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Se acercan las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre y en la más reciente alerta temprana 030-23 de la Defensoría del Pueblo, la entidad alertó los focos de conflictos y las poblaciones más vulnerables por la dinámica de violencia que se vive a nivel territorial.
Los departamentos de Cauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Atlántico y Norte de Santander, además de tener un nivel extremo de riesgo electoral, también han sido los lugares donde la Defensoría ha identificado más riesgo para los firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.
Entre el 2022 y lo corrido del 2023, la Defensoría del Pueblo ha emitido 28 alertas tempranas en las que ha señalado que la persistencia de las dinámicas del conflicto armado y el crimen organizados en zonas como las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), y demás sectores donde se adelantan procesos de reincorporación, han generado un aumento de violencias como homicidios selectivos y desplazamientos masivos e individuales, que propician un escenario de riesgo aún mayor para quienes ejercer una labor de liderazgo social, para los candidatos políticos o para quienes ya pertenecen al Partido Comunes.
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Entre abril y mayo de este año se vivieron desplazamientos colectivos en los AETCR de Mesetas y Vistahermosa (Meta). Cerca de 400 familias de ambos espacios salieron luego de recibir amenazas de las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.
En el documento de 214 páginas, la Defensoría del Pueblo documentó esta situación y resaltó que a raíz de esto se llevó a que se adoptaran medidas urgentes y ajustadas para el traslado de esta población a otros municipios del departamento y mantener sus derechos de elegir y ser elegidos políticamente.
La entidad también identificó que las mujeres firmantes del Acuerdo Final de Paz han tenido que afrontar obstáculos particulares que atentan contra su derecho al voto.
Retrasos y negaciones en el proceso de cedulación son algunas de las situaciones que han tenido que enfrentar las mujeres excombatientes.
Para transformar esta situación, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la protección y activación de rutas de atención de las mujeres y personas firmantes de paz que puedan ser objetivo de algún tipo de violencia en el contexto electoral.
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Organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), también han documentado esta situación de violencia contra los excombatientes de FARC. Según cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, entre 2016 y 2022 fueron asesinados 317 firmantes de paz y sus familiares también resultaron heridos como posible represalia hacia estas personas. Los casos de asesinatos se perpetraron, según el Cinep, en 115 municipios, principalmente de los departamentos del Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Putumayo y Meta.
Participar políticamente en medio de la guerra
En junio pasado. Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dijo en entrevista con Colombia+20 que aproximadamente 500 firmantes de paz tenían intenciones de aspirar para ser candidatos o candidatas en las elecciones territoriales de octubre.
El informe de la Defensoría da cuenta de que, en efecto, varios de los excombatientes de las FARC aspiran a cargos de elección popular pese a varios riesgos.
El departamento del Caquetá cuenta con siete municipios con riesgo extremo en época electoral. Aun así firmantes del Acuerdo de Paz aspiran a diferentes cargos políticos en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello y el Paujil. El aumento en la participación política de esta población llevó a la ubicación de 13 nuevos puestos de votación en este departamento, ubicados en Florencia, Solano, San Vicente del Caguán, El Doncello - AETCR Urías Rondón, Puerto Rico y Valparaíso.
Sin embargo, en los municipios de Montañita, El Paujil, Cartagena del Chairá y Solano la Defensoría los identificó como territorios que han sido recuperados por combatientes de las disidencias de las FARC, autodenominada como Estado Mayor Central (EMC), y que se disputa el territorio con los Comandos de la Frontera. También se han registrado disputas con la Segunda Marquetalia y el EMC en zona de frontera entre Caquetá y Huila, situación que ha impactado a los corregimientos de Santana Ramos y La Paz de Puerto Rico (Caquetá), la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas y el AETCR Óscar Mondragón en San Vicente del Caguán, El Doncello y Florencia.
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El informe también muestra que firmantes de paz también tendrán participación electoral en Huila y Putumayo a través de diferentes candidaturas. En el Huila, la Defensoría indicó que desde abril del 2023 el EMC comenzó a expandirse territorialmente hacia los municipios de Tello, Baraya y la zara rural de Neiva a través del Frente Darío Gutiérrez.
“La expansión del EMC ha agravado el escenario de riesgo ya existente, tanto por posibles enfrentamientos armados entre los grupos, como por el alto nivel de estigmatización y señalamiento sobre procesos organizativos de base”, se lee en la alerta temprana. En Huila el EMC ya cuenta con presencia en los municipios de Iquira, La Plata y Nátaga a través del Frente Dagoberto Ramos y el Frente Ismael Ruiz de esta disidencia de FARC.
La presencia y disputa entre estos grupos armados ilegales pueden dificultar las garantías de seguridad para el desarrollo de actividades políticas a nivel territorial, según alertó la entidad. Por eso, en la alerta temprana agregó una lista de 48 recomendaciones para que diferentes entidades de carácter local, departamental y nacional actúen frente a esta situación y se mitiguen las afectaciones que se puedan presentar en el próximo mes de octubre.