Hacer política en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo

“La violencia es más letal entre más local es el liderazgo, por eso los líderes comunales son las principales víctimas de homicidio", aseguró Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, al presentar el Informe sobre violencia política desde el inicio del calendario electoral, en el que se reporta que de los 107 líderes sociales que han sido agredidos entre el 27 de octubre de 2018 y el 25 de febrero de este año, 54 son de origen político.

La presentación de los resultados de este informe fue el preámbulo para el evento "Política en Colombia: Actividad de alto riesgo" que organizó el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), con el apoyo de la Unión Europea, y que se realizó esta semana en la Universidad Externado de Colombia. 

La MOE resaltó que es indudable que los certámenes electorales traen consigo un incremento de la violencia política, ya que se observan picos altos de agresiones a los líderes políticos en tres momentos claves: las consultas internas de los partidos para elegir sus candidatos, los períodos de inscripción de candidatos y las elecciones mismas. 

Por eso hicieron un llamado al Estado para tomar medidas de prevención ya que el 26 de mayo se harán la consultas internas de los partidos y entre el 27 de junio y el 27 de julio se realizarán las inscirpciones de los aspirantes a los cargos de elección popular en las regiones. 

Y, además, la MOE llamó la atención sobre un fenómeno que aún no se ha analizado a profundidad. "Al cruzar los mapas de presencia de grupos armados ilegales con los mapas que marcan los hechos de violencia política, no coinciden", dijo Camilo Vargas, y explicó puntualmente el caso de las Águilas Negras, grupo que a pesar de que no existe, está señalado como el mayor autor de amenazas a los líderes sociales y políticos.

Ángela Rodríguez, directora del NIMD Colombia, hizo un llamado a reconocer que todos los líderes, más allá de la lucha particular que tengan, están buscando hacer incidencia pública en la defensa de sus derechos y los de su comunidad y aseguró que desde el instituto pretenden que el Estado y la sociedad civil reconozcan este fenómeno de violencia que sigue creciendo de cara a las elecciones de este año.

Este evento reunió a representantes del Gobierno Nacional, de organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y miembros de partidos políticos, para identificar los retos, desafíos e iniciativas que garanticen el ejercicio político de los líderes en las elecciones locales de octubre próximo.

Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal que cuenta con más de 80.000 asociados en todo el país, mencionó que los que tienen poder económico en los territorios quieren seguir manejando la infraestructura de los municipios. “Mientras en Colombia no se dé una financiación estatal de las campañas políticas, el problema va a seguir porque siempre existirá alguien que tiene el dinero para poder elegir”, agregó.

Mosquera, quien vive en Buenaventura, contó a los asistentes que a los líderes sociales los están asesinando por su papel de veedores, por denunciar la corrupción y por ir en contra de los gamonales y el poder político ya establecido en los las regiones. "Somos nosotros los que defendemos a las comunidades y al territorio de los terratenientes y de las empresas mineras que incluso cuentan con licencias estatales", dijo Ceferino.

Varios de los asistentes señalaron que en cumplimiento del punto 2 del Acuerdo Final firmado entre el Estado y las Farc, sobre participación política, el gobierno anterior creó instancias y mecanismos para garantizar la protección de los actores políticos, sociales y comunales en el país, pero esto no se ha traducido en acciones puntuales para la prevención y la protección de los líderes en los territorios.

Daniel Espinosa, asesor del grupo de Control Electoral, explicó cómo será el funcionamiento de la Procudaruría General de la Nación de la mano del Consejo Nacional Electoral en este año de elecciones locales. La Procuraduría estable actividades a partir del calendario electoral que expide la Registraduría Nacional para hacer seguimiento a los procesos de los candidatos, revisar irregularidaes, inhabilidades, imcopatiblidades y conflictos de intereses. 
"La Procuraduría tiene como finalidad promover la participación ciudadana y ser efectivos en el control y la vigilacia del ejercicio político que se realizará en todo el país" agregó Espinosa. 

Ascensión Velasco, concejala del municipio de Silvia, Cauca, aseguró que el riesgo que viven los líderes se da por el desconocimiento de los procesos de participación política. Indicó que las mujeres y la juventud aún no están conscientes de lo que significa hacer política. "Se tiene la idea de que hacer política es malo, tenemos la idea de que todos los políticos son corruptos. Nosotros hemos ido a escuelas de formación para entender que eso no es la política", explicó.

Y fue enfática al señalar que las comunidades indígenas no aceptan el uso de chalecos antibalas ni de carros blindados. "La solidaridad es nuestra arma de protección. Queremos una escuela para entender el tema de participación política teniendo en cuenta nuestro contexto y tradiciones como indígenas", dijo la lideresa, quien además ha sido gobernadora de su resguardo del pueblo misak.

En el evento también participó el senador del partido Farc, Julián Gallo, quien se conoció en la guerra con el nombre de Carlos Antonio Lozada, quien llamó la atención de los asistentes y de la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart y del embajador de los Países Bajos, Jeroen Roodenburg, sobre el asesinato de más de 90 excombatientes de su partido. 

El exjefe guerrillero dijo que ellos dejaron las armas para apostarle al ejercicio político, pero se quejó por la falta de compromiso político por parte del Estado para garantizar su seguridad más allá de los esquemas tradicionales. “El gobierno actual no tiene voluntad política y se descarga diciendo que no hay presupuesto para garantizar en funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, como si la solución del problema estuviera en la cantidad de escoltas o esquemas de seguridad, y no en dar garantías de participación política”.

Y recordó que en el Acuerdo Final está prevista la firma de un pacto político amplio, que incluya a todos los estamentos de la sociedad para generar barreras de protección hacia los líderes políticos. "Yo sé que es difícil pedir que se firme ese pacto en esta época prelectoral, pero vamos a empezar a hacerlo en las regiones", dijo al anunciar que la próxima semana se firmará el primer pacto regional en Cali. 

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, coincidió con varios panelistas al reconocer que hay fenómenos estructurales de violencia en el país, pero insistió en que una garantía para la paz es acabar con las organizaciones criminales. Explicó que las medidas que otorga la entidad no son la única medida de protección para los líderes sociales y politicos, sino que se trata de medida complementarias, porque la Policía y el Ejército son las primeras autoridades de protección.

Destacó que la UNP viene trabajando en planes colectivos de protección, concertados con las comunidades. "Las comunidades saben mejor que nadie cómo protegerse en sus territorios",dijo. Incluso explicó que la Unidad está en un proceso de reingeniería para ser más asertivos en su labor y que desde el año pasado trabaja recursos limitados debido al recorte que hizo el Gobierno. En este momento tienen un déficit 300.000 millones de pesos y están a la espera de la aprobación de una adición presupuestal.

Y al final, lanzó una propuesta: “desde la Unidad estamos proponiendo un gran pacto nacional en el que participen todos los partidos, porque hemos observado que muchos dirigentes alientan la violencia en contra de los partidos opositores. Es necesario desarmar los espíritus y acabar con la estigmatización de los líderes sociales que ha llevado a grandes fenómenos de violencia”, agregó.

Por su parte, Amaury Padilla, director ejecutivo de la Corporación Desarrollo y Paz del Cesar, explicó que en su departamento todavía existe una pugna entre dos dinastías políticas que se han disputado por décadas el poder: los Géneco y los Araújo. Y llamó la atención porque se avecina el Festival Vallenato, que según él, es el momento propicio para que estas dos castas políticas terminen negociando las elecciones.

Y habló de un pacto que permita reconstruir la confianza que los ciudadanos han perdido en las instituciones del Estado. "En el Cesar hemos adelantado diálogos y estamos convencidos que lo importante es ponernos de acuerdo en una forma de ver el territorio y concertar el desarrollo", resaltó. "Es necesario construir confianza entre las comunidades y la fuerza pública. Debe haber más presencia del Estado en todos los aspectos. No se deben crear más instancias si las que existen no funcionan”, concluyó.

“La violencia es más letal entre más local es el liderazgo, por eso los líderes comunales son las principales víctimas de homicidio", aseguró Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, al presentar el Informe sobre violencia política desde el inicio del calendario electoral, en el que se reporta que de los 107 líderes sociales que han sido agredidos entre el 27 de octubre de 2018 y el 25 de febrero de este año, 54 son de origen político.

La presentación de los resultados de este informe fue el preámbulo para el evento "Política en Colombia: Actividad de alto riesgo" que organizó el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), con el apoyo de la Unión Europea, y que se realizó esta semana en la Universidad Externado de Colombia. 

La MOE resaltó que es indudable que los certámenes electorales traen consigo un incremento de la violencia política, ya que se observan picos altos de agresiones a los líderes políticos en tres momentos claves: las consultas internas de los partidos para elegir sus candidatos, los períodos de inscripción de candidatos y las elecciones mismas. 

Por eso hicieron un llamado al Estado para tomar medidas de prevención ya que el 26 de mayo se harán la consultas internas de los partidos y entre el 27 de junio y el 27 de julio se realizarán las inscirpciones de los aspirantes a los cargos de elección popular en las regiones. 

Y, además, la MOE llamó la atención sobre un fenómeno que aún no se ha analizado a profundidad. "Al cruzar los mapas de presencia de grupos armados ilegales con los mapas que marcan los hechos de violencia política, no coinciden", dijo Camilo Vargas, y explicó puntualmente el caso de las Águilas Negras, grupo que a pesar de que no existe, está señalado como el mayor autor de amenazas a los líderes sociales y políticos.

Ángela Rodríguez, directora del NIMD Colombia, hizo un llamado a reconocer que todos los líderes, más allá de la lucha particular que tengan, están buscando hacer incidencia pública en la defensa de sus derechos y los de su comunidad y aseguró que desde el instituto pretenden que el Estado y la sociedad civil reconozcan este fenómeno de violencia que sigue creciendo de cara a las elecciones de este año.

Este evento reunió a representantes del Gobierno Nacional, de organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y miembros de partidos políticos, para identificar los retos, desafíos e iniciativas que garanticen el ejercicio político de los líderes en las elecciones locales de octubre próximo.

Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal que cuenta con más de 80.000 asociados en todo el país, mencionó que los que tienen poder económico en los territorios quieren seguir manejando la infraestructura de los municipios. “Mientras en Colombia no se dé una financiación estatal de las campañas políticas, el problema va a seguir porque siempre existirá alguien que tiene el dinero para poder elegir”, agregó.

Mosquera, quien vive en Buenaventura, contó a los asistentes que a los líderes sociales los están asesinando por su papel de veedores, por denunciar la corrupción y por ir en contra de los gamonales y el poder político ya establecido en los las regiones. "Somos nosotros los que defendemos a las comunidades y al territorio de los terratenientes y de las empresas mineras que incluso cuentan con licencias estatales", dijo Ceferino.

Varios de los asistentes señalaron que en cumplimiento del punto 2 del Acuerdo Final firmado entre el Estado y las Farc, sobre participación política, el gobierno anterior creó instancias y mecanismos para garantizar la protección de los actores políticos, sociales y comunales en el país, pero esto no se ha traducido en acciones puntuales para la prevención y la protección de los líderes en los territorios.

Daniel Espinosa, asesor del grupo de Control Electoral, explicó cómo será el funcionamiento de la Procudaruría General de la Nación de la mano del Consejo Nacional Electoral en este año de elecciones locales. La Procuraduría estable actividades a partir del calendario electoral que expide la Registraduría Nacional para hacer seguimiento a los procesos de los candidatos, revisar irregularidaes, inhabilidades, imcopatiblidades y conflictos de intereses. 
"La Procuraduría tiene como finalidad promover la participación ciudadana y ser efectivos en el control y la vigilacia del ejercicio político que se realizará en todo el país" agregó Espinosa. 

Ascensión Velasco, concejala del municipio de Silvia, Cauca, aseguró que el riesgo que viven los líderes se da por el desconocimiento de los procesos de participación política. Indicó que las mujeres y la juventud aún no están conscientes de lo que significa hacer política. "Se tiene la idea de que hacer política es malo, tenemos la idea de que todos los políticos son corruptos. Nosotros hemos ido a escuelas de formación para entender que eso no es la política", explicó.

Y fue enfática al señalar que las comunidades indígenas no aceptan el uso de chalecos antibalas ni de carros blindados. "La solidaridad es nuestra arma de protección. Queremos una escuela para entender el tema de participación política teniendo en cuenta nuestro contexto y tradiciones como indígenas", dijo la lideresa, quien además ha sido gobernadora de su resguardo del pueblo misak.

En el evento también participó el senador del partido Farc, Julián Gallo, quien se conoció en la guerra con el nombre de Carlos Antonio Lozada, quien llamó la atención de los asistentes y de la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart y del embajador de los Países Bajos, Jeroen Roodenburg, sobre el asesinato de más de 90 excombatientes de su partido. 

El exjefe guerrillero dijo que ellos dejaron las armas para apostarle al ejercicio político, pero se quejó por la falta de compromiso político por parte del Estado para garantizar su seguridad más allá de los esquemas tradicionales. “El gobierno actual no tiene voluntad política y se descarga diciendo que no hay presupuesto para garantizar en funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, como si la solución del problema estuviera en la cantidad de escoltas o esquemas de seguridad, y no en dar garantías de participación política”.

Y recordó que en el Acuerdo Final está prevista la firma de un pacto político amplio, que incluya a todos los estamentos de la sociedad para generar barreras de protección hacia los líderes políticos. "Yo sé que es difícil pedir que se firme ese pacto en esta época prelectoral, pero vamos a empezar a hacerlo en las regiones", dijo al anunciar que la próxima semana se firmará el primer pacto regional en Cali. 

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, coincidió con varios panelistas al reconocer que hay fenómenos estructurales de violencia en el país, pero insistió en que una garantía para la paz es acabar con las organizaciones criminales. Explicó que las medidas que otorga la entidad no son la única medida de protección para los líderes sociales y politicos, sino que se trata de medida complementarias, porque la Policía y el Ejército son las primeras autoridades de protección.

Destacó que la UNP viene trabajando en planes colectivos de protección, concertados con las comunidades. "Las comunidades saben mejor que nadie cómo protegerse en sus territorios",dijo. Incluso explicó que la Unidad está en un proceso de reingeniería para ser más asertivos en su labor y que desde el año pasado trabaja recursos limitados debido al recorte que hizo el Gobierno. En este momento tienen un déficit 300.000 millones de pesos y están a la espera de la aprobación de una adición presupuestal.

Y al final, lanzó una propuesta: “desde la Unidad estamos proponiendo un gran pacto nacional en el que participen todos los partidos, porque hemos observado que muchos dirigentes alientan la violencia en contra de los partidos opositores. Es necesario desarmar los espíritus y acabar con la estigmatización de los líderes sociales que ha llevado a grandes fenómenos de violencia”, agregó.

Por su parte, Amaury Padilla, director ejecutivo de la Corporación Desarrollo y Paz del Cesar, explicó que en su departamento todavía existe una pugna entre dos dinastías políticas que se han disputado por décadas el poder: los Géneco y los Araújo. Y llamó la atención porque se avecina el Festival Vallenato, que según él, es el momento propicio para que estas dos castas políticas terminen negociando las elecciones.

Y habló de un pacto que permita reconstruir la confianza que los ciudadanos han perdido en las instituciones del Estado. "En el Cesar hemos adelantado diálogos y estamos convencidos que lo importante es ponernos de acuerdo en una forma de ver el territorio y concertar el desarrollo", resaltó. "Es necesario construir confianza entre las comunidades y la fuerza pública. Debe haber más presencia del Estado en todos los aspectos. No se deben crear más instancias si las que existen no funcionan”, concluyó.