Pese a promesas de Petro, continúa erradicación forzada y uso de glifosato
A Córdoba, Catatumbo, Caquetá y Guaviare volvió la Fuerza Pública a erradicar coca pese al anuncio del presidente Petro del cambio de foco en la política de drogas. Desde su posesión, se han erradicado más de 7.000 hectáreas. “La paz total no se logra con glifosato ni represión”, dicen las comunidades.
Natalia Romero Peñuela
En el último mes, a Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta (Córdoba), a Tibú (Norte de Santander), a Calamar (Guaviare) y a La Montañita (Caquetá) han llegado miembros de la Policía Antinarcóticos y del Ejército a erradicar de manera forzada cultivos de coca. Los campesinos, indignados, les reclaman. “Les hemos dicho que el gobierno de Gustavo Petro había prometido que no iba a haber erradicación forzada ni fumigación con glifosato, y que incluso ya habían dicho que los operativos se habían suspendido”, cuenta Pedro Moreno, un líder comunal de la vereda 20 de Julio, en Tibú.
Pero la respuesta que recibieron fue la misma que en el corregimiento de Puerto Nuevo de Montelíbano: “Que ellos solo cumplen órdenes presidenciales, que la erradicación no ha parado y que tienen que cumplir sus contratos”, afirma Emiliano Martínez, delegado departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana.
En contexto: “Aún no sabemos la relación entre narcotráfico y poder regional”
El pronunciamiento al que hacen referencia los líderes es la entrevista que hace un mes, el 23 de agosto, le dio el general Henry Sanabria, director de la Policía, al periódico El Tiempo. En ella, según el diario, Sanabria señaló que “las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron” y que lo que estaban aplicando era la erradicación voluntaria. Sus palabras concordaban con el discurso que mantuvo el presidente Petro durante su campaña y que reiteró en su reciente ponencia ante la Asamblea General de la ONU: que la guerra contra las drogas no puede ser contra el campesino.
Por eso ellos se sorprendieron al ver llegar a la Fuerza Pública a sus territorios con el objetivo de erradicar las matas de coca, que según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), suman 143 mil hectáreas a escala nacional.
A la vereda La Bonita, de Tierralta, miembros de la Policía llegaron en helicóptero, con fumigadoras de motor en la espalda cargadas de glifosato. “Bajaron, rociaron el veneno y cuando los campesinos se estaban acercando para confrontarlos, el helicóptero los levantó y se fueron”, explica Cervelión Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Ese sábado, los policías erradicaron casi dos hectáreas de coca mediante aspersión.
La imagen se venía repitiendo en el departamento desde un mes atrás. Sucedió el 21, 25 y 30 de agosto en las veredas La Danta y San Antonio Indígena, de San José de Uré, dentro del Parque Nacional Nudo de Paramillo; el 11 de septiembre en la vereda Santa Bárbara de Puerto Libertador, y el 15, 16 y 17 de septiembre en la vereda Candelaria de ese mismo municipio.
Lea: Así falló el gobierno Duque en su intento de volver a la aspersión aérea
La erradicación no ha sido solo a través de fumigación terrestre por parte de la Policía. Desde el fin de semana pasado, a las veredas de Solodios y Veredas Unidas, del corregimiento de Puerto Nuevo, en Montelíbano, llegaron miembros del Ejército a hacer erradicación manual. “Cuando los campesinos están en la tierra, los militares se evitan la discusión y llegan, miden el cultivo, arrancan unas 50 matas y lo registran como erradicado”, denuncia Emiliano Martínez, quien también es miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Acsucor). Para él, eso no soluciona el problema de raíz: “Eso solo logra que los cultivos aumenten. Lo que nosotros queremos es una solución de fondo”, señala.
Lo mismo sucedió este martes 20 de septiembre en la inspección de La Unión Peneya, en La Montañita, el mismo día en que Petro pedía en la ONU cambiar el enfoque en materia de drogas . “La Fuerza Pública llega y concesiona con los campesinos. Les dicen: ‘Déjenme arrancar un pedazo’ y se van, pero eso es malísimo, porque ellos registran que erradicaron toda la coca y cuando vuelvan a revisar van a decir que la gente volvió a sembrar”, denuncia Daniel*, un líder de la zona. La preocupación en esa región, más que el sustento que proveen los cultivos, es la presión a la que los campesinos están sometidos por parte de los llamados Comandos de la Frontera. “Aquí nadie quiere hablar del tema de la coca porque ellos son los que administran todo el negocio”, asegura.
La estrategia de erradicación manual también se está aplicando en Catatumbo, más precisamente en la vereda 20 de Julio, del municipio de Tibú, desde el 18 de septiembre. “Esperaron al domingo, que es el día de descanso en el que la gente sale al pueblo a mercar y los tajos quedan solos, para entrar a tumbar las matas”, explica Pedro Moreno. Cuando los campesinos llegaron a reclamar, los militares insistieron en que ellos cumplen órdenes presidenciales y que “el presidente Petro pudo haber prometido cosas en campaña, pero ellos no han recibido orden directa de detener los operativos”, según contó otro líder que prefirió proteger su identidad.
En Calamar (Guaviare), los campesinos han denunciado la persistencia de ambos métodos. “Desde hace mes y medio están arrancando matas los erradicadores civiles, custodiados por los militares. Y el 2 de septiembre hubo un operativo de Antinarcóticos con motores en la espalda, empleando glifosato”, relata James Murillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Agua Bonita Baja. En la mañana de este jueves 22 de septiembre, el alcalde de ese municipio, Giovanni Garcés, medió entre campesinos y Ejército y se instaló una mesa de diálogo.
Ante la situación, los campesinos tienen contemplado volver a las jornadas de paro del año pasado. “El panorama es muy desconcertante y desesperanzador para nosotros, volveremos a nuestros ejercicios de resistencia donde corresponda y al costo que sea necesario hasta que exista una verdadera voluntad para sentarnos a revisar una salida que permita solucionar las causas que conllevaron a la siembra de estos cultivos (...) La paz total no se logra con glifosato ni represión”, sentencia Ascsucor en un comunicado. De hecho, en Catatumbo y Guaviare, los campesinos están organizados en grupos de 40 a 60 personas que se movilizan a las zonas donde llegan los uniformados para impedir que arranquen las matas. Todo, aclaran, mediante vías pacíficas.
Vea también: El primer caso de víctimas del glifosato que podría llegar a la JEP
Erradicación nunca se suspendió
Según le confirmaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y el Ministerio de Defensa a este diario, la erradicación forzada no se ha suspendido. De hecho, la Diran aclaró que en un comunicado publicado el mismo día de la entrevista al general Sanabria, esa entidad señaló que “la Fuerza Pública, bajo los lineamientos del Gobierno Nacional, avanza en los mecanismos de erradicación de los cultivos ilícitos en varias regiones del país” y que “las labores del Programa de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos se mantienen”. Con esas estrategias, en lo corrido de 2022, la Policía Nacional y el Ejército han erradicado 54.621 hectáreas de coca.
El Ministerio, por su parte, añadió que las instrucciones del general Sanabria “están orientadas a la suspensión de las labores de aspersión aérea en el territorio nacional” y que tal y como lo indica el Acuerdo de Paz, la erradicación forzada se ha limitado a “zonas donde el PNIS ha reportado al sector defensa la procedencia de las labores de erradicación, como última medida de intervención”. Pero las denuncias de las últimas semanas contrarían esa afirmación, pues se trata de zonas donde las familias sí se acogieron al PNIS, cumplieron, pero el programa no se implementó.
En total, desde que inició el gobierno Petro hasta el 15 de septiembre, “la Fuerza Pública ha desarrollado labores de erradicación en 63 municipios de 10 departamentos, con un total de 7.359 hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos”, según aseguró el Ministerio. De estas, 481 hectáreas fueron en el interior de cuatro Parques Nacionales Naturales: Alto Fragua en el Caquetá, Paramillo en Córdoba, Nukak en Guaviare y Sierra La Macarena en Meta. Con lo que el Ministerio confirmó otra preocupación manifestada por los campesinos: el daño medioambiental que puede generar la aspersión terrestre con glifosato en zonas protegidas.
Lea: “No apoye las fumigaciones con glifosato”, académicos a Joe Biden
Campesinos insisten en alternativas de sustitución
Los campesinos de las cuatro regiones aseguran que la persistencia de la erradicación forzada se suma a las trabas en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estrategia creada por el Acuerdo de Paz con las Farc, para que los agricultores cambiaran los cultivos de coca por proyectos legales.
El programa, que inició en 2017, estaba planeado a 24 meses, que el gobierno Duque extendió a 29. Pero a agosto de 2022 (56 meses después), de las 82.239 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas, solo 1.986 han culminado el proceso de sustitución y cerca del 25 % no han comenzado los proyectos productivos de ciclos corto y largo que reemplazarían la actividad cocalera, según cifras oficiales.
“Estamos nuevamente a la expectativa de por fin sustituir verdaderamente los cultivos declarados ilícitos presentes en nuestro territorio, pero no a través de la continuidad de la nefasta política antidrogas fracasada”, señaló Ascsucor. Además, reiteran que tenían la esperanza puesta en el cambio de gobierno. “Pensamos que de verdad iba a cambiar la solución al problema de la coca, pero ahora aparece la Fuerza Pública con esta erradicación. Eso nos deja muy preocupados”, reclama Moreno desde Tibú.
Vea: Cambios en el PNIS generan controversia entre cocaleros
En el último mes, a Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta (Córdoba), a Tibú (Norte de Santander), a Calamar (Guaviare) y a La Montañita (Caquetá) han llegado miembros de la Policía Antinarcóticos y del Ejército a erradicar de manera forzada cultivos de coca. Los campesinos, indignados, les reclaman. “Les hemos dicho que el gobierno de Gustavo Petro había prometido que no iba a haber erradicación forzada ni fumigación con glifosato, y que incluso ya habían dicho que los operativos se habían suspendido”, cuenta Pedro Moreno, un líder comunal de la vereda 20 de Julio, en Tibú.
Pero la respuesta que recibieron fue la misma que en el corregimiento de Puerto Nuevo de Montelíbano: “Que ellos solo cumplen órdenes presidenciales, que la erradicación no ha parado y que tienen que cumplir sus contratos”, afirma Emiliano Martínez, delegado departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana.
En contexto: “Aún no sabemos la relación entre narcotráfico y poder regional”
El pronunciamiento al que hacen referencia los líderes es la entrevista que hace un mes, el 23 de agosto, le dio el general Henry Sanabria, director de la Policía, al periódico El Tiempo. En ella, según el diario, Sanabria señaló que “las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron” y que lo que estaban aplicando era la erradicación voluntaria. Sus palabras concordaban con el discurso que mantuvo el presidente Petro durante su campaña y que reiteró en su reciente ponencia ante la Asamblea General de la ONU: que la guerra contra las drogas no puede ser contra el campesino.
Por eso ellos se sorprendieron al ver llegar a la Fuerza Pública a sus territorios con el objetivo de erradicar las matas de coca, que según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), suman 143 mil hectáreas a escala nacional.
A la vereda La Bonita, de Tierralta, miembros de la Policía llegaron en helicóptero, con fumigadoras de motor en la espalda cargadas de glifosato. “Bajaron, rociaron el veneno y cuando los campesinos se estaban acercando para confrontarlos, el helicóptero los levantó y se fueron”, explica Cervelión Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Ese sábado, los policías erradicaron casi dos hectáreas de coca mediante aspersión.
La imagen se venía repitiendo en el departamento desde un mes atrás. Sucedió el 21, 25 y 30 de agosto en las veredas La Danta y San Antonio Indígena, de San José de Uré, dentro del Parque Nacional Nudo de Paramillo; el 11 de septiembre en la vereda Santa Bárbara de Puerto Libertador, y el 15, 16 y 17 de septiembre en la vereda Candelaria de ese mismo municipio.
Lea: Así falló el gobierno Duque en su intento de volver a la aspersión aérea
La erradicación no ha sido solo a través de fumigación terrestre por parte de la Policía. Desde el fin de semana pasado, a las veredas de Solodios y Veredas Unidas, del corregimiento de Puerto Nuevo, en Montelíbano, llegaron miembros del Ejército a hacer erradicación manual. “Cuando los campesinos están en la tierra, los militares se evitan la discusión y llegan, miden el cultivo, arrancan unas 50 matas y lo registran como erradicado”, denuncia Emiliano Martínez, quien también es miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Acsucor). Para él, eso no soluciona el problema de raíz: “Eso solo logra que los cultivos aumenten. Lo que nosotros queremos es una solución de fondo”, señala.
Lo mismo sucedió este martes 20 de septiembre en la inspección de La Unión Peneya, en La Montañita, el mismo día en que Petro pedía en la ONU cambiar el enfoque en materia de drogas . “La Fuerza Pública llega y concesiona con los campesinos. Les dicen: ‘Déjenme arrancar un pedazo’ y se van, pero eso es malísimo, porque ellos registran que erradicaron toda la coca y cuando vuelvan a revisar van a decir que la gente volvió a sembrar”, denuncia Daniel*, un líder de la zona. La preocupación en esa región, más que el sustento que proveen los cultivos, es la presión a la que los campesinos están sometidos por parte de los llamados Comandos de la Frontera. “Aquí nadie quiere hablar del tema de la coca porque ellos son los que administran todo el negocio”, asegura.
La estrategia de erradicación manual también se está aplicando en Catatumbo, más precisamente en la vereda 20 de Julio, del municipio de Tibú, desde el 18 de septiembre. “Esperaron al domingo, que es el día de descanso en el que la gente sale al pueblo a mercar y los tajos quedan solos, para entrar a tumbar las matas”, explica Pedro Moreno. Cuando los campesinos llegaron a reclamar, los militares insistieron en que ellos cumplen órdenes presidenciales y que “el presidente Petro pudo haber prometido cosas en campaña, pero ellos no han recibido orden directa de detener los operativos”, según contó otro líder que prefirió proteger su identidad.
En Calamar (Guaviare), los campesinos han denunciado la persistencia de ambos métodos. “Desde hace mes y medio están arrancando matas los erradicadores civiles, custodiados por los militares. Y el 2 de septiembre hubo un operativo de Antinarcóticos con motores en la espalda, empleando glifosato”, relata James Murillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Agua Bonita Baja. En la mañana de este jueves 22 de septiembre, el alcalde de ese municipio, Giovanni Garcés, medió entre campesinos y Ejército y se instaló una mesa de diálogo.
Ante la situación, los campesinos tienen contemplado volver a las jornadas de paro del año pasado. “El panorama es muy desconcertante y desesperanzador para nosotros, volveremos a nuestros ejercicios de resistencia donde corresponda y al costo que sea necesario hasta que exista una verdadera voluntad para sentarnos a revisar una salida que permita solucionar las causas que conllevaron a la siembra de estos cultivos (...) La paz total no se logra con glifosato ni represión”, sentencia Ascsucor en un comunicado. De hecho, en Catatumbo y Guaviare, los campesinos están organizados en grupos de 40 a 60 personas que se movilizan a las zonas donde llegan los uniformados para impedir que arranquen las matas. Todo, aclaran, mediante vías pacíficas.
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Erradicación nunca se suspendió
Según le confirmaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y el Ministerio de Defensa a este diario, la erradicación forzada no se ha suspendido. De hecho, la Diran aclaró que en un comunicado publicado el mismo día de la entrevista al general Sanabria, esa entidad señaló que “la Fuerza Pública, bajo los lineamientos del Gobierno Nacional, avanza en los mecanismos de erradicación de los cultivos ilícitos en varias regiones del país” y que “las labores del Programa de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos se mantienen”. Con esas estrategias, en lo corrido de 2022, la Policía Nacional y el Ejército han erradicado 54.621 hectáreas de coca.
El Ministerio, por su parte, añadió que las instrucciones del general Sanabria “están orientadas a la suspensión de las labores de aspersión aérea en el territorio nacional” y que tal y como lo indica el Acuerdo de Paz, la erradicación forzada se ha limitado a “zonas donde el PNIS ha reportado al sector defensa la procedencia de las labores de erradicación, como última medida de intervención”. Pero las denuncias de las últimas semanas contrarían esa afirmación, pues se trata de zonas donde las familias sí se acogieron al PNIS, cumplieron, pero el programa no se implementó.
En total, desde que inició el gobierno Petro hasta el 15 de septiembre, “la Fuerza Pública ha desarrollado labores de erradicación en 63 municipios de 10 departamentos, con un total de 7.359 hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos”, según aseguró el Ministerio. De estas, 481 hectáreas fueron en el interior de cuatro Parques Nacionales Naturales: Alto Fragua en el Caquetá, Paramillo en Córdoba, Nukak en Guaviare y Sierra La Macarena en Meta. Con lo que el Ministerio confirmó otra preocupación manifestada por los campesinos: el daño medioambiental que puede generar la aspersión terrestre con glifosato en zonas protegidas.
Lea: “No apoye las fumigaciones con glifosato”, académicos a Joe Biden
Campesinos insisten en alternativas de sustitución
Los campesinos de las cuatro regiones aseguran que la persistencia de la erradicación forzada se suma a las trabas en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estrategia creada por el Acuerdo de Paz con las Farc, para que los agricultores cambiaran los cultivos de coca por proyectos legales.
El programa, que inició en 2017, estaba planeado a 24 meses, que el gobierno Duque extendió a 29. Pero a agosto de 2022 (56 meses después), de las 82.239 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas, solo 1.986 han culminado el proceso de sustitución y cerca del 25 % no han comenzado los proyectos productivos de ciclos corto y largo que reemplazarían la actividad cocalera, según cifras oficiales.
“Estamos nuevamente a la expectativa de por fin sustituir verdaderamente los cultivos declarados ilícitos presentes en nuestro territorio, pero no a través de la continuidad de la nefasta política antidrogas fracasada”, señaló Ascsucor. Además, reiteran que tenían la esperanza puesta en el cambio de gobierno. “Pensamos que de verdad iba a cambiar la solución al problema de la coca, pero ahora aparece la Fuerza Pública con esta erradicación. Eso nos deja muy preocupados”, reclama Moreno desde Tibú.
Vea: Cambios en el PNIS generan controversia entre cocaleros