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En marzo de 2020, el entonces relator especial de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, fue protagonista de un desencuentro diplomático con el gobierno de Iván Duque. En esa fecha, el relator presentó su informe sobre la situación de los defensores en Colombia, que tenía una visión radicalmente distinta, y más crítica, de la que presentaba el Gobierno. Incluso, el relator denunció que había sido tal el malestar del Gobierno colombiano con su informe, que obstruyó una segunda visita suya al país para completar ese documento durante 2019. Hoy, el francés y exrelator de la ONU acude de nuevo a Colombia, esta vez como uno de los jueces que van a juzgar al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad en el Tribunal Permanente de los Pueblos.
A mediados de la Guerra de Vietnam, en la década de 1960, a raíz de las actuaciones de Estados Unidos en esa confrontación, los intelectuales Bertrand Russel y Jean Paul Sartre decidieron establecer una figura que permitiera someter a juicio el papel del país norteamericano en Vietnam, que en ninguna otra instancia iba a ser examinado. A lo que fundaron se le conoció después como el Tribunal Russel, que se replicó años después para juzgar las dictaduras en América Latina durante los años 70.
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Directamente de esa experiencia nació en 1979 el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), “como una iniciativa para volver permanente una herramienta que estuviera a disposición de pueblos que tenían los mismos problemas de Vietnam: una represión de sus derechos sin que en el escenario internacional pudiera encontrarse un tribunal o un juez independiente”, explica en conversación con este diario Gianni Tognoni, epidemiólogo y defensor de derechos humanos italiano que ejerce como secretario general del TPP.
Ante él y el presidente del TPP, Phillipe Texier, fue radicada una carta en abril de 2020 que pedía que el tribunal sesionara en Colombia por tercera vez en su historia, con el fin de someter a examen esta vez “el exterminio sistemático de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, incluidos líderes y lideresas sociales, y las bases de las organizaciones que luchan por la paz, la defensa de los territorios, la restitución de tierras despojadas con violencia, la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo alternativo, la denuncia de la violencia sociopolítica, las violaciones a los derechos humanos, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la impunidad estructural que mantiene la actuación de las estructuras criminales y los grandes responsables detrás de estas persistentes prácticas genocidas”.
Desde entonces, las más de 300 organizaciones sociales convocantes del tribunal, reunidas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), documentaron y armaron la argumentación para presentar ante el tribunal alrededor de 40 casos ocurridos en el país con los que pretenden demostrar la existencia de prácticas genocidas, de crímenes contra la paz y la persistencia de la impunidad.
Los casos que serán presentados ante el tribunal este jueves en Bucaramanga, el viernes en Bogotá y el sábado en Medellín pueden agruparse en tres grandes grupos. Primero, los casos de movimientos y partidos políticos víctimas de persecución y exterminio, entre los que se encuentran el Movimiento Gaitanista, el Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista, la Unión Nacional de Oposición, el movimiento A Luchar, el Frente Popular, la Unión Patriótica y, asimismo, la situación actual de los excombatientes de las Farc, que ya va en 259 asesinatos y que será presentada por la exguerrillera Victoria Sandino.
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En un segundo grupo está el sector sindical, con los casos de la Central Unitaria de Trabajadores, la Unión Sindical Obrera, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, el Coordinador Nacional Agrario, el Movimiento Estudiantil y la Organización Campesina en Carmen y San Vicente de Chucurí (Santander), Cajibío (Cauca) y Casanare. Según la Escuela Nacional Sindical, desde 1971 hasta el 18 de julio de 2020 hubo 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical en Colombia. Las amenazas fueron las principales victimizaciones, con 7.492 casos, luego de homicidios, con 3.270 y el desplazamiento forzado con 1.952 casos, algunos de ellos incluyeron el exilio. Y el tercer grupo lo conforman una serie de casos históricos, como las masacres de las Bananeras y Santa Bárbara, las Repúblicas Independientes, el caso de Villarrica (Tolima), entre otros.
“Se pretende demostrar a partir de cinco elementos la existencia de una práctica genocida: que había una identidad común al grupo, que tenía un carácter regional o nacional, que tenía una plataforma política, que hubo un proceso de exterminio con distintas formas: asesinatos, masacres, desapariciones o encarcelamientos, y que ello debilitó procesos organizativos y que hubo beneficiarios de ello”, explica Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y vocera de la CCEEU.
¿Es un juicio simbólico? Para el secretario general del TPP, Tognoni, no es así. “Yo hago un diagnóstico como médico de una enfermedad mortal. Ese diagnóstico es sustancial, es verdadero. Estoy obligado a decir que para esa enfermedad no tengo un remedio. ¿mi diagnóstico es simbólico por el hecho de que no tengo los medios para aplicarlo, o es estructural, porque dice una verdad a pesar del hecho de que esa verdad no puede traducirse en este momento en un cambio hacia lo que debería ser?”, sostiene el italiano.
Para él, la importancia del tribunal es que “llama las cosas por su nombre”. Y lo ejemplifica con la situación de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: “Si uno dice ‘el caso colombiano ha sido solucionado porque han firmado un acuerdo de paz’, la política internacional tiene la conciencia limpia, está satisfecha con una declaración de principios o un pacto de paz. No, el tribunal dice ‘vamos a ver no lo que está escrito, sino los sujetos reales, lo que está pasando en Colombia en términos de no colaboración del Gobierno. Y explicar que eso puede ocurrir sin que el Gobierno tome una posición abierta de decir ‘no reconozco los Acuerdos de Paz’; al revés, reconoce los Acuerdos de Paz, pero dice no tenemos plata para respaldarlo, no tenemos cómo”.
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En esta sesión para Colombia, además de Michel Forst, ejercerán como jueces el francés Philippe Texier, la italiana Luciana Castellina, la abogada indígena nicaragüense Lottie Cunningham Wren, la presidenta de la Fundación Frantz Fanon, Mireille Fanon, el italiano Luigi Ferrajoli y monseñor Raúl Vera, de México, entre otros, para un total de 13 jueces.
Este miércoles, 19 congresistas de la bancada opositora al Gobierno enviaron una misiva al presidente Duque, a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en la que reclamaron su presencia en las sesiones del tribunal. “Desde el Congreso de la República consideramos que el reconocimiento al Tribunal y la participación del Gobierno Nacional dentro de las sesiones propuestas por el TPP es fundamental, no solo desde el ejercicio del derecho de defensa, sino desde una postura en la que se asuma la responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional sobre la gravedad de los hechos denunciados, como acción trascendental en la reivindicación de los derechos y garantías de los grupos vulnerados”. Si bien el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, está prevista una defensa de oficio en caso de que no envíe representación al juicio.
Por su parte, existirá una Fiscalía encargada de formular la acusación al Estado colombiano, conformada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, quien además fue presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; y la exfiscal Ángela María Buitrago, quien ha participado en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México.
Luego de la sesión en Colombia, el TPP emitirá una sentencia que se presenta formalmente ante las comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante la Unión Europea y ante la Corte Penal Internacional para promover un debate internacional sobre los hallazgos. Según su secretario general, ese veredicto pertenece a los movimientos que convocaron el juicio. “Significa darles a los movimientos con el respaldo del tribunal una legitimidad más allá de ser solamente minorías que dicen algo”.
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“Lo que esperamos es que con la sentencia se pueda incidir en las recomendaciones que hará la Comisión de la Verdad en clave de garantías de no repetición para que se puedan abordar esos temas estructurales que han estado detrás de las prácticas genocidas para establecer una agenda de lo que debería hacer el Estado colombiano para que no se siga repitiendo el asesinato de líderes sociales, firmantes de la paz, comunidades indígenas, campesinas. Igualmente, si bien no es una sentencia judicial sino ética que apela a las voces de las víctimas, creemos que puede servir como un documento probatorio dentro del litigio de los casos que avanzan en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la JEP, como documento probatorio”, concluyó Soraya Gutiérrez.
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