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El economista Felipe Tascón conoce las matas de coca desde que era un niño porque en Cali, su ciudad natal, se usaban para bordear los antejardines y separadores viales. Pero su interés por la hoja nació hace 25 años, cuando llegó al Catatumbo para hacer un estudio sobre distritos de riego y lo que encontró fue “un mar de coca”. Desde allí se dedicó a su estudio económico para “trascender la explicación legal policial, que es la que ha estado en boga toda la vida”, dice.
Tascón lideró el equipo de empalme de Gustavo Petro en temas de drogas y el 6 de diciembre pasado se posesionó como director del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Su función principal es reformular la estrategia creada por el Acuerdo de Paz para que los cultivadores de coca transiten a una economía legal.
Usted entra a dirigir un programa que estaba planeado a 29 meses, pero cinco años después no han culminado ni el 3 % de las familias inscritas. ¿Cuál es el plan para apalancar la sustitución y remediar ese incumplimiento?
El viernes pasado en El Tarra (Norte de Santander) hubo un cambio fundamental en términos de la política de drogas (allí se llevó a cabo el Encuentro Cocalero del Catatumbo). El presidente Gustavo Petro es el primero que propone una política distinta a la que el mundo entero ha estado inmerso en los últimos 120 años. Medir este programa en la cuestión contable de que “les deben tanto a las familias” es seguir reincidiendo en la misma fórmula claramente fallida. Eso no quiere decir que no vamos a cumplir. Tenemos que cumplir, pero tenemos que encontrar una salida gradual y colectiva.
En el Encuentro de Catatumbo, Petro aceptó la propuesta de los campesinos de mantener la coca “hasta probar que el cultivo sustituto funciona”. ¿Eso se va a aplicar a escala nacional? ¿Cómo se va a desarrollar para que no prolongue la persistencia de la coca?
Sí, será nacional, no puede ser únicamente en el Catatumbo. Y nosotros creemos que en la medida en que el proyecto sustituto agroindustrial sea exitoso van a abandonar la coca.
(Lea: Sustituir la coca poco a poco: ¿qué es, cómo funcionaría y cuáles son los riesgos?)
¿Y cómo va a ser la asociatividad?
Yo tuve un ejercicio concreto sobre eso con los campesinos de El Dovio (Valle). Son 199 familias, de las que siguen 160 vigentes. Podemos hacer un nuevo acuerdo donde la gente asume que es preferible hacer la inversión en una nueva industria en vez de gastarnos la plata en rollos de alambre para que cerquen o compren marranos. Es modificar eso y, claro, siempre concertar con las comunidades. Tenemos una situación y es que hay 22 megacontratos designados desde Bogotá que están en curso. Hay dos en liquidación, otros que terminan en 2023 y el último se termina en enero del 2024. Evidentemente allí hay que entrar a ver, hablando con operadores y campesinos, cuál es la salida, pero ese modelo individual ha demostrado que es un fracaso.
Cuando usted estaba en el equipo de empalme dijo que una de sus recomendaciones era que definitivamente se dejara de utilizar la erradicación forzada y la aspersión con glifosato, Petro prometió que iba a acabar con esta última, pero persiste la primera, ¿se va a detener?
Eso no está dentro de nuestro resorte. La orden a nosotros es industrializar de manera colectiva esos territorios para brindarles una actividad económica distinta a las familias rurales que se dedican a los cultivos de uso ilícito.
Pero si no vamos a hablar sobre erradicación, ¿la meta es sustituir las más de 200.000 hectáreas de coca que hay en este momento?
Tenemos que entender qué fue lo que dijo el presidente. Introdujo un cambio radical a la política. Usted me está metiendo en la lógica de los 120 años fallidos que pretende erradicar totalmente la mata, lo que dijo el presidente es: busquemos otro camino y ese es la gradualidad. Este programa no se debe medir por hectáreas erradicadas o sustituidas, sino precisamente por esos desarrollos alternativos. Nos deberían medir por cuántas empresas asociativas agroindustriales hemos creado en el campo . Esa debería ser la medida dentro de unos años.
Vea: ¿Quién es Gloria Miranda, la próxima directora de política de drogas?
Pero mientras se avanza hacia el cambio de enfoque en la guerra contra las drogas, ¿la intención sí es sustituir las 200.000 hectáreas por proyectos legales agroindustriales?
La respuesta, entre comillas, políticamente correcta a esa pregunta es que se combina con la erradicación. Eso es lo que se quiere desde afuera, pero eso es volver a la política fallida. Es lo que se ha hecho desde que esto empezó en Colombia. ¿Y qué ha pasado? Ha seguido creciendo la coca. Entonces esa política no sirve. Veamos a los campesinos como “homo economicus”. Ellos tienen una racionalidad económica igual a cualquiera y en ese sentido ellos tienen que tener una fuente de ingresos para que desechen la otra. Lo que ha pasado en Colombia es que las familias rurales se arriesgan a la ilegalidad a cambio de asegurarse la comida y la vida. Queremos que tengan condiciones de comida, de vida, de salud, de educación, sin necesidad de que se arriesguen a la ilegalidad, ¿y cómo lo logramos? Entrando con el Estado en esas zonas a apoyar esa industrialización campesina en sociedad.
Vea: Petro acepta que campesinos continúen con coca hasta que la sustitución sea eficaz
En ese sentido, ¿cuál sería la respuesta de ustedes al mensaje enviado el martes pasado por EE. UU. de que tiene que estar organizado ese programa de sustitución para detener la erradicación?
Hay una excelente relación en este momento entre el presidente Petro y el presidente Joe Biden. Yo creo que EE. UU. podría ser aliado en esta nueva política. Un ejemplo: el desarrollo que estamos planteando de emprendimientos asociativos de propiedad campesina, indígena o afro en zonas alejadas del centro no funciona si no tenemos conectividad y comunicaciones. El gobierno de EE. UU. puede ayudarnos para que, si montamos una empresa en Puerto Cachicamo (Guaviare) o en Llorente (Nariño), tengan la mejor conectividad. Nos puede ayudar a igualar las condiciones y oportunidades entre el campo y la ciudad. Pero seguir insistiendo en una política fallida no tiene ningún sentido.
¿Esta política incluirá solo a las 99.097 familias firmantes de los acuerdos o permitirá entrar a las familias que han manifestado su interés de sustituir?
El reto es meter a todos los nuevos. Allí hay un elemento muy complejo y es que las 99.000 familias firmantes son solo 46.000 hectáreas y hoy la estadística norteamericana dice que son 237.000 y la que el Ministerio de Justicia le paga a Naciones Unidas dice que son 204.000 hectáreas. En el mejor de los casos, lo que se levantó no llega al 25 %. Descontemos los cultivos industriales y latifundios, que han aparecido en la fase del incumplimiento, que supongamos que son 50.000, entramos en el orden de 180.000 hectáreas que tienen que resolverse con este tipo de ejercicios. Por eso debe incluirlos a todas, no solo familias, sino organizaciones, y debe hacerse de manera colectiva.
Uno de las mayores reclamos del gobierno pasado era que no había plata suficiente para la implementación del Acuerdo ni del PNIS. ¿De dónde el dinero saldrá para esta reformulación?
Lo que descubrimos es que es un error hablar de desfinanciación. El problema fundamental es la intermediación a través del mecanismo centralista de contratación, por eso la plata no ha llegado a feliz término; pero plata hubo.
¿Y ahora hay para la reformulación del programa?
Va a haber.
¿Cuándo estará lista la ruta a seguir?
La diseñamos en el empalme, hay que hacerle ajustes y volver a publicarla. Pero es que yo logré posesionarme el 6 de diciembre y he hecho tres viajes: uno al Valle; otro al Catatumbo y ahora a Caquetá. Tenemos que hacer una adecuación de la estructura de contratación interna de la gente que responderá a esta nueva política y espero que a inicios de 2023 tengamos esa hoja de ruta pública que nos están reclamando.