“Estamos bastante lejos del fin del Clan del Golfo”: Franklin Castañeda

“Con este golpe a Otoniel, en la operación Osiris, se marca el final del Clan del Golfo”, dijo el presidente Iván Duque el pasado 24 de octubre desde la Base Militar de Tolemaida, tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, el máximo comandante de esa estructura. Sin embargo, otra es la visión que tiene Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia que creó el Acuerdo de Paz precisamente para desmantelar por completo los grupos herederos del paramilitarismo. En estos cuatro años que lleva ocupando ese asiento, ha trabajado en conjunto con organizaciones sociales y sociedad civil en el diseño de una política con la ruta para ponerle fin a esas estructuras, incluyendo sus vínculos con la economía y las políticas legales.

De hecho, la propuesta de política de desmantelamiento que construyeron en el marco de esa comisión quedó en manos del Gobierno Nacional hace más de dos años, pero Castañeda denuncia que han encontrado un “bloqueo” del Gobierno para poder avanzar y concretar esa promesa del Acuerdo de Paz. Explica que ni con las órdenes que ha emitido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido posible que esa política se materialice, mientras que desde la firma de la paz esos grupos han seguido en expansión.

Lea: La propuesta que le presentaron al Gobierno para desmontar el paramilitarismo

Para el presidente Duque, la captura de Otoniel marca el final del Clan del Golfo. ¿Cuál es su impresión sobre esa frase?

La captura de Otoniel sin duda es un golpe fuerte para las Agc, independientemente de la forma como la captura se haya dado, lo planteo por todas las especulaciones que hay sobre el tema. Sin embargo, se necesita mucho más que eso para que un grupo con una estructura armada tan grande, con una presencia en tantos municipios, con un funcionamiento que utiliza, entre otras, la tercerización del crimen, se vea acabado totalmente. Creo que lo que lo que va a pasar muy seguramente es que va a subir rápidamente un sucesor, o podrán existir conflictos entre ellos, lo que generará una escalada violenta en el grupo hasta que finalmente eso se decante en un nuevo liderazgo, que sea reconocido por gran parte o por todo el grupo.

Lastimosamente, contrario a lo que plantea el presidente Duque, podemos estar bastante lejos del fin real de una estructura tan poderosa como el Clan del Golfo. Recordemos que es una estructura que viene directamente del proceso de negociación con las Auc; este grupo no surge de la nada, surge particularmente de la decisión de Vicente Castaño y de Don Mario de tener un grupo alterno mientras negociaban con el Gobierno, es decir que, si fueron capaces de esquivar todo ese proceso de negociación, imaginemos ahora lo que es reponerse ante la captura de Otoniel.

¿Cuál puede ser hoy la magnitud real de las Agc?

Es el grupo paramilitar más grande de Colombia, con una presencia militar que sabe adaptarse a distintos contextos. Las Agc suelen moverse en ciudades grandes a partir de pequeños grupos armados, sin uniforme, con armas cortas. También tiene frentes bastante numerosos en contextos rurales. Los vimos, por ejemplo, cuando decretaron paro armado en varios municipios e incluso ciudades medianas del país como Santa Marta y fueron capaces de afectar a más de dos centenares de municipios del país.

Estamos hablando de una estructura con una capacidad de hacer daño muy fuerte, que dedica sus acciones no sólo al narcotráfico, como se ha pretendido decir, sino que también desarrolla otro tipo de economías ligadas al conflicto y también relaciones con otros sectores poderosos ligados incluso a la economía legal, por lo cual dudo mucho que en el corto plazo podamos ver el fin de esta estructura a partir de la captura de Otoniel.

El ejemplo más claro lo tenemos en Tumaco cuando el presidente Duque prometió que a Guacho se le acabaría la ‘guachafita’ y efectivamente lo dieron de baja, pero habría que preguntarle a la población de Tumaco si eso dio por terminado el grupo armado y la existencia del uso de este grupo armado de violencia letal contra la población. Lo que vamos a encontrar es que la respuesta lastimosamente es que no.

Lea también: ¿Por qué el presidente Iván Duque no convoca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?

Contrario a esa expansión que ha tenido un grupo como las Agc, el Acuerdo de Paz planteaba que los grupos herederos del paramilitarismo debían desmantelarse a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. ¿Qué pasó con esa promesa?

A casi cinco años de firmado el Acuerdo de Paz, esas instancias no han tenido el funcionamiento adecuado, entre otras porque quienes hacemos parte estamos chocando constantemente con un muro que ha sido construido por este Gobierno, por el sector Defensa y Seguridad, que no permite que la sociedad civil o que otros entes del propio Estado incluso, tengan una mayor intervención en lo que ellos consideran es su rol en la definición de las estrategias de seguridad.

Lastimosamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es el ente rector creado por el acuerdo para producir, impulsar y evaluar la política pública de desmantelamiento, no ha tenido el funcionamiento que debería. Recientemente el informe producido por la Misión de la ONU al Consejo de Seguridad dejó claro que en los últimos seis meses la Comisión no ha sido convocada, que no hay avances tampoco en la definición de esa política pública y mucho menos en el plan de acción de la política pública.

Por otro lado, tampoco hemos visto avances ciertos en la definición de una política de sometimiento a la justicia que permitiese que de manera colectiva y masiva los integrantes de estos grupos pudiesen pactar condiciones para su entrega a la justicia; los esfuerzos que hemos visto, algunos de ellos importantes, otros minúsculos, por parte de los organismos de seguridad del Estado, se han dirigido principalmente hacia el tema del ataque a las estructuras armadas. Lo cierto es que más allá de producir efectos concretos contra personas de determinados grupos, no vemos que esos efectos de verdad permitan establecer que estamos llegando al fin de los grupos y las mafias armadas en Colombia, particularmente las de origen paramilitar.

Precisamente por el incumplimiento al funcionamiento de la Comisión, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz remitir los lineamientos de la política pública de desmantelamiento. ¿Se ha avanzado en ese propósito ya con una orden judicial?

La JEP ha emitido órdenes al Gobierno relacionadas con la Comisión en dos ocasiones: la primera el año pasado y la segunda, como no cumplió, en febrero de este año. El Gobierno copió y pegó algunos avances de debates que se tenían y envió un documento lacónico, insulso, inane, de 12 páginas, planteando que esa sería la política pública de desmantelamiento. Un documento que nadie conoce en Colombia, que las propias autoridades del Estado no reconocen y que carece también de un plan de acción. Ese documento no fue aprobado por la Comisión de Garantías de Seguridad tampoco y sería, en el mejor de los casos, un borrador que debe ser discutido. Sin embargo, estamos a la espera de una determinación de la JEP en torno a si considera o no cumplida la orden judicial. Entretanto, la Comisión de Garantías de Seguridad hoy no tiene un plan de trabajo interno, tampoco avances en el cumplimiento de sus 16 funciones, y mucho menos de su objeto. Ya han pasado más de tres años y medio de este Gobierno y lo que vemos es que si bien no ha logrado acabar con la Comisión, pues lo cierto es que sí la ha logrado maniatar y hacer su trabajo bastante inefectivo.

Le recomendamos: Gobierno colombiano, sin voluntad para proteger a líderes ambientales

¿Qué pasó con la propuesta que entregaron ustedes con los lineamientos de política para el desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo?

Lo primero es que la sociedad civil ha sido profundamente propositiva en la Comisión. Se ha presentado en dos ocasiones a este Gobierno una propuesta de lineamientos de la política pública: una en agosto de 2019; posteriormente el año pasado presentamos ya el desarrollo de lo que podría ser esa política pública y algunas propuestas concretas para intentar avanzar en un plan.

Por su cuenta, las plataformas de mujeres presentaron también al Gobierno lo que debería ser una adaptación de esa política pública con un enfoque de género muy concreto, que identificara las prácticas y las afectaciones concretas que tienen las mujeres por parte de los grupos criminales y por supuesto también una serie de propuestas para que se abriera la participación hacia las mujeres en los distintos debates que hay sobre los temas relacionados con la protección de las lideresas y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, tampoco ha sido tenida en cuenta. Han presentado también algunos balances sobre la situación de las mujeres que ejercen liderazgo en Colombia y eso tampoco ha sido siquiera discutido. Lo que tenemos realmente es un bloqueo institucional del Estado colombiano dirigido a impedir que la sociedad civil participe en los temas que tienen relación con la política de seguridad y con el sector defensa.

¿Cuál es la posición de ustedes frente a la extradición de Otoniel, de cara a los reclamos por la posibilidad de que con él se vaya parte de la verdad?

Ese tema de que los narcotraficantes y criminales preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos hace rato dejó de existir. Lo que hemos visto es cómo la extradición termina facilitando una serie de negociaciones que le permiten al extraditado regular su situación, seguramente cooperar con la justicia estadounidense en lo que es su principal interés, que es el tema del narcotráfico; o regularizar parte de sus riquezas, entregar otra buena parte al fisco de los Estados Unidos, entregar algunas rutas, incluso a algunos de sus compañeros y a partir de allí obtener a cambio la protección del Gobierno de Estados Unidos. Hemos visto cómo varios narcotraficantes o paramilitares han terminado reduciendo sus condenas en Estados Unidos y quedándose a vivir allá. Y en otros casos hemos visto cómo el gobierno ha demostrado una total incapacidad, o una calculada incapacidad, para traer de regreso a importantes miembros de estos grupos.

En caso de que Otoniel sea extraditado, dudo mucho de que podamos ver su regreso. Y esto sin duda alguna afecta a las víctimas en Colombia y su acceso a la justicia, porque seguimos con un Estado que termina priorizando los intereses de la justicia estadounidense por encima de los intereses de nuestra justicia.

En Colombia, esta persona no solamente tendría que responder por un delito como el narcotráfico, sino también por delitos como homicidios, masacres, agresiones y violaciones sexuales, desapariciones forzadas y sería muy importante que se priorizara el acceso de las víctimas a procesos judiciales acá. También que se planteara la posibilidad de una cooperación con la justicia colombiana que permitiese identificar cuáles son las condiciones que facilitaron su participación en el Clan del Golfo y la expansión de este grupo. Y estas son verdades que lastimosamente, en caso de ser extraditado, se va a llevar, igual que pasó con buena parte de los paramilitares extraditados. Muy seguramente son verdades que se quedarán sin ser conocidas.

Entre 2017 y 2018 se tuvieron acercamientos exploratorios con Otoniel y con las Agc para el sometimiento colectivo de esa estructura a la justicia. ¿Hoy sigue vigente hablar de ese proceso, ya sin Otoniel?

Lo primero es que en Colombia no existe posibilidad legal para llevar a cabo ese acercamiento, entre otras, porque este Gobierno no ha escuchado las condiciones que establece el proceso de paz en el sentido de que se tramitara una ley para el sometimiento colectivo a la justicia, que ha sido uno de los reclamos que hemos hecho al interior de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Este gobierno lo que hizo fue presentar un decreto sobre el sometimiento individual, que no es otra cosa que una política de recompensas a cambio de información sobre armas, sobre algún cabecilla para que las Fuerzas Militares y de Policía puedan hallarlo, capturarlo, darlo de baja. Pero eso está lejos de ser un sometimiento colectivo y, sobre todo, un sometimiento a la justicia.

En Colombia ese marco jurídico no existe. Habría que tramitar en efecto una política pública que le permitiese al Estado avanzar en una propuesta de modelo de sometimiento a la justicia, que, por supuesto, desde nuestra lectura podría ser una salida que puede implica una transformación real en este tema y que nos podría llevar eventualmente a salir de esa espiral de violencia en la que llevamos décadas, en donde hemos visto a muchos cabecillas pasar y a muchos nuevos cabecillas surgir, sin que se haya solucionado la situación de fondo.

“Con este golpe a Otoniel, en la operación Osiris, se marca el final del Clan del Golfo”, dijo el presidente Iván Duque el pasado 24 de octubre desde la Base Militar de Tolemaida, tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, el máximo comandante de esa estructura. Sin embargo, otra es la visión que tiene Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia que creó el Acuerdo de Paz precisamente para desmantelar por completo los grupos herederos del paramilitarismo. En estos cuatro años que lleva ocupando ese asiento, ha trabajado en conjunto con organizaciones sociales y sociedad civil en el diseño de una política con la ruta para ponerle fin a esas estructuras, incluyendo sus vínculos con la economía y las políticas legales.

De hecho, la propuesta de política de desmantelamiento que construyeron en el marco de esa comisión quedó en manos del Gobierno Nacional hace más de dos años, pero Castañeda denuncia que han encontrado un “bloqueo” del Gobierno para poder avanzar y concretar esa promesa del Acuerdo de Paz. Explica que ni con las órdenes que ha emitido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido posible que esa política se materialice, mientras que desde la firma de la paz esos grupos han seguido en expansión.

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Para el presidente Duque, la captura de Otoniel marca el final del Clan del Golfo. ¿Cuál es su impresión sobre esa frase?

La captura de Otoniel sin duda es un golpe fuerte para las Agc, independientemente de la forma como la captura se haya dado, lo planteo por todas las especulaciones que hay sobre el tema. Sin embargo, se necesita mucho más que eso para que un grupo con una estructura armada tan grande, con una presencia en tantos municipios, con un funcionamiento que utiliza, entre otras, la tercerización del crimen, se vea acabado totalmente. Creo que lo que lo que va a pasar muy seguramente es que va a subir rápidamente un sucesor, o podrán existir conflictos entre ellos, lo que generará una escalada violenta en el grupo hasta que finalmente eso se decante en un nuevo liderazgo, que sea reconocido por gran parte o por todo el grupo.

Lastimosamente, contrario a lo que plantea el presidente Duque, podemos estar bastante lejos del fin real de una estructura tan poderosa como el Clan del Golfo. Recordemos que es una estructura que viene directamente del proceso de negociación con las Auc; este grupo no surge de la nada, surge particularmente de la decisión de Vicente Castaño y de Don Mario de tener un grupo alterno mientras negociaban con el Gobierno, es decir que, si fueron capaces de esquivar todo ese proceso de negociación, imaginemos ahora lo que es reponerse ante la captura de Otoniel.

¿Cuál puede ser hoy la magnitud real de las Agc?

Es el grupo paramilitar más grande de Colombia, con una presencia militar que sabe adaptarse a distintos contextos. Las Agc suelen moverse en ciudades grandes a partir de pequeños grupos armados, sin uniforme, con armas cortas. También tiene frentes bastante numerosos en contextos rurales. Los vimos, por ejemplo, cuando decretaron paro armado en varios municipios e incluso ciudades medianas del país como Santa Marta y fueron capaces de afectar a más de dos centenares de municipios del país.

Estamos hablando de una estructura con una capacidad de hacer daño muy fuerte, que dedica sus acciones no sólo al narcotráfico, como se ha pretendido decir, sino que también desarrolla otro tipo de economías ligadas al conflicto y también relaciones con otros sectores poderosos ligados incluso a la economía legal, por lo cual dudo mucho que en el corto plazo podamos ver el fin de esta estructura a partir de la captura de Otoniel.

El ejemplo más claro lo tenemos en Tumaco cuando el presidente Duque prometió que a Guacho se le acabaría la ‘guachafita’ y efectivamente lo dieron de baja, pero habría que preguntarle a la población de Tumaco si eso dio por terminado el grupo armado y la existencia del uso de este grupo armado de violencia letal contra la población. Lo que vamos a encontrar es que la respuesta lastimosamente es que no.

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Contrario a esa expansión que ha tenido un grupo como las Agc, el Acuerdo de Paz planteaba que los grupos herederos del paramilitarismo debían desmantelarse a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. ¿Qué pasó con esa promesa?

A casi cinco años de firmado el Acuerdo de Paz, esas instancias no han tenido el funcionamiento adecuado, entre otras porque quienes hacemos parte estamos chocando constantemente con un muro que ha sido construido por este Gobierno, por el sector Defensa y Seguridad, que no permite que la sociedad civil o que otros entes del propio Estado incluso, tengan una mayor intervención en lo que ellos consideran es su rol en la definición de las estrategias de seguridad.

Lastimosamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es el ente rector creado por el acuerdo para producir, impulsar y evaluar la política pública de desmantelamiento, no ha tenido el funcionamiento que debería. Recientemente el informe producido por la Misión de la ONU al Consejo de Seguridad dejó claro que en los últimos seis meses la Comisión no ha sido convocada, que no hay avances tampoco en la definición de esa política pública y mucho menos en el plan de acción de la política pública.

Por otro lado, tampoco hemos visto avances ciertos en la definición de una política de sometimiento a la justicia que permitiese que de manera colectiva y masiva los integrantes de estos grupos pudiesen pactar condiciones para su entrega a la justicia; los esfuerzos que hemos visto, algunos de ellos importantes, otros minúsculos, por parte de los organismos de seguridad del Estado, se han dirigido principalmente hacia el tema del ataque a las estructuras armadas. Lo cierto es que más allá de producir efectos concretos contra personas de determinados grupos, no vemos que esos efectos de verdad permitan establecer que estamos llegando al fin de los grupos y las mafias armadas en Colombia, particularmente las de origen paramilitar.

Precisamente por el incumplimiento al funcionamiento de la Comisión, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz remitir los lineamientos de la política pública de desmantelamiento. ¿Se ha avanzado en ese propósito ya con una orden judicial?

La JEP ha emitido órdenes al Gobierno relacionadas con la Comisión en dos ocasiones: la primera el año pasado y la segunda, como no cumplió, en febrero de este año. El Gobierno copió y pegó algunos avances de debates que se tenían y envió un documento lacónico, insulso, inane, de 12 páginas, planteando que esa sería la política pública de desmantelamiento. Un documento que nadie conoce en Colombia, que las propias autoridades del Estado no reconocen y que carece también de un plan de acción. Ese documento no fue aprobado por la Comisión de Garantías de Seguridad tampoco y sería, en el mejor de los casos, un borrador que debe ser discutido. Sin embargo, estamos a la espera de una determinación de la JEP en torno a si considera o no cumplida la orden judicial. Entretanto, la Comisión de Garantías de Seguridad hoy no tiene un plan de trabajo interno, tampoco avances en el cumplimiento de sus 16 funciones, y mucho menos de su objeto. Ya han pasado más de tres años y medio de este Gobierno y lo que vemos es que si bien no ha logrado acabar con la Comisión, pues lo cierto es que sí la ha logrado maniatar y hacer su trabajo bastante inefectivo.

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¿Qué pasó con la propuesta que entregaron ustedes con los lineamientos de política para el desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo?

Lo primero es que la sociedad civil ha sido profundamente propositiva en la Comisión. Se ha presentado en dos ocasiones a este Gobierno una propuesta de lineamientos de la política pública: una en agosto de 2019; posteriormente el año pasado presentamos ya el desarrollo de lo que podría ser esa política pública y algunas propuestas concretas para intentar avanzar en un plan.

Por su cuenta, las plataformas de mujeres presentaron también al Gobierno lo que debería ser una adaptación de esa política pública con un enfoque de género muy concreto, que identificara las prácticas y las afectaciones concretas que tienen las mujeres por parte de los grupos criminales y por supuesto también una serie de propuestas para que se abriera la participación hacia las mujeres en los distintos debates que hay sobre los temas relacionados con la protección de las lideresas y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, tampoco ha sido tenida en cuenta. Han presentado también algunos balances sobre la situación de las mujeres que ejercen liderazgo en Colombia y eso tampoco ha sido siquiera discutido. Lo que tenemos realmente es un bloqueo institucional del Estado colombiano dirigido a impedir que la sociedad civil participe en los temas que tienen relación con la política de seguridad y con el sector defensa.

¿Cuál es la posición de ustedes frente a la extradición de Otoniel, de cara a los reclamos por la posibilidad de que con él se vaya parte de la verdad?

Ese tema de que los narcotraficantes y criminales preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos hace rato dejó de existir. Lo que hemos visto es cómo la extradición termina facilitando una serie de negociaciones que le permiten al extraditado regular su situación, seguramente cooperar con la justicia estadounidense en lo que es su principal interés, que es el tema del narcotráfico; o regularizar parte de sus riquezas, entregar otra buena parte al fisco de los Estados Unidos, entregar algunas rutas, incluso a algunos de sus compañeros y a partir de allí obtener a cambio la protección del Gobierno de Estados Unidos. Hemos visto cómo varios narcotraficantes o paramilitares han terminado reduciendo sus condenas en Estados Unidos y quedándose a vivir allá. Y en otros casos hemos visto cómo el gobierno ha demostrado una total incapacidad, o una calculada incapacidad, para traer de regreso a importantes miembros de estos grupos.

En caso de que Otoniel sea extraditado, dudo mucho de que podamos ver su regreso. Y esto sin duda alguna afecta a las víctimas en Colombia y su acceso a la justicia, porque seguimos con un Estado que termina priorizando los intereses de la justicia estadounidense por encima de los intereses de nuestra justicia.

En Colombia, esta persona no solamente tendría que responder por un delito como el narcotráfico, sino también por delitos como homicidios, masacres, agresiones y violaciones sexuales, desapariciones forzadas y sería muy importante que se priorizara el acceso de las víctimas a procesos judiciales acá. También que se planteara la posibilidad de una cooperación con la justicia colombiana que permitiese identificar cuáles son las condiciones que facilitaron su participación en el Clan del Golfo y la expansión de este grupo. Y estas son verdades que lastimosamente, en caso de ser extraditado, se va a llevar, igual que pasó con buena parte de los paramilitares extraditados. Muy seguramente son verdades que se quedarán sin ser conocidas.

Entre 2017 y 2018 se tuvieron acercamientos exploratorios con Otoniel y con las Agc para el sometimiento colectivo de esa estructura a la justicia. ¿Hoy sigue vigente hablar de ese proceso, ya sin Otoniel?

Lo primero es que en Colombia no existe posibilidad legal para llevar a cabo ese acercamiento, entre otras, porque este Gobierno no ha escuchado las condiciones que establece el proceso de paz en el sentido de que se tramitara una ley para el sometimiento colectivo a la justicia, que ha sido uno de los reclamos que hemos hecho al interior de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Este gobierno lo que hizo fue presentar un decreto sobre el sometimiento individual, que no es otra cosa que una política de recompensas a cambio de información sobre armas, sobre algún cabecilla para que las Fuerzas Militares y de Policía puedan hallarlo, capturarlo, darlo de baja. Pero eso está lejos de ser un sometimiento colectivo y, sobre todo, un sometimiento a la justicia.

En Colombia ese marco jurídico no existe. Habría que tramitar en efecto una política pública que le permitiese al Estado avanzar en una propuesta de modelo de sometimiento a la justicia, que, por supuesto, desde nuestra lectura podría ser una salida que puede implica una transformación real en este tema y que nos podría llevar eventualmente a salir de esa espiral de violencia en la que llevamos décadas, en donde hemos visto a muchos cabecillas pasar y a muchos nuevos cabecillas surgir, sin que se haya solucionado la situación de fondo.