"Este año van tantos desplazamientos como en 2016": Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia

En los seis meses que han transcurrido de 2017 han ocurrido 42 desplazamientos masivos, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que en todo 2016 hubo 47. Para muchos expertos, esto era previsible ya que, basándose en las experiencias de otros países, luego de los acuerdos de paz ocurren cambios políticos y sociales que muchas veces desembocan en crisis humanitarias. Pero luego, afirman, viene la estabilización, la implementación de acuerdos y, si todo sale bien, la consolidación de esos acuerdos.

Precisamente en medio de esa delicada etapa de transición llegó Jozef Merkk a liderar la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia. Su experiencia en Irak, Turquía, Haití y El Salvador le ha dado una visión general del problema del desplazamiento forzado. Opina que el país ha avanzado mucho en la disminución de este crimen y que debe aprovechar el momento crucial para resolver los problemas de los 7,7 millones de colombianos que tuvieron que dejar sus hogares debido a la guerra.

La costa pacífica, el Chocó y Norte de Santander son las tres zonas críticas en este momento. Muchos de esos colombianos, explica, no han sentido el fin de la guerra.

Acnur está entregando su informe mundial sobre el desplazamiento forzado. ¿Cómo está Colombia en este aspecto? ¿Ha cambiado algo desde la firma del Acuerdo en La Habana?

Yo tengo mucha esperanza de que el Acuerdo de Paz tenga los resultados que se esperan. A nivel mundial estamos hablando de 65 millones de personas que se vieron obligadas a salir de sus hogares por guerras en todo el mundo. Muchas de ellas sufren desplazamiento interno, pero también hay 22 millones de refugiados.

La mayoría están en Oriente Medio y África, pero América Latina también ha sufrido mucho este flagelo. Colombia ha tenido algunos refugiados que ahora viven en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y otros países. En el tema del desplazamiento interno hablamos de una situación de desplazamiento prolongada, porque muchas personas llevan más de 20 años como desplazadas.

¿Colombia todavía es el primer país con más desplazamiento interno en el mundo?

Aunque a nivel mundial Colombia es el país con más desplazados, esto es porque las cifras son un acumulado desde 1985. Es decir, la mayoría de los desplazados llevan muchos años en esa condición. En cambio, en otros países hay un conflicto mucho más intenso. En Irak, por ejemplo, en los últimos tres años se han desplazado 3,4 millones de personas. Las cifras a veces desdibujan la realidad porque en Colombia el desplazamiento sí está disminuyendo.

Entonces el reto es acabar con el desplazamiento prolongado. ¿Cómo?

Debemos trabajar con el Gobierno para saber cuándo se le restablecieron los derechos a una persona y dejó de ser desplazada.

Pero ¿eso cómo se determinaría? ¿Cuál es su propuesta?

El enfoque que tenemos es de soluciones duraderas. Puede ser retorno a su lugar de origen, en condiciones de dignidad y seguridad, o una reubicación en un lugar diferente, pero también hay que tener en cuenta que para la mayoría de los desplazados la solución es integrarse a la ciudad en la que llevan años viviendo. Muchas víctimas se hicieron parte de los “pobres urbanos”. Lo que queremos es trabajar una agenda de soluciones junto con las entidades del Estado responsables.

¿Cómo recibió el Gobierno esta propuesta de crear una agenda conjunta?

Está completamente de acuerdo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tiene una gran disposición. Hacen falta muchos recursos, sobre todo ahora, con la crisis fiscal.

¿Cree que hay lecciones aprendidas que también se pueden compartir con otras regiones que sufren el desplazamiento forzado?

Sin duda alguna, Colombia tiene muchas lecciones que puede compartir. Estamos en un contexto donde ojalá la construcción de la paz siga y eso permita solucionar estos problemas.

Así como hay partes de Colombia que siguen con muchos problemas, hay otras en las que ya estamos aplicando soluciones que pueden ser tomadas como ejemplo para otros países. La regularización de barrios a los que han llegado cientos de familias desplazadas y el trabajo conjunto con otras agencias y entidades del Estado son experiencias muy positivas que se pueden replicar.

Nos hemos dado cuenta de que es necesario complementar el trabajo humanitario con el desarrollo productivo de las comunidades. Nuestra meta para el posacuerdo es tener un frente de trabajo mucho más integral.

¿Qué cifras realistas pueden esperar los colombianos para la etapa de posacuerdo en materia de reducción de desplazamiento forzado?

Creo que, según lo que he visto en otros países, luego de la firma de un acuerdo hay una etapa muy compleja. Esa es la fase en la cual estamos. Vemos que en lo que va corrido de este año hemos alcanzado casi la misma cantidad de desplazamientos masivos que todo el año pasado.

Esto también es un resultado del proceso de paz, porque hay nuevos grupos y disidencias, pero ojalá acabe pronto y las zonas se estabilicen, que realmente podamos pasar la página para no pensar en desplazamiento sino en desarrollo local, salud, educación, agua potable, etc.

¿Cuáles son las zonas más críticas?

En 2017 hemos registrado 42 desplazamientos masivos todos en la costa pacífica, Norte de Santander y Arauca. Son 7.371 personas, 2.056 familias afectadas. Esto no incluye los desplazamientos individuales.

Las zonas más críticas siguen siendo de frontera y con presencia de coca. ¿Por qué?

Vemos que en los últimos tres o cinco años han aumentado mucho los cultivos de uso ilícito. Si eso no se soluciona, es muy difícil parar la violencia y el desplazamiento que causan las economías ilegales para empezar a desarrollar ciclos económicos positivos.

También en este año se encendieron las alarmas por asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Han ocasionado estos asesinatos el desplazamiento de las familias afectadas o de otros líderes en la zona?

Cada caso es distinto, pero estamos trabajando muy de cerca con la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior para mejorar las medidas de prevención. Nos preocupa mucho porque además muchos de los amenazados lideran procesos con víctimas de desplazamiento, comunidades indígenas y afros, y restitución de tierras, todos temas primordiales para implementar el Acuerdo de Paz.

En Chocó hay una circunscripción especial de paz, es decir, pronto tendrán que ir a elecciones para elegir un representante a la Cámara. ¿Están dadas las condiciones de seguridad para esa jornada?

Una zona como el Chocó ha tenido problemas de desarrollo y por lo tanto es muy vulnerable a los conflictos. Uno de nuestros objetivos es ir a los municipios junto con las instituciones del Estado. No estamos aquí pera reemplazar al Estado, por eso trabajamos muy de cerca con la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas y otras entidades pertinentes.

Pero ¿cómo prepararse para disminuir los riesgos de seguridad que podrían traer estas elecciones?

Estando presentes durante las jornadas. El fin último es lograr que estas regiones tan afectadas por el conflicto sientan una presencia efectiva del Estado.

Otro tema que ha impactado las dinámicas del conflicto son los diálogos con el Eln. ¿Ha afectado esto al desplazamiento forzado?

Una zona en la que el Eln tiene una fuerte presencia es el Catatumbo, pero no es el único grupo que está allí. También se escucha mucho del Epl, que ha crecido en los últimos meses en la zona, pero además tiene muchas economías ilegales y conflictos con la frontera con Venezuela. Todo eso nos preocupa porque se están dando nuevos desplazamientos.

Para disminuir el desplazamiento en el Catatumbo sería vital entonces un acuerdo con el Eln...

En el Catatumbo hemos identificado cinco desplazamientos masivos en lo que va corrido de 2017. Es indiscutible que la negociación con el Eln ayudaría a desactivar el conflicto en esa región. Pero si se nos invita a opinar en estas negociaciones, diremos que el tema de desplazamiento forzado debe ser discutido a profundidad en la mesa, porque es una violación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Hay que convertir las discusiones que se dieron en La Habana en acciones concretas.

Las comunidades que rodean las zonas veredales también están en la mira de todo el país, sobre todo después de que las Farc dijeran que les gustaría quedarse en algunas de ellas. ¿Cómo proteger a la población civil que puede tener aprensiones por tener a las Farc cerca?

Lo importante es que la dejación de armas se complete lo antes posible. Naciones Unidas está trabajando muy fuertemente en este tema. Si en esas zonas no hay armas, la comunidad podrá estar más tranquila. En este momento estamos presentes en 10 de las 26 zonas veredales, porque teníamos trabajo ahí desde antes. La idea allí es complementar los trabajos de la ONU.

Pero las comunidades también serían vulnerables a los conflictos con agentes externos que podrían surgir luego de la dejación de armas, como grupos paramilitares. ¿Cómo protegerlos de esas amenazas para evitar desplazamientos forzados?

Hay que controlar las disidencias de las Farc y otros grupos armados que pueden entrar a las zonas. Para eso es vital la presencia del Estado con ofertas de salud, educación y proyectos productivos, pero además de la Fuerza Pública.

Entonces, ahora que las Farc están a pocos días de dejar de existir como grupo armado, ¿cuál es el llamado que le hacen a la sociedad colombiana?

Para Acnur es algo muy positivo poder contar con un actor menos que causa desplazamiento. Son 7,4 millones de desplazados internos, muchos de ellos están en zonas urbanas: un 55 % de todos los desplazados internos viven en 29 ciudades del país. Así que no se deben escatimar esfuerzos para proveer un mejor futuro para ellos.

Colombia tiene además mucha experiencia en el tema de refugiados. Ojalá en esta etapa de posacuerdo y posconflicto, muchos puedan regresar a su casa. Inclusive quiero hacer un llamado a que Colombia eventualmente, y si fuera necesario, reciba refugiados de otros países. Ahora, por ejemplo, han llegado refugiados de Venezuela, muy pocos porque la mayoría son migrantes por razones económicas, pero Colombia también tiene una responsabilidad de recibir a refugiados.

En los seis meses que han transcurrido de 2017 han ocurrido 42 desplazamientos masivos, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que en todo 2016 hubo 47. Para muchos expertos, esto era previsible ya que, basándose en las experiencias de otros países, luego de los acuerdos de paz ocurren cambios políticos y sociales que muchas veces desembocan en crisis humanitarias. Pero luego, afirman, viene la estabilización, la implementación de acuerdos y, si todo sale bien, la consolidación de esos acuerdos.

Precisamente en medio de esa delicada etapa de transición llegó Jozef Merkk a liderar la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia. Su experiencia en Irak, Turquía, Haití y El Salvador le ha dado una visión general del problema del desplazamiento forzado. Opina que el país ha avanzado mucho en la disminución de este crimen y que debe aprovechar el momento crucial para resolver los problemas de los 7,7 millones de colombianos que tuvieron que dejar sus hogares debido a la guerra.

La costa pacífica, el Chocó y Norte de Santander son las tres zonas críticas en este momento. Muchos de esos colombianos, explica, no han sentido el fin de la guerra.

Acnur está entregando su informe mundial sobre el desplazamiento forzado. ¿Cómo está Colombia en este aspecto? ¿Ha cambiado algo desde la firma del Acuerdo en La Habana?

Yo tengo mucha esperanza de que el Acuerdo de Paz tenga los resultados que se esperan. A nivel mundial estamos hablando de 65 millones de personas que se vieron obligadas a salir de sus hogares por guerras en todo el mundo. Muchas de ellas sufren desplazamiento interno, pero también hay 22 millones de refugiados.

La mayoría están en Oriente Medio y África, pero América Latina también ha sufrido mucho este flagelo. Colombia ha tenido algunos refugiados que ahora viven en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y otros países. En el tema del desplazamiento interno hablamos de una situación de desplazamiento prolongada, porque muchas personas llevan más de 20 años como desplazadas.

¿Colombia todavía es el primer país con más desplazamiento interno en el mundo?

Aunque a nivel mundial Colombia es el país con más desplazados, esto es porque las cifras son un acumulado desde 1985. Es decir, la mayoría de los desplazados llevan muchos años en esa condición. En cambio, en otros países hay un conflicto mucho más intenso. En Irak, por ejemplo, en los últimos tres años se han desplazado 3,4 millones de personas. Las cifras a veces desdibujan la realidad porque en Colombia el desplazamiento sí está disminuyendo.

Entonces el reto es acabar con el desplazamiento prolongado. ¿Cómo?

Debemos trabajar con el Gobierno para saber cuándo se le restablecieron los derechos a una persona y dejó de ser desplazada.

Pero ¿eso cómo se determinaría? ¿Cuál es su propuesta?

El enfoque que tenemos es de soluciones duraderas. Puede ser retorno a su lugar de origen, en condiciones de dignidad y seguridad, o una reubicación en un lugar diferente, pero también hay que tener en cuenta que para la mayoría de los desplazados la solución es integrarse a la ciudad en la que llevan años viviendo. Muchas víctimas se hicieron parte de los “pobres urbanos”. Lo que queremos es trabajar una agenda de soluciones junto con las entidades del Estado responsables.

¿Cómo recibió el Gobierno esta propuesta de crear una agenda conjunta?

Está completamente de acuerdo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tiene una gran disposición. Hacen falta muchos recursos, sobre todo ahora, con la crisis fiscal.

¿Cree que hay lecciones aprendidas que también se pueden compartir con otras regiones que sufren el desplazamiento forzado?

Sin duda alguna, Colombia tiene muchas lecciones que puede compartir. Estamos en un contexto donde ojalá la construcción de la paz siga y eso permita solucionar estos problemas.

Así como hay partes de Colombia que siguen con muchos problemas, hay otras en las que ya estamos aplicando soluciones que pueden ser tomadas como ejemplo para otros países. La regularización de barrios a los que han llegado cientos de familias desplazadas y el trabajo conjunto con otras agencias y entidades del Estado son experiencias muy positivas que se pueden replicar.

Nos hemos dado cuenta de que es necesario complementar el trabajo humanitario con el desarrollo productivo de las comunidades. Nuestra meta para el posacuerdo es tener un frente de trabajo mucho más integral.

¿Qué cifras realistas pueden esperar los colombianos para la etapa de posacuerdo en materia de reducción de desplazamiento forzado?

Creo que, según lo que he visto en otros países, luego de la firma de un acuerdo hay una etapa muy compleja. Esa es la fase en la cual estamos. Vemos que en lo que va corrido de este año hemos alcanzado casi la misma cantidad de desplazamientos masivos que todo el año pasado.

Esto también es un resultado del proceso de paz, porque hay nuevos grupos y disidencias, pero ojalá acabe pronto y las zonas se estabilicen, que realmente podamos pasar la página para no pensar en desplazamiento sino en desarrollo local, salud, educación, agua potable, etc.

¿Cuáles son las zonas más críticas?

En 2017 hemos registrado 42 desplazamientos masivos todos en la costa pacífica, Norte de Santander y Arauca. Son 7.371 personas, 2.056 familias afectadas. Esto no incluye los desplazamientos individuales.

Las zonas más críticas siguen siendo de frontera y con presencia de coca. ¿Por qué?

Vemos que en los últimos tres o cinco años han aumentado mucho los cultivos de uso ilícito. Si eso no se soluciona, es muy difícil parar la violencia y el desplazamiento que causan las economías ilegales para empezar a desarrollar ciclos económicos positivos.

También en este año se encendieron las alarmas por asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Han ocasionado estos asesinatos el desplazamiento de las familias afectadas o de otros líderes en la zona?

Cada caso es distinto, pero estamos trabajando muy de cerca con la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior para mejorar las medidas de prevención. Nos preocupa mucho porque además muchos de los amenazados lideran procesos con víctimas de desplazamiento, comunidades indígenas y afros, y restitución de tierras, todos temas primordiales para implementar el Acuerdo de Paz.

En Chocó hay una circunscripción especial de paz, es decir, pronto tendrán que ir a elecciones para elegir un representante a la Cámara. ¿Están dadas las condiciones de seguridad para esa jornada?

Una zona como el Chocó ha tenido problemas de desarrollo y por lo tanto es muy vulnerable a los conflictos. Uno de nuestros objetivos es ir a los municipios junto con las instituciones del Estado. No estamos aquí pera reemplazar al Estado, por eso trabajamos muy de cerca con la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas y otras entidades pertinentes.

Pero ¿cómo prepararse para disminuir los riesgos de seguridad que podrían traer estas elecciones?

Estando presentes durante las jornadas. El fin último es lograr que estas regiones tan afectadas por el conflicto sientan una presencia efectiva del Estado.

Otro tema que ha impactado las dinámicas del conflicto son los diálogos con el Eln. ¿Ha afectado esto al desplazamiento forzado?

Una zona en la que el Eln tiene una fuerte presencia es el Catatumbo, pero no es el único grupo que está allí. También se escucha mucho del Epl, que ha crecido en los últimos meses en la zona, pero además tiene muchas economías ilegales y conflictos con la frontera con Venezuela. Todo eso nos preocupa porque se están dando nuevos desplazamientos.

Para disminuir el desplazamiento en el Catatumbo sería vital entonces un acuerdo con el Eln...

En el Catatumbo hemos identificado cinco desplazamientos masivos en lo que va corrido de 2017. Es indiscutible que la negociación con el Eln ayudaría a desactivar el conflicto en esa región. Pero si se nos invita a opinar en estas negociaciones, diremos que el tema de desplazamiento forzado debe ser discutido a profundidad en la mesa, porque es una violación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Hay que convertir las discusiones que se dieron en La Habana en acciones concretas.

Las comunidades que rodean las zonas veredales también están en la mira de todo el país, sobre todo después de que las Farc dijeran que les gustaría quedarse en algunas de ellas. ¿Cómo proteger a la población civil que puede tener aprensiones por tener a las Farc cerca?

Lo importante es que la dejación de armas se complete lo antes posible. Naciones Unidas está trabajando muy fuertemente en este tema. Si en esas zonas no hay armas, la comunidad podrá estar más tranquila. En este momento estamos presentes en 10 de las 26 zonas veredales, porque teníamos trabajo ahí desde antes. La idea allí es complementar los trabajos de la ONU.

Pero las comunidades también serían vulnerables a los conflictos con agentes externos que podrían surgir luego de la dejación de armas, como grupos paramilitares. ¿Cómo protegerlos de esas amenazas para evitar desplazamientos forzados?

Hay que controlar las disidencias de las Farc y otros grupos armados que pueden entrar a las zonas. Para eso es vital la presencia del Estado con ofertas de salud, educación y proyectos productivos, pero además de la Fuerza Pública.

Entonces, ahora que las Farc están a pocos días de dejar de existir como grupo armado, ¿cuál es el llamado que le hacen a la sociedad colombiana?

Para Acnur es algo muy positivo poder contar con un actor menos que causa desplazamiento. Son 7,4 millones de desplazados internos, muchos de ellos están en zonas urbanas: un 55 % de todos los desplazados internos viven en 29 ciudades del país. Así que no se deben escatimar esfuerzos para proveer un mejor futuro para ellos.

Colombia tiene además mucha experiencia en el tema de refugiados. Ojalá en esta etapa de posacuerdo y posconflicto, muchos puedan regresar a su casa. Inclusive quiero hacer un llamado a que Colombia eventualmente, y si fuera necesario, reciba refugiados de otros países. Ahora, por ejemplo, han llegado refugiados de Venezuela, muy pocos porque la mayoría son migrantes por razones económicas, pero Colombia también tiene una responsabilidad de recibir a refugiados.