En 12 años, solo se ha resuelto el 3 % de casos de restitución étnica de tierras

Este año la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras cumplirá 12 años de vigencia. En ese lapso, los jueces de restitución apenas han emitido 24 sentencias para comunidades indígenas y afros, de los más de 800 casos de restitución étnica que hay en todo el país. Es decir, más de una década para resolver apenas el 3,4% de los casos.

La alerta la hace la abogada y actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Jhenifer Mojica, quien desde octubre pasado está a cargo de la tarea de devolverles a comunidades indígenas y afros las tierras que les fueron despojadas durante el conflicto armado. La funcionaria, quien fue subgerente de tierras en el antiguo Incoder, busca avanzar en el 70% de los procesos étnicos de restitución de tierras - 487 casos - que no han avanzado por demoras institucionales. La mayoría de las solicitudes se ubican en el Litoral Pacífico (departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y en el bioma Amazónico (departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare).

Serán 12.400.000 hectáreas las que Mojica y su equipo intervendrán en los próximos cuatro años para llevar ante los jueces.

¿Cuál es la situación actual de la restitución de tierras a comunidades étnicas?

Encontramos una Unidad de Restitución de Tierras con una congestión muy grande en la atención de casos, tanto étnicos como no étnicos. La Unidad cumple 12 años de implementación del proceso de restitución de tierras, pero con una deuda muy grande con las comunidades que fueron victimizadas por el conflicto armado. En el caso de los pueblos étnicos encontramos más de 800 casos de pueblos indígenas y negros que no habían tenido el trato o el desarrollo adecuado para poder acceder al proceso.

Encontramos que había 812 territorios reclamados sobre 14.5 millones de hectáreas en Colombia. La proporción es un 70% de casos indígenas y un 30% de casos de comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras. No conocemos casos de raizales ni de comunidades rom, a pesar de que existe ruta para atenderlos.

¿Por qué se ha demorado tanto la restitución a pueblos étnicos?

Hoy en instancias judiciales hay menos de un 30% de los casos; eso quiere decir que el 70% están en un rezago institucional, en una fila eterna en donde la Unidad no había querido atenderlos. A eso se suma que hay un bajo número de casos que han contado con sentencia judicial, solamente había 24 sentencias en casos étnicos en todo el país. Nuestros casos se ubican en un escenario de guerra y conflicto donde no tienen acceso a la justicia ni a una reparación pronta, real y efectiva.

La Unidad tiene su mayor fortaleza en el desarrollo de casos no étnicos, de ruta individual. En el caso étnico había una limitada capacidad que generaba cuellos de botella, pero también corresponde a decisiones políticas que fueron tomadas en la Unidad en los tres gobiernos anteriores. Una de ellas fue la creación del grupo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructuras (AMEI), con la idea de dar una especie de asesoría jurídica y técnica en casos traslapados con proyectos de infraestructura, ingeniería o de las aplanadoras del desarrollo. Este grupo tuvo una injerencia muy fuerte en los territorios étnicos y en los procesos de restitución porque terminó limitando los derechos de las comunidades y favoreciendo los intereses económicos que estaban en esos territorios.

Lea también: “La gran beneficiada de la zona de reserva campesina del Sumapaz es Bogotá”

¿Cómo destrabar estos procesos?

Una de las principales acciones fue precisamente eliminar el AMEI porque este grupo terminó formando en derecho minero energético a los abogados, jueces y funcionarios judiciales de la Unidad. No se daban capacitaciones sobre cómo funcionan los derechos de los territorios étnicos. Con este énfasis, eliminaron la importancia de lo ambiental en los temas territoriales étnicos, y la restitución de los pueblos étnicos no solamente es a las comunidades, sino también al territorio en sí mismo. Según los decretos-leyes 4633 de indígenas y 4635 de negros, el territorio ancestral en sí mismo es víctima y las afectaciones que el territorio sufrió tienen que ser restituidas y reparadas.

Otra acción tiene que ver con el trato discriminatorio que se tiene frente a los pueblos étnicos al interior de la Unidad. La URT tiene un fondo para la restitución que se ha dedicado estos 12 años a atender a víctimas de ruta individual, las repara con subsidios, proyectos productivos, compensaciones, reubicaciones, compra de tierras. Pero hay cero casos de restitución étnica. Se han dado algunas órdenes como instalación de vallas de información de restitución o traducir algunas sentencias a dialectos indígenas, pero de resto no.

No hay razones de hecho para decir que se restituye en los casos no étnicos y en los casos étnicos no. Lo que pasa con las órdenes étnicas es que se difuminan en órdenes a todo el Estado pero a la hora del té es bastante complejo reparar ese sufrimiento. La Unidad está trabajando en hacer un ajuste institucional del fondo para que la Unidad también pueda concurrir al cumplimiento de algunas, no de todas las órdenes judiciales. Tenemos que darle todo el enfoque diferenciador étnico, lo que tiene que hacerse participativamente. Se acordó en el Plan Nacional de Desarrollo que se harán unas instancias de concertación con los distintos pueblos de manera que recoja esa cosmovisión.

¿Cuáles son los retos?

Uno es cómo asumir los casos donde hay distintas presencias en las territoriales étnicas. Es decir, casos en donde podemos estar ante potenciales diferencias o incluso conflictos entre pueblos étnicos, entre distintos pueblos étnicos o entre interculturales.

Sobre el tema ambiental, los territorios en sí mismos son víctimas y los daños que surgieron se traducen en daños ambientales. Por ejemplo, hemos visto en la historia reciente cómo ha aumentado la deforestación en estos territorios; la deforestación asociada a la colonización, orientada al acaparamiento de grandes extensiones de tierra en territorios ancestrales en donde se genera la quema y la tala del bosque y la selva.

Una de las últimas demandas que hemos radicado, la del caso Nukak en Guaviare, viene con este chip de plasmar cuál fue el impacto ambiental que tuvo el conflicto en este territorio, cuáles fueron las hectáreas deforestadas, las especies de extinción que están dentro del territorio, cómo es que el agua está dañada y cuál sería la medida de reparación. Estamos haciendo un énfasis muy fuerte en articularnos con Parques Naturales, también estamos invitando a las corporaciones e institutos ambientales a que se sumen en esta determinación de los daños y de las medidas tratando que las comunidades y los territorios sean reparados.

Lea: Tras 11 años de dilaciones, Colombia tiene tres nuevas zonas de reserva campesina

Buena parte de la población étnica en Colombia está ubicada en zonas que colindan con reservas campesinas, la selva amazónica, Parque Nacionales Naturales, entre otros. ¿Cómo van a manejar los procesos de restitución y entrega de tierras en estos casos?

Desde la Unidad se entendía lo ambiental como una causa de vulneración de derechos, entonces se negaba la restitución por estar en reserva forestal, en áreas protegidas, por cualquier cosa se les estaba negando. El resultado fue que a seis de cada 10 víctimas la Unidad no les permitía acceder a restitución de tierras y se está trabajando en revisar esas negaciones y reabrir esos casos que se negaron.

Hoy la línea que tenemos y que nunca tuvo que haber estado en discusión es que la restitución es un proceso necesario para la reparación de las víctimas del conflicto armado, aquí no hay matices. No se puede decir que se repara solo a las víctimas que estaban en X o Y circunstancias, que tenían o no propiedad. Las discusiones son sobre cómo hacerlo práctico y que no debería implicar negar los derechos de las víctimas. Aquí no hay una postura sobre reubicación o desalojos de las personas que están en un Parque Nacional. Revisamos cómo es la restitución de estas víctimas y cómo esto contribuye a la deuda histórica, a superar esos conflictos. Buscar que en ningún escenario se deje a la gente con unos derechos negados y sin respuesta. Hay que trabajar para no sacar a la gente o hacer una conservación a la brava sin gente, sino cómo involucrar a las comunidades locales en los procesos de conservación y restauración participativa.

Esto es un reloj que se agota y la preocupación que nos embarga es que en este momento lo que hagamos o dejemos de hacer en cuatro años es determinante, podría generar unas situaciones irreversibles frente a la permanencia física y cultural de estos pueblos y su riqueza ambiental y natural. La urgencia para nosotros hoy es el bioma amazónico y el Litoral Pacífico.

Vea: “Reforma agraria de Petro no será la de los años 60, sino la del Acuerdo de Paz”

¿Cuáles son las tierras que se entregarán a esta población (SAE, baldíos, compras de tierras de Fedegan, etc.)? ¿Dónde estarían esos predios?

En el Plan Nacional de Desarrollo en la consulta previa, los pueblos exigieron que se definiera dentro de esta bolsa de reforma agraria un porcentaje dedicado especialmente a los pueblos étnicos y se acordó con el gobierno, hacer una subcuenta, por fin, diferenciadora de ese Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para los pueblos étnicos.

Hay un capítulo étnico el Acuerdo de Paz, estaba pendiente de ser implementado porque también tenemos cuestionamientos de que se confunden las cifras. Por ejemplo, el gobierno Duque reportaba todo lo que se hacía como cumplimiento de estos capítulos diferenciados pero realmente en los fondos no había una cuenta o subcuenta para estos fines. Esto se espera corregir con estos ajustes institucionales.

En el marco de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz ¿la población étnica tendrá alguna prioridad?

En la URT un 90% de lo que se hace es ruta individual, en recursos, en inversión, en todo. Casi $500.000 millones al año van al fondo que es todo ruta no étnica. Hoy lo que se hizo fue tratar de mejorar la efectividad en los procesos de ruta étnica, pero sigue siendo también muy pequeño, como la participación en temas de capacidad de la URT.

Por ejemplo, un equipo de una dirección territorial son 100 personas; en el tema étnico no alcanzan a ser más de 20 entonces más o menos la proporción es 80-20. Un punto es que el tema étnico es muy grande, cada caso son miles de personas, de familias; los territorios son muy grandes.

Lea: No hay que comprar tres millones de hectáreas para cumplir Acuerdo de Paz

También estamos viendo la necesidad de hacer un proceso muy fuerte de formación y discusión sobre lo étnico, no solamente con la Unidad, sino con la Agencia Nacional de Tierras, las entidades de control, la rama judicial. De hecho, estamos planteando la necesidad de hacer unos juzgados especializados de restitución étnica porque el pensamiento es muy distinto. No se discuten derechos de propiedad sino derechos territoriales, lo que hace que la forma en que se discuten los temas sea muy diferente.

Queremos tratar de ganar un poquito de especificidad anticipando que a futuro se crea la jurisdicción agraria y que este es un germen de esa jurisdicción, tratar de hacer también un proceso de descongestión judicial, de alistamiento que robustezca la respuesta de la rama judicial y estas necesidades de garantía y seguridad jurídica de los derechos territoriales.

En el Cauca hay una lucha histórica bajo el lema de “liberación de la Madre Tierra”, ¿para este tipo de casos existirá un plan diferencial de restitución?

En el Cauca hay un número muy alto de casos por el conflicto armado y aún se está viviendo en zonas urbanas como Santander de Quilichao. Varios de los procesos de retoma, como se les ha venido llamando desde el movimiento indígena, tienen que ver también con esa recuperación de sus territorios que eran ancestrales o que habían sido prometidos o intervenidos en estos procesos de reubicación, de compras de tierra, de atención a los damnificados o compensación de masacres. Hemos venido identificando qué hacer desde la URT porque nuestra competencia es muy concreta y es adelantar los procesos de restitución de los pueblos que han sido víctimas en el marco del conflicto armado.

Lo que sí hemos tratado de hacer es revitalizar los espacios de diálogo territorial que existen: las mesas de diálogo interétnico e intercultural que se han venido dando durante las últimas décadas. Queremos apoyarlos porque entendemos muy bien que la paz total es esa que surge de las mismas comunidades.

Este año la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras cumplirá 12 años de vigencia. En ese lapso, los jueces de restitución apenas han emitido 24 sentencias para comunidades indígenas y afros, de los más de 800 casos de restitución étnica que hay en todo el país. Es decir, más de una década para resolver apenas el 3,4% de los casos.

La alerta la hace la abogada y actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Jhenifer Mojica, quien desde octubre pasado está a cargo de la tarea de devolverles a comunidades indígenas y afros las tierras que les fueron despojadas durante el conflicto armado. La funcionaria, quien fue subgerente de tierras en el antiguo Incoder, busca avanzar en el 70% de los procesos étnicos de restitución de tierras - 487 casos - que no han avanzado por demoras institucionales. La mayoría de las solicitudes se ubican en el Litoral Pacífico (departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y en el bioma Amazónico (departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare).

Serán 12.400.000 hectáreas las que Mojica y su equipo intervendrán en los próximos cuatro años para llevar ante los jueces.

¿Cuál es la situación actual de la restitución de tierras a comunidades étnicas?

Encontramos una Unidad de Restitución de Tierras con una congestión muy grande en la atención de casos, tanto étnicos como no étnicos. La Unidad cumple 12 años de implementación del proceso de restitución de tierras, pero con una deuda muy grande con las comunidades que fueron victimizadas por el conflicto armado. En el caso de los pueblos étnicos encontramos más de 800 casos de pueblos indígenas y negros que no habían tenido el trato o el desarrollo adecuado para poder acceder al proceso.

Encontramos que había 812 territorios reclamados sobre 14.5 millones de hectáreas en Colombia. La proporción es un 70% de casos indígenas y un 30% de casos de comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras. No conocemos casos de raizales ni de comunidades rom, a pesar de que existe ruta para atenderlos.

¿Por qué se ha demorado tanto la restitución a pueblos étnicos?

Hoy en instancias judiciales hay menos de un 30% de los casos; eso quiere decir que el 70% están en un rezago institucional, en una fila eterna en donde la Unidad no había querido atenderlos. A eso se suma que hay un bajo número de casos que han contado con sentencia judicial, solamente había 24 sentencias en casos étnicos en todo el país. Nuestros casos se ubican en un escenario de guerra y conflicto donde no tienen acceso a la justicia ni a una reparación pronta, real y efectiva.

La Unidad tiene su mayor fortaleza en el desarrollo de casos no étnicos, de ruta individual. En el caso étnico había una limitada capacidad que generaba cuellos de botella, pero también corresponde a decisiones políticas que fueron tomadas en la Unidad en los tres gobiernos anteriores. Una de ellas fue la creación del grupo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructuras (AMEI), con la idea de dar una especie de asesoría jurídica y técnica en casos traslapados con proyectos de infraestructura, ingeniería o de las aplanadoras del desarrollo. Este grupo tuvo una injerencia muy fuerte en los territorios étnicos y en los procesos de restitución porque terminó limitando los derechos de las comunidades y favoreciendo los intereses económicos que estaban en esos territorios.

Lea también: “La gran beneficiada de la zona de reserva campesina del Sumapaz es Bogotá”

¿Cómo destrabar estos procesos?

Una de las principales acciones fue precisamente eliminar el AMEI porque este grupo terminó formando en derecho minero energético a los abogados, jueces y funcionarios judiciales de la Unidad. No se daban capacitaciones sobre cómo funcionan los derechos de los territorios étnicos. Con este énfasis, eliminaron la importancia de lo ambiental en los temas territoriales étnicos, y la restitución de los pueblos étnicos no solamente es a las comunidades, sino también al territorio en sí mismo. Según los decretos-leyes 4633 de indígenas y 4635 de negros, el territorio ancestral en sí mismo es víctima y las afectaciones que el territorio sufrió tienen que ser restituidas y reparadas.

Otra acción tiene que ver con el trato discriminatorio que se tiene frente a los pueblos étnicos al interior de la Unidad. La URT tiene un fondo para la restitución que se ha dedicado estos 12 años a atender a víctimas de ruta individual, las repara con subsidios, proyectos productivos, compensaciones, reubicaciones, compra de tierras. Pero hay cero casos de restitución étnica. Se han dado algunas órdenes como instalación de vallas de información de restitución o traducir algunas sentencias a dialectos indígenas, pero de resto no.

No hay razones de hecho para decir que se restituye en los casos no étnicos y en los casos étnicos no. Lo que pasa con las órdenes étnicas es que se difuminan en órdenes a todo el Estado pero a la hora del té es bastante complejo reparar ese sufrimiento. La Unidad está trabajando en hacer un ajuste institucional del fondo para que la Unidad también pueda concurrir al cumplimiento de algunas, no de todas las órdenes judiciales. Tenemos que darle todo el enfoque diferenciador étnico, lo que tiene que hacerse participativamente. Se acordó en el Plan Nacional de Desarrollo que se harán unas instancias de concertación con los distintos pueblos de manera que recoja esa cosmovisión.

¿Cuáles son los retos?

Uno es cómo asumir los casos donde hay distintas presencias en las territoriales étnicas. Es decir, casos en donde podemos estar ante potenciales diferencias o incluso conflictos entre pueblos étnicos, entre distintos pueblos étnicos o entre interculturales.

Sobre el tema ambiental, los territorios en sí mismos son víctimas y los daños que surgieron se traducen en daños ambientales. Por ejemplo, hemos visto en la historia reciente cómo ha aumentado la deforestación en estos territorios; la deforestación asociada a la colonización, orientada al acaparamiento de grandes extensiones de tierra en territorios ancestrales en donde se genera la quema y la tala del bosque y la selva.

Una de las últimas demandas que hemos radicado, la del caso Nukak en Guaviare, viene con este chip de plasmar cuál fue el impacto ambiental que tuvo el conflicto en este territorio, cuáles fueron las hectáreas deforestadas, las especies de extinción que están dentro del territorio, cómo es que el agua está dañada y cuál sería la medida de reparación. Estamos haciendo un énfasis muy fuerte en articularnos con Parques Naturales, también estamos invitando a las corporaciones e institutos ambientales a que se sumen en esta determinación de los daños y de las medidas tratando que las comunidades y los territorios sean reparados.

Lea: Tras 11 años de dilaciones, Colombia tiene tres nuevas zonas de reserva campesina

Buena parte de la población étnica en Colombia está ubicada en zonas que colindan con reservas campesinas, la selva amazónica, Parque Nacionales Naturales, entre otros. ¿Cómo van a manejar los procesos de restitución y entrega de tierras en estos casos?

Desde la Unidad se entendía lo ambiental como una causa de vulneración de derechos, entonces se negaba la restitución por estar en reserva forestal, en áreas protegidas, por cualquier cosa se les estaba negando. El resultado fue que a seis de cada 10 víctimas la Unidad no les permitía acceder a restitución de tierras y se está trabajando en revisar esas negaciones y reabrir esos casos que se negaron.

Hoy la línea que tenemos y que nunca tuvo que haber estado en discusión es que la restitución es un proceso necesario para la reparación de las víctimas del conflicto armado, aquí no hay matices. No se puede decir que se repara solo a las víctimas que estaban en X o Y circunstancias, que tenían o no propiedad. Las discusiones son sobre cómo hacerlo práctico y que no debería implicar negar los derechos de las víctimas. Aquí no hay una postura sobre reubicación o desalojos de las personas que están en un Parque Nacional. Revisamos cómo es la restitución de estas víctimas y cómo esto contribuye a la deuda histórica, a superar esos conflictos. Buscar que en ningún escenario se deje a la gente con unos derechos negados y sin respuesta. Hay que trabajar para no sacar a la gente o hacer una conservación a la brava sin gente, sino cómo involucrar a las comunidades locales en los procesos de conservación y restauración participativa.

Esto es un reloj que se agota y la preocupación que nos embarga es que en este momento lo que hagamos o dejemos de hacer en cuatro años es determinante, podría generar unas situaciones irreversibles frente a la permanencia física y cultural de estos pueblos y su riqueza ambiental y natural. La urgencia para nosotros hoy es el bioma amazónico y el Litoral Pacífico.

Vea: “Reforma agraria de Petro no será la de los años 60, sino la del Acuerdo de Paz”

¿Cuáles son las tierras que se entregarán a esta población (SAE, baldíos, compras de tierras de Fedegan, etc.)? ¿Dónde estarían esos predios?

En el Plan Nacional de Desarrollo en la consulta previa, los pueblos exigieron que se definiera dentro de esta bolsa de reforma agraria un porcentaje dedicado especialmente a los pueblos étnicos y se acordó con el gobierno, hacer una subcuenta, por fin, diferenciadora de ese Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para los pueblos étnicos.

Hay un capítulo étnico el Acuerdo de Paz, estaba pendiente de ser implementado porque también tenemos cuestionamientos de que se confunden las cifras. Por ejemplo, el gobierno Duque reportaba todo lo que se hacía como cumplimiento de estos capítulos diferenciados pero realmente en los fondos no había una cuenta o subcuenta para estos fines. Esto se espera corregir con estos ajustes institucionales.

En el marco de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz ¿la población étnica tendrá alguna prioridad?

En la URT un 90% de lo que se hace es ruta individual, en recursos, en inversión, en todo. Casi $500.000 millones al año van al fondo que es todo ruta no étnica. Hoy lo que se hizo fue tratar de mejorar la efectividad en los procesos de ruta étnica, pero sigue siendo también muy pequeño, como la participación en temas de capacidad de la URT.

Por ejemplo, un equipo de una dirección territorial son 100 personas; en el tema étnico no alcanzan a ser más de 20 entonces más o menos la proporción es 80-20. Un punto es que el tema étnico es muy grande, cada caso son miles de personas, de familias; los territorios son muy grandes.

Lea: No hay que comprar tres millones de hectáreas para cumplir Acuerdo de Paz

También estamos viendo la necesidad de hacer un proceso muy fuerte de formación y discusión sobre lo étnico, no solamente con la Unidad, sino con la Agencia Nacional de Tierras, las entidades de control, la rama judicial. De hecho, estamos planteando la necesidad de hacer unos juzgados especializados de restitución étnica porque el pensamiento es muy distinto. No se discuten derechos de propiedad sino derechos territoriales, lo que hace que la forma en que se discuten los temas sea muy diferente.

Queremos tratar de ganar un poquito de especificidad anticipando que a futuro se crea la jurisdicción agraria y que este es un germen de esa jurisdicción, tratar de hacer también un proceso de descongestión judicial, de alistamiento que robustezca la respuesta de la rama judicial y estas necesidades de garantía y seguridad jurídica de los derechos territoriales.

En el Cauca hay una lucha histórica bajo el lema de “liberación de la Madre Tierra”, ¿para este tipo de casos existirá un plan diferencial de restitución?

En el Cauca hay un número muy alto de casos por el conflicto armado y aún se está viviendo en zonas urbanas como Santander de Quilichao. Varios de los procesos de retoma, como se les ha venido llamando desde el movimiento indígena, tienen que ver también con esa recuperación de sus territorios que eran ancestrales o que habían sido prometidos o intervenidos en estos procesos de reubicación, de compras de tierra, de atención a los damnificados o compensación de masacres. Hemos venido identificando qué hacer desde la URT porque nuestra competencia es muy concreta y es adelantar los procesos de restitución de los pueblos que han sido víctimas en el marco del conflicto armado.

Lo que sí hemos tratado de hacer es revitalizar los espacios de diálogo territorial que existen: las mesas de diálogo interétnico e intercultural que se han venido dando durante las últimas décadas. Queremos apoyarlos porque entendemos muy bien que la paz total es esa que surge de las mismas comunidades.