Fuerzas híbridas para proteger zonas de conflicto

Las polémicas alrededor de la inclusión de 1.200 guerrilleros en la Unidad Nacional de Protección, así como la posibilidad de que desmovilizados de las Farc formen empresas de seguridad privada, volvieron a poner sobre la mesa la cuestión del papel de esta guerrilla con respecto al tema de seguridad en el posconflicto.

El tema alude a dos problemáticas distintas. La posibilidad de que exguerrilleros de las Farc integren la Unidad Nacional de Protección para proteger a sus miembros amenazados responde a dos aspectos clásicos del Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR): garantías de seguridad física, por un lado, es decir, proteger a los cuadros de las Farc ante posibles amenazas debido al fantasma del pasado (asesinato de miembros de la UP) y al contexto actual (asesinatos de líderes sociales y defensores de los DD. HH.), y garantías económicas, por el otro, al ofrecer un trabajo legal y remunerado a muchos de los excombatientes, mitigando así la tentación de seguir delinquiendo o de volver al monte. La polémica no debería tener lugar en cuanto al fondo de la cuestión. Este esquema se implementó en muchos países e inclusive en Colombia. Lo discutible puede ser el número elevado de excombatientes que integrarían la Unidad de Protección.

Ahora bien, la segunda propuesta —autorizar a las Farc la conformación de empresas de seguridad privada— es mucho más problemática, porque, más allá de ofrecer trabajo a excombatientes de las Farc, podría tener implicaciones sobre la seguridad de muchas regiones de Colombia al correr el riesgo de permitir la conformación de pequeños ejércitos privados, de los cuales algunos en el pasado se encontraron envueltos en actividades criminales al servicio de intereses económicos y políticos privados.

Por importantes que sean, estas dos polémicas ocultan, sin embargo, otro debate que fue brevemente planteado al inicio de las negociaciones de paz, cuando personalidades como Antonio Navarro propusieron integrar desmovilizados de las Farc en estructuras actuales de la Fuerza Pública, con el fin de que puedan contribuir a tareas de seguridad, debate rápidamente tapado por la dificultad política de que la Fuerza Pública y la opinión pública acepten semejante propuesta.

Valdría la pena reabrirlo. En lugar de autorizar la creación de empresas de seguridad privada de las Farc, la constitución de una fuerza de seguridad rural transicional e híbrida presenta ciertas ventajas que, sin prejuicio de casta o sesgo ideológico, invitan a considerar la cuestión, o por lo menos obligan a no descartar esta posibilidad de antemano.

¿De dónde nace?

La literatura clásica tradicional alrededor de la construcción de paz considera que esta pasa por la reconstrucción del Estado en su sentido weberiano, y que para reconstruir un Estado después de un conflicto armado se necesita que este último esté presente en todo el territorio y ejerza plenamente sus prerrogativas en términos de seguridad, justicia, educación, lo que se conoce como el security-development nexus. Pero la (re)construcción del Estado no se resume simplemente a la presencia o la (re)construcción de instituciones. El objetivo va más allá. Para muchos autores, esta presencia debe ser legítima y, por lo tanto, se debe escuchar y prestar una atención particular a la población local.

Ahora bien, al tratar de imponer o recuperar su autoridad perdida, los mismos estados suelen terminar generando resistencias y oposiciones, lo que provoca un dilema de legitimidad en la medida en que lo que hacen las autoridades para reforzar su legitimidad termina debilitándolas.

En Colombia, donde la guerra estuvo vinculada a la ausencia del Estado en buena parte del país, es aún mayor el riesgo de que la Fuerza Pública termine siendo percibida como una fuerza de ocupación en su propio país y que de allí se genere un círculo vicioso en el cual la falta de cooperación con las autoridades provoque ciertos resentimientos por parte de la población vis-à-vis la Fuerza Pública, resentimientos que pueden a su vez terminar convirtiéndose en resistencias vis-à-vis la “fuerza ocupante” y degenerar en enfrentamientos violentos en contra del “ocupante”.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si en regiones donde la Fuerza Pública nunca estuvo realmente presente, los conflictos sociales provocan huelgas y manifestaciones pacíficas, pero que, para asegurar el orden público, el Gobierno decida recurrir al uso de la fuerza? Cualquier violación de los derechos humanos minaría la legitimidad del Estado en estas regiones y reforzaría la idea de que la Fuerza Pública es una fuerza de ocupación hostil a la población. Ahora bien, si, al contrario, la Fuerza Pública viniera a cerrar los ojos en caso de que miembros de las Farc desmovilizados cometieran violaciones de los derechos humanos, el resultado sería igualmente perverso y demoledor, porque el Estado terminaría acusado de parcialidad y complicidad con la exguerrilla y de incapacidad para proteger a sus ciudadanos.

De hecho, tal dilema es idéntico a lo que suele suceder con las intervenciones de tropas extranjeras en muchos países del mundo: uso excesivo de la fuerza por un lado, pasividad y complicidad con las élites locales por el otro. En ambos casos, los resultados suelen ser iguales en cuanto a la legitimidad de la presencia de fuerzas militares ajenas en territorios donde existía un conflicto armado. De allí la idea de volver a estudiar la posibilidad de constituir una fuerza híbrida para reforzar la seguridad en las regiones rurales del país donde las Farc operaban y tenían cierta legitimidad.

¿En qué consiste?

En estas zonas del país, una nueva fuerza compuesta por 25 % de desmovilizados, 25 % de policías y 50 % de nuevas reclutas locales permitiría generar mayor confianza por parte de la población, en la medida en que sería una fuerza nueva, local, imparcial y transitoria, y sería por lo tanto más difícil que se percibiera como una fuerza de ocupación.

El ejemplo de Nicaragua es bastante ilustrativo al respecto. A pesar de tener el cuerpo policial más pequeño de Centroamérica, Nicaragua registra los niveles más bajo de violencia de la región debido a la existencia de una policía comunitaria que goza de la confianza de la población. Por ello, integrar a unos miembros de las Farc rigurosamente seleccionados en una estructura de seguridad híbrida que se desplegaría en unas regiones en donde la guerrilla mantiene cierto control social sobre buena parte de la población podría resultar clave para que la Fuerza Pública pueda operar con más legitimidad y más eficacia.

Esta estructura de seguridad podría también integrar a milicianos de las Farc, que con o sin pertenecer a esta nueva estructura de seguridad seguirán de cualquier modo garantizando la seguridad de los jefes desmovilizados en el terreno. Sería, por lo tanto, una manera de reconocer y oficializar una situación de hecho. Esta fuerza híbrida podría también constituirse a partir del núcleo de observadores de las Farc y de la Fuerza Pública colombiana que participen en la misión tripartita ONU-Farc-FF. AA. de monitoreo del cese del fuego y la dejación de las armas de las Farc. Las Farc ya enviaron 300 de sus hombres a capacitarse para estas tareas de monitoreo. Esta fuerza híbrida se beneficiaría, por lo tanto, del conocimiento del terreno que tienen estas personas y de sus experiencias adquiridas al lado de otros actores de seguridad, tanto nacionales como internacionales, de tal manera que le daría cierta continuidad y legitimidad a esta estructura de seguridad pública.

Dicho esto, esa fuerza híbrida de seguridad integrada a la policía rural tendría un rango de acción limitado en el tiempo y en el espacio, y su presencia se limitaría a los municipios donde las Farc estuvieron más presentes, con el fin de asegurar una transición más suave en regiones duramente afectadas por el conflicto armado.

En resumen, de la misma manera que se diseñó un sistema de justicia transicional para los actores que cometieron violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos durante el conflicto armado, este cuerpo híbrido sería una fuerza transicional de seguridad específica, para un período transitorio específico.

* Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.

Las polémicas alrededor de la inclusión de 1.200 guerrilleros en la Unidad Nacional de Protección, así como la posibilidad de que desmovilizados de las Farc formen empresas de seguridad privada, volvieron a poner sobre la mesa la cuestión del papel de esta guerrilla con respecto al tema de seguridad en el posconflicto.

El tema alude a dos problemáticas distintas. La posibilidad de que exguerrilleros de las Farc integren la Unidad Nacional de Protección para proteger a sus miembros amenazados responde a dos aspectos clásicos del Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR): garantías de seguridad física, por un lado, es decir, proteger a los cuadros de las Farc ante posibles amenazas debido al fantasma del pasado (asesinato de miembros de la UP) y al contexto actual (asesinatos de líderes sociales y defensores de los DD. HH.), y garantías económicas, por el otro, al ofrecer un trabajo legal y remunerado a muchos de los excombatientes, mitigando así la tentación de seguir delinquiendo o de volver al monte. La polémica no debería tener lugar en cuanto al fondo de la cuestión. Este esquema se implementó en muchos países e inclusive en Colombia. Lo discutible puede ser el número elevado de excombatientes que integrarían la Unidad de Protección.

Ahora bien, la segunda propuesta —autorizar a las Farc la conformación de empresas de seguridad privada— es mucho más problemática, porque, más allá de ofrecer trabajo a excombatientes de las Farc, podría tener implicaciones sobre la seguridad de muchas regiones de Colombia al correr el riesgo de permitir la conformación de pequeños ejércitos privados, de los cuales algunos en el pasado se encontraron envueltos en actividades criminales al servicio de intereses económicos y políticos privados.

Por importantes que sean, estas dos polémicas ocultan, sin embargo, otro debate que fue brevemente planteado al inicio de las negociaciones de paz, cuando personalidades como Antonio Navarro propusieron integrar desmovilizados de las Farc en estructuras actuales de la Fuerza Pública, con el fin de que puedan contribuir a tareas de seguridad, debate rápidamente tapado por la dificultad política de que la Fuerza Pública y la opinión pública acepten semejante propuesta.

Valdría la pena reabrirlo. En lugar de autorizar la creación de empresas de seguridad privada de las Farc, la constitución de una fuerza de seguridad rural transicional e híbrida presenta ciertas ventajas que, sin prejuicio de casta o sesgo ideológico, invitan a considerar la cuestión, o por lo menos obligan a no descartar esta posibilidad de antemano.

¿De dónde nace?

La literatura clásica tradicional alrededor de la construcción de paz considera que esta pasa por la reconstrucción del Estado en su sentido weberiano, y que para reconstruir un Estado después de un conflicto armado se necesita que este último esté presente en todo el territorio y ejerza plenamente sus prerrogativas en términos de seguridad, justicia, educación, lo que se conoce como el security-development nexus. Pero la (re)construcción del Estado no se resume simplemente a la presencia o la (re)construcción de instituciones. El objetivo va más allá. Para muchos autores, esta presencia debe ser legítima y, por lo tanto, se debe escuchar y prestar una atención particular a la población local.

Ahora bien, al tratar de imponer o recuperar su autoridad perdida, los mismos estados suelen terminar generando resistencias y oposiciones, lo que provoca un dilema de legitimidad en la medida en que lo que hacen las autoridades para reforzar su legitimidad termina debilitándolas.

En Colombia, donde la guerra estuvo vinculada a la ausencia del Estado en buena parte del país, es aún mayor el riesgo de que la Fuerza Pública termine siendo percibida como una fuerza de ocupación en su propio país y que de allí se genere un círculo vicioso en el cual la falta de cooperación con las autoridades provoque ciertos resentimientos por parte de la población vis-à-vis la Fuerza Pública, resentimientos que pueden a su vez terminar convirtiéndose en resistencias vis-à-vis la “fuerza ocupante” y degenerar en enfrentamientos violentos en contra del “ocupante”.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si en regiones donde la Fuerza Pública nunca estuvo realmente presente, los conflictos sociales provocan huelgas y manifestaciones pacíficas, pero que, para asegurar el orden público, el Gobierno decida recurrir al uso de la fuerza? Cualquier violación de los derechos humanos minaría la legitimidad del Estado en estas regiones y reforzaría la idea de que la Fuerza Pública es una fuerza de ocupación hostil a la población. Ahora bien, si, al contrario, la Fuerza Pública viniera a cerrar los ojos en caso de que miembros de las Farc desmovilizados cometieran violaciones de los derechos humanos, el resultado sería igualmente perverso y demoledor, porque el Estado terminaría acusado de parcialidad y complicidad con la exguerrilla y de incapacidad para proteger a sus ciudadanos.

De hecho, tal dilema es idéntico a lo que suele suceder con las intervenciones de tropas extranjeras en muchos países del mundo: uso excesivo de la fuerza por un lado, pasividad y complicidad con las élites locales por el otro. En ambos casos, los resultados suelen ser iguales en cuanto a la legitimidad de la presencia de fuerzas militares ajenas en territorios donde existía un conflicto armado. De allí la idea de volver a estudiar la posibilidad de constituir una fuerza híbrida para reforzar la seguridad en las regiones rurales del país donde las Farc operaban y tenían cierta legitimidad.

¿En qué consiste?

En estas zonas del país, una nueva fuerza compuesta por 25 % de desmovilizados, 25 % de policías y 50 % de nuevas reclutas locales permitiría generar mayor confianza por parte de la población, en la medida en que sería una fuerza nueva, local, imparcial y transitoria, y sería por lo tanto más difícil que se percibiera como una fuerza de ocupación.

El ejemplo de Nicaragua es bastante ilustrativo al respecto. A pesar de tener el cuerpo policial más pequeño de Centroamérica, Nicaragua registra los niveles más bajo de violencia de la región debido a la existencia de una policía comunitaria que goza de la confianza de la población. Por ello, integrar a unos miembros de las Farc rigurosamente seleccionados en una estructura de seguridad híbrida que se desplegaría en unas regiones en donde la guerrilla mantiene cierto control social sobre buena parte de la población podría resultar clave para que la Fuerza Pública pueda operar con más legitimidad y más eficacia.

Esta estructura de seguridad podría también integrar a milicianos de las Farc, que con o sin pertenecer a esta nueva estructura de seguridad seguirán de cualquier modo garantizando la seguridad de los jefes desmovilizados en el terreno. Sería, por lo tanto, una manera de reconocer y oficializar una situación de hecho. Esta fuerza híbrida podría también constituirse a partir del núcleo de observadores de las Farc y de la Fuerza Pública colombiana que participen en la misión tripartita ONU-Farc-FF. AA. de monitoreo del cese del fuego y la dejación de las armas de las Farc. Las Farc ya enviaron 300 de sus hombres a capacitarse para estas tareas de monitoreo. Esta fuerza híbrida se beneficiaría, por lo tanto, del conocimiento del terreno que tienen estas personas y de sus experiencias adquiridas al lado de otros actores de seguridad, tanto nacionales como internacionales, de tal manera que le daría cierta continuidad y legitimidad a esta estructura de seguridad pública.

Dicho esto, esa fuerza híbrida de seguridad integrada a la policía rural tendría un rango de acción limitado en el tiempo y en el espacio, y su presencia se limitaría a los municipios donde las Farc estuvieron más presentes, con el fin de asegurar una transición más suave en regiones duramente afectadas por el conflicto armado.

En resumen, de la misma manera que se diseñó un sistema de justicia transicional para los actores que cometieron violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos durante el conflicto armado, este cuerpo híbrido sería una fuerza transicional de seguridad específica, para un período transitorio específico.

* Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.