Ganadero con libertad condicional estaría intimidando a reclamantes de tierra

El ganadero José Vicente Cantero está en libertad condicional desde mediados de febrero de 2020, cuando salió de la cárcel La Picota (Bogotá) donde cumplía una pena por desplazar a campesinos de la región de Urabá. El hacendado regresó a esa zona del país, lo que ha generado miedo entre las comunidades. Según testimonios que conoció Colombia2020 y una denuncia pública que hizo el Consejo Comunitario de la cuenca de La Larga Tumaradó (Cocolatu), Cantero ha intimidado a varios campesinos que interpusieron denuncias de restitución de tierras en su contra.

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“Antes de que él saliera de la cárcel todo estaba muy tranquilo, no había problemas con nadie, los administradores andaban por ahí, nunca se metían con uno. Ahora llegaron las agresiones verbales y las amenazas psicológicas que son las que preocupan”, narró un poblador del corregimiento de Macondo (Riosucio, Chocó) a quien le protegemos la identidad por temor a represalias.

“Entre los meses de febrero y marzo, las comunidades de Villa Nueva, California, Cuchillo Blanco y Blanquiset han sido víctimas de hostigamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y daños a bienes indispensables para la supervivencia (destrucción de viviendas, linderos, cosechas y cultivos de pancoger) generadas por el señor José Vicente Cantero Ibáñez”, señala un comunicado emitido por Cocolatu, ubicado en el municipio de Riosucio (Chocó). A su vez, Colombia2020 conoció los testimonios de dos parceleros a quienes Cantero los habría intimidado argumentando que la tierra es de él.

En varios sectores de Urabá se han presentado choques entre campesinos y empresarios (ganaderos y bananeros). Los primeros han retornado a las tierras que les tocó abandonar después de la arremetida paramilitar que empezó en 1995 y los segundos, que han hecho posesión de las parcelas, reclaman ser dueños de las tierras. Según la fundación Forjando Futuros, de las 6.385 solicitudes de restitución que se han presentado en esa región, sólo hay sentencia en 318 casos.

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“Me atrevería a decir que (Cantero) es la persona que más predios tiene al interior el colectivo”, asegura Pablo López, representante legal de Cocolatu. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) estima que el ganadero tiene al interior de los territorios étnicos unas 25.000 hectáreas agrupadas en tres grandes haciendas: “La 4”, “La 6” y “La 7”. Además, tendría unas 3.800 cabezas de ganado entre vacas y búfalos. “Él no tenía la capacidad logística ni económica para comprar tanta tierra, las compró porque alguien le dio la plata”, agregó López. El consejo comunitario considera a Cantero un ocupante de mala fe.

En la zona sigue fresco el recuerdo de los crímenes de Cantero. El juzgado cuarto penal del circuito especializado de Antioquia condenó al ganadero a pagar 10 años de cárcel, luego de hallarlo responsable de desplazar campesinos. Según el tribunal, el hacendado empezó a comprar tierras luego de la entrada de los paramilitares a la región, en 1995. “El comportamiento de Cantero Ibañez para la adquisición de tierras contó con el consentimiento del grupo ilegal (las Autodefensas Unidas de Colombia)”, reza el fallo. “En algunas ocasiones la conducta de Cantero Ibáñez fue más allá de la de una negociación aventajada, para pasar a verdaderos actos de presión en orden a que las personas abandonaran sus tierras”, agregó. Según la providencia, el hacendado compraba terrenos que terminaban en manos de José Nelson Urrego Cárdenas, quien fue condenado en 2003 por enriquecimiento ilícito. Algunos testimonios citados en la sentencia señalan a Cantero de ser testaferro de Urrego. En la misma providencia, el ganadero fue absuelto de los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; destrucción y apropiación de bienes protegidos; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y receptación.

Cantero también ha tenido que devolver tierra despojada. Dos sentencias de 2016 dan cuenta de que el ganadero se apropió de los predios Bonaire, en la vereda La Eugenia (Riosucio), y de El Paraíso, en la vereda Villa Eugenia. Sobre el primero, su legítimo dueño José María Calle fue desalojado por el inspector de Policía de Turbo y su casa demolida luego de que retornó en 2010 y Cantero aseguró ser el dueño de la finca de 30 hectáreas. Sobre el segundo, el fallo evidenció que el ganadero le hizo una oferta al campesino Efraím Amado Amador, quien estaba desplazado y en una situación de vulnerabilidad, que se vio obligado a aceptar y vender su terreno de 38 hectáreas. Ambas parcelas fueron devueltas a sus dueños, en contra de las pretensiones del hacendado.

Aunque buscamos de manera insistente a Cantero para entrevistarlo, él no accedió. Lo único que dijo por medio de su abogado, Manuel Arango Caro, fue: “yo enterré mi pasado”. Sin embargo, no obtuvimos respuesta sobre las supuestas intimidaciones recientes a reclamantes de tierras.

“La Fiscalía y las demás autoridades le tienen que poner atención a eso, porque o si no nos puede causar a futuro un desplazamiento de esas comunidades”, pidió López. “Uno está en su tierrita y le dicen que se la van a apropiar nuevamente, no sabemos a precio de qué o de qué manera”, dijo uno de los campesinos que señaló que muchas de las compras que hizo Cantero estuvieron mediadas por intimidaciones de hombres armados. En Urabá esperan que el proceso de restitución de tierra avance de manera rápida para que los legítimos dueños puedan volver a sus parcelas a rehacer la vida que la violencia, ejercida por una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y empresarios, les quebró.

El ganadero José Vicente Cantero está en libertad condicional desde mediados de febrero de 2020, cuando salió de la cárcel La Picota (Bogotá) donde cumplía una pena por desplazar a campesinos de la región de Urabá. El hacendado regresó a esa zona del país, lo que ha generado miedo entre las comunidades. Según testimonios que conoció Colombia2020 y una denuncia pública que hizo el Consejo Comunitario de la cuenca de La Larga Tumaradó (Cocolatu), Cantero ha intimidado a varios campesinos que interpusieron denuncias de restitución de tierras en su contra.

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“Antes de que él saliera de la cárcel todo estaba muy tranquilo, no había problemas con nadie, los administradores andaban por ahí, nunca se metían con uno. Ahora llegaron las agresiones verbales y las amenazas psicológicas que son las que preocupan”, narró un poblador del corregimiento de Macondo (Riosucio, Chocó) a quien le protegemos la identidad por temor a represalias.

“Entre los meses de febrero y marzo, las comunidades de Villa Nueva, California, Cuchillo Blanco y Blanquiset han sido víctimas de hostigamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y daños a bienes indispensables para la supervivencia (destrucción de viviendas, linderos, cosechas y cultivos de pancoger) generadas por el señor José Vicente Cantero Ibáñez”, señala un comunicado emitido por Cocolatu, ubicado en el municipio de Riosucio (Chocó). A su vez, Colombia2020 conoció los testimonios de dos parceleros a quienes Cantero los habría intimidado argumentando que la tierra es de él.

En varios sectores de Urabá se han presentado choques entre campesinos y empresarios (ganaderos y bananeros). Los primeros han retornado a las tierras que les tocó abandonar después de la arremetida paramilitar que empezó en 1995 y los segundos, que han hecho posesión de las parcelas, reclaman ser dueños de las tierras. Según la fundación Forjando Futuros, de las 6.385 solicitudes de restitución que se han presentado en esa región, sólo hay sentencia en 318 casos.

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“Me atrevería a decir que (Cantero) es la persona que más predios tiene al interior el colectivo”, asegura Pablo López, representante legal de Cocolatu. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) estima que el ganadero tiene al interior de los territorios étnicos unas 25.000 hectáreas agrupadas en tres grandes haciendas: “La 4”, “La 6” y “La 7”. Además, tendría unas 3.800 cabezas de ganado entre vacas y búfalos. “Él no tenía la capacidad logística ni económica para comprar tanta tierra, las compró porque alguien le dio la plata”, agregó López. El consejo comunitario considera a Cantero un ocupante de mala fe.

En la zona sigue fresco el recuerdo de los crímenes de Cantero. El juzgado cuarto penal del circuito especializado de Antioquia condenó al ganadero a pagar 10 años de cárcel, luego de hallarlo responsable de desplazar campesinos. Según el tribunal, el hacendado empezó a comprar tierras luego de la entrada de los paramilitares a la región, en 1995. “El comportamiento de Cantero Ibañez para la adquisición de tierras contó con el consentimiento del grupo ilegal (las Autodefensas Unidas de Colombia)”, reza el fallo. “En algunas ocasiones la conducta de Cantero Ibáñez fue más allá de la de una negociación aventajada, para pasar a verdaderos actos de presión en orden a que las personas abandonaran sus tierras”, agregó. Según la providencia, el hacendado compraba terrenos que terminaban en manos de José Nelson Urrego Cárdenas, quien fue condenado en 2003 por enriquecimiento ilícito. Algunos testimonios citados en la sentencia señalan a Cantero de ser testaferro de Urrego. En la misma providencia, el ganadero fue absuelto de los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; destrucción y apropiación de bienes protegidos; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y receptación.

Cantero también ha tenido que devolver tierra despojada. Dos sentencias de 2016 dan cuenta de que el ganadero se apropió de los predios Bonaire, en la vereda La Eugenia (Riosucio), y de El Paraíso, en la vereda Villa Eugenia. Sobre el primero, su legítimo dueño José María Calle fue desalojado por el inspector de Policía de Turbo y su casa demolida luego de que retornó en 2010 y Cantero aseguró ser el dueño de la finca de 30 hectáreas. Sobre el segundo, el fallo evidenció que el ganadero le hizo una oferta al campesino Efraím Amado Amador, quien estaba desplazado y en una situación de vulnerabilidad, que se vio obligado a aceptar y vender su terreno de 38 hectáreas. Ambas parcelas fueron devueltas a sus dueños, en contra de las pretensiones del hacendado.

Aunque buscamos de manera insistente a Cantero para entrevistarlo, él no accedió. Lo único que dijo por medio de su abogado, Manuel Arango Caro, fue: “yo enterré mi pasado”. Sin embargo, no obtuvimos respuesta sobre las supuestas intimidaciones recientes a reclamantes de tierras.

“La Fiscalía y las demás autoridades le tienen que poner atención a eso, porque o si no nos puede causar a futuro un desplazamiento de esas comunidades”, pidió López. “Uno está en su tierrita y le dicen que se la van a apropiar nuevamente, no sabemos a precio de qué o de qué manera”, dijo uno de los campesinos que señaló que muchas de las compras que hizo Cantero estuvieron mediadas por intimidaciones de hombres armados. En Urabá esperan que el proceso de restitución de tierra avance de manera rápida para que los legítimos dueños puedan volver a sus parcelas a rehacer la vida que la violencia, ejercida por una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y empresarios, les quebró.