Erradicación de la coca sí, pero violenta, no

Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos, como la Corporación Humanas, Coca Nasa y el Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (OCCDI Global) denunciaron en una misiva publicada el pasado viernes, que en varias regiones donde existen cultivos ilícitos de coca, ha habido una “intensificación de operaciones de erradicación forzosa por parte del Ministerio de Defensa” y el Esmad.

Lea: La otra cara de la sustitución de cultivos

Según aseguran, estas operaciones han terminado en enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los pobladores de estas regiones y en muchos casos, estos últimos han sido directamente agredidos. Es el caso de territorios como el municipio de El Retorno (Guaviare), en donde según denuncias de la comunidad, se han registrado “choques con la población civil, estigmatización por parte de las autoridades, acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y detenciones arbitrarias” de los campesinos.

No es el único caso que se registra en el documento. En lugares en los cuales ya se han firmado acuerdos de sustitución voluntaria, a partir del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, como como Puerto Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander) se ha evidenciado el uso de la fuerza y la violencia por parte de las autoridades.

La carta no solo se sustenta en testimonios de los habitantes sino también en el seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo a los programas de sustitución voluntaria y erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito del Gobierno.

Según el informe de esta entidad, “se han presentado hechos de amenazas y homicidios perpetrados contra líderes y comunidades involucradas en la implementación de estos programas”. También asegura que el hecho de que coexista la erradicación manual forzosa y los acuerdos de sustitución voluntaria “ha derivado en el resquebrajamiento de la confianza institucional, rupturas de los espacios de concertación y protestas sociales”.

Vea también: "La erradicación forzada va a generar un conflicto social"

Así lo manifiesta la carta, en la que se cuestiona el papel de la Consejería del Posconflicto y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) y agrega, además, que la erradicación forzosa debería implementarse como última herramienta en dado caso de que sea imposible realizar pactos voluntarios.

Este incumplimiento ha motivado manifestaciones en Tumaco y Llorente (Nariño); en Argelia y Tambo en Cauca; en varias poblaciones del Caquetá y Meta; en Antioquia; y ha motivado que la Coordinación de organizaciones de cultivadores de coca, amapola y marihuana (COCCAM) del Suroccidente de Colombia, anuncie movilizaciones y protestas durante agosto.

El motivo final de la carta es que se reevalúe la sincronía que debe haber entre la Dirección de Sustitución de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa, y que a su vez se dé cumplimiento cabal de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo Final, para que efectivamente la erradicación forzada sea último recurso y se den mayores garantías a los programas de sustitución voluntaria.

Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos, como la Corporación Humanas, Coca Nasa y el Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (OCCDI Global) denunciaron en una misiva publicada el pasado viernes, que en varias regiones donde existen cultivos ilícitos de coca, ha habido una “intensificación de operaciones de erradicación forzosa por parte del Ministerio de Defensa” y el Esmad.

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Según aseguran, estas operaciones han terminado en enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los pobladores de estas regiones y en muchos casos, estos últimos han sido directamente agredidos. Es el caso de territorios como el municipio de El Retorno (Guaviare), en donde según denuncias de la comunidad, se han registrado “choques con la población civil, estigmatización por parte de las autoridades, acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y detenciones arbitrarias” de los campesinos.

No es el único caso que se registra en el documento. En lugares en los cuales ya se han firmado acuerdos de sustitución voluntaria, a partir del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, como como Puerto Rico (Meta), San José del Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander) se ha evidenciado el uso de la fuerza y la violencia por parte de las autoridades.

La carta no solo se sustenta en testimonios de los habitantes sino también en el seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo a los programas de sustitución voluntaria y erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito del Gobierno.

Según el informe de esta entidad, “se han presentado hechos de amenazas y homicidios perpetrados contra líderes y comunidades involucradas en la implementación de estos programas”. También asegura que el hecho de que coexista la erradicación manual forzosa y los acuerdos de sustitución voluntaria “ha derivado en el resquebrajamiento de la confianza institucional, rupturas de los espacios de concertación y protestas sociales”.

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Así lo manifiesta la carta, en la que se cuestiona el papel de la Consejería del Posconflicto y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) y agrega, además, que la erradicación forzosa debería implementarse como última herramienta en dado caso de que sea imposible realizar pactos voluntarios.

Este incumplimiento ha motivado manifestaciones en Tumaco y Llorente (Nariño); en Argelia y Tambo en Cauca; en varias poblaciones del Caquetá y Meta; en Antioquia; y ha motivado que la Coordinación de organizaciones de cultivadores de coca, amapola y marihuana (COCCAM) del Suroccidente de Colombia, anuncie movilizaciones y protestas durante agosto.

El motivo final de la carta es que se reevalúe la sincronía que debe haber entre la Dirección de Sustitución de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa, y que a su vez se dé cumplimiento cabal de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo Final, para que efectivamente la erradicación forzada sea último recurso y se den mayores garantías a los programas de sustitución voluntaria.