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Un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en las Américas y dice que Colombia sigue siendo con mayor índices de asesinatos contra esos líderes.
De acuerdo con la CIDH, al menos 126 personas defensoras fueron asesinadas durante el 2023 en la región, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – América Central y el Caribe verificó al menos 105 en Colombia; 34 de ellos entre septiembre a diciembre.
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El informe da cuenta de algunos casos como el de la lideresa comunitaria Martha Yolanda Benavides asesinada en diciembre en Linares, Nariño; Eliécer Puyo Chocué, asesinado en Caldono, Cauca; y John Freiman Ramos, muerto en Santander de Quilichao.
En el informe, la CIDH dijo que el Estado colombiano ha informado sobre diversas medidas para proteger a los líderesas, lideresas y defensores de Derechos Humanos, dentro de los que destaca el organismo, la aprobación del Acuerdo de Escazú —que tiene un capítulo especial sobre protección de estos liderazgos—; y la expedición de la Directiva Presidencial 07 del 13 de diciembre de 2023, “que respalda y reconoce la labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia”, dice el informe.
Entre los casos que se presentaron entre septiembre y diciembre, el segundo lugar lo ocupa Brasil con 10 casos, seguido de México con 4 casos, Guatemala con 3, Honduras con 2 y finalmente Perú con 1.
La CIDH hace una petición de protección especial para mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, campesinas y población LGBTI.
Según las cifras, cuatro departamentos concentran las cifras de violencia: Cauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca. Esos puntos tienen serias conflictividades por la presencia de grupos armados, los corredores de droga y la alta presencia de cultivos de coca.
El informe además alerta que hay una proliferación de discursos que tienen a desacreditar la labor de los y las defensoras de derechos humanos. “Es de especial preocupación que (estos discursos) provengan desde las más altas autoridades, que de manera pública y reiterada cuestionan la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de derechos humanos. Esta clase de narrativas propicia un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población y dificulta el ejercicio legítimo de defender derechos humanos”, dice el informe.
Hace una semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación en esa materia en Colombia, que mostró que hubo un aumento en el número de masacres en 2023. Según el documento, para el año inmediatamente anterior se presentaron 98 masacres, seis más que en 2022.
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Ese mismo documento también dio cuenta que para 2023 aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinadas. “Un 55% de las personas desplazadas y un 79% de las confinadas en 2023 pertenece a pueblos étnicos. Los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y por confinamiento Caquetá, Cauca, Chocó y Nariño”.
Aunque son diversos los conteos y cifras disponibles sobre la violencia contra liderazgos sociales, todos coinciden en que las vulneraciones hacia esta población han sido alarmantes y no han logrado frenarse en los últimos años.
Según los reportes anuales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2016 fueron 109 homicidios de líderes; en 2017, 163; en 2018 -año de inicio del Gobierno Duque- la violencia contra esta población se intensificó y hubo 249 asesinatos; en 2019 fueron 219; y en 2020 se llegó al número más alto en los últimos siete años: 252 crímenes. Con la pandemia la cifra bajó a 165 casos en 2021, pero volvió a subir hasta 187 en 2022. El año pasado cerró con un hecho más.