“Este Gobierno no tiene una política de paz”: monseñor Darío Monsalve

El 28 de abril, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 601 de 2020, que autoriza al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a verificar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados que operan en el país. Al día siguiente, el presidente Duque quiso mostrar la entrega a las autoridades de 20 integrantes del frente José María Becerra del Eln en el Cauca como resultado de esa disposición. El arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, quien medió en la última búsqueda de sometimiento de grupos armados ilegales, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC), difiere del presidente Duque. En diálogo con este diario, Monsalve dijo que el alcance del nuevo decreto, por el contrario, es limitado, pues vuelve a las desmovilizaciones individuales que ya se han promovido en el país. Asmismo, lanzó fuertes críticas a la manera como el gobierno Duque ha abordado el proceso con el Eln.

(Le puede interesar: 'Habrá nueva ruta para someter grupos armados': Alto Comisionado para la Paz)

¿Cuál es su lectura sobre el decreto?

La sociedad colombiana, y particularmente la de territorios como Cauca, Nariño o Chocó, no resiste un tiro más. Quiere vivir en los territorios sin desplazamientos y tranquilos. Por lo tanto, le sirve el sometimiento en cualquiera de los términos en que se hace. Pero la realidad social y del conflicto es polifacética y no encaja en esas normativas. Por eso han sido estériles los intentos, a pesar de que se les ponga un poquito de color, como el de la entrega de integrantes del Eln. El decreto es regresivo e involutivo, porque vuelve a la sujeción individual y repite lo que el país ya conoce como estrategia de desgranar las organizaciones armadas. Está planteado incluso en términos inferiores a la anterior normativa, la Ley 1908 de julio de 2018, que hablaba de sometimiento colectivo y eso necesitaba diálogo para llegar a un convenio y en eso estuvimos varios años.

¿Hasta dónde se avanzó en el proceso con las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, como las llama el Gobierno?

Ellos me contactaron como facilitador a través de sus representantes jurídicos, que son personas legales y autorizadas por la Fiscalía para que los civiles pudiéramos hablar con ellos. Acepté e hicimos muchas reuniones con los abogados de Dairo Antonio Úsuga (Otoniel) y de esas organizaciones, y se tenía ya todo el proceso para el sometimiento colectivo, incluso se había adaptado con el Gobierno Santos el lugar de reclusión, que sería un antiguo seminario en Yarumal (Antioquia). Se tenían todos los procedimientos, las actas, los formatos, los abogados de ellos estuvieron muy activos. Eso venía trabajándose con el vicepresidente, el general (r) Naranjo.

¿Y qué pasó?

El grupo que se reunía en la Vicepresidencia no logró entender a estas organizaciones. Ellos no solo necesitan garantías de rebajas de penas y que les exijan todo ese catálogo que era dar información, prácticamente convertirlos en informantes que tienen que dar nombres, rutas del narcotráfico, liberar a los menores y entregarlo todo. Había una disminución solamente del 50 % y para delitos de lesa humanidad era del 30 % de la pena. Pero no se contemplaban los porcentajes patrimoniales de supervivencia, que existen en otros países donde hay sometimiento a la justicia, donde se contempla que esta gente y sus familias necesitan sobrevivir y en eso hay que hacer acuerdos, porque no podemos seguir con esta ley de quién mata a quién.

¿Cómo es eso de los porcentajes de supervivencia?

No solamente el hueso de la ley, sino también la carne del realismo social. Sin que sea un acuerdo político y no implique grandes transformaciones, sí debe ser un acuerdo que facilite las condiciones materiales para que esta gente no tenga que verse en la inopia y sus familias puedan también contar con algo de ese patrimonio. Eso, entre otras cosas. Habrá que pensar en términos que no son estrictamente los que están estipulados en la ley, pero por eso se construye un marco jurídico con un tiempo determinado. La ley de sometimiento del gobierno Santos era una ley que solamente tenía seis meses de vigencia.

(Puede interesarle: Pese a llamado de la ONU, Eln no prolongará cese al fuego unilateral)

Dentro de los obstáculos para el sometimiento, ¿la extradición ha sido el “coco”?

No sabría decirlo. La extradición ha sido manipulada y utilizada según las conveniencias de los gobiernos de turno. A mí me parece que lo ideal es que la justicia colombiana pueda facilitar la obtención de la paz. Como ocurrió en el proceso con las Farc, cuando los Estados Unidos terminaron entendiendo que debían, así señalaran a las Farc como carteles o como terroristas, aceptar en aras de la vida y la paz de los colombianos la autodeterminación y la autonomía de nuestros pueblos. Estos delitos tienen una connotación ciertamente internacional e implican la lesa humanidad, pero hay que analizar esos delitos transnacionales en una sociedad como la colombiana que hace paz o se vuelve un cementerio la geografía del país, pues ya sabemos que hasta el lecho de los ríos se ha vuelto fosa común.

¿Con este Gobierno ha habido conversaciones para que la Iglesia católica sea garante en estos procesos?

Nosotros hemos ofrecido los buenos oficios de los obispos del Chocó y de todo el andén Pacífico, desde Urabá hasta Tumaco, porque todos estamos afectados por estas situaciones. Lo único bueno que aparece con el Decreto 601 es que le reconocen carácter político al Eln, pero ahí está la contradicción: no hay acuerdo colectivo, no hay proceso de paz. Al Eln no le queda sino el sometimiento, porque este Gobierno no tiene una política de paz. Habla de paz con legalidad, es decir, cuelga a la paz de la ley, y al contrario, esta es una sociedad donde la ley vale huevo para muchísima gente y el Estado no vale nada, entonces hay que conseguir la legalidad por medio de la paz. Y si no hay procesos de sujeción a la ley claros y no hay un proceso de paz serio con transformaciones, pues no hay política de paz y este Gobierno ciertamente no la tiene, sino que tiene una de represión, y de sometimiento.

Es decir, ¿que el Gobierno no les ha respondido?

Lo que hubo fue una transición muy oscura en el tema Eln, entre el gobierno Santos y el gobierno Duque, donde el Eln se vio engañado para que no dejara firmado un cese bilateral. Y luego nosotros como obispos, con la Conferencia Episcopal, facilitamos una evaluación que no evaluó nada, sino que era distractiva, porque ya estaba determinado que no iba a haber diálogo. Y luego desde el Pacífico y otras regiones le hemos mandado no sé cuántas cartas al presidente pidiéndole audiencias, planteándole que si no quería esa política de paz que se venía trabajando, pues que presentara una política alternativa de paz, pero el Gobierno no tiene un planteamiento alternativo sino que rechaza lo que venía y no ofrece una ruta al proceso de paz, sino sometimiento. Entonces ha sido inútil porque el Gobierno tiene una política de paz, no tiene propuesta alternativa y tampoco tiene respuesta a nuestras solicitudes.

¿Y con los representantes de los grupos armados ha tenido nuevos acercamientos sobre su voluntad de someterse a la justicia?

Sí, ellos siguen repitiendo su disponibilidad. En mis manos tengo un documento que es privado y no puedo publicar, de una de esas organizaciones grandes que es un conjunto de varias. Esas organizaciones han ido estableciendo lazos entre ellas, la más sobresaliente es las Autodefensas Gaitanistas, ellos tienen sus representantes jurídicos y me han solicitado reiteradamente desde Medellín, desde Cali y le han solicitado al obispo de Urabá, del Chocó y de todo el andén Pacífico, que acompañemos estos procesos, y estoy seguro de que también lo han solicitado en el Catatumbo y otras regiones. Se necesita indudablemente una facilitación en los territorios, unos diálogos pastorales como los ha llamado la Iglesia, y un diálogo humanitario, social y político, con un acompañamiento internacional. Todos esos elementos los tenemos, pero en el gobierno Duque están bloqueados.

¿Cuál es la naturaleza de ese documento?

Es una petición que dice “esta es la oportunidad para manifestar que queremos con buena intención aportar un poco de nosotros para que la paz y la tranquilidad alcance por fin nuestras bellas ciudades y a sus habitantes, ya que es merecida y justa para todos”. Está a nombre de una organización que agrupa a las demás, que tienen incidencia también en Medellín, Bogotá, Cali, el Urabá, el Pacífico. Tienen algunos nexos entre ellas y quieren que estos procesos se den, han llegado a la conclusión de que el país debe salirse de esta onda que tomó el narcotráfico, que es una onda mexicana, internacional, muy peligrosa.

¿Cómo recibió el hecho de que el Eln no extendiera el cese al fuego unilateral de abril, pese a los llamados de la sociedad civil e incluso Naciones Unidas?

Pues es que el Gobierno no tiene propuestas ni respuestas. Es decir, no hay con quién caminar en estos procesos. Todo se hace descansar sobre la Fuerza Militar y la inteligencia y lo que estamos viviendo es esta situación tan compleja en la que ahora ya vuelve el país con temas muy graves de falsos positivos, seguimos con las chuzadas, el espionaje, entonces el país se está hundiendo en la falta de credibilidad y se está poniendo al servicio de una política muy extraña y muy peligrosa en donde por favorecer la hegemonía de unos determinados poderes económicos está sacrificando la sociedad y han montado toda una persecusión a los liderazgos sociales, a los excombatientes, a periodistas, a defensores de derechos humanos.

(Le puede interesar: “No hay voluntad del Gobierno para someter a los gaitanistas”: obispo de Apartadó)

No me respondió sobre la decisión del ELN de no prorrogar el cese...

Pues qué hacen, si no encontraron ni siquiera una respuesta ni un signo, que vino a aparecer fue unos días antes de que terminara el cese, que fue el decreto 601, que eso es como el 'parto de los montes.' Es decir, se esperaba algo alternativo pero no, es una cosa incluso muy regresiva y muy cerrada, absolutamente individual.

¿Cuál fue el malentendido con Antonio García, segundo comandante del Eln, por el que las comunidades del Pacífico salieron a respaldarlo?

En los territorios se entiende que un señalamiento a alguien por parte de estas altas jefaturas es muy riesgoso. En el caso mío no lo entendí así, yo le respondí positivamente a Antonio García. Hicimos un diálogo promovido por Defendamos la Paz la semana pasada sobre las posibilidades de la continuidad del diálogo del gobierno Duque con el Eln. En mi participación concluí con una serie de exigencias al Eln y unas exigencias al gobierno Duque. En Venezuela, en una emisora que sintonizan mucho allá, solamente dijeron las exigencias al Eln y silenciaron las exigencias al Gobierno. Eso se difundió y Antonio García tuvo una reacción en un escrito, en el que se vino lanza en ristre contra mi facilitación diciendo que yo estaba de parte del Gobierno y cargado contra el Eln, que en vez de facilitador era un dificultador. Lo tomé con naturalidad, no así lo entendieron los liderazgos y las organizaciones de todas estas regiones y por eso Leyner Palacios hizo esa manifestación de respaldo hacia mí. Ya salió una rectificación muy concreta de Antonio García, y la acepto. De eso se trata, si ellos no tienen diálogo con el Gobierno, por lo menos que tengan un diálogo con la sociedad civil.

El 28 de abril, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 601 de 2020, que autoriza al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a verificar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados que operan en el país. Al día siguiente, el presidente Duque quiso mostrar la entrega a las autoridades de 20 integrantes del frente José María Becerra del Eln en el Cauca como resultado de esa disposición. El arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, quien medió en la última búsqueda de sometimiento de grupos armados ilegales, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC), difiere del presidente Duque. En diálogo con este diario, Monsalve dijo que el alcance del nuevo decreto, por el contrario, es limitado, pues vuelve a las desmovilizaciones individuales que ya se han promovido en el país. Asmismo, lanzó fuertes críticas a la manera como el gobierno Duque ha abordado el proceso con el Eln.

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¿Cuál es su lectura sobre el decreto?

La sociedad colombiana, y particularmente la de territorios como Cauca, Nariño o Chocó, no resiste un tiro más. Quiere vivir en los territorios sin desplazamientos y tranquilos. Por lo tanto, le sirve el sometimiento en cualquiera de los términos en que se hace. Pero la realidad social y del conflicto es polifacética y no encaja en esas normativas. Por eso han sido estériles los intentos, a pesar de que se les ponga un poquito de color, como el de la entrega de integrantes del Eln. El decreto es regresivo e involutivo, porque vuelve a la sujeción individual y repite lo que el país ya conoce como estrategia de desgranar las organizaciones armadas. Está planteado incluso en términos inferiores a la anterior normativa, la Ley 1908 de julio de 2018, que hablaba de sometimiento colectivo y eso necesitaba diálogo para llegar a un convenio y en eso estuvimos varios años.

¿Hasta dónde se avanzó en el proceso con las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, como las llama el Gobierno?

Ellos me contactaron como facilitador a través de sus representantes jurídicos, que son personas legales y autorizadas por la Fiscalía para que los civiles pudiéramos hablar con ellos. Acepté e hicimos muchas reuniones con los abogados de Dairo Antonio Úsuga (Otoniel) y de esas organizaciones, y se tenía ya todo el proceso para el sometimiento colectivo, incluso se había adaptado con el Gobierno Santos el lugar de reclusión, que sería un antiguo seminario en Yarumal (Antioquia). Se tenían todos los procedimientos, las actas, los formatos, los abogados de ellos estuvieron muy activos. Eso venía trabajándose con el vicepresidente, el general (r) Naranjo.

¿Y qué pasó?

El grupo que se reunía en la Vicepresidencia no logró entender a estas organizaciones. Ellos no solo necesitan garantías de rebajas de penas y que les exijan todo ese catálogo que era dar información, prácticamente convertirlos en informantes que tienen que dar nombres, rutas del narcotráfico, liberar a los menores y entregarlo todo. Había una disminución solamente del 50 % y para delitos de lesa humanidad era del 30 % de la pena. Pero no se contemplaban los porcentajes patrimoniales de supervivencia, que existen en otros países donde hay sometimiento a la justicia, donde se contempla que esta gente y sus familias necesitan sobrevivir y en eso hay que hacer acuerdos, porque no podemos seguir con esta ley de quién mata a quién.

¿Cómo es eso de los porcentajes de supervivencia?

No solamente el hueso de la ley, sino también la carne del realismo social. Sin que sea un acuerdo político y no implique grandes transformaciones, sí debe ser un acuerdo que facilite las condiciones materiales para que esta gente no tenga que verse en la inopia y sus familias puedan también contar con algo de ese patrimonio. Eso, entre otras cosas. Habrá que pensar en términos que no son estrictamente los que están estipulados en la ley, pero por eso se construye un marco jurídico con un tiempo determinado. La ley de sometimiento del gobierno Santos era una ley que solamente tenía seis meses de vigencia.

(Puede interesarle: Pese a llamado de la ONU, Eln no prolongará cese al fuego unilateral)

Dentro de los obstáculos para el sometimiento, ¿la extradición ha sido el “coco”?

No sabría decirlo. La extradición ha sido manipulada y utilizada según las conveniencias de los gobiernos de turno. A mí me parece que lo ideal es que la justicia colombiana pueda facilitar la obtención de la paz. Como ocurrió en el proceso con las Farc, cuando los Estados Unidos terminaron entendiendo que debían, así señalaran a las Farc como carteles o como terroristas, aceptar en aras de la vida y la paz de los colombianos la autodeterminación y la autonomía de nuestros pueblos. Estos delitos tienen una connotación ciertamente internacional e implican la lesa humanidad, pero hay que analizar esos delitos transnacionales en una sociedad como la colombiana que hace paz o se vuelve un cementerio la geografía del país, pues ya sabemos que hasta el lecho de los ríos se ha vuelto fosa común.

¿Con este Gobierno ha habido conversaciones para que la Iglesia católica sea garante en estos procesos?

Nosotros hemos ofrecido los buenos oficios de los obispos del Chocó y de todo el andén Pacífico, desde Urabá hasta Tumaco, porque todos estamos afectados por estas situaciones. Lo único bueno que aparece con el Decreto 601 es que le reconocen carácter político al Eln, pero ahí está la contradicción: no hay acuerdo colectivo, no hay proceso de paz. Al Eln no le queda sino el sometimiento, porque este Gobierno no tiene una política de paz. Habla de paz con legalidad, es decir, cuelga a la paz de la ley, y al contrario, esta es una sociedad donde la ley vale huevo para muchísima gente y el Estado no vale nada, entonces hay que conseguir la legalidad por medio de la paz. Y si no hay procesos de sujeción a la ley claros y no hay un proceso de paz serio con transformaciones, pues no hay política de paz y este Gobierno ciertamente no la tiene, sino que tiene una de represión, y de sometimiento.

Es decir, ¿que el Gobierno no les ha respondido?

Lo que hubo fue una transición muy oscura en el tema Eln, entre el gobierno Santos y el gobierno Duque, donde el Eln se vio engañado para que no dejara firmado un cese bilateral. Y luego nosotros como obispos, con la Conferencia Episcopal, facilitamos una evaluación que no evaluó nada, sino que era distractiva, porque ya estaba determinado que no iba a haber diálogo. Y luego desde el Pacífico y otras regiones le hemos mandado no sé cuántas cartas al presidente pidiéndole audiencias, planteándole que si no quería esa política de paz que se venía trabajando, pues que presentara una política alternativa de paz, pero el Gobierno no tiene un planteamiento alternativo sino que rechaza lo que venía y no ofrece una ruta al proceso de paz, sino sometimiento. Entonces ha sido inútil porque el Gobierno tiene una política de paz, no tiene propuesta alternativa y tampoco tiene respuesta a nuestras solicitudes.

¿Y con los representantes de los grupos armados ha tenido nuevos acercamientos sobre su voluntad de someterse a la justicia?

Sí, ellos siguen repitiendo su disponibilidad. En mis manos tengo un documento que es privado y no puedo publicar, de una de esas organizaciones grandes que es un conjunto de varias. Esas organizaciones han ido estableciendo lazos entre ellas, la más sobresaliente es las Autodefensas Gaitanistas, ellos tienen sus representantes jurídicos y me han solicitado reiteradamente desde Medellín, desde Cali y le han solicitado al obispo de Urabá, del Chocó y de todo el andén Pacífico, que acompañemos estos procesos, y estoy seguro de que también lo han solicitado en el Catatumbo y otras regiones. Se necesita indudablemente una facilitación en los territorios, unos diálogos pastorales como los ha llamado la Iglesia, y un diálogo humanitario, social y político, con un acompañamiento internacional. Todos esos elementos los tenemos, pero en el gobierno Duque están bloqueados.

¿Cuál es la naturaleza de ese documento?

Es una petición que dice “esta es la oportunidad para manifestar que queremos con buena intención aportar un poco de nosotros para que la paz y la tranquilidad alcance por fin nuestras bellas ciudades y a sus habitantes, ya que es merecida y justa para todos”. Está a nombre de una organización que agrupa a las demás, que tienen incidencia también en Medellín, Bogotá, Cali, el Urabá, el Pacífico. Tienen algunos nexos entre ellas y quieren que estos procesos se den, han llegado a la conclusión de que el país debe salirse de esta onda que tomó el narcotráfico, que es una onda mexicana, internacional, muy peligrosa.

¿Cómo recibió el hecho de que el Eln no extendiera el cese al fuego unilateral de abril, pese a los llamados de la sociedad civil e incluso Naciones Unidas?

Pues es que el Gobierno no tiene propuestas ni respuestas. Es decir, no hay con quién caminar en estos procesos. Todo se hace descansar sobre la Fuerza Militar y la inteligencia y lo que estamos viviendo es esta situación tan compleja en la que ahora ya vuelve el país con temas muy graves de falsos positivos, seguimos con las chuzadas, el espionaje, entonces el país se está hundiendo en la falta de credibilidad y se está poniendo al servicio de una política muy extraña y muy peligrosa en donde por favorecer la hegemonía de unos determinados poderes económicos está sacrificando la sociedad y han montado toda una persecusión a los liderazgos sociales, a los excombatientes, a periodistas, a defensores de derechos humanos.

(Le puede interesar: “No hay voluntad del Gobierno para someter a los gaitanistas”: obispo de Apartadó)

No me respondió sobre la decisión del ELN de no prorrogar el cese...

Pues qué hacen, si no encontraron ni siquiera una respuesta ni un signo, que vino a aparecer fue unos días antes de que terminara el cese, que fue el decreto 601, que eso es como el 'parto de los montes.' Es decir, se esperaba algo alternativo pero no, es una cosa incluso muy regresiva y muy cerrada, absolutamente individual.

¿Cuál fue el malentendido con Antonio García, segundo comandante del Eln, por el que las comunidades del Pacífico salieron a respaldarlo?

En los territorios se entiende que un señalamiento a alguien por parte de estas altas jefaturas es muy riesgoso. En el caso mío no lo entendí así, yo le respondí positivamente a Antonio García. Hicimos un diálogo promovido por Defendamos la Paz la semana pasada sobre las posibilidades de la continuidad del diálogo del gobierno Duque con el Eln. En mi participación concluí con una serie de exigencias al Eln y unas exigencias al gobierno Duque. En Venezuela, en una emisora que sintonizan mucho allá, solamente dijeron las exigencias al Eln y silenciaron las exigencias al Gobierno. Eso se difundió y Antonio García tuvo una reacción en un escrito, en el que se vino lanza en ristre contra mi facilitación diciendo que yo estaba de parte del Gobierno y cargado contra el Eln, que en vez de facilitador era un dificultador. Lo tomé con naturalidad, no así lo entendieron los liderazgos y las organizaciones de todas estas regiones y por eso Leyner Palacios hizo esa manifestación de respaldo hacia mí. Ya salió una rectificación muy concreta de Antonio García, y la acepto. De eso se trata, si ellos no tienen diálogo con el Gobierno, por lo menos que tengan un diálogo con la sociedad civil.