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El primer excombatiente de las Farc que asesinaron en Ituango fue Juan Fernando Amaya Valencia, el 12 de julio de 2017, cuando la antigua guerrilla apenas acababa de dejar las armas. Antes de que acabara ese año mataron otros tres exguerrilleros en ese municipio. Los ataques en su contra no volvieron a detenerse y hasta hoy han sido asesinados 11 firmantes del Acuerdo de Paz en ese municipio del norte antioqueño. Tampoco se han salvado sus familiares. El pasado 6 de junio Camilo Sucerquia, un joven de 15 años hijo de una exguerrillera, fue asesinado junto a otras dos personas de la comunidad.
(Contexto: “Saldremos de Ituango en dos meses de forma organizada” : excombatientes)
Aún así, en medio de las balas y las amenazas, durante tres años casi un centenar de excombatientes avanzaron en su tránsito a la legalidad en Ituango, en el espacio territorial de reincorporación Román Ruiz, de la vereda Santa Lucía. Impulsaron proyectos productivos, arreglaron el caserío y estrecharon relaciones con la comunidad de la zona. Hasta hoy. Finalmente, el riesgo que implica para su vida permanecer en el espacio, así como la imposibilidad de adquirir la tierra en esa zona para consolidar sus proyectos los hicieron abandonar el caserío y salir hacia Mutatá (en el sur de Urabá) a buscar un nuevo proyecto de vida.
El traslado se aceleró luego de que, por un lado, en mayo se conociera de una amenaza colectiva contra los excombatientes de Santa Lucía en la que incluso les pusieron un plazo para desalojar el espacio territorial. Luego, hace dos semanas, uno de los excombatientes de esa zona junto con su familia fue amenazado para que saliera del municipio. El riesgo es crítico pues están asentados en una zona donde tienen fuerte presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la disidencia del antiguo Frente 18 de las Farc, al que pertenecieron la mayoría de los excombatientes que hoy están en ese espacio. Con la presencia de esos grupos, la vía que conduce de la cabecera de Ituango a la vereda Santa Lucía se hizo intransitable.
La noche del martes fue la última que los excombatientes pasaron en Santa Lucía. Desde muy temprano este miércoles, tres buses tipo escalera (o ‘chivas’) y una decena de camiones contratados por la Agencia para la Reincorporación y la Gobernación de Antioquia salieron cargados desde el espacio territorial con los bienes y los enseres de la población hasta la cabecera municipal de Ituango, donde los excombatientes abordaron cuatro buses de transporte para el trayecto de alrededor de 300 kilómetros que separan a ese municipio de Mutatá. Del espacio territorial salen 82 personas más otras 11 que salen de Medellín, donde algunos estaban desplazados, para un total de 93 personas que se trasladarán.
“Nosotros hemos perdido demasiado en este proceso; en tres años de resistencia perdimos la esperanza de los proyectos no solo productivos sino de vida, familiares, sociales y políticos en el municipio. Nos embarga un sentimiento de tristeza al vernos obligados a dejar el espacio, a dejar el trabajo que habíamos invertido acá, recursos que habíamos invertido en los proyectos productivos, dejar parte de la base social con la que crecimos, con la que estudiamos, con la que trabajamos y con la que estuvimos en armas”, dice Jhon Taborda, uno de los líderes del espacio.
Antes de partir, los exguerrilleros desmontaron la cancha de microfútbol que habían construido ellos mismos cuando se instalaron en el espacio hace ya tres años. La idea es recoger todos los materiales que invirtieron en esa obra y utilizarlos cuando se asienten en Mutatá. También desmontaron los galpones de un proyecto avícola que venían ejecutando con apoyo del PMA, vendieron las gallinas, desmontaron la tienda comunitaria, y las mesas de billar.
A este grupo de excombatientes ya les habían desembolsado los recursos para dos proyectos productivos: uno de ganadería y uno de instalación de internet por fibra óptica en la cabecera municipal. Para el primero nunca fue posible conseguir un terreno donde finalmente pudieran consolidarlo por lo cual la idea es trasladar lo que se pueda al nuevo asentamiento y empezar de nuevo a implementarlo en esa zona. Sin embargo, sí se perderán inversiones hechas en mejoras de pastos y cercas, entre otras.
Según explicó Andrés Stapper, director de la ARN, ese proyecto tendrá que ser reformulado. “Estamos hablando de que las condiciones tanto de suelo como climáticas sobre las cuales se había formulado el proyecto difieren mucho de las condiciones de los terrenos a los cuales se van a trasladar. Eso requiere razas de ganado diferentes, por ejemplo. Ellos tomaron la decisión de vender algunos de los animales y con parte de los recursos que queden de esa venta y con la gestión que podamos llegar a hacer con recursos de cooperación, adecuar potreros y comenzar con la ejecución de ese proyecto”, dijo.
El de fibra óptica sí continuará implementándose en Ituango, donde hoy tienen 83 usuarios que reciben el servicio instalado por los exguerrilleros y siete de ellos serán los únicos que se quedarán en el municipio para estar al frente de ese proyecto, entre otras labores.
La nueva tierra
Así como hay tristeza por dejar el espacio donde se habían asentado al dejar las armas, también hay una convicción profunda de que es un impulso a su proceso. “Hay mucha esperanza porque ya al menos va a haber un pedacito de terreno para fortalecer la familia”, sostuvo Agustín Rivera, líder político del espacio y antiguo comandante del frente 18 de las Farc.
Según explicó el director Stapper, los predios a los que se trasladarán son Becuarandó y El Porvenir, en la vereda La Fortuna de Mutatá. Ambos suman una extensión de 137 hectáreas que el Gobierno tomó en arriendo por un año para los excombatientes y, según dijo, antes de que se cumpla ese tiempo la idea es que los terrenos ya estén comprados por parte del Gobierno para ponerlos a disposición de los exguerrilleros.
Además, hay otra porción de terreno, de unas 60 hectáreas, que la Confraternidad Carcelaria de Colombia comprará para entregarla también a los excombatientes, pues ya en Ituango habían tratado de apoyar la reincorporación con otro predio. Siendo así, entre los predios que comprará el Gobierno y la parte que aportará la confraternidad carcelaria, los terrenos que ocuparán los excombatientes en total tendrán una extensión cercana a las 200 hectáreas.
Pero la infraestructura en esos predios aún no está preparada para recibir las 93 personas que salieron de Ituango. Por eso, en principio llegarán al caserío levantado por excombatientes de las Farc en la vereda aledaña San José de León, donde llegaron los exguerrilleros que en una suerte similar a los de Ituango, salieron en 2017 de la zona veredal de la vereda Gallo, en Tierralta, Córdoba. Allí se instalarán temporalmente, mientras una parte de ellos trabajará en las adecuaciones necesarias de los predios para recibir a la población.