“Hay interés de la Fiscalía y Policía de generar entrampamientos”: Harold Ordóñez
Colombia+20 conoció el expediente del caso con el que inteligencia militar perfiló al excombatiente de las Farc, quien estuvo detenido por siete días tras ser acusado de ser Óscar, un disidente de las Farc que opera en varios municipios del norte y centro del Valle del Cauca. De acuerdo con una jueza, las pruebas en su contra estarían viciadas. El proceso judicial seguirá, pero sin estar privado de la libertad.
Valentina Parada Lugo
El pasado lunes 6 de septiembre, una jueza penal de garantías ordenó la libertad inmediata del firmante de paz Harold Ordóñez Botero, quien estaba detenido en la estación de Policía Fray Damián, en Cali, desde el pasado 29 de agosto por, supuestamente, ser Óscar, el comandante de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc que opera en la zona rural de Tuluá y Sevilla (Valle del Cauca). Al exguerrillero le imputaron los delitos de rebelión agravada, homicidio agravado, y fabricación y porte de armas de fuego.
Desde ese día, familiares y amigos denunciaron que era víctima de un montaje judicial, pues Ordóñez no pertenecía a ninguna estructura armada sino que, por el contrario, trabajaba por la reincorporación en la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle. En la audiencia de medida de aseguramiento, la jueza cuestionó las pruebas en contra de Ordóñez porque “no se logra llegar a una posibilidad creíble de lo que pretendió acreditar la Fiscalía”.
Colombia+20 conoció el expediente, en el que se evidencian vacíos en las pruebas presentadas por el ente investigador. Por ejemplo, se habla de la presencia de Harold en eventos en los que supuestamente se hizo pasar como Óscar, de acuerdo con la versión de tres testigos; sin embargo, gracias a las herramientas de rastreo de Google, la defensa pudo determinar que Harold no se encontraba allí. Asimismo, de los números rastreados por las autoridades ninguno corresponde al firmante del Acuerdo de Paz. Tanto así que la Fiscalía no pudo entregar las interceptaciones como pruebas. Y finalmente, como reconoció la jueza, los testimonios que lo señalan como disidente parecen estar viciados.
El exguerrillero y Elmer Montaña, su abogado, aseguran que se trata de un montaje judicial y dicen que no es el primer excombatiente de las Farc que lo padece. Su abogado dice que “hay una estrategia de entrampamiento de algunos exFarc contra quienes deciden apartarse del partido, pero también por parte de la inteligencia militar porque cuando alguien sale del partido político inmediatamente es señalado de ser disidente, y eso basta para que pongan los ojos sobre ellos”.
Harold Ordóñez Botero es un ingeniero ambiental, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Fue combatiente de las Farc desde 2006 y en 2016 se acogió al Acuerdo de Paz. Un año más tarde entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como compareciente obligatorio. Es padre de una niña de 5 años y trabaja como contratista en el Valle en temas de reincorporación, memoria y territorios que hacen parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
El pasado 29 de agosto en la tarde, mientras compartía tiempo con su familia en el parque del acueducto de San Antonio (Cali), Ordóñez fue detenido por miembros de Policía Judicial, según el expediente, luego de que “una persona identificada con el seudónimo de ‘Charly’, registrada formalmente como informante ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), llamara (a las autoridades) y le indicara que en el parque del acueducto observó a una persona que, al parecer, aparecía en el cartel de ‘Los más buscados del departamento del Valle del Cauca’ y en dicho cartel es nombrado como Harold Ordóñez Botero, alias Óscar o El Viejo”.
La orden de captura se había emitido casi un año atrás. El 9 de noviembre del 2020, el Juzgado Penal con Función de Garantías de Buga expidió el documento argumentando que Harold hacía parte de las disidencias de las Farc, que era responsable por haber determinado un homicidio y lo acusaron de promover y organizar actos de rebelión a través de la estructura armada. Y es que desde mediados de ese año, en plena pandemia, la inteligencia militar investigaba a un hombre que se hace llamar Óscar y que siembra terror en toda la Cordillera Central. Las labores de inteligencia consignadas en el expediente dan cuenta que interceptaron, al menos, tres números telefónicos que serían del disidente y han captado varios testimonios de personas que dicen haberlo visto en el norte del Valle del Cauca. Las autoridades concluyeron que el nombre de la persona que buscaban era Harold Ordóñez Botero.
Según Harold, los tiempos de investigación coinciden con el momento en el que el excombatiente presentó su renuncia al Partido FARC (hoy Partido Comunes), luego de haber sido uno de sus candidatos a la Cámara de Representantes las elecciones pasadas. “En enero del 2020 yo presenté mi renuncia a las FARC y un día, cuando estaba en mi casa en Tuluá, llegaron varios compañeros a decirme que había algunos dirigentes que estaban señalándome de ser disidente del partido político”. En principio, señala Elmer Montaña, es correcto usar el término “disidente” al referirse a una persona que abandonó un movimiento político, empero, la ambigüedad de la palabra “fue la génesis de todo”.
Harold dice que, desde ese momento, comenzaron los señalamientos y la estigmatización, pero fue hasta junio del 2020 que, asegura, se dio cuenta que las acusaciones habían trascendido. “Un día me llamó mi jefe Orlando Riascos, el secretario de Paz de la Gobernación, y me dijo que me necesitaba para hablar en privado sobre mis actividades, porque la Misión de Verificación de la ONU lo había visitado para decirle que el Batallón de Alta Montaña No. 10 (que opera en la zona alta de Buga, Tuluá y Sevilla) me tenía perfilado como disidente de las Farc”. Un mes más tarde, Harold decidió desplazarse hacia otro municipio del departamento por seguridad. “Ni siquiera quise interponer una denuncia contra los dirigentes del partido, precisamente, para evitar todo esto”, explica.
Aunque no se quedó quieto. El excombatiente pidió reunirse con delegados de la Misión de Verificación de la ONU y con miembros del batallón para aclarar la situación y en una reunión informal que tuvo con los delegados, en presencia del secretario de Paz del Valle, “la ONU dijo que ya todo había quedado aclarado, que me podía tranquilizar y que había sido una confusión. Pero de manera ingenua me confié y no les pedí un acta ni nada, todo fue conversado”. Las investigaciones siguieron en silencio y tres meses más tarde se emitió la orden de captura en su contra.
Este diario se comunicó con el Partido Comunes para conocer su versión de los hechos y como respuesta recibió un comunicado interno en el que explican que, desde que Ordóñez abandonó la militancia, “emprendió una campaña de difamación y calumnias contra este y su dirección”. Señalan, también, que cuando conocieron la versión en la que supuestamente acusaban de disidente a Harold, “el Partido nunca lo avaló, afirmación irresponsable porque nada lo demuestra, no fue recogida como versión oficial, ni siquiera mayoritaria”. Además, confirman la existencia de la reunión con la Misión de Verificación de la ONU y explicaron que en esta el organismo internacional les pidió que expidieran un comunicado aclarando la situación, a lo que respondieron que: “No somos quienes debemos encargarnos de la defensa de Harold y de quienes viven políticamente de buscar nuestro fracaso como partido”.
Las cuestionadas pruebas de la Fiscalía
Para probar que Óscar, el disidente del que están detrás las autoridades desde hace dos años, según ellos era Harold Ordóñez, la Fiscalía presentó tres pruebas: dos identificaciones faciales que hicieron funcionarios de la Alcaldía de Sevilla que fueron víctimas de una retención por parte de la estructura ilegal Adán Izquierdo el 23 de abril del 2020, en zona rural de ese municipio, y el testimonio verbal de un soldado profesional del Batallón Palacé de Buga, quien dice haber presenciado una reunión de Óscar el 27 de julio también del año pasado. Los tres testigos fueron sometidos a la prueba de identificación y todos coincidieron con que Harold Ordóñez era la persona que reconocían como el comandante de la disidencia.
En el caso de los funcionarios de la Alcaldía de Sevilla, el expediente judicial indica que se trataba de cinco personas, entre ellas el alcalde del municipio, quienes ese día fueron detenidos en la vereda de Cumbarco por parte de 20 hombres armados al mando de Óscar, quienes les advirtieron que ellos eran los encargados de la seguridad de la zona. Sin embargo, en los documentos judiciales quedó consignado que de las cinco víctimas, tres de ellas dijeron que no estaban en capacidad de reconocer al disidente porque tuvo el rostro cubierto durante el secuestro.
En cambio, los otros dos funcionarios que sí accedieron a realizar el reconocimiento fotográfico confesaron en las entrevistas judiciales que personal de inteligencia del Ejército y un funcionario de la Alcaldía de Sevilla les había mostrado, previo a la prueba de reconocimiento facial, fotos de Harold, identificándolo como Óscar.
Para la defensa de Harold Ordoñez, estas fueron dos pruebas contundentes “para demostrar que estamos ante un falso positivo judicial” por tratarse de una posible manipulación de dos de los tres únicos testigos que presentó la Fiscalía. “¿Cómo es posible que el fiscal del caso no advirtiera que a los testigos los habían inducido de esta manera porque ya habían visto una foto de Harold antes?”, reclamó el abogado Montaña en medio de la audiencia de medida de aseguramiento. De hecho, esa fue una de las razones que expuso la jueza para ordenar su libertad inmediata el 6 de septiembre, cuando determinó que “la situación con los primeros reconocimientos sugeridos pudieron haber llevado a los testigos a un error, sumado a las inconsistencias y falta de convergencia entre las instituciones tácticas, no pueden cimentar una decisión que restringa el tan preciado derecho a la libertad”.
El tercer testigo que presentó el ente acusador fue el testimonio un soldado profesional adscrito al Batallón Palacé de Buga que dijo haber sido retenido luego de presenciar una reunión con Óscar el 27 de julio del 2020, en zona rural de Buga (Valle) mientras se encontraba en labores de “inteligencia” contra él, pero sobre esta prueba no hay ningún registro en el expediente judicial. “Tampoco hay una denuncia en la Fiscalía por esa detención, ni un informe militar de ese batallón que explique lo que pasó ni una constancia de que el soldado estaba en esas labores de inteligencia cuando ocurrieron los hechos”, agregó Montaña.
Las evidencias que lo dejaron en libertad
Más allá de las inconsistencias, la defensa de Harold Ordóñez presentó más de 100 documentos como material probatorio que contradicen la versión de la Fiscalía en las que se le acusa, por ejemplo, de haber comandado el secuestro contra los funcionarios de la alcaldía o del eventual encuentro con el soldado profesional. “Para recopilar todo el material probatorio utilizamos la herramienta de Rutas de Google en el celular de Harold que permite ver los sitios en los que estuvo y los lugares que recorrió, con fechas y horas exactas”. También adjuntaron registros fotográficos que quedan almacenados en la ‘nube’ del celular a través de Google Fotos y que también muestran las horas exactas en las que fueron capturadas, además de certificados de la Universidad Javeriana de Cali de salidas académicas, cartas de recomendación, pantallazos de conversaciones, audios, entre otras.
Para desmentir, por ejemplo, que Harold Ordóñez Botero hubiera estado involucrado en la retención de los cinco funcionarios el 23 de abril del 2020, en el corregimiento de Cumbarco (Sevilla), la defensa del excombatiente presentó la ruta que marca automáticamente el GPS del celular de Ordóñez ese día, en la que se evidencia que desde la 1:22 p.m., cuando se estaban presentando los hechos, él estaba en el municipio de Palmira.
De hecho, una de las grandes incongruencias en la investigación de inteligencia militar es que ninguno de los teléfonos interceptados que pertenecerían a Óscar, y de los que las autoridades han extraído varias conversaciones en las que se habla de su actuar delictivo y que quieren endilgarle a Harold, coincide con el teléfono personal del excombatiente de las Farc. El teléfono al que las autoridades le hacían seguimiento comenzaba en 312, mientras el número personal de Ordóñez arranca en 317. “Es curioso que pareciera que la Fiscalía no interceptó nunca el número de Harold Ordóñez, sabiendo que ellos lo tenían porque le estaban haciendo inteligencia y además porque es un servidor público, ¿o será que sí lo interceptaron pero como no encontraron nada decidieron no adjuntarlo como prueba?”, reclama la defensa.
Los argumentos de la defensa no se ciñeron únicamente a contradecir las tres pruebas presentadas por la Fiscalía sino que, además, elaboraron un informe de seguimiento de 96 ítems en el que detallan el lugar exacto en el que estaba el firmante del Acuerdo de Paz en el momento preciso que eran grabadas las llamadas de Óscar, para demostrar que no son la misma persona.
Por ejemplo, en el expediente se menciona que el 18 de mayo del 2020 una fuente se comunicó con la Policía de la vereda Cebollal, en Sevilla, para denunciar que un grupo de hombres armados identificados como integrantes de la compañía Adán Izquierdo hacían presencia en la zona. Según la denuncia, uno de los hombres se identificó como Óscar. Para desmentir que esta persona podría haber sido Harold Ordóñez Botero, el abogado mostró la ruta del GPS registrada en el teléfono del excombatiente ese día. También adjuntaron dos fotografías que quedaron guardadas en la ‘nube’ de Google Fotos y que probarían que el 18 de mayo del 2020, él estaba en la Gobernación del Valle (en Cali) y se encontraba reunido con el secretario de Paz del Valle desde las 7:14 a.m. hasta las 4:45 p.m.
El abogado Montaña dice que mientras termina el proceso judicial, que esperan concluya con el pedido de preclusión del caso por parte de la Fiscalía, pedirá al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, rectificación sobre sus declaraciones dadas el 3 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter, en las que asegura que, después de haber perdido en las elecciones a la Cámara de Representantes, “(Harold Ordoñez) retorna a la vida de narcotraficante dentro de lo que se denomina hoy la estructura Adán Izquierdo (...) Él habría sido nombrado directamente por Iván Mordisco y Gentil Duarte (...) para asumir la conducción seudopolítica en las universidades y de extorsiones”.
De acuerdo con Montaña, “los delitos que nombró el general Vargas no tienen nada que ver con lo que imputó la Fiscalía en la audiencia. Además él dijo que a Harold le dieron medida de aseguramiento, cuando eso no era cierto porque quedó en libertad”. Esas acusaciones, insiste, se trataron de un interés malintencionado y no se respetó la presunción de inocencia.
En el caso de los testigos presentados por la Fiscalía, explica que si bien no adoptarán medidas contra los funcionarios de la Alcaldía de Sevilla porque creen que actuaron por error inducido por inteligencia militar, sí lo harán contra el soldado profesional que dio una declaración juramentada. “Ya le habíamos pedido a la jueza que le compulsara copias a él, pero ella estimó que no era necesario. Por eso presentaremos una denuncia penal formal contra ese soldado y contra el Batallón Palacé de Buga por, eventualmente, haber incurrido en el delito de falso testimonio y fraude procesal, porque se mintió de manera descarada”.
Más allá de las actuaciones judiciales, Harold dice que este episodio cambiará su vida y que, posiblemente, se vea obligado a desplazarse por segunda vez por razones de seguridad: “En estos momentos no sé ni siquiera qué va pasar con mi trabajo, con mi maestría, con mis proyectos, pero debo primar mi seguridad y la de mi familia. No creo que esto genere una fractura propiamente al Acuerdo de Paz, pero sí es claro que hay unos intereses de la Fiscalía y de la Policía en generar entrampamientos para mostrar unos resultados frente a unos nuevos grupos que van surgiendo con dinámicas de conflicto en los territorios. Esto no es una fractura, es uno de los tantos ataques que ya ha habido contra nosotros como excombatientes de las Farc. Y seguramente vendrán muchos más, pero seguiremos adelante, convencidos de que tenemos la posibilidad de aguantar para ver cómo van a arreciar los enemigos de la paz”.
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Desde ese día, familiares y amigos denunciaron que era víctima de un montaje judicial, pues Ordóñez no pertenecía a ninguna estructura armada sino que, por el contrario, trabajaba por la reincorporación en la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle. En la audiencia de medida de aseguramiento, la jueza cuestionó las pruebas en contra de Ordóñez porque “no se logra llegar a una posibilidad creíble de lo que pretendió acreditar la Fiscalía”.
Colombia+20 conoció el expediente, en el que se evidencian vacíos en las pruebas presentadas por el ente investigador. Por ejemplo, se habla de la presencia de Harold en eventos en los que supuestamente se hizo pasar como Óscar, de acuerdo con la versión de tres testigos; sin embargo, gracias a las herramientas de rastreo de Google, la defensa pudo determinar que Harold no se encontraba allí. Asimismo, de los números rastreados por las autoridades ninguno corresponde al firmante del Acuerdo de Paz. Tanto así que la Fiscalía no pudo entregar las interceptaciones como pruebas. Y finalmente, como reconoció la jueza, los testimonios que lo señalan como disidente parecen estar viciados.
El exguerrillero y Elmer Montaña, su abogado, aseguran que se trata de un montaje judicial y dicen que no es el primer excombatiente de las Farc que lo padece. Su abogado dice que “hay una estrategia de entrampamiento de algunos exFarc contra quienes deciden apartarse del partido, pero también por parte de la inteligencia militar porque cuando alguien sale del partido político inmediatamente es señalado de ser disidente, y eso basta para que pongan los ojos sobre ellos”.
Harold Ordóñez Botero es un ingeniero ambiental, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Fue combatiente de las Farc desde 2006 y en 2016 se acogió al Acuerdo de Paz. Un año más tarde entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como compareciente obligatorio. Es padre de una niña de 5 años y trabaja como contratista en el Valle en temas de reincorporación, memoria y territorios que hacen parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
El pasado 29 de agosto en la tarde, mientras compartía tiempo con su familia en el parque del acueducto de San Antonio (Cali), Ordóñez fue detenido por miembros de Policía Judicial, según el expediente, luego de que “una persona identificada con el seudónimo de ‘Charly’, registrada formalmente como informante ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), llamara (a las autoridades) y le indicara que en el parque del acueducto observó a una persona que, al parecer, aparecía en el cartel de ‘Los más buscados del departamento del Valle del Cauca’ y en dicho cartel es nombrado como Harold Ordóñez Botero, alias Óscar o El Viejo”.
La orden de captura se había emitido casi un año atrás. El 9 de noviembre del 2020, el Juzgado Penal con Función de Garantías de Buga expidió el documento argumentando que Harold hacía parte de las disidencias de las Farc, que era responsable por haber determinado un homicidio y lo acusaron de promover y organizar actos de rebelión a través de la estructura armada. Y es que desde mediados de ese año, en plena pandemia, la inteligencia militar investigaba a un hombre que se hace llamar Óscar y que siembra terror en toda la Cordillera Central. Las labores de inteligencia consignadas en el expediente dan cuenta que interceptaron, al menos, tres números telefónicos que serían del disidente y han captado varios testimonios de personas que dicen haberlo visto en el norte del Valle del Cauca. Las autoridades concluyeron que el nombre de la persona que buscaban era Harold Ordóñez Botero.
Según Harold, los tiempos de investigación coinciden con el momento en el que el excombatiente presentó su renuncia al Partido FARC (hoy Partido Comunes), luego de haber sido uno de sus candidatos a la Cámara de Representantes las elecciones pasadas. “En enero del 2020 yo presenté mi renuncia a las FARC y un día, cuando estaba en mi casa en Tuluá, llegaron varios compañeros a decirme que había algunos dirigentes que estaban señalándome de ser disidente del partido político”. En principio, señala Elmer Montaña, es correcto usar el término “disidente” al referirse a una persona que abandonó un movimiento político, empero, la ambigüedad de la palabra “fue la génesis de todo”.
Harold dice que, desde ese momento, comenzaron los señalamientos y la estigmatización, pero fue hasta junio del 2020 que, asegura, se dio cuenta que las acusaciones habían trascendido. “Un día me llamó mi jefe Orlando Riascos, el secretario de Paz de la Gobernación, y me dijo que me necesitaba para hablar en privado sobre mis actividades, porque la Misión de Verificación de la ONU lo había visitado para decirle que el Batallón de Alta Montaña No. 10 (que opera en la zona alta de Buga, Tuluá y Sevilla) me tenía perfilado como disidente de las Farc”. Un mes más tarde, Harold decidió desplazarse hacia otro municipio del departamento por seguridad. “Ni siquiera quise interponer una denuncia contra los dirigentes del partido, precisamente, para evitar todo esto”, explica.
Aunque no se quedó quieto. El excombatiente pidió reunirse con delegados de la Misión de Verificación de la ONU y con miembros del batallón para aclarar la situación y en una reunión informal que tuvo con los delegados, en presencia del secretario de Paz del Valle, “la ONU dijo que ya todo había quedado aclarado, que me podía tranquilizar y que había sido una confusión. Pero de manera ingenua me confié y no les pedí un acta ni nada, todo fue conversado”. Las investigaciones siguieron en silencio y tres meses más tarde se emitió la orden de captura en su contra.
Este diario se comunicó con el Partido Comunes para conocer su versión de los hechos y como respuesta recibió un comunicado interno en el que explican que, desde que Ordóñez abandonó la militancia, “emprendió una campaña de difamación y calumnias contra este y su dirección”. Señalan, también, que cuando conocieron la versión en la que supuestamente acusaban de disidente a Harold, “el Partido nunca lo avaló, afirmación irresponsable porque nada lo demuestra, no fue recogida como versión oficial, ni siquiera mayoritaria”. Además, confirman la existencia de la reunión con la Misión de Verificación de la ONU y explicaron que en esta el organismo internacional les pidió que expidieran un comunicado aclarando la situación, a lo que respondieron que: “No somos quienes debemos encargarnos de la defensa de Harold y de quienes viven políticamente de buscar nuestro fracaso como partido”.
Las cuestionadas pruebas de la Fiscalía
Para probar que Óscar, el disidente del que están detrás las autoridades desde hace dos años, según ellos era Harold Ordóñez, la Fiscalía presentó tres pruebas: dos identificaciones faciales que hicieron funcionarios de la Alcaldía de Sevilla que fueron víctimas de una retención por parte de la estructura ilegal Adán Izquierdo el 23 de abril del 2020, en zona rural de ese municipio, y el testimonio verbal de un soldado profesional del Batallón Palacé de Buga, quien dice haber presenciado una reunión de Óscar el 27 de julio también del año pasado. Los tres testigos fueron sometidos a la prueba de identificación y todos coincidieron con que Harold Ordóñez era la persona que reconocían como el comandante de la disidencia.
En el caso de los funcionarios de la Alcaldía de Sevilla, el expediente judicial indica que se trataba de cinco personas, entre ellas el alcalde del municipio, quienes ese día fueron detenidos en la vereda de Cumbarco por parte de 20 hombres armados al mando de Óscar, quienes les advirtieron que ellos eran los encargados de la seguridad de la zona. Sin embargo, en los documentos judiciales quedó consignado que de las cinco víctimas, tres de ellas dijeron que no estaban en capacidad de reconocer al disidente porque tuvo el rostro cubierto durante el secuestro.
En cambio, los otros dos funcionarios que sí accedieron a realizar el reconocimiento fotográfico confesaron en las entrevistas judiciales que personal de inteligencia del Ejército y un funcionario de la Alcaldía de Sevilla les había mostrado, previo a la prueba de reconocimiento facial, fotos de Harold, identificándolo como Óscar.
Para la defensa de Harold Ordoñez, estas fueron dos pruebas contundentes “para demostrar que estamos ante un falso positivo judicial” por tratarse de una posible manipulación de dos de los tres únicos testigos que presentó la Fiscalía. “¿Cómo es posible que el fiscal del caso no advirtiera que a los testigos los habían inducido de esta manera porque ya habían visto una foto de Harold antes?”, reclamó el abogado Montaña en medio de la audiencia de medida de aseguramiento. De hecho, esa fue una de las razones que expuso la jueza para ordenar su libertad inmediata el 6 de septiembre, cuando determinó que “la situación con los primeros reconocimientos sugeridos pudieron haber llevado a los testigos a un error, sumado a las inconsistencias y falta de convergencia entre las instituciones tácticas, no pueden cimentar una decisión que restringa el tan preciado derecho a la libertad”.
El tercer testigo que presentó el ente acusador fue el testimonio un soldado profesional adscrito al Batallón Palacé de Buga que dijo haber sido retenido luego de presenciar una reunión con Óscar el 27 de julio del 2020, en zona rural de Buga (Valle) mientras se encontraba en labores de “inteligencia” contra él, pero sobre esta prueba no hay ningún registro en el expediente judicial. “Tampoco hay una denuncia en la Fiscalía por esa detención, ni un informe militar de ese batallón que explique lo que pasó ni una constancia de que el soldado estaba en esas labores de inteligencia cuando ocurrieron los hechos”, agregó Montaña.
Las evidencias que lo dejaron en libertad
Más allá de las inconsistencias, la defensa de Harold Ordóñez presentó más de 100 documentos como material probatorio que contradicen la versión de la Fiscalía en las que se le acusa, por ejemplo, de haber comandado el secuestro contra los funcionarios de la alcaldía o del eventual encuentro con el soldado profesional. “Para recopilar todo el material probatorio utilizamos la herramienta de Rutas de Google en el celular de Harold que permite ver los sitios en los que estuvo y los lugares que recorrió, con fechas y horas exactas”. También adjuntaron registros fotográficos que quedan almacenados en la ‘nube’ del celular a través de Google Fotos y que también muestran las horas exactas en las que fueron capturadas, además de certificados de la Universidad Javeriana de Cali de salidas académicas, cartas de recomendación, pantallazos de conversaciones, audios, entre otras.
Para desmentir, por ejemplo, que Harold Ordóñez Botero hubiera estado involucrado en la retención de los cinco funcionarios el 23 de abril del 2020, en el corregimiento de Cumbarco (Sevilla), la defensa del excombatiente presentó la ruta que marca automáticamente el GPS del celular de Ordóñez ese día, en la que se evidencia que desde la 1:22 p.m., cuando se estaban presentando los hechos, él estaba en el municipio de Palmira.
De hecho, una de las grandes incongruencias en la investigación de inteligencia militar es que ninguno de los teléfonos interceptados que pertenecerían a Óscar, y de los que las autoridades han extraído varias conversaciones en las que se habla de su actuar delictivo y que quieren endilgarle a Harold, coincide con el teléfono personal del excombatiente de las Farc. El teléfono al que las autoridades le hacían seguimiento comenzaba en 312, mientras el número personal de Ordóñez arranca en 317. “Es curioso que pareciera que la Fiscalía no interceptó nunca el número de Harold Ordóñez, sabiendo que ellos lo tenían porque le estaban haciendo inteligencia y además porque es un servidor público, ¿o será que sí lo interceptaron pero como no encontraron nada decidieron no adjuntarlo como prueba?”, reclama la defensa.
Los argumentos de la defensa no se ciñeron únicamente a contradecir las tres pruebas presentadas por la Fiscalía sino que, además, elaboraron un informe de seguimiento de 96 ítems en el que detallan el lugar exacto en el que estaba el firmante del Acuerdo de Paz en el momento preciso que eran grabadas las llamadas de Óscar, para demostrar que no son la misma persona.
Por ejemplo, en el expediente se menciona que el 18 de mayo del 2020 una fuente se comunicó con la Policía de la vereda Cebollal, en Sevilla, para denunciar que un grupo de hombres armados identificados como integrantes de la compañía Adán Izquierdo hacían presencia en la zona. Según la denuncia, uno de los hombres se identificó como Óscar. Para desmentir que esta persona podría haber sido Harold Ordóñez Botero, el abogado mostró la ruta del GPS registrada en el teléfono del excombatiente ese día. También adjuntaron dos fotografías que quedaron guardadas en la ‘nube’ de Google Fotos y que probarían que el 18 de mayo del 2020, él estaba en la Gobernación del Valle (en Cali) y se encontraba reunido con el secretario de Paz del Valle desde las 7:14 a.m. hasta las 4:45 p.m.
El abogado Montaña dice que mientras termina el proceso judicial, que esperan concluya con el pedido de preclusión del caso por parte de la Fiscalía, pedirá al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, rectificación sobre sus declaraciones dadas el 3 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter, en las que asegura que, después de haber perdido en las elecciones a la Cámara de Representantes, “(Harold Ordoñez) retorna a la vida de narcotraficante dentro de lo que se denomina hoy la estructura Adán Izquierdo (...) Él habría sido nombrado directamente por Iván Mordisco y Gentil Duarte (...) para asumir la conducción seudopolítica en las universidades y de extorsiones”.
De acuerdo con Montaña, “los delitos que nombró el general Vargas no tienen nada que ver con lo que imputó la Fiscalía en la audiencia. Además él dijo que a Harold le dieron medida de aseguramiento, cuando eso no era cierto porque quedó en libertad”. Esas acusaciones, insiste, se trataron de un interés malintencionado y no se respetó la presunción de inocencia.
En el caso de los testigos presentados por la Fiscalía, explica que si bien no adoptarán medidas contra los funcionarios de la Alcaldía de Sevilla porque creen que actuaron por error inducido por inteligencia militar, sí lo harán contra el soldado profesional que dio una declaración juramentada. “Ya le habíamos pedido a la jueza que le compulsara copias a él, pero ella estimó que no era necesario. Por eso presentaremos una denuncia penal formal contra ese soldado y contra el Batallón Palacé de Buga por, eventualmente, haber incurrido en el delito de falso testimonio y fraude procesal, porque se mintió de manera descarada”.
Más allá de las actuaciones judiciales, Harold dice que este episodio cambiará su vida y que, posiblemente, se vea obligado a desplazarse por segunda vez por razones de seguridad: “En estos momentos no sé ni siquiera qué va pasar con mi trabajo, con mi maestría, con mis proyectos, pero debo primar mi seguridad y la de mi familia. No creo que esto genere una fractura propiamente al Acuerdo de Paz, pero sí es claro que hay unos intereses de la Fiscalía y de la Policía en generar entrampamientos para mostrar unos resultados frente a unos nuevos grupos que van surgiendo con dinámicas de conflicto en los territorios. Esto no es una fractura, es uno de los tantos ataques que ya ha habido contra nosotros como excombatientes de las Farc. Y seguramente vendrán muchos más, pero seguiremos adelante, convencidos de que tenemos la posibilidad de aguantar para ver cómo van a arreciar los enemigos de la paz”.
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