Grupos ilegales acechan en cuatro regiones del país

Una moto bomba que explota en Miranda, Cauca; 121 familias que desde hace más de tres semanas permanecen confinadas en el Darién, Chocó; ataques contra la Fuerza Pública en San Calixto, El Tarra y Tibú, en Norte de Santander; 500 familias huyendo de combates en el sur de Córdoba, y 200 personas más del consejo comunitario Bajo Mira, en Nariño, desplazadas por los ilegales. Si algo deja claro el panorama del país en el último mes, es que en muchas regiones de Colombia la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado se ha traducido en recrudecimiento de la violencia y en una crisis humanitaria clara para las comunidades que habitan zonas que se disputan grupos armados ilegales.

Y los protagonistas, algunos antiguos y otros no tan conocidos, son los mismos, pero en distintas regiones: desde el Eln y el Epl, pasando por los denominados Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo y hasta las disidencias de las Farc.

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Una presencia armada que en el terreno se ha visto reflejada en afectaciones directas a la población civil. Solo en marzo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha emitido siete alertas por desplazamientos masivos y crisis humanitarias en por lo menos nueve municipios de cinco departamentos del país.

Al ya convulso panorama se suma la difícil situación que se registra en el departamento del Cauca por cuenta de los enfrentamientos entre los indígenas que lideran la minga nacional y la Fuerza Pública que intenta desbloquear la vía Panamericana, cerrada por los manifestantes desde hace casi tres semanas. Aunque ya se había logrado instalar una mesa de negociación entre las partes para tratar de encontrar una salida a la crisis, los diálogos fueron suspendidos este miércoles tras el secuestro de un militar en la vía Popayán-Cali.

Lo cierto es que hechas las cuentas, son varias las regiones del país en las que el conflicto está en un punto crítico. En el sur de Córdoba y Antioquia, por ejemplo, al menos 120 familias (378 personas) de comunidades campesinas fueron obligadas a abandonar sus viviendas por amenazas de grupos armados desde el pasado 21 de marzo. El desplazamiento ocurrió en la vereda Santa Rosa, en zona rural del municipio de Puerto Libertador (Córdoba) y la vereda La Flecha perteneciente al corregimiento Santa Lucía, en el municipio de Ituango (Antioquia), y los pobladores se movilizaron hacia el casco urbano del corregimiento Juan José, en Puerto Libertador.

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Se estima, además, que en los próximos días sigan llegando al corregimiento más familias desplazadas, lo que agudizaría la crisis humanitaria que ya se vive en la región. De hecho, en Juan José hay limitaciones de acceso a agua, pues la población se abastece del líquido a través de pozos artesanales que están secos como consecuencia de la sequía.

El caso de Chocó

No muy distinta es la situación en zona rural de los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Juradó, en el departamento de Chocó, en donde desde comienzos de marzo, al menos 2.430 personas de diez comunidades indígenas se encuentran en situación de confinamiento por cuenta de la presencia y las amenazas de frentes del Eln y hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Luego de varias semanas con restricciones a la movilidad, amenazas e intimidaciones hacia líderes sociales, limitaciones en acceso a la educación para por lo menos 111 menores de la comunidad wounaan y riesgos por presencia de minas antipersonales en la zona, las comunidades ya sufren por desabastecimiento de alimentos. Además, las dificultades para realizar brigadas de salud han generado enfermedades asociadas con la desnutrición y la malaria que han ocasionado hasta el momento la muerte de ocho menores, según han denunciado desde la zona.

La ONU también ha llamado la atención sobre el caso de las comunidades indígenas Villa Hermosa, Egorokerá y Playita, en zona rural del municipio chocoano de Bojayá, en donde desde el 4 de marzo al menos 883 personasestán confinadas a raíz de los enfrentamientos entre los dos mismos grupos: Eln y Autodefensas Gaitanistas.

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En el Catatumbo, por su parte, aunque la confrontación ha cambiado en los últimos meses, los efectos sobre la población siguen siendo gravísimos. Según cifras reveladas a comienzos de marzo por el Consejo Noruego para Refugiados, al menos 560 personas se han visto obligadas este año a dejar sus hogares por combates en la zona. “El impacto del conflicto en la vida de la población sigue siendo aterrador en el Catatumbo. La pobreza y la ausencia del Estado en estas áreas rurales solo prolongarán el sufrimiento y el desplazamiento de la población”, afirmó entonces el director de la organización, Ariel Rivera.

Aunque en los últimos meses han disminuido los enfrentamientos entre el Eln y el Epl, las dos organizaciones guerrilleras que históricamente se han disputado el control en la zona, el aumento de pie de fuerza del Ejército para contrarrestar el accionar de los ilegales también se ha sentido en las comunidades. Es más, hace tan solo dos semanas Ocha (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) denunció que cerca de 2.098 personas, pertenecientes a 600 familias se encontraban con restricciones de movilidad en 23 veredas del municipio de San Calixto, Norte de Santander.

Y mientras el fenómeno de violencia parece replicarse en varias regiones, desde las comunidades indígenas y campesinas hacen un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que atiendan las necesidades emergentes, se tomen medidas inmediatas que permitan paliar las crisis de seguridad y orden público, y se enfrenten a los grupos ilegales que buscan apropiarse de territorios que ofrecen ventajas estratégicas para las rentas ilegales.

Una moto bomba que explota en Miranda, Cauca; 121 familias que desde hace más de tres semanas permanecen confinadas en el Darién, Chocó; ataques contra la Fuerza Pública en San Calixto, El Tarra y Tibú, en Norte de Santander; 500 familias huyendo de combates en el sur de Córdoba, y 200 personas más del consejo comunitario Bajo Mira, en Nariño, desplazadas por los ilegales. Si algo deja claro el panorama del país en el último mes, es que en muchas regiones de Colombia la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado se ha traducido en recrudecimiento de la violencia y en una crisis humanitaria clara para las comunidades que habitan zonas que se disputan grupos armados ilegales.

Y los protagonistas, algunos antiguos y otros no tan conocidos, son los mismos, pero en distintas regiones: desde el Eln y el Epl, pasando por los denominados Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo y hasta las disidencias de las Farc.

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Una presencia armada que en el terreno se ha visto reflejada en afectaciones directas a la población civil. Solo en marzo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha emitido siete alertas por desplazamientos masivos y crisis humanitarias en por lo menos nueve municipios de cinco departamentos del país.

Al ya convulso panorama se suma la difícil situación que se registra en el departamento del Cauca por cuenta de los enfrentamientos entre los indígenas que lideran la minga nacional y la Fuerza Pública que intenta desbloquear la vía Panamericana, cerrada por los manifestantes desde hace casi tres semanas. Aunque ya se había logrado instalar una mesa de negociación entre las partes para tratar de encontrar una salida a la crisis, los diálogos fueron suspendidos este miércoles tras el secuestro de un militar en la vía Popayán-Cali.

Lo cierto es que hechas las cuentas, son varias las regiones del país en las que el conflicto está en un punto crítico. En el sur de Córdoba y Antioquia, por ejemplo, al menos 120 familias (378 personas) de comunidades campesinas fueron obligadas a abandonar sus viviendas por amenazas de grupos armados desde el pasado 21 de marzo. El desplazamiento ocurrió en la vereda Santa Rosa, en zona rural del municipio de Puerto Libertador (Córdoba) y la vereda La Flecha perteneciente al corregimiento Santa Lucía, en el municipio de Ituango (Antioquia), y los pobladores se movilizaron hacia el casco urbano del corregimiento Juan José, en Puerto Libertador.

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Se estima, además, que en los próximos días sigan llegando al corregimiento más familias desplazadas, lo que agudizaría la crisis humanitaria que ya se vive en la región. De hecho, en Juan José hay limitaciones de acceso a agua, pues la población se abastece del líquido a través de pozos artesanales que están secos como consecuencia de la sequía.

El caso de Chocó

No muy distinta es la situación en zona rural de los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Juradó, en el departamento de Chocó, en donde desde comienzos de marzo, al menos 2.430 personas de diez comunidades indígenas se encuentran en situación de confinamiento por cuenta de la presencia y las amenazas de frentes del Eln y hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Luego de varias semanas con restricciones a la movilidad, amenazas e intimidaciones hacia líderes sociales, limitaciones en acceso a la educación para por lo menos 111 menores de la comunidad wounaan y riesgos por presencia de minas antipersonales en la zona, las comunidades ya sufren por desabastecimiento de alimentos. Además, las dificultades para realizar brigadas de salud han generado enfermedades asociadas con la desnutrición y la malaria que han ocasionado hasta el momento la muerte de ocho menores, según han denunciado desde la zona.

La ONU también ha llamado la atención sobre el caso de las comunidades indígenas Villa Hermosa, Egorokerá y Playita, en zona rural del municipio chocoano de Bojayá, en donde desde el 4 de marzo al menos 883 personasestán confinadas a raíz de los enfrentamientos entre los dos mismos grupos: Eln y Autodefensas Gaitanistas.

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En el Catatumbo, por su parte, aunque la confrontación ha cambiado en los últimos meses, los efectos sobre la población siguen siendo gravísimos. Según cifras reveladas a comienzos de marzo por el Consejo Noruego para Refugiados, al menos 560 personas se han visto obligadas este año a dejar sus hogares por combates en la zona. “El impacto del conflicto en la vida de la población sigue siendo aterrador en el Catatumbo. La pobreza y la ausencia del Estado en estas áreas rurales solo prolongarán el sufrimiento y el desplazamiento de la población”, afirmó entonces el director de la organización, Ariel Rivera.

Aunque en los últimos meses han disminuido los enfrentamientos entre el Eln y el Epl, las dos organizaciones guerrilleras que históricamente se han disputado el control en la zona, el aumento de pie de fuerza del Ejército para contrarrestar el accionar de los ilegales también se ha sentido en las comunidades. Es más, hace tan solo dos semanas Ocha (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) denunció que cerca de 2.098 personas, pertenecientes a 600 familias se encontraban con restricciones de movilidad en 23 veredas del municipio de San Calixto, Norte de Santander.

Y mientras el fenómeno de violencia parece replicarse en varias regiones, desde las comunidades indígenas y campesinas hacen un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que atiendan las necesidades emergentes, se tomen medidas inmediatas que permitan paliar las crisis de seguridad y orden público, y se enfrenten a los grupos ilegales que buscan apropiarse de territorios que ofrecen ventajas estratégicas para las rentas ilegales.