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“Se puede afirmar que el gobierno actual sí actuó de manera deliberada para hacer trizas el Acuerdo de Paz”. Esta dura sentencia fue suscrita por 275 organizaciones sociales, tres plataformas de defensa de los derechos humanos y más de 800 ciudadanos, que publicaron este 14 de junio el informe “Hambre y guerra: el legado del aprendiz, balance del último año del gobierno de Iván Duque Márquez”. Las tres plataformas que firman la autoría del informe son la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Alianza de Organizaciones Sociales por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, democracia y Desarrollo.
Los autores aseveran que el gobierno de Iván Duque profundizó el camino de la guerra destruyendo los notables avances en materia de paz del gobierno anterior, algo que se hizo evidente en sus posturas “renunciando a los diálogos de paz con el Eln, dejando de lado la lucha contra el paramilitarismo, y generando condiciones para el aumento de la impunidad y la presencia de actores armados ilegales en todo el país”. Los autores destacan el hecho puntual de que en múltiples declaraciones a medios nacionales y extranjeros Iván Duque se refirió al “fin del Clan del Golfo” cuando los hechos lo han desmentido completamente.
Sobre este último hecho puntual del repunte paramilitar el informe señala (apoyándose en cifras del propio Ministerio de Defensa y las Naciones Unidas) la incontrovertible expansión de estructuras ligadas al paramilitarismo: “su gobierno no desmanteló el Clan del Golfo, y al contrario este fortaleció su presencia al pasar de 170 municipios al momento del acuerdo de paz, a 212 bajo su control en 2021″, afirman los autores, quienes además destacan la que consideran sospechosa pasividad de la Fuerza Pública durante el paro armado que las Agc o Clan del Golfo decretaron a comienzos de mayo en al menos siete departamentos del país.
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Datos de la Defensoría registraron incluso una presencia más alta del Clan del Golfo: según esta entidad, ese grupo ilegal mantiene presencia en 253 municipios. Lo paradójico es que estos datos fueron reportados por la entidad apenas una semana antes de que Iván Duque declarara durante una gira internacional a finales de mayo que esa organización ya no existía en Colombia.
De acuerdo con los autores, aquella fue una prueba más de que el gobierno de Iván Duque fue ”un periodo aprovechado para impulsar la expansión de estructuras armadas paramilitares y de otros grupos ilegales, que pudieron actuar con mayor libertad, imponiendo el terror sobre comunidades y líderes sociales en las zonas anteriormente bajo control de las Farc, y otras nuevas zonas antes no afectadas por el conflicto”.
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Las trizas de la paz y la “devastación de los acuerdos”
Un apartado del informe se enfoca en documentar lo que los autores consideran un saboteo intencional y deliberado del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y las antiguas Farc, pacto que el presidente Duque ha omitido mencionar por su nombre, pues ha preferido en su gobierno hablar de su política de “Paz con Legalidad”.
“La reactivación del control armado de actores ilegales en los territorios antes controlados por las Farc” revirtió logros de la firma de la paz como la baja en los homicidios, las masacres o las víctimas de minas antipersonal, “llegando a constituir el año 2021 como el más violento del último lustro, al pasar de 12.298 homicidios en 2017 a 14.159 en 2021″. Las cifras que soportan esta afirmación son del mismo gobierno, pues se basan en datos del Ministerio de Defensa.
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Todo esto implica un fuerte retroceso a cifras que son similares a los niveles anteriores al inicio del proceso de paz; por ejemplo, en materia de líderes sociales se han contabilizado 1.309 líderes asesinados desde la firma de la paz, de los cuales 859 (dos de cada tres) lo fueron durante el gobierno Duque. En este mismo periodo se registró al menos una masacre cada tres días durante 2021. Y las víctimas de minas antipersonal, que en 2017 habían descendido a uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas con 57 víctimas, remontaron dramáticamente hasta llegar a 486 en el año 2021.
“Tampoco es cierto que los homicidios de los defensores de derechos humanos hayan disminuido bajo su gobierno”, afirman los autores, “en realidad aumentaron, con tan solo leer el Documento Conpes 4063 de 2021, firmado por él [Presidente Duque] en noviembre de 2021, en el cual se comprueba que estos pasaron de 65 homicidios en 2015, a 108 en 2019 y 129 en 2020″.
Además, los autores señalan que Duque se ha promocionado en el extranjero como un gran impulsor del Acuerdo de Paz cuando todas las cifras lo contradicen: de acuerdo con el Instituto Kroc, encargado de hacer seguimiento a los Acuerdos, sólo el 4% del punto de tierras se ha cumplido y el avance en cuanto al punto de participación política y ampliación de la democracia es de apenas el 14% de lo pactado. Los autores hacen especial énfasis en que fue el partido de gobierno quién bloqueó y torpedeó en el Congreso una de las iniciativas más importantes del Acuerdo de Paz que tiene que ver con las Curules de Víctimas o Curules de Paz.
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También señalan el incumplimiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que según la publicación significó un fracaso en la política de drogas del actual gobierno, así como el asesinato generalizado de excombatientes y firmantes del Acuerdo, que según el informe asciende a 315 firmantes asesinados.
“El cien por ciento de la comunidad internacional apoyó el Acuerdo de Paz, inclusive Estados Unidos; fue fundamental el papel de la comunidad internacional”, aseguró Diana Sánchez Lara, de la Asociación Minga, durante la presentación del informe. “Cuando llegó Iván Duque advertimos que la situación iba a ser crítica: el deterioro humanitario y el regreso a la violencia, pero la comunidad internacional ha sido indulgente”, puntualizó Sánchez.
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El legado medioambiental y social de Duque
La crisis social, agravada según los autores por la pandemia del COVID-19 y el repunte del conflicto armado, ha terminado por degradar la situación humanitaria en el país. “Según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, 7.7 millones de personas presentan necesidades de atención humanitaria en Colombia, de los cuales 5.8 millones se encuentran en situación humanitaria crítica por vivir bajo el control de grupos armados en 373 municipios”, señala el informe.
Ante el gran descontento social generado por la crisis económica derivada de la pandemia, aseguran los autores, la respuesta institucional fue la “represión” de las movilizaciones y reclamos durante las jornadas de protesta de 2019, 2020 y 2021. Según el informe, durante el gobierno Duque hubo un incremento de 165% en las judicializaciones de líderes sociales en relación con el gobierno anterior.
En la rueda de prensa de presentación del informe, Ces Badillo Gutiérrez, de la organización Caribe Afirmativo, una de las que suscribe la publicación, sostuvo que el diálogo del gobierno con las inconformidades populares fue nulo: “¿Qué entendió este gobierno por democracia? A la larga, lo entendió desde lo electoral, luego de que se eligió el Presidente se olvidó quién lo eligió”, puntualizó Ces Badillo, “no existe una participación activa mas allá del ejercicio electoral, durante el mandato no hubo participación, luego, hubo una concentración de poder que socava los principios mismos de la democracia, el ejemplo más diciente de eso fue la derogación de la ley de garantías”.
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El legado en cuanto a protección del medio ambiente, con el que Iván Duque se autopromocionó en diversos espacios internacionales como la Asamblea de las Naciones Unidas, también tiene un balance negativo para los autores.
De acuerdo con el informe, Iván Duque “obstruyó deliberadamente los procesos iniciados durante el gobierno Santos sobre cambio climático y medio ambiente, y la participación del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo 2018-2020 fue de las más bajas en una década”.
Además, señalan la “férrea oposición” del gobierno y su bancada, así como de los gremios, a la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso. Al contrario, el gobierno lanzó una operación militar para frenar la deforestación, marcada por los atropellos contra colonos y pequeños campesinos en las zonas de la frontera agrícola: “el Ejército además sigue tratando al campesinado como enemigo interno y como ciudadanos de segunda”, se lee en el informe.