FARC inicia movilización nacional por el asesinato de 234 excombatientes

“Todas las muertes de excombatientes han sido lamentables, pero este es uno de los golpes más duros que hemos recibido en el proceso de reincorporación. Estamos hablando de que se está asesinando al líder político de un departamento, al responsable de la reincorporación en ese departamento y al dirigente de un espacio territorial”. Con esas palabras, Federico Montes, dirigente de la FARC en el Caquetá, resume lo que significa el asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala, o Albeiro Suárez, abaleado en zona rural del municipio de Uribe (Meta) el pasado viernes 16 de octubre. Montes fue una de las personas más cercanas a Albeiro durante la guerra y juntos hicieron parte de la guardia personal de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, máximo comandante de la guerrilla.

Lea: Asesinado líder de la reincorporación de las Farc en el Meta

Al sepelio de Albeiro Suárez, que se llevará a cabo este martes a las 3:00 p.m. en Mesetas (Meta), acudirán no solo dirigentes de la colectividad en el oriente del país sino algunos de los líderes nacionales de la FARC como Mauricio Jaramillo, de quien también fue guardia Albeiro, Pastor Alape, Rodrigo Granda e incluso el jefe del partido, Rodrigo Londoño. La intención es clara: desde el lugar donde quede sepultado el exguerrillero, iniciará el miércoles la Peregrinación por la Paz y la Vida, que integrarán delegaciones de todos los espacios y nuevas áreas de reincorporación del Meta y del Guaviare. El destino final de la movilización es Bogotá, a donde llegarán con el fin de hacerse escuchar por parte del Gobierno Nacional.

“Este hecho es, como se dice popularmente, el que rebosó la copa. Cada hecho va generando una presión que llega un momento en que tiene que reventar. Por lo menos acá estalla de una forma en que quiere fortalecer la democracia y no en términos del caos o de expresiones violentas”, sostiene Pastor Alape, quien hará parte de la peregrinación pacífica. “La idea es recoger la memoria de Albeiro y ponerlo como bandera de que no haya más asesinatos. Es un simbolismo de que no vamos a regresar a la guerra, sino que vamos a caminar las carreteras de Colombia diciéndole al país que aquí estamos, que queremos caminar la paz y cerrarles cualquier espacio a las expresiones violentas”, agregó el líder de la exguerrilla.

El homicidio de Albeiro Suárez aceleró la movilización que desde algunas regiones del país ya venía organizando la FARC y que se había proyectado para la primera semana de noviembre, en respuesta a los asesinatos de excombatientes, cuya cifra ya va en 234 casos, incluyendo el de Albeiro y su escolta Luis Alexander Largo. Igualmente, se registran entre las agresiones 48 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas. En el caso de los familiares de excombatientes, van 39 casos de asesinato, entre los cuales hay cinco menores de edad.

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Particularmente, la iniciativa la venían promoviendo desde el suroccidente del país, donde están los dos departamentos en los que más han asesinado a los exguerrilleros. Es el caso del Cauca, el departamento con la cifra más alta de homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz: a la fecha, solo allí se han presentado 37 asesinatos desde la firma del Acuerdo. Además, durante la pandemia, dos espacios de reincorporación en este departamento tuvieron que desplazarse masivamente: el de La Elvira, en Buenos Aires, y Monterredondo, en Miranda. Y el departamento que le sigue, también en la misma región, es Nariño, con 27 casos. Por eso, dice Antonio Pardo, coordinador de reincorporación en esos departamentos y en Valle del Cauca, Huila y Tolima, los excombatientes de dicha región participarán de la movilización y se concentrarán en distintas ciudades capitales en calidad de albergues, donde se refugien “huyendo de las balas”. Esta manifestación está programa para el 2 de noviembre y también se registrará en Antioquia y departamentos del sur del país, cuando ya la peregrinación que partió del Meta esté en Bogotá.

Entre los reclamos concretos al Gobierno, explica Alape, se busca que promueva el Pacto Político Nacional, pactado en el Acuerdo de Paz para sacar las armas de la política. Un punto cuyo avance hasta hoy ha sido mínimo. De la mano de ese pacto, el Acuerdo estableció la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tiene como fin el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo que atentan contra la vida de los firmantes de la paz y de los líderes sociales. Lo que le piden al gobierno es que esta instancia sesione mensualmente, como quedó establecido, y que sea allí donde se tomen las decisiones de política pública relacionadas con los grupos armados ilegales en el país.

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Igualmente, se pide que se desenrede el nudo que en este momento se presenta en la Unidad Nacional de Protección y en particular en la Subdirección especializada de seguridad y protección, creada específicamente para los excombatientes. Como lo ha reconocido su subdirector, esa entidad está actualmente colapsada y por eso los exguerrilleros tienen que acudir a tutelas para que se implementen las medidas de seguridad ya aprobadas.

La movilización nacional de Farc llega como un intento de detener la oleada de asesinatos luego de haber presentado solicitudes de medidas cautelares de protección tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, lo hicieron con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en materia internacional lo hicieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco de esos trámites, la JEP la semana pasada citó a una audiencia a nueve altos funcionarios del Gobierno para que rindan cuentas sobre el cumplimiento a las órdenes que la Sección de Ausencia de Reconocimiento emitió para garantizar la seguridad de los excombatientes. Entre los citados están el Fiscal General, Francisco Barbosa; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila. La cita será el 25 de noviembre y allí deberán dar explicaciones sobre las acciones ejecutadas para proteger a los exguerrilleros de las Farc.

“Todas las muertes de excombatientes han sido lamentables, pero este es uno de los golpes más duros que hemos recibido en el proceso de reincorporación. Estamos hablando de que se está asesinando al líder político de un departamento, al responsable de la reincorporación en ese departamento y al dirigente de un espacio territorial”. Con esas palabras, Federico Montes, dirigente de la FARC en el Caquetá, resume lo que significa el asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala, o Albeiro Suárez, abaleado en zona rural del municipio de Uribe (Meta) el pasado viernes 16 de octubre. Montes fue una de las personas más cercanas a Albeiro durante la guerra y juntos hicieron parte de la guardia personal de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, máximo comandante de la guerrilla.

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Al sepelio de Albeiro Suárez, que se llevará a cabo este martes a las 3:00 p.m. en Mesetas (Meta), acudirán no solo dirigentes de la colectividad en el oriente del país sino algunos de los líderes nacionales de la FARC como Mauricio Jaramillo, de quien también fue guardia Albeiro, Pastor Alape, Rodrigo Granda e incluso el jefe del partido, Rodrigo Londoño. La intención es clara: desde el lugar donde quede sepultado el exguerrillero, iniciará el miércoles la Peregrinación por la Paz y la Vida, que integrarán delegaciones de todos los espacios y nuevas áreas de reincorporación del Meta y del Guaviare. El destino final de la movilización es Bogotá, a donde llegarán con el fin de hacerse escuchar por parte del Gobierno Nacional.

“Este hecho es, como se dice popularmente, el que rebosó la copa. Cada hecho va generando una presión que llega un momento en que tiene que reventar. Por lo menos acá estalla de una forma en que quiere fortalecer la democracia y no en términos del caos o de expresiones violentas”, sostiene Pastor Alape, quien hará parte de la peregrinación pacífica. “La idea es recoger la memoria de Albeiro y ponerlo como bandera de que no haya más asesinatos. Es un simbolismo de que no vamos a regresar a la guerra, sino que vamos a caminar las carreteras de Colombia diciéndole al país que aquí estamos, que queremos caminar la paz y cerrarles cualquier espacio a las expresiones violentas”, agregó el líder de la exguerrilla.

El homicidio de Albeiro Suárez aceleró la movilización que desde algunas regiones del país ya venía organizando la FARC y que se había proyectado para la primera semana de noviembre, en respuesta a los asesinatos de excombatientes, cuya cifra ya va en 234 casos, incluyendo el de Albeiro y su escolta Luis Alexander Largo. Igualmente, se registran entre las agresiones 48 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas. En el caso de los familiares de excombatientes, van 39 casos de asesinato, entre los cuales hay cinco menores de edad.

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Particularmente, la iniciativa la venían promoviendo desde el suroccidente del país, donde están los dos departamentos en los que más han asesinado a los exguerrilleros. Es el caso del Cauca, el departamento con la cifra más alta de homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz: a la fecha, solo allí se han presentado 37 asesinatos desde la firma del Acuerdo. Además, durante la pandemia, dos espacios de reincorporación en este departamento tuvieron que desplazarse masivamente: el de La Elvira, en Buenos Aires, y Monterredondo, en Miranda. Y el departamento que le sigue, también en la misma región, es Nariño, con 27 casos. Por eso, dice Antonio Pardo, coordinador de reincorporación en esos departamentos y en Valle del Cauca, Huila y Tolima, los excombatientes de dicha región participarán de la movilización y se concentrarán en distintas ciudades capitales en calidad de albergues, donde se refugien “huyendo de las balas”. Esta manifestación está programa para el 2 de noviembre y también se registrará en Antioquia y departamentos del sur del país, cuando ya la peregrinación que partió del Meta esté en Bogotá.

Entre los reclamos concretos al Gobierno, explica Alape, se busca que promueva el Pacto Político Nacional, pactado en el Acuerdo de Paz para sacar las armas de la política. Un punto cuyo avance hasta hoy ha sido mínimo. De la mano de ese pacto, el Acuerdo estableció la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tiene como fin el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo que atentan contra la vida de los firmantes de la paz y de los líderes sociales. Lo que le piden al gobierno es que esta instancia sesione mensualmente, como quedó establecido, y que sea allí donde se tomen las decisiones de política pública relacionadas con los grupos armados ilegales en el país.

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Igualmente, se pide que se desenrede el nudo que en este momento se presenta en la Unidad Nacional de Protección y en particular en la Subdirección especializada de seguridad y protección, creada específicamente para los excombatientes. Como lo ha reconocido su subdirector, esa entidad está actualmente colapsada y por eso los exguerrilleros tienen que acudir a tutelas para que se implementen las medidas de seguridad ya aprobadas.

La movilización nacional de Farc llega como un intento de detener la oleada de asesinatos luego de haber presentado solicitudes de medidas cautelares de protección tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia, lo hicieron con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en materia internacional lo hicieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco de esos trámites, la JEP la semana pasada citó a una audiencia a nueve altos funcionarios del Gobierno para que rindan cuentas sobre el cumplimiento a las órdenes que la Sección de Ausencia de Reconocimiento emitió para garantizar la seguridad de los excombatientes. Entre los citados están el Fiscal General, Francisco Barbosa; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila. La cita será el 25 de noviembre y allí deberán dar explicaciones sobre las acciones ejecutadas para proteger a los exguerrilleros de las Farc.