Las recomendaciones de la MAPP-OEA para una paz completa en Colombia
Este es el balance que presenta hoy la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos sobre la situación humanitaria en el país, de cara a la Paz Total del presidente Petro. Alerta por las afectaciones a civiles por parte de grupos armados y hace un llamado a que la sociedad civil sea más protagonista en la construcción de paz.
“La paz es un camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y la cooperación”. Esa es una de las frases con las que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) inicia su informe número 33 sobre el seguimiento al posconflicto colombiano, que atraviesa su sexto año. Un documento que surgió después de 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 678 centros poblados pertenecientes a 194 municipios de 26 departamentos del país.
Durante ese trabajo de campo, la seguridad territorial, la reincorporación de antiguos actores armados, las afectaciones a liderazgos sociales, el desarrollo de campañas y elecciones legislativas y presidenciales, y las garantías para el ejercicio de la movilización social, fueron apenas algunos de los factores determinantes a los que la MAPP-OEA les prestó especial cuidado para ver cómo vamos, en qué hemos fallado, qué hemos aprendido y cómo podremos seguir construyendo un país menos violento.
El documento cita el episodio ocurrido en marzo de este año con la fuerza pública en la zona de Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que fueron evidentes las contradicciones entre las autoridades involucradas, las víctimas y las organizaciones sociales sobre si fue un combate legítimo o un caso de ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, casos como ese no pueden repetirse en un contexto de posconflicto.
De hecho, sobre este caso, la MAPP-OEA instó al Estado a que se debe “acelerar y profundizar la investigación sobre estos hechos, ante una eventual infracción al DIH, y establecer las sanciones respectivas. Asimismo, brindar apoyo psicosocial y humanitario a las víctimas, como también, proteger la vida y la integridad de los testigos”.
(Lea: Sería un error permitir negociaciones políticas con grupos criminales: HRW)
El caso de Alto Remanso apenas es un abrebocas de lo que este informe señaló sobre la fragilidad en las condiciones de seguridad de lugares periféricos de Colombia. También hizo énfasis en el accionar del Eln y las Agc, grupos que decretaron en el primer semestre de 2022, en algunas subregiones como Catatumbo y Montes de María, paros armados “que alteraron la seguridad y las dinámicas sociales y económicas de los pobladores, con graves impactos humanitarios”, como se lee en el documento.
Además, el informe rastrea los puntos en los que la guerrilla del Eln ha operado y ha disputado frente a paramilitares y diferentes disidencias de las Farc. La MAPP-OEA asegura que “en los ríos San Juan y Baudó (Chocó) el Eln mantiene disputas con las Agc y, en menor medida, en el sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño. Con los grupos disidentes o residuales de las Farc sostiene relacionamientos diferenciados que apuntan a la existencia de alianzas y/o acuerdos con la Segunda Marquetalia en Arauca, Cauca y Nariño”.
Sobre las disidencias, particularmente, si bien alerta que mantengan una presencia constante en Cauca, Nariño y Putumayo, por ejemplo, la misión dijo que a filas como las de Iván Mordisco se les ve debilitadas considerablemente, “debido a la muerte de varios de sus principales jefes, la persecución de la fuerza pública y las confrontaciones entre sí, que podrían tener repercusiones para sus planes de consolidación o expansión territorial, al menos en el corto plazo”.
Aún con los golpes que han recibido las disidencias y otros grupos armados, este informe constata que la población civil sigue recibiendo los mayores rigores de su violencia e insiste en que hay mayor vulnerabilidad en zonas en las que los grupos armados ilegales sostienen disputas por apropiarse de contextos de ilegalidad asociados a economías criminales y corredores de movilidad o combates con la fuerza pública.
Las investigaciones de MAPP- OEA concluyen sobre este tema que las afectaciones más graves continúan siendo los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores de edad, feminicidios y otras violencias basadas en género.
(Vea también: Diálogo con el Eln se reanudaría en “cuestión de semanas”, según comisionado de Paz)
Reincorporación, a media máquina
En Colombia existen estrategias de seguridad integral a nivel departamental para personas que dejaron las armas y se suscribieron al Acuerdo de Paz de 2016. Distintos programas de protección integral, cita el documento, se han enfocado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que han sido los que mayores asesinatos de esta población han tenido en los últimos cinco años.
La Consejería Presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que el 98 % de las personas en proceso de reincorporación que fueron candidatas a recibir medidas de protección las recibieron, especialmente durante los procesos electorales, momentos en los que la violencia armada se podría disparar en su contra.
Sin embargo, la MAPP-OEA señaló que en el país persisten graves afectaciones contra la vida de estas personas y sus familias, especialmente por parte de disidencias que ven en ellos “traidores”, al participar en rutas de reincorporación. Los casos más graves “se concentraron en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, dinámica que además impactó a sus familiares, servidores públicos y organismos de cooperación internacional”.
Otra arista de este análisis de la misión está enfocada en los temas de reincidencia. Si bien múltiples indicadores internacionales han mostrado que las tasas de rearme de antiguos combatientes de las Farc han sido bajas desde la firma del Acuerdo de Paz, preocupa que en la subregión del Urabá antioqueño haya personas en proceso de reincorporación que se estarían sumando a filas de grupos paramilitares de las Agc. Así lo denuncia la misión: “las comunidades e institucionalidad perciben que integrantes de esta población harían parte de las filas de las Agc e incluso desempeñarían roles de mando. En cierta medida, la existencia de un relacionamiento previo entre quienes mantienen su compromiso con el proceso y aquellas personas en proceso de reincorporación presuntamente reincidentes permitiría el establecimiento de acuerdos de no agresión”.
Apoyo a la Paz Total de Petro
La MAPP-OEA, desde el inicio de su trigésimo tercer informe, hace explícito su reconocimiento al proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Plantea que los acercamientos con el Eln son necesarios para mitigar la violencia territorial y un paso importante para mostrar que la paz se construye hablando con todos los grupos armados organizados.
El organismo aseguró que si bien hay constancia en los intentos de generar esquemas de desmovilización y sometimiento individual, esto “no ha logrado el completo desmantelamiento de los grupos armados, razón por la cual es necesario explorar formas colectivas en las que se pueda tener un mayor control del desmantelamiento efectivo, un proceso de atención diferencial integral y el desarrollo de escenarios judiciales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
(Lea: Disidencias de Farc: ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿cuáles dialogarán con Petro?)
Es decir, se hace un llamado para que el Gobierno estudie la macrocriminalidad de los actores armados que persisten en los territorios para obtener información que permita desmantelamientos efectivos, con sometimientos libres y, en la medida de lo posible, con carácter voluntario.
El documento incluye recomendaciones concretas a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que les solicita que fortalezcan “las capacidades de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SRVR) y otras instancias encargadas del estudio y la emisión de medidas cautelares y de protección, con el fin de garantizar la correcta participación de las víctimas y comparecientes, evitando escenarios de riesgo”.
Sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se le pide al organismo humanitario que haga más robustas “las mesas de trabajo con la JEP, que permitan ampliar masivamente la identificación de zonas y territorios para la ubicación de cuerpos. Asimismo, acelerar la puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda”.
También se refirieron a la Agencia para la Renovación del Territorio, a la que instaron a “diseñar un protocolo de participación ciudadana para el seguimiento de las iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este proceso permitirá a la entidad y a las comunidades llegar a acuerdos sobre las competencias y las formas en las que se puede ejercer el derecho a la participación ciudadana en el marco de los PDET”. Para MAPP-OEA, el fortalecimiento de los escenarios de diálogo y la garantía de derechos constituyen “una tarea impostergable para la gestión y transformación de los conflictos sociales”.
Esto después de las lecciones aprendidas tras las violaciones de derechos humanos por parte de instituciones del Estado a ciudadanos en el marco del paro nacional de 2021, que incluso llegaron a instancias internacionales, con el rechazo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el accionar de la Fuerza Pública frente a manifestantes.
(En contexto: Gobierno se reúne con disidencias de las Farc para explorar un cese al fuego)
Asimismo, según el informe, los cuidados para ejercer de manera tranquila el derecho a la protesta social deben ir ligados a la escucha de las peticiones de firmantes de paz, pueblos indígenas y caravanas humanitarias que salieron a las calles en departamentos como Valle, Tolima, Nariño y Chocó pidiendo garantías de seguridad para sus comunidades.
Participación ciudadana para la paz
Para la misión, un punto neurálgico es cómo la ciudadanía puede tomar las riendas de los procesos de construcción de paz. MAPP-OEA insistió en que deben aumentar las capacidades ciudadanas de incidencia y construcción de propuestas desde todos los sectores sociales; así como fortalecer los mecanismos, espacios y reglas institucionales para la participación ciudadana basada en la transparencia y el acceso a garantías.
A su vez, quedó expuesto que los procesos de diálogo social son primordiales a la hora de entender que desde los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad surgen iniciativas humanitarias y mensajes de paz que evidencian la determinación, experticia y perseverancia de las bases sociales.
En ese sentido, instancias como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, las Mesas de Participación de Víctimas, las Mesas Territoriales de Garantías, los Consejos Municipales de Juventud, entre otros, deben tener mayor protagonismo en la agenda política del país.
Colombia no puede estar rezagada por los actos violentos ni mucho menos condenada a repetir hechos que causaron dolor por tantos años. La suma de voluntades para alentar la construcción de paz es la clave, según la misión, para acelerar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y coordinar nuevos pactos que hagan del país un sitio más cercano y generoso con los que en su momento lo perdieron casi todo.
“La paz es un camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y la cooperación”. Esa es una de las frases con las que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) inicia su informe número 33 sobre el seguimiento al posconflicto colombiano, que atraviesa su sexto año. Un documento que surgió después de 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 678 centros poblados pertenecientes a 194 municipios de 26 departamentos del país.
Durante ese trabajo de campo, la seguridad territorial, la reincorporación de antiguos actores armados, las afectaciones a liderazgos sociales, el desarrollo de campañas y elecciones legislativas y presidenciales, y las garantías para el ejercicio de la movilización social, fueron apenas algunos de los factores determinantes a los que la MAPP-OEA les prestó especial cuidado para ver cómo vamos, en qué hemos fallado, qué hemos aprendido y cómo podremos seguir construyendo un país menos violento.
El documento cita el episodio ocurrido en marzo de este año con la fuerza pública en la zona de Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que fueron evidentes las contradicciones entre las autoridades involucradas, las víctimas y las organizaciones sociales sobre si fue un combate legítimo o un caso de ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, casos como ese no pueden repetirse en un contexto de posconflicto.
De hecho, sobre este caso, la MAPP-OEA instó al Estado a que se debe “acelerar y profundizar la investigación sobre estos hechos, ante una eventual infracción al DIH, y establecer las sanciones respectivas. Asimismo, brindar apoyo psicosocial y humanitario a las víctimas, como también, proteger la vida y la integridad de los testigos”.
(Lea: Sería un error permitir negociaciones políticas con grupos criminales: HRW)
El caso de Alto Remanso apenas es un abrebocas de lo que este informe señaló sobre la fragilidad en las condiciones de seguridad de lugares periféricos de Colombia. También hizo énfasis en el accionar del Eln y las Agc, grupos que decretaron en el primer semestre de 2022, en algunas subregiones como Catatumbo y Montes de María, paros armados “que alteraron la seguridad y las dinámicas sociales y económicas de los pobladores, con graves impactos humanitarios”, como se lee en el documento.
Además, el informe rastrea los puntos en los que la guerrilla del Eln ha operado y ha disputado frente a paramilitares y diferentes disidencias de las Farc. La MAPP-OEA asegura que “en los ríos San Juan y Baudó (Chocó) el Eln mantiene disputas con las Agc y, en menor medida, en el sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño. Con los grupos disidentes o residuales de las Farc sostiene relacionamientos diferenciados que apuntan a la existencia de alianzas y/o acuerdos con la Segunda Marquetalia en Arauca, Cauca y Nariño”.
Sobre las disidencias, particularmente, si bien alerta que mantengan una presencia constante en Cauca, Nariño y Putumayo, por ejemplo, la misión dijo que a filas como las de Iván Mordisco se les ve debilitadas considerablemente, “debido a la muerte de varios de sus principales jefes, la persecución de la fuerza pública y las confrontaciones entre sí, que podrían tener repercusiones para sus planes de consolidación o expansión territorial, al menos en el corto plazo”.
Aún con los golpes que han recibido las disidencias y otros grupos armados, este informe constata que la población civil sigue recibiendo los mayores rigores de su violencia e insiste en que hay mayor vulnerabilidad en zonas en las que los grupos armados ilegales sostienen disputas por apropiarse de contextos de ilegalidad asociados a economías criminales y corredores de movilidad o combates con la fuerza pública.
Las investigaciones de MAPP- OEA concluyen sobre este tema que las afectaciones más graves continúan siendo los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores de edad, feminicidios y otras violencias basadas en género.
(Vea también: Diálogo con el Eln se reanudaría en “cuestión de semanas”, según comisionado de Paz)
Reincorporación, a media máquina
En Colombia existen estrategias de seguridad integral a nivel departamental para personas que dejaron las armas y se suscribieron al Acuerdo de Paz de 2016. Distintos programas de protección integral, cita el documento, se han enfocado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que han sido los que mayores asesinatos de esta población han tenido en los últimos cinco años.
La Consejería Presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que el 98 % de las personas en proceso de reincorporación que fueron candidatas a recibir medidas de protección las recibieron, especialmente durante los procesos electorales, momentos en los que la violencia armada se podría disparar en su contra.
Sin embargo, la MAPP-OEA señaló que en el país persisten graves afectaciones contra la vida de estas personas y sus familias, especialmente por parte de disidencias que ven en ellos “traidores”, al participar en rutas de reincorporación. Los casos más graves “se concentraron en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, dinámica que además impactó a sus familiares, servidores públicos y organismos de cooperación internacional”.
Otra arista de este análisis de la misión está enfocada en los temas de reincidencia. Si bien múltiples indicadores internacionales han mostrado que las tasas de rearme de antiguos combatientes de las Farc han sido bajas desde la firma del Acuerdo de Paz, preocupa que en la subregión del Urabá antioqueño haya personas en proceso de reincorporación que se estarían sumando a filas de grupos paramilitares de las Agc. Así lo denuncia la misión: “las comunidades e institucionalidad perciben que integrantes de esta población harían parte de las filas de las Agc e incluso desempeñarían roles de mando. En cierta medida, la existencia de un relacionamiento previo entre quienes mantienen su compromiso con el proceso y aquellas personas en proceso de reincorporación presuntamente reincidentes permitiría el establecimiento de acuerdos de no agresión”.
Apoyo a la Paz Total de Petro
La MAPP-OEA, desde el inicio de su trigésimo tercer informe, hace explícito su reconocimiento al proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Plantea que los acercamientos con el Eln son necesarios para mitigar la violencia territorial y un paso importante para mostrar que la paz se construye hablando con todos los grupos armados organizados.
El organismo aseguró que si bien hay constancia en los intentos de generar esquemas de desmovilización y sometimiento individual, esto “no ha logrado el completo desmantelamiento de los grupos armados, razón por la cual es necesario explorar formas colectivas en las que se pueda tener un mayor control del desmantelamiento efectivo, un proceso de atención diferencial integral y el desarrollo de escenarios judiciales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
(Lea: Disidencias de Farc: ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿cuáles dialogarán con Petro?)
Es decir, se hace un llamado para que el Gobierno estudie la macrocriminalidad de los actores armados que persisten en los territorios para obtener información que permita desmantelamientos efectivos, con sometimientos libres y, en la medida de lo posible, con carácter voluntario.
El documento incluye recomendaciones concretas a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que les solicita que fortalezcan “las capacidades de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SRVR) y otras instancias encargadas del estudio y la emisión de medidas cautelares y de protección, con el fin de garantizar la correcta participación de las víctimas y comparecientes, evitando escenarios de riesgo”.
Sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se le pide al organismo humanitario que haga más robustas “las mesas de trabajo con la JEP, que permitan ampliar masivamente la identificación de zonas y territorios para la ubicación de cuerpos. Asimismo, acelerar la puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda”.
También se refirieron a la Agencia para la Renovación del Territorio, a la que instaron a “diseñar un protocolo de participación ciudadana para el seguimiento de las iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este proceso permitirá a la entidad y a las comunidades llegar a acuerdos sobre las competencias y las formas en las que se puede ejercer el derecho a la participación ciudadana en el marco de los PDET”. Para MAPP-OEA, el fortalecimiento de los escenarios de diálogo y la garantía de derechos constituyen “una tarea impostergable para la gestión y transformación de los conflictos sociales”.
Esto después de las lecciones aprendidas tras las violaciones de derechos humanos por parte de instituciones del Estado a ciudadanos en el marco del paro nacional de 2021, que incluso llegaron a instancias internacionales, con el rechazo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el accionar de la Fuerza Pública frente a manifestantes.
(En contexto: Gobierno se reúne con disidencias de las Farc para explorar un cese al fuego)
Asimismo, según el informe, los cuidados para ejercer de manera tranquila el derecho a la protesta social deben ir ligados a la escucha de las peticiones de firmantes de paz, pueblos indígenas y caravanas humanitarias que salieron a las calles en departamentos como Valle, Tolima, Nariño y Chocó pidiendo garantías de seguridad para sus comunidades.
Participación ciudadana para la paz
Para la misión, un punto neurálgico es cómo la ciudadanía puede tomar las riendas de los procesos de construcción de paz. MAPP-OEA insistió en que deben aumentar las capacidades ciudadanas de incidencia y construcción de propuestas desde todos los sectores sociales; así como fortalecer los mecanismos, espacios y reglas institucionales para la participación ciudadana basada en la transparencia y el acceso a garantías.
A su vez, quedó expuesto que los procesos de diálogo social son primordiales a la hora de entender que desde los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad surgen iniciativas humanitarias y mensajes de paz que evidencian la determinación, experticia y perseverancia de las bases sociales.
En ese sentido, instancias como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, las Mesas de Participación de Víctimas, las Mesas Territoriales de Garantías, los Consejos Municipales de Juventud, entre otros, deben tener mayor protagonismo en la agenda política del país.
Colombia no puede estar rezagada por los actos violentos ni mucho menos condenada a repetir hechos que causaron dolor por tantos años. La suma de voluntades para alentar la construcción de paz es la clave, según la misión, para acelerar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y coordinar nuevos pactos que hagan del país un sitio más cercano y generoso con los que en su momento lo perdieron casi todo.