Los tres obispos del Chocó exigen garantías y que se les trate como interlocutores válidos, después de que cancelaran de forma unilateral la reunión que pedían con el presidente Iván Duque, a raíz de unas declaraciones del ministro del interior Daniel Palacios donde llamaba “extravagantes” las denuncias de la Iglesia católica. Las tensiones con el alto gobierno empezaron el 18 de noviembre de 2021, tras una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal donde señalaron presuntos vínculos de la Fuerza Pública con grupos ilegales, producto de varias misiones humanitarias encabezadas por las diócesis del Chocó y el occidente de Antioquia.
Aquello motivó las protestas airadas del ministro de defensa Diego Molano y más tarde varios oficios enviados desde diferentes brigadas militares solicitando “aclaraciones” y “rectificaciones” a esas denuncias. Sobre el tema conversamos con monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, quién aclara y es incisivo en que no habla con nosotros a título personal sino como portavoz de lo que ya se ha denunciado en las misiones humanitarias.
Muy tensa la situación con el Presidente y las Fuerzas Armadas, ¿no hubiera sido mejor insistir para aclarar todo?
Puede ser que sí, pero las expresiones del ministro Daniel Palacios fueron demasiado fuertes. Decir que nuestras declaraciones eran falsas, eso prácticamente nos descalificaba como interlocutores. Ya habíamos hablado con el Ministerio y ya les habíamos explicado de dónde sacábamos esos datos. Luego salir a decir que era falso, insistiendo en que el Defensor del Pueblo no había dado esas cifras, cuando nosotros le demostramos en la reunión anterior que sí eran las cifras. Si ese va a ser el diálogo, pues realmente es difícil empezar en esas circunstancias.
De todas maneras, estamos pidiendo una reunión de alto nivel, no sólo con el gobierno sino también con el Estado colombiano, ahí está la directiva de la Procuraduría para el Chocó, a eso le estamos apuntando, esperamos algún tipo de reconocimiento para que nos avalen como interlocutores válidos. Pero aceptar el diálogo en esas condiciones, reducir la situación del Chocó a cuatro desplazamientos [como dijo el ministro Palacios]... Son instancias que vamos a seguir buscando, pero buscarlas también con la dignidad del pueblo más que la nuestra.
Los paramilitares ya coparon todo el río San Juan. Ustedes son reiterativos denunciando la connivencia entre Ejército y grupos ilegales, pero el gobierno exige pruebas. Más allá de los testimonios de la gente en los caseríos, ¿tienen pruebas para demostrar esa relación?
Lo que pasa es que cuando tienes el actor armado con el fusil en la cabeza es difícil expresarse con libertad, como podría hacerse en un Estado de derecho sólido. La gente lo denuncia en estos encuentros con nosotros, se lo dice a la ONU, se lo dice a Defensoría. El Clan del Golfo se ha tomado todos los departamentos, mira lo que ocurre en Bahía Solano, Juradó y Nuquí, o el Alto, Medio y Bajo Baudó, ahora el Eln está arrinconado allá.
El Clan del Golfo está en Quibdó y las goteras de Quibdó: en Ichó, en Neguá, en Bojayá, Medio Atrato, en Vigía del Fuerte, en Acandí, en Ungía, en Riosucio, en Carmen del Darién. Es una cuestión sistemática. Entonces, si hay cinco mil efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, ¿cómo es que ha llegado el Clan del Golfo? Si sólo fueran dos o tres municipios, vaya y venga, pero están en las comunidades, tiene que haber alguien que investigue.
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Gente de la comunidad ha dicho que se golpea fuerte al Eln, como es mandato constitucional del Ejército, pero no se golpea al Clan del Golfo. ¿Usted cómo ve esto?
Lo que dice la gente es que han visto centenares de hombres que llegan e intimidan a las comunidades y hacen presencia. En Quibdó hay muchas capturas, pero barrio por barrio la gente está extorsionada, amenazada. Los homicidios fueron 290 en los últimos dos años, eso para una ciudad de 130 mil habitantes debe llamar la atención. El problema de fondo es el cáncer de los grupos armados en medio de las comunidades, claro que sí, pero cuando uno mira la acción del Estado frente a esta población, sin posibilidades de estudio, de trabajo, con un desempleo tan alto y esta corrupción galopante en el departamento, ahí decimos que es un problema de Estado. Esto no se puede analizar bajo la óptica de las capturas, esa no es la solución.
Hay tres oficios de “rectificación” o “aclaración” por parte de altos mandos militares contra ustedes. La cita con el Presidente está cancelada, ¿cómo resolver este asunto?
Se volvió un tema muy personal con los obispos y no es así. Nosotros hemos trabajado de la mano con los liderazgos y las comunidades. En esa dinámica es que se da la solicitud del diálogo, no cerramos esa puerta, pero es conveniente hacer un pare en este momento. Si tú hablas conmigo y hacemos un acuerdo y yo te explico, luego sales al otro día sales como si no hubiéramos hablado nada y dices ‘vamos a volver a dialogar’. Si me dices que soy falso entonces no me tomas por un interlocutor válido. Algunos medios les han dado voz a los líderes, hay que mirar esas realidades, lo de Bahía Solano es increíble, los dos grupos armados ahí en medio de la población.
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¿No siente miedo?
Tengo miedo de que a veces los medios me ponen muy en el centro a mí. Ahora logramos que hablaran de los obispos del Chocó. Uno de los objetivos de las misiones humanitarias era mostrar que se trata de algo sistemático y que muchos sectores habían ido hasta allá a verlo. Pero después de la rueda de prensa los medios dicen “el obispo de Quibdó dijo…”, entonces se cae todo el trabajo colectivo. En ese sentido, a veces uno va quedando en el centro de todo, pero es un trabajo de mucha gente. Los medios tienen que visibilizar también a los líderes que acompañamos y con quienes articulamos todo el trabajo, ellos son la voz territorial.
Hemos optado por no caer en esa ley del silencio. La gente está atemorizada, en Quibdó se vive en el miedo todos los días, a las cinco o seis la gente corre de sus trabajos porque esos barrios son zonas donde no hay Estado social de derecho. Nos sentimos arropados por la Conferencia Episcopal, uno sabe que puede haber consecuencias, pero tenemos el compromiso de poder expresar esa voz, además la comunidad internacional también está viendo esa situación en terreno y esas son voces autorizadas. Al Defensor regional lo han desautorizado mucho, pero él también es una voz importante: las cifras que él da son con las que nosotros nos identificamos.
Esa cifra del 72% de la población del Chocó bajo amenaza fue la misma que dio Camargo, el Defensor del Pueblo, a finales del año pasado.
Sí, esa fue la que le dimos al ministro Daniel Palacios. Yo estuve en esa reunión en Quibdó cuando la Comisión de Paz de la Cámara citó al ministro de Defensa y estuvo el defensor allá. Yo escuché de viva voz esa cifra.
El origen de las fricciones con los militares se originó en una frase de un comunicado conjunto que usted leyó en la rueda de prensa del 18 de noviembre de 2021 en la Conferencia Episcopal, allí afirmaron que el Estado “es el principal victimario” en el Chocó, ¿se sostienen en eso?
Claro, es que el Estado son las alcaldías, la gente se siente sin alcaldes en muchas partes. El Estado es la gobernación, que nunca nos quiso acompañar en las misiones humanitarias cuando los invitamos. El Estado es el Congreso, es hacer leyes que favorezcan a los territorios más dispersos. El Estado es la Procuraduría, la Contraloría. ¿Dónde están las investigaciones por toda esta corrupción y todo este abandono? Hay 18 elefantes blancos que equivalen a $287 mil millones, dice el Contralor. ¿Dónde está el resultado de las investigaciones? ¿Por qué se llega hasta ese punto? Es un conjunto de aspectos que configuran esa realidad, que está pasando en muchas partes: en Putumayo, en La Guajira, en Arauca, Catatumbo, en todo el Pacífico. La gente ya no aguanta más, cuando tenemos un poquito más de posibilidad de expresar estas cosas, quedarnos callados no sería justo evangélicamente y no sería ético.
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