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“Los defensores indígenas en Colombia somos vistos como una amenaza porque desafiamos intereses económicos poderosos. Mi pueblo es asesinado por proteger nuestros ríos y selvas, nuestra flora y fauna, cuando su valentía y dedicación deberían ser considerados un modelo de la lucha no violenta por los derechos territoriales”. Este fue uno de los reclamos que escucharon este jueves 21 de septiembre los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el debate sobre Mujeres, paz y seguridad.
Quien habló fue Celia Umenza Velasco, una lideresa nasa de 48 años que conoce de cerca los riesgos que líderes y lideresas sociales y ambientales viven en Colombia por la defensa de sus derechos, los de sus comunidades y los de su territorio. Celia, de estatura baja y ojos rasgados, tiene una sonrisa tímida pero habla con contundencia. Empezó a ejercer su liderazgo en el 2000 con temas de deporte y educación, y allí recibió los primeros comentarios discriminatorios por ser mujer. Estudió Derecho Propio en la Universidad Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, coordinó la Guardia Indígena de su resguardo y hasta junio de 2021 fue la Coordinadora de Tejido Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Actualmente es la coordinadora jurídica del Resguardo de Tacueyó, en Toribío (Cauca).
Por su trayectoria, este jueves se convirtió en la primera indígena colombiana en representar a las mujeres del mundo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
En su territorio, Celia ha resistido a la presencia de los grupos armados: de la guerrilla que en un punto la declaró objetivo militar y de los paramilitares que la calificaron de guerrillera. En medio de su lucha ha sobrevivido a tres atentados. Y sabe que ha corrido con suerte. Según el informe conocido en septiembre de este año de la ONG Global Witness, Colombia es el país en donde más asesinan a líderes ambientales: de los 277 asesinatos en el mundo, 65 fueron en el país y 20 de ellos en el departamento del Cauca.
“Celia fue postulada desde Oxfam para representar a mujeres de todo el mundo y fue elegida por todas las ONG miembros del Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Paz y Seguridad”, explica Laura Gómez, gerente del programa de derecho a la igualdad, de Oxfam Colombia. Por seguridad y por la facilidad del acceso a internet, la lideresa decidió hacer la intervención desde un edificio en Bogotá y manejar todo con discreción.
En un auditorio vacío, con apenas tres personas que eran al tiempo organizadoras y público, Celia ensayó la ponencia antes del inicio de la reunión. Leyó y releyó en medio de breves interrupciones de risa nerviosa. Aunque no fue su primera vez en un escenario mundial: ha estado dos veces en México y una en Bélgica. Pero “este el mayor logro que una mujer puede alcanzar en términos de incidencia en un escenario de diálogo sobre construcción de paz”, dice Laura Gómez.
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La defensora indígena fue la cuarta en hablar. Solo la precedieron el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres; la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la jordana Sima Sami Bahous, y la representante de la Unión Africana ante la ONU, la senegalesa Bineta Diop.
Durante su intervención, Celia reclamó la agudización de los ataques contra los líderes, en especial, campesinos, indígenas, afrodescendientes y mujeres en Colombia. “En promedio, cada semana es asesinado al menos un defensor indígena en el país. En mi territorio del Cauca, tres lideresas indígenas con quienes trabajé fueron asesinadas en 2020″, señaló. La lideresa recalcó también la importancia del territorio para su comunidad y su férrea oposición a “la tala de selvas, la minería, los agronegocios y otros proyectos extractivos y de infraestructura a gran escala, muchos de los cuales son apoyados activamente por el Gobierno”.
“La única presencia estatal que nosotros vemos en nuestros territorios son los militares y la Policía”, sentenció antes de reiterar una de las mayores peticiones de las comunidades indígenas: que se desmilitaricen sus territorios. “A menudo parecen proteger más los intereses económicos de sectores poderosos que los derechos de las poblaciones locales, esto representa otro incumplimiento a las disposiciones del Acuerdo de paz”, dijo.
Sobre este último denunció múltiples retrasos, especialmente en lo relacionado a temas de género y el capítulo étnico: “La Comisión Especial de Mujeres y el Foto de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos no cuentan con recursos suficientes y carecen de apoyo político, e integrantes de la Comisión de Mujeres han sido amenazadas y atacadas, ¿de qué sirven los acuerdos y las promesas si no se cumplen?”
La lideresa también cuestionó que, pese a que existen diez resoluciones en materia de derechos humanos para las mujeres, su implementación sigue siendo “crítica”. Por eso, instó a los miembros del Consejo de Seguridad a actuar: “Aunque han condenado regularmente la persecución de las defensoras de los derechos humanos, no han hecho lo suficiente para convertir las palabras en hechos. Que este debate no sea una ocasión más en la que ustedes escuchen a las mujeres de la sociedad civil, pero nos fallan al no actuar sobre nuestras preocupaciones”.
Celia tomó un respiro antes de terminar. “La paz es más que la ausencia de guerra”, dijo en un cierre tan contundente como el resto de su intervención. “Para las mujeres indígenas significa el fin de la discriminación, respeto por los derechos humanos, justicia, igualdad económica y cambio transformador poniendo la vida humana en el centro. Hoy les pedimos que luchen por todas nosotras”.
Tras la ponencia, Colombia+20 pudo hablar brevemente con la lideresa.
¿Cuáles de las afectaciones que denunció ante la ONU se viven actualmente en su territorio, el Norte del Cauca?
El contexto del Norte de Cauca ya es más que conocido: las violaciones de derechos humanos son bastantes y cada día se agudiza el conflicto que vivimos. Cuando firmaron el Acuerdo de paz vivimos un año tranquilos, pero por los incumplimientos del Gobierno la guerrilla volvió a coger las armas y eso ha sido muy fuerte. Ha regresado el reclutamiento de niñas y niños en el territorio, volvieron las masacres y matanzas, tuvimos un tiempo en que cada semana se daba una. Es una situación crítica que afecta a las organizaciones indígenas, campesinas, afros e incluso estudiantiles del territorio.
¿Por qué señaló durante la ponencia que la fuerza pública defiende más intereses económicos que los de las comunidades?
Porque tenemos la fuerza pública en los territorios, pero las comunidades seguimos padeciendo toda la vulnerabilidad y las violaciones de derechos humanos mientras que los bienes particulares de los ricos están muy bien cuidados por los militares y policías. A ellos no les interesan las comunidades ni los sectores sociales sino los bienes de las mineras, mega empresas y multinacionales. Usted sabe que el Norte del Cauca es un territorio disputado porque casi todo está en concesiones mineras. La organización indígena ha dicho “no vamos a permitir que esas concesiones se hagan realidad” y nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo. Así que a ellos no les conviene que haya gente poniéndoles obstáculos.
¿Cuáles son las afectaciones particulares que en este momento viven las lideresas mujeres e indígenas?
La mujeres sufrimos afectaciones como asesinatos, violaciones sexuales, amenazas discriminación, desplazamiento. Y lo que diferencia la forma en que esto afecta a los hombres de las mujeres es que ellos lo viven solos, en cambio cuando afectan a una mujer buscan afectar a toda su familia.
También hay otros obstáculos para el liderazgo que se viven al interior de las comunidades...
Sí, y han cambiado las cosas pero muy poco. Para nosotras, ser delgadas de una comunidad todavía es muy difícil. Los hombres aún no han superado que así como ellos pueden asumir, nosotras también podemos asumir. Además, nosotras tenemos que dejar todo listo en la casa para poder asumir el ejercicio que nos manda la comunidad. Nos toca pensar antes en la familia. Los hombres pueden decir “si tiene de comer bien y si no, también”. Nosotras tenemos que pensar primero en que nuestros hijos queden llenos para poder asumir el resto. Esto se ha superado un poquito, al menos, hoy los hombres dicen “todas y todos”.
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¿Cómo cree que se podría resolver esta crisis?
Toda nuestra esperanza está en que el Gobierno cumpla con el Acuerdo de paz. Antes era porque la guerrilla existía y estaba en los territorios y hoy, dado que no se cumple el Acuerdo con esa guerrilla, tenemos una reactivación del conflicto. Quienes dejaron las armas están regresando porque no hay un cumplimiento. Esta y las recomendaciones que hice en la ponencia son nuestras esperanzas: implementar procesos de consentimiento previo libre e informado con comunidades con respecto al desarrollo económico de sus territorios, abordar de manera integral la crisis de violencia contra los defensores de derechos humanos y asegurar la participación plena de las mujeres en la implementación del Acuerdo y las negociaciones con actores armados.
Si uno hace una revisión de las peticiones de los pueblos indígenas son las mismas que se han realizado históricamente. ¿Qué significa esto para usted?
Que es lo lógico porque nunca se han cumplido. Si se cumpliera, tendríamos otra agenda, pero como no nos cumplen tenemos que insistir en la búsqueda y no nos vamos a detener.
Por esa misma razón usted cuestionó la falta de acciones efectivas por parte de actores internacionales. ¿Qué espera que resulte de esta ponencia?
Nosotros siempre hemos buscado que las comunidades internacionales le hagan un seguimiento al Estado en el marco de las violaciones de derechos humanos. Y, como las grandes multinacionales no son colombianas sino extranjeras, estamos exigiendo que también le hagan un seguimiento a estas, sobre cómo es que vulneran los derechos humanos, porque lo que se ha visto es que las multinacionales financian al Estado para que sostenga a los militares y a la Policía, que protege sus intereses. Otro ejemplo es la deuda externa que tiene Colombia, que no es porque le brinde inversión social al campo, sino porque ha sostenido una guerra prolongada. Por eso exigimos que esa labor de los actores internacionales no sea solo de seguimiento sino de exigencia para que Colombia garantice los derechos humanos a las poblaciones civiles.