Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gustavo se levantó por los disparos y el llanto de Samuel David, su hijo de siete meses. En menos de un minuto, tras una ráfaga, resultaron heridos él, su pequeño y Sandra, su compañera. No entendía qué pasaba, porque hasta ese 15 de abril de 2019 no había recibido amenazas. El exguerrillero de las Farc, que adelantaba su proceso de reincorporación en Tierra Grata (Cesar), estaba confiado de que, tras el Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano, visitar su natal Guajira no sería peligroso.
“Allá viven mi mamá y mi abuela, a quienes no veía hace mucho. Fui porque quería que conociera a su nieto, un hijo de la paz. Pero ajá, por ahí operaba mucho la guerrilla anteriormente y creo que había resentimientos y por eso atentaron contra mí. Eso fue horrible. Estoy vivo de milagro”, cuenta Gustavo, cuyo nombre de bautizo es Carlos Enrique González y pertenece a la comunidad indígena wayuu.
Samuel David solo fue atendido hasta las 7:00 de la mañana. No hubo un solo vecino que le ayudara a llevar al pequeño al hospital de Maicao. La gente tenía miedo de sufrir represalias, así que le tocó a Gustavo llevarlo, como pudo con sus heridas de bala en la pierna, hasta el centro asistencial. Apenas llegaron murió. El excombatiente, que hizo parte del Bloque Martín Caballero, no entiende cómo aguantó siete horas vivo con la gravedad de la herida.
“Cuando todo el mundo se enteró, vinieron la Fiscalía y otras autoridades. Me acuerdo que hasta habló el presidente [Iván] Duque; pero hasta hoy no me han dicho nada más. No sé quién mató a mi hijo ni quién atentó contra nosotros. Hoy tengo miedo. Desde ese día no volví a salir de Tierra Grata. No volví a ver a mi familia”, dice Gustavo, quien además denuncia que, a pesar de pedir seguridad al Estado, hasta el momento no ha recibido ni siquiera un chaleco antibalas.
Según la Unidad Nacional de Protección, las medidas y esquemas de seguridad que se otorgan a los exintegrantes de las Farc pueden ser extensivas a sus familiares, si así lo estipularon cuando presentaron la solicitud de protección. Igualmente, cuando se trata de esquemas colectivos, como los que tienen los antiguos espacios de reincorporación, estos también cobijan a los familiares de los firmantes del Acuerdo. En este momento, de acuerdo con la UNP, son siete los familiares de exguerrilleros que cuentan con medidas directas para ellos y no hay otras solicitudes de protección en curso.
Para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), detener el asesinato de los excombatientes de las Farc y de sus familiares debe ser una prioridad para el Estado. El tribunal, en el marco del estudio de las medidas cautelares para los exguerrilleros, le exigió al Gobierno Nacional que implemente de inmediato el Plan Estratégico de Seguridad, que se fijó en el Acuerdo de Paz y fue regulado en el Decreto 895 de 2017.
El plan se debe aprobar en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que es liderada por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y donde se sientan la extinta guerrilla y el Gobierno. Sin embargo, entre las partes de pasan la pelota de la responsabilidad. Por un lado, Archila dice que “ese plan ha venido siendo trabajado en la Mesa Técnica de Seguridad. Con posterioridad a que recibimos la orden de la JEP, de seguir trabajando en esa dirección, el Gobierno preparó una propuesta que fue puesta a consideración del componente Farc”.
Por el otro, el partido Comunes contradice a Archila. Luis Eduardo Arboleda, conocido como Félix Muñoz en las filas de las Farc, uno de los cinco delegados de esa colectividad ante la Mesa Técnica, asegura que el Gobierno ha dilatado injustificadamente la adopción del plan. “De parte nuestra ha habido un trabajo permanente para lograr sacar ese plan estratégico. Hemos discutido en muchas sesiones el contenido del plan, pero no se concreta nada. Hemos aportado muchos elementos y quien debe expedir el plan es el Gobierno”, agrega.
Además, hace énfasis en que el componente de Comunes en la Mesa Técnica ha presentado el plan en por lo menos seis oportunidades: en junio y diciembre de 2018; en febrero, abril y septiembre de 2019, y en febrero y junio de 2020. El excombatiente señala que la principal talanquera ha sido el presupuesto, pues plantean que debe quedar asegurado; pero también dice que en ocasiones la UNP ha obstaculizado el proceso por el formato en el que se ha presentado el plan, por lo que han tenido que volver a presentarlo.
Hoy Gustavo está esperando otro hijo. Sandra ya tiene cinco meses de embarazo, pero asegura que no lo sacará del ETCR. Solo junto a su familia, es decir, los demás excombatientes de Tierra Grata, siente que están a salvo. A sus 25 años está validando su bachillerato y acompaña trabajos comunitarios. “Queremos seguir adelante, pero necesitamos apoyo, necesitamos tener la seguridad de que no nos van a matar a nosotros ni a nuestras familias. No dejamos las armas para que nos maten a nuestras familias”.
El caso de Samuel quedó incluido en un informe que, el 21 de septiembre de 2020, representantes jurídicos de la antigua guerrilla radicaron ante el secretario jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este, detallaron las violaciones a los derechos humanos contra los miembros de esa colectividad y sus familiares. El entonces partido FARC hizo llegar reporte al organismo interamericano para reiterarle la solicitud de medidas cautelares que le había hecho desde el 22 de mayo de 2020, al considerar que en el transcurso de los meses de pandemia la situación de seguridad se agravó y la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz estaba en grave peligro.
En ese informe se documentó que 39 familiares de exguerrilleros de las Farc habían sido asesinados hasta septiembre de 2020: trece en 2017, diez en 2018, catorce en 2019 y para esa fecha iban cinco en 2020. Del total de los casos, cinco de esos familiares eran menores de edad. Sus nombres son: Samuel David González Pushaina, Camilo Sucerquia, Carlos Barrera, Edison Sebastián Moya y Michel Andreína Gómez Calvete.
Una apuesta de paz en medio de las balas
Wilmar Sucerquia le apostó a reincorporarse a la sociedad civil luego de estar alzado en armas más de 17 años en las Farc. Desde que la exguerrilla decidió abandonar la lucha armada, hizo parte del Mecanismo de Monitoreo en Antioquia, el cual verificó el cumplimiento del cese al fuego entre el Estado y ese grupo armado. A pesar de ese convencimiento, la guerra lo siguió.
Sucerquia hacía su proceso de reincorporación en el ETCR de la vereda Santa Lucía, de Ituango (Antioquia), pero los hechos de violencia empezaron a ser recurrentes en contra de los excombatientes que se instalaron en ese lugar. En la zona operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y una disidencia del frente 18 de las Farc, y ambos grupos los atacaban. En ese municipio fueron asesinados once exguerrilleros entre julio de 2017 y el 28 de enero de 2020. Las agresiones llevaron a que los 93 firmantes del Acuerdo que residían en ese lugar se desplazaran hacia Mutatá luego de que el Estado no pudiera garantizarles su seguridad en Santa Lucía.
Pero los excombatientes no fueron las únicas víctimas, varios familiares también fueron asesinados. A Sucerquia le asesinaron un hermano (cuya identidad prefiere no revelar) el 20 de febrero de 2018. Esa noche llegaron hasta su casa hombres armados, preguntaron por él y en el umbral de la puerta de su casa lo asesinaron al frente de su familia. “Estábamos convencidos de que al firmar el proceso y reincorporarnos era para ponerle fin a la violencia en los territorios, vivir una vida mejor, con más seguridad y más tranquila”, cuenta con desazón Sucerquia, quien tenía una relación cercana con su hermano.
Días antes de ese hecho, a Sucerquia le habían dicho que los grupos armados que operan en la zona estaban preguntando por su paradero. “Diferentes tipos de grupos comentaban que iban a atentar directamente contra uno o contra los familiares, había muchos comentarios y eso me hace pensar que fue por eso”, enfatiza. Él no tiene duda de que los violentos atentaron contra su hermano como una manera de intimidarlo a él.
La JEP ha abordado con pinzas las victimizaciones en contra de los familiares de los exguerrilleros por el alcance de sus competencias. Como son hechos que ocurrieron después de 2016 y los afectados no son firmantes del Acuerdo, los casos debe asumirlos la justicia ordinaria. Pero la situación es tan crítica que el tribunal no descarta tomar decisiones. “Por ejemplo, próximamente se emitirá un auto individual para garantizar la protección de un compareciente que pidió una extensión a su familia. El riesgo es alto y las amenazas le han llegado a él y su grupo de personas cercanas”, explica una fuente de la JEP. Pero, aclara, se trata de una medida individual.
El consejero Archila asegura que las medidas de seguridad para los excombatientes también incluyen a sus familiares, por ejemplo, los policías y militares que protegen los ETCR. El funcionario insiste en que hay esquemas de seguridad para quienes están en cinco grandes ciudades y que, para quienes están por fuera de estas y de los ETCR también hay protección especial.
Archila explica que varias entidades de seguridad del Estado tienen una “burbuja de inteligencia mirando dónde hay riesgos y reaccionan para dar protección”. Y agrega que se dan capacitaciones en los municipios donde están los firmantes del Acuerdo de Paz “para que no exista ninguna estigmatización” y que hay manuales de autoprotección. Igualmente, que cuando los familiares reportan riesgos estos son evaluados por una mesa técnica dentro de la UNP que se encarga exclusivamente de la protección de los exguerrilleros y sus entornos. Por último, afirma que existe un sistema de alerta inmediata que se activa cuando se detecta un riesgo inminente, “de esa manera hemos salvado familias en Tumaco, en Cauca, en Valle del Cauca, en Norte de Santander, en Urabá”, anotó el funcionario.
Las consecuencias de los asesinatos de los familiares en los proyectos de vida de los excombatientes se reflejan en el caso de Sucerquia. Solo cuatro días después del homicidio de su hermano él decidió desplazarse de Ituango. “Estaba seguro de que si se quedaba correría con la misma suerte”.
Eso significó dejar abandonada una finca en la que pensaba plantar cuatro hectáreas de café. Ya tenía 6.000 matas, algunas de las cuales ya estaban dando cosecha, y planeaba sembrar otras 3.000. “A uno le toca dejar todos sus sueños, todo lo que tenía planeado para construir y salir a una vida totalmente difícil y distinta, como es la ciudad”, se lamenta Sucerquia, quien salió del pueblo con una hermana.
A pesar de ese hecho, no se arrepiente de haber dejado las armas: “Aunque las cosas se pongan muy difíciles y me haya tocado pasar el trago amargo de la violencia, yo creo que el camino es seguirle apostando a construir la paz que todos queremos, que ha sido tan esquiva por muchos. Voltear a mirar para otro lado no tiene lógica”.
Lea también:
Excombatiente de Farc fue asesinado en Nariño
Del campo a su mesa: estos son los mercados que venden excombatientes de Farc en Bogotá
En 2020 hubo 165 víctimas de minas y van cinco en lo que va de este año