Hay que frenar la estigmatización para evitar más asesinatos: Farc

El partido Farc y la comunidad internacional coinciden en calificar a Alexander Parra como un hombre comprometido con la paz. Por su parte, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, resaltó su compromiso con la reincorporación de los excombatientes. El pasado 24 de noviembre Parra fue asesinado por encapuchados que llegaron al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas (Meta) y le propinaron varios disparos. Ya son 63 homicidios los que se han registrado este año contra personas que dejaron las armas, pero el caso de Parra en específico puso en entredicho la seguridad de los exguerrilleros que se encuentran en esos espacios donde nunca se había perpetrado un asesinato.

Según la ONU en los 24 Etcr hay 3038 excombatientes de las Farc adelantando su proceso de reincorporación. En esos espacios hay dispositivos de seguridad integrados tanto por el Ejército como por la Policía para ciudar la integridad de los excombatientes. Incluso en Mesetas los estaban custodiando. Irson Córdoba, integrante del concejo político de ese Etcr y del Consejo Departamental de los Comunes, cuenta que contaban con la custodia policial, pero que los soldados sólo “llegan a veces, muy poco”. En esa zona se siguen preguntando cómo los encapuchados lograron entrar y asesinar a Parra.

Otro Etcr en el que denuncian que ha habido inconvenientes de seguridad es en Brisas, en Riosucio (Chocó). “Tengo información de que en el espacio de reincorporación, recientemente, comandantes paramilitares de la región pudieron entrar como si nada”, denuncia Ubaldo Zuñiga, conocido también como “Pablo Atrato”, excomandante de las Farc que hoy está a cargo de unificar las propuestas nacionales de ecoturismo de la exguerrilla. Parra era miembro de la Cooperativa Multiactiva Agroecológica, Turismo, Paz y Soberanía Alimentaria, creada por excombatientes.

En Mesetas no se habían presentado problemas de seguridad, según dijo Córdoba. Aunque en rueda de prensa Pastor Alape, excomandante de las Farc, dijo que no conocieron amenazas en contra de Parra se conoció que desde hace un año estaba pidiendo un esquema de seguridad por las actividades de reincorporación que adelantaba. “El Gobierno está incumpliendo el acuerdo porque no solo se trata de la seguridad individual, que en el caso de Alexander Parra también se violó porque hace meses había pedido esquema, sino también de seguridad integral para las comunidades. Eso no existe”, enfatizó Zuñiga.

El gobierno nacional reaccionó ante el homicidio. El presidente Iván Duque condenó el asesinato y ordenó reforzar la seguridad en los Etcr. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, fue a Mesetas y, horas después, anunció desde Villavicencio una serie de medidas: “la Policía Nacional ha designado un oficial en el grado de capitán para fortalecer la protección del antiguo ETCR; la Fiscalía General de la Nación designó dos fiscales como apoyo del cuerpo técnico; el cuerpo élite de la Policía dispuso de un grupo de seis investigadores para apoyar el esclarecimiento de este hecho”, enumeró el funcionario. Además, ofrecieron una recompensa hasta de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los asesinos de Parra.

Los excombatientes agrupados en los Etcr reclaman seguridad integral. Desde Mesetas Córdoba aseguró que la respuesta al asesinato no puede ser “la militarización de los espacios”. Dijo que una protección efectiva pasa por resolver otros temas: “las viviendas que tenemos no son seguras. El alumbrado del espacio es deficiente, no hay”, señaló. En Caño Indio, un Etcr ubicado en Tibú (Norte de Santander), creen que la mejor garantía de seguridad es la implementación del acuerdo de paz, sobre todo la sustitución de cultivos de coca. “Esta mata en las regiones cumple el papel del ministerio de Salud, Vivienda, Educación y de seguridad, porque está ligada a que haya comida, bienestar social y tranquilidad, pero aquí no la hay porque se depende de la coca y no hay caminos alternos”, resaltó Dayro Vallejo, conocido como “Willy Peña” durante su vida en las Farc y encargado de la sustitución de cultivos de uso ilícito en ese espacio. En ese espacio no se han presentado altercados de seguridad.

En Manaure (César), en la vereda Tierra Grata, reclaman que se deje de estigmatizar a los excombatientes. Abelardo Caicedo, excomandante de las Farc, cuenta que la relación con los policías y los militares encargados de proporcionarles la seguridad es muy buena. Incluso, han tenido jornadas de trabajo conjunto parta construir el acueducto comunitario. Sin embargo, dice que los riesgos llegan por los señalamientos que sectores políticos hacen contra quienes dejaron las armas. Farc apoya a Henry Oñate para la Alcaldía de ese municipio y, cuenta Caicedo, que por eso desde otras campañas políticas han incentivado mensajes como que si él gana la “guerrilla” será gobierno. Dentro del Etcr no ha habido problemas de seguridad, pero el líder exguerrillero advirtió que “entre ese tipo de estigmatización a pasar a la agresión estamos a un paso”.

Según la Onu son 158 los casos de asesinatos contra excombatientes que dejaron las armas. En los espacios donde los exguerrilleros están rehaciendo sus vidas esperan que nunca más tengan que presenciar el asesinato de uno de sus compañeros.

El partido Farc y la comunidad internacional coinciden en calificar a Alexander Parra como un hombre comprometido con la paz. Por su parte, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, resaltó su compromiso con la reincorporación de los excombatientes. El pasado 24 de noviembre Parra fue asesinado por encapuchados que llegaron al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas (Meta) y le propinaron varios disparos. Ya son 63 homicidios los que se han registrado este año contra personas que dejaron las armas, pero el caso de Parra en específico puso en entredicho la seguridad de los exguerrilleros que se encuentran en esos espacios donde nunca se había perpetrado un asesinato.

Según la ONU en los 24 Etcr hay 3038 excombatientes de las Farc adelantando su proceso de reincorporación. En esos espacios hay dispositivos de seguridad integrados tanto por el Ejército como por la Policía para ciudar la integridad de los excombatientes. Incluso en Mesetas los estaban custodiando. Irson Córdoba, integrante del concejo político de ese Etcr y del Consejo Departamental de los Comunes, cuenta que contaban con la custodia policial, pero que los soldados sólo “llegan a veces, muy poco”. En esa zona se siguen preguntando cómo los encapuchados lograron entrar y asesinar a Parra.

Otro Etcr en el que denuncian que ha habido inconvenientes de seguridad es en Brisas, en Riosucio (Chocó). “Tengo información de que en el espacio de reincorporación, recientemente, comandantes paramilitares de la región pudieron entrar como si nada”, denuncia Ubaldo Zuñiga, conocido también como “Pablo Atrato”, excomandante de las Farc que hoy está a cargo de unificar las propuestas nacionales de ecoturismo de la exguerrilla. Parra era miembro de la Cooperativa Multiactiva Agroecológica, Turismo, Paz y Soberanía Alimentaria, creada por excombatientes.

En Mesetas no se habían presentado problemas de seguridad, según dijo Córdoba. Aunque en rueda de prensa Pastor Alape, excomandante de las Farc, dijo que no conocieron amenazas en contra de Parra se conoció que desde hace un año estaba pidiendo un esquema de seguridad por las actividades de reincorporación que adelantaba. “El Gobierno está incumpliendo el acuerdo porque no solo se trata de la seguridad individual, que en el caso de Alexander Parra también se violó porque hace meses había pedido esquema, sino también de seguridad integral para las comunidades. Eso no existe”, enfatizó Zuñiga.

El gobierno nacional reaccionó ante el homicidio. El presidente Iván Duque condenó el asesinato y ordenó reforzar la seguridad en los Etcr. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, fue a Mesetas y, horas después, anunció desde Villavicencio una serie de medidas: “la Policía Nacional ha designado un oficial en el grado de capitán para fortalecer la protección del antiguo ETCR; la Fiscalía General de la Nación designó dos fiscales como apoyo del cuerpo técnico; el cuerpo élite de la Policía dispuso de un grupo de seis investigadores para apoyar el esclarecimiento de este hecho”, enumeró el funcionario. Además, ofrecieron una recompensa hasta de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los asesinos de Parra.

Los excombatientes agrupados en los Etcr reclaman seguridad integral. Desde Mesetas Córdoba aseguró que la respuesta al asesinato no puede ser “la militarización de los espacios”. Dijo que una protección efectiva pasa por resolver otros temas: “las viviendas que tenemos no son seguras. El alumbrado del espacio es deficiente, no hay”, señaló. En Caño Indio, un Etcr ubicado en Tibú (Norte de Santander), creen que la mejor garantía de seguridad es la implementación del acuerdo de paz, sobre todo la sustitución de cultivos de coca. “Esta mata en las regiones cumple el papel del ministerio de Salud, Vivienda, Educación y de seguridad, porque está ligada a que haya comida, bienestar social y tranquilidad, pero aquí no la hay porque se depende de la coca y no hay caminos alternos”, resaltó Dayro Vallejo, conocido como “Willy Peña” durante su vida en las Farc y encargado de la sustitución de cultivos de uso ilícito en ese espacio. En ese espacio no se han presentado altercados de seguridad.

En Manaure (César), en la vereda Tierra Grata, reclaman que se deje de estigmatizar a los excombatientes. Abelardo Caicedo, excomandante de las Farc, cuenta que la relación con los policías y los militares encargados de proporcionarles la seguridad es muy buena. Incluso, han tenido jornadas de trabajo conjunto parta construir el acueducto comunitario. Sin embargo, dice que los riesgos llegan por los señalamientos que sectores políticos hacen contra quienes dejaron las armas. Farc apoya a Henry Oñate para la Alcaldía de ese municipio y, cuenta Caicedo, que por eso desde otras campañas políticas han incentivado mensajes como que si él gana la “guerrilla” será gobierno. Dentro del Etcr no ha habido problemas de seguridad, pero el líder exguerrillero advirtió que “entre ese tipo de estigmatización a pasar a la agresión estamos a un paso”.

Según la Onu son 158 los casos de asesinatos contra excombatientes que dejaron las armas. En los espacios donde los exguerrilleros están rehaciendo sus vidas esperan que nunca más tengan que presenciar el asesinato de uno de sus compañeros.