Ituango, sometido al control de las Autodefensas Gaitanistas y la disidencia de las Farc

Ituango está cercado por grupos armados ilegales y sus pobladores, a merced del control territorial que estos impongan. Así quedó demostrado este fin de semana, cuando, solo con la advertencia de que algo podría llegar a pasar, más de 800 habitantes de seis veredas de la zona rural del municipio salieron desplazados en chivas hacia la cabecera municipal. No se quedaron para comprobar si en efecto, como les habían advertido a algunos líderes a sus celulares, en la zona se iban a producir enfrentamientos entre disidencias de las Farc y grupos paramilitares.

(Contexto: Emergencia humanitaria en Ituango: más de 800 campesinos fueron desplazados)

Salir masivamente hacia el casco urbano del municipio fue la medida desesperada de la población de las veredas del sector conocido como el Cañón del Inglés, ante el abandono en que sienten los ha dejado el Estado. Desde hace meses vienen sintiendo el avance de distintos grupos armados y la violencia que les llega de las regiones vecinas del Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Una violencia que hace recordar las peores épocas del paramilitarismo en este municipio antioqueño, víctima de las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997). Más aún, a dos días de que se cumplan 22 años del asesinato de Jesús María Valle, insigne defensor de Derechos Humanos de Antioquia, cuya estatua reposa hoy en el parque principal de Ituango. 

“Después de la firma del Acuerdo de Paz y al no haber un cabal cumplimiento del Estado de lo que se pactó allí, se permitió que el territorio de Ituango fuera nuevamente copado por diferentes grupos armados. Ya no uno solo, como era anteriormente las Farc, sino varios, entre ellos, la disidencia del frente 18 de esa guerrilla, las Autodefensas Gaitanistas, estructuras urbanas del Valle de Aburrá como los Pachelly y hacia el Bajo Cauca los Caparrapos”, dice Winston Gallego, de la Corporación Jurídica Libertad, organización que participó de una visita humanitaria al municipio este fin de semana.

Entre los hallazgos que encontró dicha misión humanitaria, está el empadronamiento que el frente 18 estaría realizando en algunas veredas del corregimiento de Santa Rita. Según las denuncias recogidas, ese grupo armado estaría entregando un carné a los pobladores para identificar la vereda a la que pertenecen, con el objetivo de controlar el ingreso y la salida de esos territorios. “Eso es sumamente peligroso porque si en un retén de otro grupo les encuentran ese carné, los pobladores pueden ser víctimas de homicidio”, resalta Gallego.

(Lea también: "Saldremos de Ituango en dos meses de forma organizada" : excombatientes)

Pero el desplazamiento masivo que se presentó el pasado domingo ya había sido advertido desde la Defensoría del Pueblo. El pasado 24 de enero, la entidad emitió la alerta temprana 004-2020, en la que documentó la expansión y consolidación tanto de las AGC como del frente 18 Román Ruiz – Cacique Coyará. Según la alerta, desde el sur de Córdoba y el Bajo Cauca se han venido consolidando las AGC en el norte de Antioquia.

“Las AGC han avanzado en su proceso expansivo hasta conformar un corredor que les permite la comunicación y movilidad desde el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca; hasta el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, buscando afectar así la capacidad de actuación que el frente 18 pudiese lograr al fortalecer su presencia desde el Nudo de Paramillo en el sur de Córdoba hacia el corregimiento de Santa Rita en Ituango”, se lee en el documento.

Y es que, por su ubicación, Ituango resulta estratégico para los grupos armados, pues se convierte en conexión entre distintas subregiones de Antioquia y el departamento de Córdoba. Limita con el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, así como con el municipio de Peque y el nudo de Paramillo, que permite además la salida hacia el Urabá. El municipio está entonces en medio de zonas que son controladas por las AGC o la disidencia del frente 18 y del frente 36, lo que puede llevar a un recrudecimiento de la violencia. “La situación en Ituango tarde o temprano se va a poner peor de lo que está. Si el Estado colombiano no toma las riendas, el norte de Antioquia va a terminar con una situación mucho más grave que la del Bajo Cauca“, advierte Winston Gallego.

Hasta 2016, el control territorial de Ituango fue hegemónico por parte del frente 18 de las Farc, a diferencia de lo que sucedía en otros municipios del norte antioqueño donde estructuras pos-desmovilización de las AUC continuaron haciendo presencia. Así, mientras estructuras como ‘Águilas Negras’, ‘Los Urabeños’ y luego las AGC permanecieron en los municipios vecinos a Ituango, en este último, el frente 18 “repelió de manera constante la presencia de los grupos paramilitares”, se lee en la alerta de la Defensoría.

Pero para los habitantes de la zona del Cañón del Inglés, donde se presentó el más reciente desplazamiento masivo, las alertas se prendieron en diciembre de 2018, en medio de la cosecha de café. “En ese mes las comunidades empiezan a denunciar que las disidencias y las AGC estaban en las montañas aledañas”, dijo una fuente de la zona que pidió no revelar su nombre. Agregó que desde el año pasado han denunciado el riesgo de sus niños y niñas de ser reclutadas o utilizadas por los grupos armados, denuncia que contempló también la Defensoría en la alerta temprana del pasado enero.

(Le puede interesar: Asesinan a excombatiente de las Farc en Ituango, Antioquia)

La crítica situación de seguridad que empeoró durante 2019 afectó también a los excombatientes de las Farc que se reincorporan a la vida civil en el antiguo espacio territorial de la vereda Santa Lucía, en Ituango. Luego de que entre diciembre y enero les asesinaran a dos de sus compañeros, los exguerrilleros anunciaron que saldrían del municipio con o sin el acompañamiento del Gobierno. Hasta el momento, están en revisión otras posibles zonas para su traslado, pero algunos líderes han tenido que salir de Ituango por seguridad. "En Ituango no hay garantías para una óptima reincorporación", dijo uno de los coordinadores que permanece fuera de Ituango hasta que no se decida el nuevo lugar para el antiguo espacio territorial.

Luego del desplazamiento masivo del domingo, el comandante de la séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, se trasladó hasta Ituango y anunció el despliegue militar hacia las veredas de las que salió huyendo la población. “Hemos determinado ocupar militar y policialmente ocho centros poblados en el municipio de Ituango que garanticen la protección a esa población civil y entre esos está el centro poblado de El Cedral, (de donde viene buena parte de los desplazados). Con esto buscamos darle un retorno voluntario a la población”, dijo el general.

Ante esas intervenciones, en el municipio buscan que las autoridades nacionales reconozcan que en Ituango hay una crisis y que la atiendan, pero sobre todo, que se avance hacia la implementación efectiva del Acuerdo de Paz. En particular, lo referente al programa de sustitución de cultivos, que les permita sacar la coca de su territorio. Asimismo, la implementación de las garantías de seguridad para los líderes sociales y para los excombatientes de las Farc.

Ituango está cercado por grupos armados ilegales y sus pobladores, a merced del control territorial que estos impongan. Así quedó demostrado este fin de semana, cuando, solo con la advertencia de que algo podría llegar a pasar, más de 800 habitantes de seis veredas de la zona rural del municipio salieron desplazados en chivas hacia la cabecera municipal. No se quedaron para comprobar si en efecto, como les habían advertido a algunos líderes a sus celulares, en la zona se iban a producir enfrentamientos entre disidencias de las Farc y grupos paramilitares.

(Contexto: Emergencia humanitaria en Ituango: más de 800 campesinos fueron desplazados)

Salir masivamente hacia el casco urbano del municipio fue la medida desesperada de la población de las veredas del sector conocido como el Cañón del Inglés, ante el abandono en que sienten los ha dejado el Estado. Desde hace meses vienen sintiendo el avance de distintos grupos armados y la violencia que les llega de las regiones vecinas del Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Una violencia que hace recordar las peores épocas del paramilitarismo en este municipio antioqueño, víctima de las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997). Más aún, a dos días de que se cumplan 22 años del asesinato de Jesús María Valle, insigne defensor de Derechos Humanos de Antioquia, cuya estatua reposa hoy en el parque principal de Ituango. 

“Después de la firma del Acuerdo de Paz y al no haber un cabal cumplimiento del Estado de lo que se pactó allí, se permitió que el territorio de Ituango fuera nuevamente copado por diferentes grupos armados. Ya no uno solo, como era anteriormente las Farc, sino varios, entre ellos, la disidencia del frente 18 de esa guerrilla, las Autodefensas Gaitanistas, estructuras urbanas del Valle de Aburrá como los Pachelly y hacia el Bajo Cauca los Caparrapos”, dice Winston Gallego, de la Corporación Jurídica Libertad, organización que participó de una visita humanitaria al municipio este fin de semana.

Entre los hallazgos que encontró dicha misión humanitaria, está el empadronamiento que el frente 18 estaría realizando en algunas veredas del corregimiento de Santa Rita. Según las denuncias recogidas, ese grupo armado estaría entregando un carné a los pobladores para identificar la vereda a la que pertenecen, con el objetivo de controlar el ingreso y la salida de esos territorios. “Eso es sumamente peligroso porque si en un retén de otro grupo les encuentran ese carné, los pobladores pueden ser víctimas de homicidio”, resalta Gallego.

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Pero el desplazamiento masivo que se presentó el pasado domingo ya había sido advertido desde la Defensoría del Pueblo. El pasado 24 de enero, la entidad emitió la alerta temprana 004-2020, en la que documentó la expansión y consolidación tanto de las AGC como del frente 18 Román Ruiz – Cacique Coyará. Según la alerta, desde el sur de Córdoba y el Bajo Cauca se han venido consolidando las AGC en el norte de Antioquia.

“Las AGC han avanzado en su proceso expansivo hasta conformar un corredor que les permite la comunicación y movilidad desde el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca; hasta el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, buscando afectar así la capacidad de actuación que el frente 18 pudiese lograr al fortalecer su presencia desde el Nudo de Paramillo en el sur de Córdoba hacia el corregimiento de Santa Rita en Ituango”, se lee en el documento.

Y es que, por su ubicación, Ituango resulta estratégico para los grupos armados, pues se convierte en conexión entre distintas subregiones de Antioquia y el departamento de Córdoba. Limita con el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, así como con el municipio de Peque y el nudo de Paramillo, que permite además la salida hacia el Urabá. El municipio está entonces en medio de zonas que son controladas por las AGC o la disidencia del frente 18 y del frente 36, lo que puede llevar a un recrudecimiento de la violencia. “La situación en Ituango tarde o temprano se va a poner peor de lo que está. Si el Estado colombiano no toma las riendas, el norte de Antioquia va a terminar con una situación mucho más grave que la del Bajo Cauca“, advierte Winston Gallego.

Hasta 2016, el control territorial de Ituango fue hegemónico por parte del frente 18 de las Farc, a diferencia de lo que sucedía en otros municipios del norte antioqueño donde estructuras pos-desmovilización de las AUC continuaron haciendo presencia. Así, mientras estructuras como ‘Águilas Negras’, ‘Los Urabeños’ y luego las AGC permanecieron en los municipios vecinos a Ituango, en este último, el frente 18 “repelió de manera constante la presencia de los grupos paramilitares”, se lee en la alerta de la Defensoría.

Pero para los habitantes de la zona del Cañón del Inglés, donde se presentó el más reciente desplazamiento masivo, las alertas se prendieron en diciembre de 2018, en medio de la cosecha de café. “En ese mes las comunidades empiezan a denunciar que las disidencias y las AGC estaban en las montañas aledañas”, dijo una fuente de la zona que pidió no revelar su nombre. Agregó que desde el año pasado han denunciado el riesgo de sus niños y niñas de ser reclutadas o utilizadas por los grupos armados, denuncia que contempló también la Defensoría en la alerta temprana del pasado enero.

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La crítica situación de seguridad que empeoró durante 2019 afectó también a los excombatientes de las Farc que se reincorporan a la vida civil en el antiguo espacio territorial de la vereda Santa Lucía, en Ituango. Luego de que entre diciembre y enero les asesinaran a dos de sus compañeros, los exguerrilleros anunciaron que saldrían del municipio con o sin el acompañamiento del Gobierno. Hasta el momento, están en revisión otras posibles zonas para su traslado, pero algunos líderes han tenido que salir de Ituango por seguridad. "En Ituango no hay garantías para una óptima reincorporación", dijo uno de los coordinadores que permanece fuera de Ituango hasta que no se decida el nuevo lugar para el antiguo espacio territorial.

Luego del desplazamiento masivo del domingo, el comandante de la séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, se trasladó hasta Ituango y anunció el despliegue militar hacia las veredas de las que salió huyendo la población. “Hemos determinado ocupar militar y policialmente ocho centros poblados en el municipio de Ituango que garanticen la protección a esa población civil y entre esos está el centro poblado de El Cedral, (de donde viene buena parte de los desplazados). Con esto buscamos darle un retorno voluntario a la población”, dijo el general.

Ante esas intervenciones, en el municipio buscan que las autoridades nacionales reconozcan que en Ituango hay una crisis y que la atiendan, pero sobre todo, que se avance hacia la implementación efectiva del Acuerdo de Paz. En particular, lo referente al programa de sustitución de cultivos, que les permita sacar la coca de su territorio. Asimismo, la implementación de las garantías de seguridad para los líderes sociales y para los excombatientes de las Farc.