Excombatientes del ETCR de Yarí, en Meta, aceptan traslado terrestre hacia Caquetá
El avance se da tras la negativa de los reincorporados y sus familias a ser evacuados por helicóptero porque, alegaban, podría leerse en la región como una respuesta militar que agravaría la crisis humanitaria.
Tras varios días de negociación, los reincorporados del Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Urías Rondón, en Yarí, Meta, aceptaron el traslado junto con sus familias hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá. En los días previos el colectivos de excombatientes había difundido un comunicado en el que entre otras cosas, rechazaban el uso de helicópteros para hacer la evacuación.
Los excombatientes señalan que, aunque reconocen lo avanzado desde que empezó a construirse la ruta de evacuación afirmaban que hacerlo por este medio de transporte podría ponerlos en riesgo a ellos y sus familiares que aún quedan en la zona en lo que denominan “un contexto de militarización”.
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“Al plantearse un transporte helicoportado en un contexto de militarización del territorio, se expone a las familias asentadas en el ETCR Urías Rondón a un mayor riesgo. El uso de helicópteros será leído por las comunidades y demás actores con presencia en la región como parte de la respuesta militar que hasta el momento se ha dado a la crisis humanitaria”, dice el comunicado.
Además, planteaba el documento, ese tipo de traslado también pondría en riesgo a familiares que quedan en la zona e impedía, de acuerdo con ellos, “movilizar enseres, bienes y animales que integran su patrimonio”.
La solicitud de reubicación se dio el pasado 20 de noviembre luego de que hombre armados sacaran varios vehículos de la Unidad Nacional de Protección y los incineraron sobre la vía dos días antes. En abril pasado un miembro del colectivo había sido asesinado. Además, de acuerdo con los reincorporados han sido víctimas de amenazas y ataques reiterados por parte de grupos armados ligados a las disidencias que operan en la zona. Según el comunicado, dichos hechos han configurado que el traslado sea un “desplazamiento forzado”.
Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), anunció este jueves a través de una rueda de prensa desde Florencia, Caquetá, que el miércoles llegarón a ese ETCR 3 buses “que transportarán a las personas”y 32 camiones “que llevarán los animales y los enseres domésticos y de proyectos productivos hasta el Caquetá”., y agregó: “hemos cubierto hasta el más mínimo detalle, pues la caravana incluso contará con un vehículo taller que podrá solucionar rápidamente cualquier contingencia”.
No obstante, durante la rueda de prensa varios periodistas desmintieron esa afirmación y el mismo director tuvo que reconocer que por las condiciones del terreno sólo han llegado diez de los 32 camiones, agregando que “a medida que vayan llegando se irán sumando”.
Por solicitud de los excombatientes, el desplazamiento terrestre será liderado por la Defensoría del Pueblo que estará acompañada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El traslado está previsto para este viernes 17 de diciembre.
Lea también: Excombatientes denuncian crisis por violencia
Sobre las quejas de los excombatientes que se niegan a una evacuación con helicópteros, Stapper dijo que “no existen territorios vedados para el Estado” y por ello “van a tener todo el acompañamiento de la Fuerza Pública. Contamos con todos los mecanismos para garantizar la seguridad durante el desplazamiento terrestre”. Según Stapper, los helicópteros no eran de tipo militar y únicamente se usarían para el acompañamiento, no para el traslado.
En respuesta a una pregunta de Colombia+20 en esa rueda de prensa sobre por qué si no existen territorios vedados para el Estado, la Fuerza Pública fue incapaz de garantizar la seguridad de los excombatientes en el lugar que habían escogido para vivir, Stapper respondió: “La Fuerza Pública se encuentra en estos puntos, no sólo en el Yarí, sino en todos los Espacios de Reincorporación” dijo el funcionario. Y agregó: “estamos en un proceso donde llegamos a cada uno de los territorios para consolidar la política y de paz con legalidad y fortalecer a los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) afectados por la violencia [...] El compromiso firme del gobierno nacional es con acciones concretas como esta para consolidar el proceso de reincorporación”.
Desde El Doncello, en Caquetá, excombatientes confirmaron que ya está trabajando en la instalación de carpas e infraestructura para recibir a sus compañeros que saldrán del Yarí. Los reincorporados insisten en su postura de que crisis como esta tendrían que evitarse y la única manera de lograrlo es como un compromiso real del gobierno nacional con los acuerdos de paz. “Las medidas de seguridad para la paz no son indicadores de gestión de funcionarios de turno”, aseguran en su comunicado, “la seguridad debe ser integral y empieza con la implementación del acuerdo de paz”.
Tras varios días de negociación, los reincorporados del Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Urías Rondón, en Yarí, Meta, aceptaron el traslado junto con sus familias hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá. En los días previos el colectivos de excombatientes había difundido un comunicado en el que entre otras cosas, rechazaban el uso de helicópteros para hacer la evacuación.
Los excombatientes señalan que, aunque reconocen lo avanzado desde que empezó a construirse la ruta de evacuación afirmaban que hacerlo por este medio de transporte podría ponerlos en riesgo a ellos y sus familiares que aún quedan en la zona en lo que denominan “un contexto de militarización”.
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“Al plantearse un transporte helicoportado en un contexto de militarización del territorio, se expone a las familias asentadas en el ETCR Urías Rondón a un mayor riesgo. El uso de helicópteros será leído por las comunidades y demás actores con presencia en la región como parte de la respuesta militar que hasta el momento se ha dado a la crisis humanitaria”, dice el comunicado.
Además, planteaba el documento, ese tipo de traslado también pondría en riesgo a familiares que quedan en la zona e impedía, de acuerdo con ellos, “movilizar enseres, bienes y animales que integran su patrimonio”.
La solicitud de reubicación se dio el pasado 20 de noviembre luego de que hombre armados sacaran varios vehículos de la Unidad Nacional de Protección y los incineraron sobre la vía dos días antes. En abril pasado un miembro del colectivo había sido asesinado. Además, de acuerdo con los reincorporados han sido víctimas de amenazas y ataques reiterados por parte de grupos armados ligados a las disidencias que operan en la zona. Según el comunicado, dichos hechos han configurado que el traslado sea un “desplazamiento forzado”.
Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), anunció este jueves a través de una rueda de prensa desde Florencia, Caquetá, que el miércoles llegarón a ese ETCR 3 buses “que transportarán a las personas”y 32 camiones “que llevarán los animales y los enseres domésticos y de proyectos productivos hasta el Caquetá”., y agregó: “hemos cubierto hasta el más mínimo detalle, pues la caravana incluso contará con un vehículo taller que podrá solucionar rápidamente cualquier contingencia”.
No obstante, durante la rueda de prensa varios periodistas desmintieron esa afirmación y el mismo director tuvo que reconocer que por las condiciones del terreno sólo han llegado diez de los 32 camiones, agregando que “a medida que vayan llegando se irán sumando”.
Por solicitud de los excombatientes, el desplazamiento terrestre será liderado por la Defensoría del Pueblo que estará acompañada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El traslado está previsto para este viernes 17 de diciembre.
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Sobre las quejas de los excombatientes que se niegan a una evacuación con helicópteros, Stapper dijo que “no existen territorios vedados para el Estado” y por ello “van a tener todo el acompañamiento de la Fuerza Pública. Contamos con todos los mecanismos para garantizar la seguridad durante el desplazamiento terrestre”. Según Stapper, los helicópteros no eran de tipo militar y únicamente se usarían para el acompañamiento, no para el traslado.
En respuesta a una pregunta de Colombia+20 en esa rueda de prensa sobre por qué si no existen territorios vedados para el Estado, la Fuerza Pública fue incapaz de garantizar la seguridad de los excombatientes en el lugar que habían escogido para vivir, Stapper respondió: “La Fuerza Pública se encuentra en estos puntos, no sólo en el Yarí, sino en todos los Espacios de Reincorporación” dijo el funcionario. Y agregó: “estamos en un proceso donde llegamos a cada uno de los territorios para consolidar la política y de paz con legalidad y fortalecer a los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) afectados por la violencia [...] El compromiso firme del gobierno nacional es con acciones concretas como esta para consolidar el proceso de reincorporación”.
Desde El Doncello, en Caquetá, excombatientes confirmaron que ya está trabajando en la instalación de carpas e infraestructura para recibir a sus compañeros que saldrán del Yarí. Los reincorporados insisten en su postura de que crisis como esta tendrían que evitarse y la única manera de lograrlo es como un compromiso real del gobierno nacional con los acuerdos de paz. “Las medidas de seguridad para la paz no son indicadores de gestión de funcionarios de turno”, aseguran en su comunicado, “la seguridad debe ser integral y empieza con la implementación del acuerdo de paz”.