“Está en peligro el histórico acuerdo de paz de Colombia”: organizaciones de EE.UU. a Biden

“Por causa de su precaria implementación, está en peligro el histórico acuerdo de paz de 2016, uno de los principales legados de la Administración Obama-Biden”. Con esas palabras inicia la carta que 22 organizaciones civiles de los Estados Unidos le enviaron este primero de marzo al presidente Joseph Biden como un llamado urgente a que vuelva a ubicar la paz como la prioridad de ese país en la relación con Colombia. En el documento, las organizaciones hicieron un duro diagnóstico de la implementación del Acuerdo de paz en el país.

En la misiva le pusieron de presente al presidente Biden que a enero de 2021 ya son 252 excombatientes de las Farc asesinados; que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ser defensor de los derechos humanos según Frontline Defenders y que los líderes comunitarios están en peligro. Sin rodeos, las organizaciones afirmaron que “el gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades, desmantelar las redes paramilitares y llevar la presencia del Estado civil a las antiguas zonas de conflicto”.

Lea: Con la llegada de Biden, ¿qué le espera a Colombia en la agenda de paz?

“Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia”, se lee en la misiva, firmada por, entre otras organizaciones, Center for Justice and International Law (Cejil), Colombia Human Rights Committee, Evangelical Lutheran Church in America, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective.

Para esas organizaciones, las prioridades que debe tener Biden en relación con el acuerdo deben estar orientadas a exhortar al gobierno colombiano a que implemente plenamente lo pactado, promover un acuerdo humanitario con el Eln y, si es posible, impulsar las negociaciones de paz con esa guerrilla. Igualmente, sostienen que nombrar un nuevo enviado especial de paz para Colombia sería un gran aporte a la consolidación de esa visión de paz.

Pero, además, en el documento incluyeron peticiones explícitas al recién posesionado presidente. Una de ellas, que el gobierno norteamericano excluya a las Farc sin armas - su partido político - de la lista de organizaciones terroristas. “Excluir de la lista al partido de las ex FARC y a sus miembros, quienes han renunciado a la violencia, enviaría una importante señal de apoyo al acuerdo y facilitaría el apoyo de los Estados Unidos a la reintegración, la sustitución de cultivos, la reconciliación y otros programas destinados o relacionados con los excombatientes”.

Lea también: Defensores del Acuerdo de Paz se quejan ante Biden por la implementación

De la mano de esa solicitud, le escriben al presidente que los Estados Unidos deben continuar apoyando a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y empezar a apoyar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, continuar el programa de derechos humanos de USAID y la financiación directa a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Allí mismo, le piden que se priorice la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y, específicamente, los acuerdos cívicos logrados entre el Gobierno colombiano y los comités del Paro Cívico de Buenaventura y Chocó, así como con las autoridades indígenas y afrocolombianas.

“Para proteger a las minorías étnicas de los abusos asociados con el narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos s debe insistir en el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras de los paramilitares y la guerrilla y en acabar los vínculos y la corrupción que existe entre los grupos armados ilegales, el crimen organizado y los miembros de la fuerza pública”, urgen en ese documento.

Replantear el apoyo militar a Colombia

“Más de cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, se debería reducir el paquete de asistencia militar de Estados Unidos e incrementar el apoyo a la construcción de la paz civil”, reclaman las 23 organizaciones civiles. En la misiva, recuerdan que el gobierno estadounidense proporciona a las fuerzas militares colombianas alrededor de 250 millones de dólares de asistencia anualmente y que así mismo “debería ejercer presión para lograr reformas serias y duraderas de los sistemas militar y de inteligencia colombianos”.

Igualmente, las organizaciones le pidieron a Biden que utilice todos los mecanismos disponibles para presionar al gobierno colombiano para que responsabilice a los funcionarios de alto nivel involucrados en más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y la vigilancia ilegal a la oposición, grupos de derechos humanos, periodistas y jueces.

No al glifosato

Otro de los asuntos que tocaron las organizaciones en su carta a Biden fue la política contra las drogas. “El apoyo de los Estados Unidos debería ceñirse a la letra y el espíritu del capítulo de política de drogas del acuerdo, que se centra en trabajar en colaboración con los campesinos, contando con la participación de la comunidad para erradicar y sustituir la coca de forma voluntaria y sostenible”, sostienen las organizaciones.

Por eso, el llamado en la carta es claro: no reiniciar la fumigación aérea con glifosato, “porque será percibido como un debilitamiento de los acuerdos y hará que los campesinos y las comunidades dejen de cooperar”.

Esa petición de las organizaciones estadounidenses va en contravía de una de las principales apuestas que ha tenido el gobierno Duque: la lucha contra los cultivos de coca y retomar la fumigación con glifosato, estrategia a la que este gobierno le ha atribuido una alta efectividad. Desde que Biden fue elegido presidente, se ha especulado sobre la posición que asumirá frente a la lucha contra las drogas, pues algunos sectores han señalado que podría darle un giro a esta lucha, pero otros han recordado que el hoy presidente fue uno de los protagonistas del Plan Colombia, que intensificó la lucha contra el narcotráfico.

“Por causa de su precaria implementación, está en peligro el histórico acuerdo de paz de 2016, uno de los principales legados de la Administración Obama-Biden”. Con esas palabras inicia la carta que 22 organizaciones civiles de los Estados Unidos le enviaron este primero de marzo al presidente Joseph Biden como un llamado urgente a que vuelva a ubicar la paz como la prioridad de ese país en la relación con Colombia. En el documento, las organizaciones hicieron un duro diagnóstico de la implementación del Acuerdo de paz en el país.

En la misiva le pusieron de presente al presidente Biden que a enero de 2021 ya son 252 excombatientes de las Farc asesinados; que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ser defensor de los derechos humanos según Frontline Defenders y que los líderes comunitarios están en peligro. Sin rodeos, las organizaciones afirmaron que “el gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades, desmantelar las redes paramilitares y llevar la presencia del Estado civil a las antiguas zonas de conflicto”.

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“Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia”, se lee en la misiva, firmada por, entre otras organizaciones, Center for Justice and International Law (Cejil), Colombia Human Rights Committee, Evangelical Lutheran Church in America, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective.

Para esas organizaciones, las prioridades que debe tener Biden en relación con el acuerdo deben estar orientadas a exhortar al gobierno colombiano a que implemente plenamente lo pactado, promover un acuerdo humanitario con el Eln y, si es posible, impulsar las negociaciones de paz con esa guerrilla. Igualmente, sostienen que nombrar un nuevo enviado especial de paz para Colombia sería un gran aporte a la consolidación de esa visión de paz.

Pero, además, en el documento incluyeron peticiones explícitas al recién posesionado presidente. Una de ellas, que el gobierno norteamericano excluya a las Farc sin armas - su partido político - de la lista de organizaciones terroristas. “Excluir de la lista al partido de las ex FARC y a sus miembros, quienes han renunciado a la violencia, enviaría una importante señal de apoyo al acuerdo y facilitaría el apoyo de los Estados Unidos a la reintegración, la sustitución de cultivos, la reconciliación y otros programas destinados o relacionados con los excombatientes”.

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De la mano de esa solicitud, le escriben al presidente que los Estados Unidos deben continuar apoyando a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y empezar a apoyar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, continuar el programa de derechos humanos de USAID y la financiación directa a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Allí mismo, le piden que se priorice la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y, específicamente, los acuerdos cívicos logrados entre el Gobierno colombiano y los comités del Paro Cívico de Buenaventura y Chocó, así como con las autoridades indígenas y afrocolombianas.

“Para proteger a las minorías étnicas de los abusos asociados con el narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos s debe insistir en el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras de los paramilitares y la guerrilla y en acabar los vínculos y la corrupción que existe entre los grupos armados ilegales, el crimen organizado y los miembros de la fuerza pública”, urgen en ese documento.

Replantear el apoyo militar a Colombia

“Más de cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, se debería reducir el paquete de asistencia militar de Estados Unidos e incrementar el apoyo a la construcción de la paz civil”, reclaman las 23 organizaciones civiles. En la misiva, recuerdan que el gobierno estadounidense proporciona a las fuerzas militares colombianas alrededor de 250 millones de dólares de asistencia anualmente y que así mismo “debería ejercer presión para lograr reformas serias y duraderas de los sistemas militar y de inteligencia colombianos”.

Igualmente, las organizaciones le pidieron a Biden que utilice todos los mecanismos disponibles para presionar al gobierno colombiano para que responsabilice a los funcionarios de alto nivel involucrados en más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y la vigilancia ilegal a la oposición, grupos de derechos humanos, periodistas y jueces.

No al glifosato

Otro de los asuntos que tocaron las organizaciones en su carta a Biden fue la política contra las drogas. “El apoyo de los Estados Unidos debería ceñirse a la letra y el espíritu del capítulo de política de drogas del acuerdo, que se centra en trabajar en colaboración con los campesinos, contando con la participación de la comunidad para erradicar y sustituir la coca de forma voluntaria y sostenible”, sostienen las organizaciones.

Por eso, el llamado en la carta es claro: no reiniciar la fumigación aérea con glifosato, “porque será percibido como un debilitamiento de los acuerdos y hará que los campesinos y las comunidades dejen de cooperar”.

Esa petición de las organizaciones estadounidenses va en contravía de una de las principales apuestas que ha tenido el gobierno Duque: la lucha contra los cultivos de coca y retomar la fumigación con glifosato, estrategia a la que este gobierno le ha atribuido una alta efectividad. Desde que Biden fue elegido presidente, se ha especulado sobre la posición que asumirá frente a la lucha contra las drogas, pues algunos sectores han señalado que podría darle un giro a esta lucha, pero otros han recordado que el hoy presidente fue uno de los protagonistas del Plan Colombia, que intensificó la lucha contra el narcotráfico.