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La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, que agrupa a cerca de 30 organizaciones sociales de varios países del mundo, presentó esta semana un estudio que documenta las amenazas y los ataques que padecen quienes se oponen a proyectos de desarrollo en el mundo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación. Esto teniendo en cuenta que, según el documento, financiado por las organizaciones Heinrich Boll Stiftung y Oxfam, estas entidades “tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras”.
El estudio analizó 25 casos específicos de proyectos de desarrollo en los que ha habido ataques contra los defensores de derechos humanos en Latinoamérica; Oriente Medio y Norte de África; África; Asia; Europa del Este y Asia Central. La investigación, titulada “Riesgos no calculados”, develaría que no se prestó suficiente atención a los riesgos contextuales en esos proyectos. “Y aunque algunos de los financiadores están empezando a examinar cuidadosamente los riesgos contextuales, muy pocos analizan de manera sistemática si el entorno es propicio para la participación pública y la defensa de los derechos humanos”, enfatiza el informe y como riesgos se refiere también a las amenazas y ataques que a menudo empiezan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos. “Cada vez es más frecuente que gobiernos y empresas utilicen la ley para acosar y criminalizar a las personas defensoras, en un esfuerzo por silenciarlas. La estigmatización y la criminalización pueden escalar rápidamente hasta convertirse en ataques más violentos”, resalta el documento.
El caso colombiano estudiado es el de la represa de Hidroituango, que actualmente, además de las fallas que impidieron su funcionamiento y generaron un impacto ambiental y social aún incalculable, atraviesa una crisis de salud por cuenta de los contagios de COVID-19 entre sus trabajadores, que llegarían a más de 300.
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La investigación registró que en 2008 surgió el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupó a la comunidad que empezó a oponerse al proyecto. Desde 2009, con el inicio de las obras y hasta la fecha, el estudio estimó que unas 700 familias fueron desalojadas de sus tierras por el impacto del proyecto. “Cuando una iniciativa de desarrollo causa daños, como desalojos forzosos o degradación ambiental, las personas y las comunidades se ven obligadas a defender sus derechos, lo que las expone a represalias. En este sentido, la mejor manera de prevenir los ataques contra las personas defensoras es elegir y diseñar proyectos que eviten impactos adversos en el medio ambiente y en los derechos humanos”, dice el informe.
En 2013, según este mismo documento, unas 400 personas fueron desplazadas por Hidroituango y se refugiaron en una universidad local durante ocho meses, exigiendo la protección de sus vidas y el respeto de sus hogares y medios de subsistencia. Ese mismo año, Nelson Giraldo Posada, una de las personas desalojadas y miembro del Movimiento Ríos Vivos, fue encontrado muerto por disparos a orillas del río Cauca. Robinson Mazo, otro miembro del movimiento también fue asesinado. A medida de que el proyecto avanzaba y aumentaba la violencia, las comunidades apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Congreso de Colombia. “Tanto la Defensoría del Pueblo de Colombia como expertos de la ONU documentaron que los miembros del Movimiento no pueden expresar libremente sus opiniones y que han sido víctimas de estigmatización y de reiteradas amenazas”, resalta el texto. Ese mismo año, la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió la orden de asignar medidas de seguridad para proteger la vida de la lideresa Isabel Zuleta, y a otros miembros del Movimiento.
El estudio también encontró que la criminalización viene acompañada de detenciones y arrestos. “La detención puede ser utilizada como una táctica para intimidar a los activistas o restarles legitimidad frente la opinión pública. A menudo, las personas defensoras son detenidas o acusadas durante años sin un juicio o sin una condena propiamente dicha”, señala. En el caso de Hidroituango esto fue denunciado en un informe de riesgo del Defensor del Pueblo, cuyo contenido fue publicado en 2014 y en el que destacó que “las personas defensoras que expresaban su oposición al proyecto eran objeto de reiteradas detenciones ilegales, como forma de intimidación y amenaza”.
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A pesar de las quejas, dice el informe, las inversiones continuaron y en abril de 2016 el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES) otorgó un crédito de 111,4 millones de dólares a EPM, para importar equipos para Hidroituango. En agosto de ese mismo año, Export Development Canada proporcionó aproximadamente 135 millones de dólares en financiamiento para la represa.
En julio de 2016, activistas enviaron una solicitud de información a la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la institución del BID para el sector privado, pero no recibieron respuesta. Cuatro meses después, el Movimiento Ríos Vivos y otras organizaciones locales escribieron de nuevo a la CII, resumiendo los impactos negativos ambientales, sociales y en los derechos humanos ocasionados por el proyecto, incluido las amenazas y los ataques. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Ese mismo mes, resalta el documento, “el Grupo BID aprobó 400 millones de dólares en financiación, más un préstamo sindicado de 700 millones de dólares, que incluía 50 millones de dólares del Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe (CHC)”.
A lo largo del 2017 una serie de protestas desarrollaron las comunidades en contra de las licencias ambientales que obtenía el proyecto a medida de su construcción. A mediados de abril de 2018, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, visitó el sitio del proyecto Hidroituango, elogió su progreso y contribución al desarrollo. “...Conseguimos traer un conjunto de socios que nunca habían invertido en Colombia y que no sabían ni dónde quedaba Medellín”, dijo Moreno. “Ahora están complacidos de hacer parte de este proyecto”, señala el informe.
Entre abril y mayo de ese año, justo después de la visita de Moreno, los derrumbes ocasionados por las lluvias y fallas estructurales graves en el sitio de la construcción bloquearon uno de los túneles de desviación. Luego vino el derrumbe de un segundo túnel que provocó una subida del agua a niveles extremadamente altos en la represa y la desviación forzada del río Cauca. “Esto generó una inundación que destruyó puentes y docenas de viviendas, afectando a miles de personas. El gobierno, por su parte, ordenó la evacuación de cinco pueblos que se vieron afectados, ubicando a entre 8.000 y 12.000 personas en albergues improvisados”.
En medio de esta crisis, quizá la más delicada que ha vivido el proyecto, los defensores de derechos humanos del Movimiento Ríos Vivos volvieron a ser atacados ante sus protestas. Por ejemplo, en mayo de 2018 fueron asesinados Alberto Torres y Hugo Albeiro George. En total, dos líderes del movimiento y seis familiares de los líderes fueron asesinados en la región de Ituango ese año. De hecho, entre 2013 y 2018, el movimiento documentó 151 amenazas y ataques en total. “Esto incluye 63 amenazas, dos ataques con explosivos, dos casos de tortura, 26 casos de cargos penales fabricados contra activistas, dos episodios de detenciones masivas durante manifestaciones en contra del proyecto, así como casos de acoso, difamación pública, discriminación y vigilancia”, resalta el documento.
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Finalmente, el Movimiento Ríos Vivos a finales de 2018 denunció públicamente a la Gobernación de Antioquia: “Estamos siendo hostigados, estigmatizados y discriminados. Los funcionarios públicos instan y avalan los ataques de actores legales e ilegales en el territorio”, llamó la atención la organización.
El 5 de febrero de 2019, se cerró la última compuerta de Hidroituango, lo que ha reducido el caudal del río Cauca a menos de la quinta parte de su promedio normal, devastando a las poblaciones de peces y a las comunidades que dependen del río para su subsistencia. Las protestas en la región parecen prohibidas porque nadie se atreve a realizarlas como en años anteriores, mientras tanto, los constructores siguen avanzando en recuperar el proyecto que en 2018 mostró su peor mueca cuando la furia del río intentó derrumbarlo todo.