¿Está enredada la indemnización de las víctimas del conflicto armado?

El pasado 8 de enero, el presidente Iván Duque sancionó la norma con la que se prorroga la Ley de Víctimas hasta 2031. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, asegura que es un gran paso, pero reconoce que los números no cuadran para indemnizar a todas las personas afectadas por el conflicto armado. En entrevista con Colombia 2020, cuenta cómo se van a utilizar los recursos provenientes del oro que entregaron las Farc y revela que los desplazamientos masivos pasaron de 68 en 2019 a 77 en 2020.

¿Qué balance hace de 2020?

Es de muy buenos resultados. Tuvimos el reconocimiento por la Corporación Calidad y fuimos acreedores al Premio Nacional en la Excelencia de la Innovación y la Gestión, fuimos la única entidad pública que lo recibió en el 2020. También, recibimos el premio de un concurso que hace la Consejería para la Transparencia, de la Vicepresidencia de la República. Garantizamos la atención de más de 67 eventos masivos. Todas las emergencias humanitarias que se presentaron en 2020 se atendieron en menos de 48 horas, emergencias que nunca debieron haber sucedido, pero que a pesar de todos los esfuerzos que hacen las entidades del Gobierno nacional se presentaron. Indemnizamos a 122.000 víctimas de manera individual, el número más alto en la historia, el presupuesto estuvo alrededor de $1 billón. En ocho años de implementación de la ley, solo había tres sujetos de reparación colectiva cerrados. En los primeros 16 meses de gobierno se lograron cerrar 16 de estos. Aunque para 2020 teníamos la meta de llegar a 16 sujetos de reparación colectiva, fue bien difícil por las dificultades para llegar a las comunidades, pero logramos cerrar trece.

¿Cómo cerró 2020 en materia de la situación humanitaria?

Hubo 77 desplazamientos masivos, casi el 50 % en Nariño. Se presentaron 21 confinamientos. El departamento más afectado fue Chocó.

¿Usted ve algún tipo de falencia en el Estado en el tema de prevención?

Lo que veo es que las alertas tempranas son fundamentales, acatar las instrucciones que esas contienen, generar los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición para que podamos adelantarnos a todos estos posibles hechos victimizantes.

(También le puede interesar: Una nueva voz para las víctimas en el posconflicto)

¿Cuál es la meta de reparación para 2021?

Tenemos una meta en el plan de desarrollo que es llegar a las 127.000 víctimas indemnizadas al año y de 510.000 en todo el período. El presidente Duque nos ha pedido superar esa meta. En cuanto a los sujetos de reparación colectiva la meta es llegar este año al cierre de cuarenta a cincuenta.

A inicios de 2020 usted aseguró que la meta era indemnizar a 127.000 víctimas, pero se repararon 122.000, ¿por qué no cumplieron la meta?

Por plata. Lo que pasa es que la indemnización es muy costosa. Hay que buscar más recursos, ahí viene la parte de los victimarios. Los recursos que nos dieron el año pasado: $823 millones para reparación colectiva. Lo que llega ahora del oro entregado por las Farc, $40.000 millones, va destinado también a reparación colectiva. Todo lo de los frutos del Acuerdo de Paz va destinado a la reparación colectiva.

¿Tienen un dinero que no tenían en 2020 proveniente de los bienes de las Farc?

Sí. Por fin se consolidaron, por lo menos lo del oro y $823 millones, con los que el año pasado alcanzamos a entregar unas medidas en San Jacinto y en San Basilio de Palenque (Bolívar). No fueron recursos que nos entregaran, sino que provinieron de bienes que se les hizo extinción de dominio que eran de las Farc y se monetizaron.

Han reparado a un millón de víctimas en ocho años y faltan seis millones; a esa tasa no alcanzarían con los diez años de la prórroga de la ley...

No, no se alcanza. Tenemos que pensar en nuevos mecanismos que nos permitan avanzar en la ruta, si no, pasarán diez años para otro 1’500.000 y van a morir muchas víctimas sin recibir su indemnización. Hay víctimas que están esperando su carta de indemnización de $10 a $30 millones que les van a entregar, pero no están sumando que en la implementación de la ley se han ido más de $95 billones en todos los componentes: salud, educación y vivienda. Entonces, por ejemplo, esa familia víctima dice que no la han indemnizado porque no le han entregado la carta por $8 millones, pero no suma que durante esta vigencia de los ocho años ha recibido la educación para su hijo por el Fondo del Fomento a la Educación Superior y eso le valió al Gobierno más de $50 millones, porque también tienen un auxilio de sostenimiento. Al semestre se benefician 530 víctimas. Esa familia víctima también aplicó en un subsidio de vivienda que le valió al Gobierno $54 millones, si sumamos los dos ya lleva más de $100 millones. Además, recibió restitución de tierras, le entregaron una tierra por $50 millones, ahí ya van $150, pero la víctima dice que no la han indemnizado porque no recibió la carta de $12 millones. Tenemos que mirar cómo sumamos. Ya hay propuestas de víctimas que dicen que no quieren los $12 millones, sino que se sienten reparados si a su hijo le garantizan la educación superior. Ese puede ser un mecanismo donde podemos ir sumando: “Su hijo va a acceder a la educación superior y va a tomar eso como reparación individual”. También se le hace la comparación: “Si usted recibe esos $10 millones o $13 o $20 en su carta de indemnización seguro no le van a alcanzar para pagar todos los semestres de la universidad y el sostenimiento de su hijo”. Es buscar un mecanismo de compensación. Ese es el nuevo reto en estos diez años de la ley para avanzar.

Hoy las víctimas tienen esos derechos y decirles que estos cuentan como indemnización puede ser un debate muy complejo.

Claro. Es un tema de ajustes de la ley. Eso sería todo un debate, pero hay que ver la realidad de que ya las mismas víctimas se han dado cuenta de que han pasado los años y no han recibido esa indemnización. También hay que mirar el tema de los victimarios, porque de los recursos que tanto se prometieron para las víctimas solo van a llegar los $40.000 millones del oro. Frente a una realidad hay que ver qué ajustes se pueden hacer y el presidente Duque nos ha pedido que no seamos regresivos en los derechos de las víctimas y que se concerte con ellas.

El pasado 8 de enero, el presidente Iván Duque sancionó la norma con la que se prorroga la Ley de Víctimas hasta 2031. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, asegura que es un gran paso, pero reconoce que los números no cuadran para indemnizar a todas las personas afectadas por el conflicto armado. En entrevista con Colombia 2020, cuenta cómo se van a utilizar los recursos provenientes del oro que entregaron las Farc y revela que los desplazamientos masivos pasaron de 68 en 2019 a 77 en 2020.

¿Qué balance hace de 2020?

Es de muy buenos resultados. Tuvimos el reconocimiento por la Corporación Calidad y fuimos acreedores al Premio Nacional en la Excelencia de la Innovación y la Gestión, fuimos la única entidad pública que lo recibió en el 2020. También, recibimos el premio de un concurso que hace la Consejería para la Transparencia, de la Vicepresidencia de la República. Garantizamos la atención de más de 67 eventos masivos. Todas las emergencias humanitarias que se presentaron en 2020 se atendieron en menos de 48 horas, emergencias que nunca debieron haber sucedido, pero que a pesar de todos los esfuerzos que hacen las entidades del Gobierno nacional se presentaron. Indemnizamos a 122.000 víctimas de manera individual, el número más alto en la historia, el presupuesto estuvo alrededor de $1 billón. En ocho años de implementación de la ley, solo había tres sujetos de reparación colectiva cerrados. En los primeros 16 meses de gobierno se lograron cerrar 16 de estos. Aunque para 2020 teníamos la meta de llegar a 16 sujetos de reparación colectiva, fue bien difícil por las dificultades para llegar a las comunidades, pero logramos cerrar trece.

¿Cómo cerró 2020 en materia de la situación humanitaria?

Hubo 77 desplazamientos masivos, casi el 50 % en Nariño. Se presentaron 21 confinamientos. El departamento más afectado fue Chocó.

¿Usted ve algún tipo de falencia en el Estado en el tema de prevención?

Lo que veo es que las alertas tempranas son fundamentales, acatar las instrucciones que esas contienen, generar los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición para que podamos adelantarnos a todos estos posibles hechos victimizantes.

(También le puede interesar: Una nueva voz para las víctimas en el posconflicto)

¿Cuál es la meta de reparación para 2021?

Tenemos una meta en el plan de desarrollo que es llegar a las 127.000 víctimas indemnizadas al año y de 510.000 en todo el período. El presidente Duque nos ha pedido superar esa meta. En cuanto a los sujetos de reparación colectiva la meta es llegar este año al cierre de cuarenta a cincuenta.

A inicios de 2020 usted aseguró que la meta era indemnizar a 127.000 víctimas, pero se repararon 122.000, ¿por qué no cumplieron la meta?

Por plata. Lo que pasa es que la indemnización es muy costosa. Hay que buscar más recursos, ahí viene la parte de los victimarios. Los recursos que nos dieron el año pasado: $823 millones para reparación colectiva. Lo que llega ahora del oro entregado por las Farc, $40.000 millones, va destinado también a reparación colectiva. Todo lo de los frutos del Acuerdo de Paz va destinado a la reparación colectiva.

¿Tienen un dinero que no tenían en 2020 proveniente de los bienes de las Farc?

Sí. Por fin se consolidaron, por lo menos lo del oro y $823 millones, con los que el año pasado alcanzamos a entregar unas medidas en San Jacinto y en San Basilio de Palenque (Bolívar). No fueron recursos que nos entregaran, sino que provinieron de bienes que se les hizo extinción de dominio que eran de las Farc y se monetizaron.

Han reparado a un millón de víctimas en ocho años y faltan seis millones; a esa tasa no alcanzarían con los diez años de la prórroga de la ley...

No, no se alcanza. Tenemos que pensar en nuevos mecanismos que nos permitan avanzar en la ruta, si no, pasarán diez años para otro 1’500.000 y van a morir muchas víctimas sin recibir su indemnización. Hay víctimas que están esperando su carta de indemnización de $10 a $30 millones que les van a entregar, pero no están sumando que en la implementación de la ley se han ido más de $95 billones en todos los componentes: salud, educación y vivienda. Entonces, por ejemplo, esa familia víctima dice que no la han indemnizado porque no le han entregado la carta por $8 millones, pero no suma que durante esta vigencia de los ocho años ha recibido la educación para su hijo por el Fondo del Fomento a la Educación Superior y eso le valió al Gobierno más de $50 millones, porque también tienen un auxilio de sostenimiento. Al semestre se benefician 530 víctimas. Esa familia víctima también aplicó en un subsidio de vivienda que le valió al Gobierno $54 millones, si sumamos los dos ya lleva más de $100 millones. Además, recibió restitución de tierras, le entregaron una tierra por $50 millones, ahí ya van $150, pero la víctima dice que no la han indemnizado porque no recibió la carta de $12 millones. Tenemos que mirar cómo sumamos. Ya hay propuestas de víctimas que dicen que no quieren los $12 millones, sino que se sienten reparados si a su hijo le garantizan la educación superior. Ese puede ser un mecanismo donde podemos ir sumando: “Su hijo va a acceder a la educación superior y va a tomar eso como reparación individual”. También se le hace la comparación: “Si usted recibe esos $10 millones o $13 o $20 en su carta de indemnización seguro no le van a alcanzar para pagar todos los semestres de la universidad y el sostenimiento de su hijo”. Es buscar un mecanismo de compensación. Ese es el nuevo reto en estos diez años de la ley para avanzar.

Hoy las víctimas tienen esos derechos y decirles que estos cuentan como indemnización puede ser un debate muy complejo.

Claro. Es un tema de ajustes de la ley. Eso sería todo un debate, pero hay que ver la realidad de que ya las mismas víctimas se han dado cuenta de que han pasado los años y no han recibido esa indemnización. También hay que mirar el tema de los victimarios, porque de los recursos que tanto se prometieron para las víctimas solo van a llegar los $40.000 millones del oro. Frente a una realidad hay que ver qué ajustes se pueden hacer y el presidente Duque nos ha pedido que no seamos regresivos en los derechos de las víctimas y que se concerte con ellas.