieron quedaron con afectaciones en la salud mental.

Violencia en los territorios: Durante 2022 hubo 30 casos de reclutamiento de menores, según la Defensoría

El municipio de Juradó, fronterizo con Panamá, se ha convertido en un lugar clave de tránsito de migrantes, pero también de tráfico de droga. ¿Cuál es la situación actual de este territorio?

Juradó era un municipio que tenía nueve corregimientos y por la violencia, toda la población salió hacia Bahía Solano, Buenaventura e incluso Panamá. Poco a poco fueron regresando y ahora tenemos tres corregimientos, con muy poca gente. En 2018 visitamos el territorio y recibimos muchas quejas de familiares que decían que sus familiares estaban perdidos y no sabían nada de ellos. Hicimos la consulta con Cancillería y se identificó que gran parte ellos estaban en cárceles de Panamá. Hay que hacer un rastreo, no solo en Panamá sino también en Costa Rica porque la ruta de tránsito de narcóticos llega hasta allá o hasta México. Algunos pudieron haber sido capturados allá, otros haber muerto en la travesía, pero sería bueno mirar en los países vecinos qué tanta gente colombiana hay allá y en qué situación.

Acá en Chocó tenemos dos rutas de migrantes, una por Acandí (Darién) y otra que va desde Riosucio hasta Juradó, es terrestre y fluvial. Hay otra que viene por mar desde el sur del país, llegan a Buenaventura en barcos, luego se transbordan hasta Bahía Solano o Nuquí y en embarcaciones pequeñas los suben hasta Juradó. En la alerta temprana binacional de las defensorías de Panamá y Colombia se identifican estas tres rutas, la publicamos hace un par de semanas, donde se resalta la vulneración a los derechos de miles de migrantes.

“Para nosotros lo que debería ser una bendición ha significado un riesgo para la vida”, manifestó Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo regional Chocó, al referirse a la riqueza natural y ubicación geoestratégica del departamento. Estas han sido apetecidas por los grupos armados ilegales históricamente pero ahora la disputa es entre las Agc y el ELN.

La confrontación de estos grupos ha dejado a la población civil presa de confinamientos, accidentes y riesgo de movilidad por minas antipersonal y desplazamientos forzados rurales y urbanos. Entre 2020 y 2021 la Defensoría documentó más de 60 mil personas confinadas en Chocó, cifra similar a la de población desplazada en el mismo periodo de tiempo.

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En entrevista con Colombia +20, el defensor resaltó las alertas claves que han emitido al gobierno nacional para atender la situación de conflicto que se vive en el departamento.

¿Cuáles son las acciones claves que las comunidades y las instituciones piden al gobierno nacional?

Primero el desminado porque los territorios cada vez más están llenos de trampas explosivas y eso no permite que puedan cultivar ni relacionarse con comunidades. De otro lado, nos preocupa mucho los controles poblacionales, es decir, la estrategia que tienen los grupos de instalar personas en las comunidades para hacer control territorial y poblacional desde adentro; esto ha generado muchas rupturas organizativas.

Los confinamientos son recurrentes y cada vez más prolongados. Eso es grave porque la gente está padeciendo hambre al no poder sembrar, y la respuesta del Estado no es adecuada ni suficiente.

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El confinamiento se entiende de manera transitoria desde 2009 cuando se conceptuó por la Corte Constitucional. Es una etapa previa al desplazamiento, que se atiende por tres meses mientras un grupo armado está en el territorio. Pero en esta etapa de post acuerdo tenemos a los grupos con estadías permanentes, entonces hay comunidades que llevan dos y tres años confinadas, principalmente las indígenas. Esto genera que la gente tenga que reubicarse, abandonar el territorio o estar de desplazamiento constante.

¿Cuáles son los retos de atender esta nueva modalidad de confinamiento?

Lo grave del confinamiento es que está más invisibilizado y los protocolos que tenemos para atenderlos son desde lo alimentario por tres meses o seis máximos, pero de ahí para allá no hay una ruta porque se piensa que es un evento transitorio. Cuando tenemos eventos prolongados de uno o dos años, como se han presentado en el Bajo Baudó, esas comunidades quedan a su suerte y se genera el desplazamiento.

¿Cuántas alertas tempranas hay activas en Chocó?

Tenemos 14 alertas tempranas vigentes en Chocó que advierte el riesgo de 438.117 habitantes en 25 municipios del Chocó. El pasado 3 de abril emitimos una para Bagadó, un municipio fronterizo que colinda con Antioquia y con Risaralda. Allí habita el resguardo indígena más grande del departamento, Alto Andágueda, que tiene 34 comunidades y cerca de 7.000 habitantes.

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En vigencia de esta alerta, la población se desplazó hacia Palmira y Medellín, según relataron, por combates pero la fuerza pública dice que no han chocado con nadie. En este territorio sabemos que hay presencia histórica del ELN. Estamos tratando que los retornos tengan los tres principios: voluntarios, seguros y acompañados, es decir, que sean dignos y con garantías de seguridad.

Si nosotros vemos las alertas tempranas podemos dar cuenta cómo se ha expandido la guerra. Entre 2017-2018 tuvimos alertas de Riosucio, Carmen del Darién y tres fueron consecutivas para Riosucio, fue una cosa histórica. Desde el norte las Agc comenzaron a entrar. Las últimas alertas son sobre el sur del departamento.

¿Están trabajando en nuevas alertas?

Se está construyendo una alerta de inminencia para el Río Iró porque en la parte baja hay presencia de Agc y en la parte alta, el ELN. Este último ha pintado banderas, ha hecho atracos, han hecho hostigamientos a la estación de Policía y en las últimas semanas, nos reportaron que ocho niños fueron reclutados por ellos. Las alertas son fotografías a futuro y algunas personas piensan que estos escenarios no son posibles, pero terminan ocurriendo.

En contexto: En el Día del Niño, la Defensoría anunció el aumento de reclutamiento de menores

La Defensoría expresó preocupación en febrero pasado por la situación humanitaria en Nóvita y Sipí, ¿qué ha pasado allí?

En Nóvita llegaron las Agc, controlaron primero la cabecera municipal y luego se expandieron. Esta es una zona fuerte del ELN y han entrado en confrontación sin pensar en la población civil. Las casas donde estaban los excombatientes quedaron como coladores por las balas pero también las aledañas que son de población civil.

¿Hubo respuesta ante esta alerta?

Sí se tomaron acciones pero no suficientes, han sido de asistencia, preventivas pero no sostenidas en el tiempo. En la parte sur del departamento, donde se encuentran estos municipios, es donde se está constituyendo un nuevo corredor de movilidad que tiene dos rutas: Pacífico-Norte del Valle y San Juan-’Baudoes’. Todos los grupos ilegales tienen como meta la frontera del Pacífico.

¿Qué se disputan los actores armados en el Chocó?

Se están constituyendo unas zonas de control estratégico para el narcotráfico y la minería. Esto es una gran mina con oro, cobre, petróleo, platino, litio, coltán, de todo. Para nosotros lo que debería ser una bendición ha significado un riesgo para la vida. También hay intereses geoestratégicos como los megapuertos, mega vías y monocultivos. Si uno hace un mapa de capas se da cuenta que donde hay intereses mineros, de megaproyectos, monocultivos y demás, en la última capa están los actores armados, ahí van a coincidir siempre.

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¿Están trabajando en una alerta temprana para Quibdó?

Estamos haciendo una alerta nueva porque desde 2019 hay una vigente en la que advertimos que el ELN estaba fraguando una alianza con bandas de delincuencia común locales para enfrentarse a las Agc que estaban tratando de tomar el control total de la ilegalidad en Quibdó. Lo que se vino desde 2020 con la pandemia y después de ella fue una confrontación del ELN con estructuras urbanas y trataron de establecer un frente urbano. Tienen presencia urbana, a través de una tercerización con delincuencia común y las Agc siguen siendo muy fuertes en Quibdó con la extorsión.

¿Qué está pasando en Quibdó?

Con la guerra urbana lo que hubo fue desplazamientos intraurbanos, la gente tenía que salir de un barrio a otro, a otros municipios porque aquí es muy pequeño y los controles se extienden de un barrio a otro. Los grupos reemplazaron al Estado en todo el tema de control, algunos territorios están cerrados.

Por ejemplo, durante la pandemia en Condoto y Andagoya (Medio San Juan) tenían rejas y controlaban quién entraba y quién no. Imagínese lo grave porque la gente que quería huir tampoco podía salir a la cabecera municipal, no era viable porque también tienen control allí.

Vivimos grandes desplazamientos entre 2020 y 2021, fueron más de 25 mil o 30 mil personas desplazadas cada año y con los confinamientos prácticamente la misma cantidad de personas. En esos años hubo más gente muerta por la violencia que por el Covid, y los que no murieron quedaron con afectaciones en la salud mental.

Violencia en los territorios: Durante 2022 hubo 30 casos de reclutamiento de menores, según la Defensoría

El municipio de Juradó, fronterizo con Panamá, se ha convertido en un lugar clave de tránsito de migrantes, pero también de tráfico de droga. ¿Cuál es la situación actual de este territorio?

Juradó era un municipio que tenía nueve corregimientos y por la violencia, toda la población salió hacia Bahía Solano, Buenaventura e incluso Panamá. Poco a poco fueron regresando y ahora tenemos tres corregimientos, con muy poca gente. En 2018 visitamos el territorio y recibimos muchas quejas de familiares que decían que sus familiares estaban perdidos y no sabían nada de ellos. Hicimos la consulta con Cancillería y se identificó que gran parte ellos estaban en cárceles de Panamá. Hay que hacer un rastreo, no solo en Panamá sino también en Costa Rica porque la ruta de tránsito de narcóticos llega hasta allá o hasta México. Algunos pudieron haber sido capturados allá, otros haber muerto en la travesía, pero sería bueno mirar en los países vecinos qué tanta gente colombiana hay allá y en qué situación.

Acá en Chocó tenemos dos rutas de migrantes, una por Acandí (Darién) y otra que va desde Riosucio hasta Juradó, es terrestre y fluvial. Hay otra que viene por mar desde el sur del país, llegan a Buenaventura en barcos, luego se transbordan hasta Bahía Solano o Nuquí y en embarcaciones pequeñas los suben hasta Juradó. En la alerta temprana binacional de las defensorías de Panamá y Colombia se identifican estas tres rutas, la publicamos hace un par de semanas, donde se resalta la vulneración a los derechos de miles de migrantes.