Jamundí: entre narcos mexicanos y el deseo de sustituir la coca

Jamundí es el municipio de mayor crecimiento poblacional en Suramérica. Según el alcalde, Édgar Yandy, en la última década pasó de tener 70.000 habitantes a cerca de 200.000, divididos en tres sectores: el casco urbano, la zona campestre (con lujosas propiedades) y el área rural. En las últimas dos se puede evidenciar más el aumento de la población de este municipio asentado en el valle del río Cauca, entre las cordilleras Central y Occidental y paso obligado en la variante que conecta el norte del Cauca y el sur de Cali, la zona más opulenta de la capital del Valle.

En el día, el centro de Jamundí está atiborrado de motocicletas y carros que intentan hacer ese cruce. Algunos porque viven entre Jamundí y Cali, otros porque trabajan como transporte pirata o legal y otros se pasean en camionetas Prado con vidrios polarizados. También hay camionetas de platón con vidrios oscuros y buses intermunicipales de los que se suben y se bajan negros, indios y campesinos. Hay dos hoteles pequeños y modestos, muchos almacenes de electrodomésticos y abundantes fondas para tomar cerveza y aguardiente. En el parque, los típicos “cholaos” de Jamundí.

Vea la primera entrega: Corinto: donde opera la ley del silencio

Al contrario, en las montañas de la cordillera Occidental, la zozobra por la violencia sigue latente. Los habitantes de los tres corregimientos Villa Colombia, La Liberia y San Antonio, en los que hay sembradas entre 600 y 1.000 hectáreas de coca, siguen empeñados en sustituirlas de manera voluntaria por cultivos lícitos, mientras el Gobierno insiste en la erradicación forzada.

A principios de agosto, la tensión subió. Cerca de 7.000 campesinos y afros impidieron que la Policía Antinarcóticos y el Ejército empezaran a arrancar las matas. Al parecer, el Ministerio de Defensa no descarta aplicar la medida y con ello sigue viva la posibilidad de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los civiles, y un desplazamiento masivo, advirtió el alcalde.

Villa Colombia, La Liberia y San Antonio han estado en los titulares de prensa en los últimos meses. Las matanzas a mano armada, la aparición de cadáveres en fosas y los secuestros volvieron a ser habituales. Durante el mes de julio, en Villa Colombia fueron asesinadas tres personas, dos de ellas, identificadas como John Edward Victoria (34 años) y Diverson Trochez (26 años), cuyos cadáveres registraban veinte disparos. Según las autoridades, el primero tenía antecedentes de secuestro extorsivo y el segundo era un colaborador del grupo armado que opera en la zona.

La semana pasada también se registró un hecho que fue catalogado como una ejecución extrajudicial. Según la comunidad de Villa Colombia, un uniformado disparó contra el joven de 22 años Ómar Guesaquillo, quien fue presentado por el Ejército como una baja en combate. Horas más tarde, se conoció un video en el que se ve a un soldado presentando disculpas públicas a esa comunidad, porque, según él, la información que tenía indicaba que en el sector había presencia de “bandidos”. “De parte mi compañía y de mi pelotón, les pido perdón por la mala actitud de alguno de los hombres que está bajo mi mando. No se pueden remediar las cosas, hay una investigación”, dijo el militar.

El conflicto en Jamundí se ha desarrollado por igual en la zona urbana como en la rural. En el recuerdo están todavía las acciones de la guerrilla a finales de los años 90. En junio de 1998 el frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) destruyó (atacó con explosivos y le prendió fuego) la sede de la Alcaldía. Luego, el mismo grupo bajaría desde los Farallones, en la madrugada del 8 de enero de 1999, y atacaría las instalaciones del centro comercial Alfaguara, incursión en la que robaron dinero de un banco.

Ahora, aunque persiste la presencia del Eln, todo apunta a que es la columna Jaime Martínez, al mando de alias Mayimbú (disidentes de la exguerrilla de las Farc), la que controla este corredor entre el norte del Cauca y sur del Valle.

Son cerca de 105 hombres que están en el radar de la Tercera Brigada del Ejército. Fueron combatientes de las extintas columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas, y hoy ejercen control en la entrada a la región del Naya, que incluye a dos municipios vecinos: Buenos Aires y Suárez, en el norte del Cauca. Ellos, dicen los pobladores, son los guardaespaldas de los narcotraficantes mexicanos que llegan a la zona para negociar la cocaína que sale por el Pacífico caucano.

El fantasma de la mafia

Jamundí, además de ser un municipio reconocido por sus deportistas (como la yudoca Yuri Alvear, medallista olímpica en 2012) también es tristemente célebre porque en sus tierras se han asentado renombrados capos de la mafia como los hermanos Ochoa Vásquez, Wílber Varela (alias Jabón) y Diego Montoya (alias Don Diego). Los dos últimos libraron una guerra en este siglo, que les costó (el 22 de mayo de 2006) la vida a diez policías de la Dijín, quienes murieron por “fuego amigo” por parte del Ejército Nacional.

Lea la segunda entrega: Suárez: el penúltimo peaje del narcotráfico hacia el Pacífico

Según las autoridades, en ese entonces los militares de la Tercera División mataron a los uniformados por una información errónea que habría logrado entregar Don Diego. Años después, en 2014, ocho personas fueron asesinadas con tiros de gracia y encontradas a las afueras de Jamundí junto a una subametralladora con silenciador y nueve fusiles. En su momento, se dijo que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

Recorrimos algunas de las largas calles campestres que tiene el sector de Potrerito, a las afueras de Jamundí, en la carretera que une a Jamundí con Buenos Aires (Cauca). Carreteras bien pavimentadas. A un costado de la vía, muchas caballerizas donde se crían caballos finos para el comercio nacional. “Un caballo puede costar más de $600 millones”, acotó el chofer que nos transportó por la zona. Al otro lado de la carretera estaba la justificación que dio el alcalde Yandy de por qué Jamundí ha crecido tanto en la última década: cientos de conjuntos residenciales con miles de apartamentos. Algunos terminados, otros en obra gris.

Más adelante, al desviarse al otro Jamundí, distinto al del centro donde viven los raizales, se pueden divisar, a lado y lado de la vía, decenas de fincas con piscina, caballerizas, bailaderos, toboganes, sillas reclinables para tomar el sol y un clima de primavera. Algunas están ocupadas y desde ahí salen carros con vidrios polarizados. Otras están derruidas y sus estructuras ostentosas se pierden en la maleza. Detenerse en ellas es un regreso al pasado y un revivir esa violencia que no se ausenta de esta región.

Este no es un secreto para Jamundí ni para Colombia, incluso, en la página de Mercado Libre se encuentran anuncios en los que se venden fincas de mafiosos. Seguramente, algunas de ellas ya recuperadas y vendidas por el Estado, pero se presentan de esa manera. Por ejemplo, en 2018, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incautó cuatro lotes en zona rural de Jamundí, cuyo propietario era José Chepe Santacruz, desaparecido narcotraficante del cartel de Cali. Más de 500.000 hectáreas que estuvieron abandonadas por muchos años después de su muerte, en marzo de 1996.

Hoy, el rumor es que el cartel de Sinaloa tiene su centro de operaciones en Jamundí (Valle). Sin embargo, las autoridades locales, la Fiscalía y la inteligencia militar han descartado esa posibilidad. Para el director de Fiscalías del Cauca, Raúl González Flechas, los mexicanos que han visto en zona rural de Jamundí son compradores individuales (no se sabe si del cartel de Sinaloa) que vienen a garantizar que la cocaína sea de buena calidad y que el dinero no se pierda en las negociaciones.

Pero ¿en qué cambió el negocio en este corredor tras la salida de las Farc? El fiscal González dice que la producción, la ruta de los cultivos y la distribución no ha variado mucho. No obstante, han cambiado los actores: “Antes había un dinamizador único que era las Farc, por el poder que tenían, y ahora se disgregó en varias organizaciones. Por eso, a veces se encuentran entre estos mismos bandidos y se dan bala”, agregó. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ya desmintió esa hipótesis y el gobernador del Cauca, Óscar Campo, dice que se trata de transacciones de cocaína de mexicanos que siguen utilizando esa ruta de narcotráfico hacia Centroamérica.

Ni los narcos mexicanos ni los colombianos hoy son tan visibles, dice el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el coronel Roger Gómez. “No son tan ostentosos como en otras épocas, cuando se hablaba, por ejemplo, del cartel de Cali o del Norte del Valle. Hoy son grupos atomizados que mantienen esa guerra por el control del narcotráfico”. A la postre, un fiscal de la región dijo lo siguiente: “Jamundí y Santander de Quilichao son municipios que se volvieron centros de operaciones del narcotráfico. Allí hay presencia de narcotraficantes de nivel medio y alto, ¿por qué?, porque son centros urbanos donde tienen ciertas comodidades y cercanía a la gran ciudad que es Cali o al aeropuerto para establecer negocios y hay una infraestructura que les ofrece mejores condiciones. Hay que ponerle el ojo y ejercer control sobre esas ciudades”.

Sustitución o erradicación

Aunque los grandes mafiosos no están en las montañas de la cordillera, en esa zona sigue la tensión porque los campesinos están dispuestos a impedir que la Fuerza Pública arranque las matas de coca. Según le dijo la Policía Antinarcóticos al alcalde Édgar Yandy, Jamundí tiene 600 hectáreas en la parte alta, pero, como ya se dijo, los campesinos y afros están exigiendo la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, con el fin de cambiar a proyectos productivos que los saquen de esa economía ilegal. No obstante, esa disyuntiva no está fácil de resolver.

“Con este ambiente de mafias operando en esa región, el Gobierno pretende mostrar que la erradicación de estas matas resolvería el problema de narcotráfico a sabiendas de que ese es más bien un corredor que recoge la cocaína del Caquetá, sur del Cauca, Tolima y Huila”, dijo un líder campesino de la región, quien también ocultó su nombre para evitar la sentencia de muerte. “No somos narcotraficantes. Nos hemos echado al hombro el cumplimiento del proceso de paz”, dijo John Freddy Gil, representante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana del Valle del Cauca (Coccam).

El alcalde Yandy se queja porque Jamundí no fue priorizado en el Acuerdo de Paz, “teniendo en cuenta que siempre hemos sido víctimas de la guerra”. Su indignación consiste en que, a pesar de que los campesinos y afros querían firmar los acuerdos de sustitución voluntaria, el Gobierno los dejó por fuera. “Me reuní varias veces con los cultivadores, pero en ese momento ya entraba el nuevo gobierno de Iván Duque y dijeron que había que esperar. Fui a Bogotá a hablar con el consejero para el posconflicto, Emilio Archila, sobre el programa de sustitución para Jamundí, pero dijo que no había recursos para incluirnos”, apuntó el mandatario.

Mientras tanto, en la cordillera continúa la zozobra. “Exigimos la sustitución de cultivos por familia. Una familia con dos hectáreas le cuesta al Gobierno $36 millones, mientras que fumigar les cuesta $72 millones por hectárea. La flora, la fauna y la vida están en riesgo”, dijo John Freddy Gil.

El 70 % de la economía de Jamundí es informal. Según el alcalde, en el municipio no hay empresas y la coca es otro ingreso para los pobladores de la parte alta. En la región media y plana, por el contrario, también hay café y árboles frutales. En la cabecera municipal hay 120 hombres de la Policía, cifra insuficiente para garantizar la seguridad. “Le he expresado al ministro de Defensa que se necesitan veinte hombres más”, dijo el alcalde. Hay policía militar, diez fiscales, dos jueces penales, comparten 1.200 hombres del Ejército con el norte del Cauca y también hay una cárcel de máxima seguridad.

En algunas zonas rurales de Jamundí, así como en los municipios Corinto o Suárez (norte del Cauca), contaron que los narcos mexicanos y colombianos también están construyendo carreteras y otro tipo de inversiones. No se sabe qué tan cierta sea la información, pero, por lo pronto, el alcalde Yandy le pide al Gobierno Nacional que ponga a funcionar el colegio con capacidad para 700 alumnos y 300 de primera infancia, al que le faltan los cuarenta docentes que se necesitan para que empiece a funcionar.

Instituciones que se necesitan, pues Jamundí sigue creciendo, en parte por estar cerca de Cali y también por ser un corredor estratégico del narcotráfico. El alcalde aún confía en que la educación puede ser la solución para una sociedad que está creciendo con la cultura del narcotráfico como si fuera la única opción de conseguir una vida digna.

*Nota de la editora: Por un error del sistema subió una foto distinta a la que se escogió para este artículo y que hace parte de su versión impresa. Por esa razón se realizó el cambio respectivo.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.

Jamundí es el municipio de mayor crecimiento poblacional en Suramérica. Según el alcalde, Édgar Yandy, en la última década pasó de tener 70.000 habitantes a cerca de 200.000, divididos en tres sectores: el casco urbano, la zona campestre (con lujosas propiedades) y el área rural. En las últimas dos se puede evidenciar más el aumento de la población de este municipio asentado en el valle del río Cauca, entre las cordilleras Central y Occidental y paso obligado en la variante que conecta el norte del Cauca y el sur de Cali, la zona más opulenta de la capital del Valle.

En el día, el centro de Jamundí está atiborrado de motocicletas y carros que intentan hacer ese cruce. Algunos porque viven entre Jamundí y Cali, otros porque trabajan como transporte pirata o legal y otros se pasean en camionetas Prado con vidrios polarizados. También hay camionetas de platón con vidrios oscuros y buses intermunicipales de los que se suben y se bajan negros, indios y campesinos. Hay dos hoteles pequeños y modestos, muchos almacenes de electrodomésticos y abundantes fondas para tomar cerveza y aguardiente. En el parque, los típicos “cholaos” de Jamundí.

Vea la primera entrega: Corinto: donde opera la ley del silencio

Al contrario, en las montañas de la cordillera Occidental, la zozobra por la violencia sigue latente. Los habitantes de los tres corregimientos Villa Colombia, La Liberia y San Antonio, en los que hay sembradas entre 600 y 1.000 hectáreas de coca, siguen empeñados en sustituirlas de manera voluntaria por cultivos lícitos, mientras el Gobierno insiste en la erradicación forzada.

A principios de agosto, la tensión subió. Cerca de 7.000 campesinos y afros impidieron que la Policía Antinarcóticos y el Ejército empezaran a arrancar las matas. Al parecer, el Ministerio de Defensa no descarta aplicar la medida y con ello sigue viva la posibilidad de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los civiles, y un desplazamiento masivo, advirtió el alcalde.

Villa Colombia, La Liberia y San Antonio han estado en los titulares de prensa en los últimos meses. Las matanzas a mano armada, la aparición de cadáveres en fosas y los secuestros volvieron a ser habituales. Durante el mes de julio, en Villa Colombia fueron asesinadas tres personas, dos de ellas, identificadas como John Edward Victoria (34 años) y Diverson Trochez (26 años), cuyos cadáveres registraban veinte disparos. Según las autoridades, el primero tenía antecedentes de secuestro extorsivo y el segundo era un colaborador del grupo armado que opera en la zona.

La semana pasada también se registró un hecho que fue catalogado como una ejecución extrajudicial. Según la comunidad de Villa Colombia, un uniformado disparó contra el joven de 22 años Ómar Guesaquillo, quien fue presentado por el Ejército como una baja en combate. Horas más tarde, se conoció un video en el que se ve a un soldado presentando disculpas públicas a esa comunidad, porque, según él, la información que tenía indicaba que en el sector había presencia de “bandidos”. “De parte mi compañía y de mi pelotón, les pido perdón por la mala actitud de alguno de los hombres que está bajo mi mando. No se pueden remediar las cosas, hay una investigación”, dijo el militar.

El conflicto en Jamundí se ha desarrollado por igual en la zona urbana como en la rural. En el recuerdo están todavía las acciones de la guerrilla a finales de los años 90. En junio de 1998 el frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) destruyó (atacó con explosivos y le prendió fuego) la sede de la Alcaldía. Luego, el mismo grupo bajaría desde los Farallones, en la madrugada del 8 de enero de 1999, y atacaría las instalaciones del centro comercial Alfaguara, incursión en la que robaron dinero de un banco.

Ahora, aunque persiste la presencia del Eln, todo apunta a que es la columna Jaime Martínez, al mando de alias Mayimbú (disidentes de la exguerrilla de las Farc), la que controla este corredor entre el norte del Cauca y sur del Valle.

Son cerca de 105 hombres que están en el radar de la Tercera Brigada del Ejército. Fueron combatientes de las extintas columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas, y hoy ejercen control en la entrada a la región del Naya, que incluye a dos municipios vecinos: Buenos Aires y Suárez, en el norte del Cauca. Ellos, dicen los pobladores, son los guardaespaldas de los narcotraficantes mexicanos que llegan a la zona para negociar la cocaína que sale por el Pacífico caucano.

El fantasma de la mafia

Jamundí, además de ser un municipio reconocido por sus deportistas (como la yudoca Yuri Alvear, medallista olímpica en 2012) también es tristemente célebre porque en sus tierras se han asentado renombrados capos de la mafia como los hermanos Ochoa Vásquez, Wílber Varela (alias Jabón) y Diego Montoya (alias Don Diego). Los dos últimos libraron una guerra en este siglo, que les costó (el 22 de mayo de 2006) la vida a diez policías de la Dijín, quienes murieron por “fuego amigo” por parte del Ejército Nacional.

Lea la segunda entrega: Suárez: el penúltimo peaje del narcotráfico hacia el Pacífico

Según las autoridades, en ese entonces los militares de la Tercera División mataron a los uniformados por una información errónea que habría logrado entregar Don Diego. Años después, en 2014, ocho personas fueron asesinadas con tiros de gracia y encontradas a las afueras de Jamundí junto a una subametralladora con silenciador y nueve fusiles. En su momento, se dijo que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

Recorrimos algunas de las largas calles campestres que tiene el sector de Potrerito, a las afueras de Jamundí, en la carretera que une a Jamundí con Buenos Aires (Cauca). Carreteras bien pavimentadas. A un costado de la vía, muchas caballerizas donde se crían caballos finos para el comercio nacional. “Un caballo puede costar más de $600 millones”, acotó el chofer que nos transportó por la zona. Al otro lado de la carretera estaba la justificación que dio el alcalde Yandy de por qué Jamundí ha crecido tanto en la última década: cientos de conjuntos residenciales con miles de apartamentos. Algunos terminados, otros en obra gris.

Más adelante, al desviarse al otro Jamundí, distinto al del centro donde viven los raizales, se pueden divisar, a lado y lado de la vía, decenas de fincas con piscina, caballerizas, bailaderos, toboganes, sillas reclinables para tomar el sol y un clima de primavera. Algunas están ocupadas y desde ahí salen carros con vidrios polarizados. Otras están derruidas y sus estructuras ostentosas se pierden en la maleza. Detenerse en ellas es un regreso al pasado y un revivir esa violencia que no se ausenta de esta región.

Este no es un secreto para Jamundí ni para Colombia, incluso, en la página de Mercado Libre se encuentran anuncios en los que se venden fincas de mafiosos. Seguramente, algunas de ellas ya recuperadas y vendidas por el Estado, pero se presentan de esa manera. Por ejemplo, en 2018, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incautó cuatro lotes en zona rural de Jamundí, cuyo propietario era José Chepe Santacruz, desaparecido narcotraficante del cartel de Cali. Más de 500.000 hectáreas que estuvieron abandonadas por muchos años después de su muerte, en marzo de 1996.

Hoy, el rumor es que el cartel de Sinaloa tiene su centro de operaciones en Jamundí (Valle). Sin embargo, las autoridades locales, la Fiscalía y la inteligencia militar han descartado esa posibilidad. Para el director de Fiscalías del Cauca, Raúl González Flechas, los mexicanos que han visto en zona rural de Jamundí son compradores individuales (no se sabe si del cartel de Sinaloa) que vienen a garantizar que la cocaína sea de buena calidad y que el dinero no se pierda en las negociaciones.

Pero ¿en qué cambió el negocio en este corredor tras la salida de las Farc? El fiscal González dice que la producción, la ruta de los cultivos y la distribución no ha variado mucho. No obstante, han cambiado los actores: “Antes había un dinamizador único que era las Farc, por el poder que tenían, y ahora se disgregó en varias organizaciones. Por eso, a veces se encuentran entre estos mismos bandidos y se dan bala”, agregó. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ya desmintió esa hipótesis y el gobernador del Cauca, Óscar Campo, dice que se trata de transacciones de cocaína de mexicanos que siguen utilizando esa ruta de narcotráfico hacia Centroamérica.

Ni los narcos mexicanos ni los colombianos hoy son tan visibles, dice el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el coronel Roger Gómez. “No son tan ostentosos como en otras épocas, cuando se hablaba, por ejemplo, del cartel de Cali o del Norte del Valle. Hoy son grupos atomizados que mantienen esa guerra por el control del narcotráfico”. A la postre, un fiscal de la región dijo lo siguiente: “Jamundí y Santander de Quilichao son municipios que se volvieron centros de operaciones del narcotráfico. Allí hay presencia de narcotraficantes de nivel medio y alto, ¿por qué?, porque son centros urbanos donde tienen ciertas comodidades y cercanía a la gran ciudad que es Cali o al aeropuerto para establecer negocios y hay una infraestructura que les ofrece mejores condiciones. Hay que ponerle el ojo y ejercer control sobre esas ciudades”.

Sustitución o erradicación

Aunque los grandes mafiosos no están en las montañas de la cordillera, en esa zona sigue la tensión porque los campesinos están dispuestos a impedir que la Fuerza Pública arranque las matas de coca. Según le dijo la Policía Antinarcóticos al alcalde Édgar Yandy, Jamundí tiene 600 hectáreas en la parte alta, pero, como ya se dijo, los campesinos y afros están exigiendo la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, con el fin de cambiar a proyectos productivos que los saquen de esa economía ilegal. No obstante, esa disyuntiva no está fácil de resolver.

“Con este ambiente de mafias operando en esa región, el Gobierno pretende mostrar que la erradicación de estas matas resolvería el problema de narcotráfico a sabiendas de que ese es más bien un corredor que recoge la cocaína del Caquetá, sur del Cauca, Tolima y Huila”, dijo un líder campesino de la región, quien también ocultó su nombre para evitar la sentencia de muerte. “No somos narcotraficantes. Nos hemos echado al hombro el cumplimiento del proceso de paz”, dijo John Freddy Gil, representante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana del Valle del Cauca (Coccam).

El alcalde Yandy se queja porque Jamundí no fue priorizado en el Acuerdo de Paz, “teniendo en cuenta que siempre hemos sido víctimas de la guerra”. Su indignación consiste en que, a pesar de que los campesinos y afros querían firmar los acuerdos de sustitución voluntaria, el Gobierno los dejó por fuera. “Me reuní varias veces con los cultivadores, pero en ese momento ya entraba el nuevo gobierno de Iván Duque y dijeron que había que esperar. Fui a Bogotá a hablar con el consejero para el posconflicto, Emilio Archila, sobre el programa de sustitución para Jamundí, pero dijo que no había recursos para incluirnos”, apuntó el mandatario.

Mientras tanto, en la cordillera continúa la zozobra. “Exigimos la sustitución de cultivos por familia. Una familia con dos hectáreas le cuesta al Gobierno $36 millones, mientras que fumigar les cuesta $72 millones por hectárea. La flora, la fauna y la vida están en riesgo”, dijo John Freddy Gil.

El 70 % de la economía de Jamundí es informal. Según el alcalde, en el municipio no hay empresas y la coca es otro ingreso para los pobladores de la parte alta. En la región media y plana, por el contrario, también hay café y árboles frutales. En la cabecera municipal hay 120 hombres de la Policía, cifra insuficiente para garantizar la seguridad. “Le he expresado al ministro de Defensa que se necesitan veinte hombres más”, dijo el alcalde. Hay policía militar, diez fiscales, dos jueces penales, comparten 1.200 hombres del Ejército con el norte del Cauca y también hay una cárcel de máxima seguridad.

En algunas zonas rurales de Jamundí, así como en los municipios Corinto o Suárez (norte del Cauca), contaron que los narcos mexicanos y colombianos también están construyendo carreteras y otro tipo de inversiones. No se sabe qué tan cierta sea la información, pero, por lo pronto, el alcalde Yandy le pide al Gobierno Nacional que ponga a funcionar el colegio con capacidad para 700 alumnos y 300 de primera infancia, al que le faltan los cuarenta docentes que se necesitan para que empiece a funcionar.

Instituciones que se necesitan, pues Jamundí sigue creciendo, en parte por estar cerca de Cali y también por ser un corredor estratégico del narcotráfico. El alcalde aún confía en que la educación puede ser la solución para una sociedad que está creciendo con la cultura del narcotráfico como si fuera la única opción de conseguir una vida digna.

*Nota de la editora: Por un error del sistema subió una foto distinta a la que se escogió para este artículo y que hace parte de su versión impresa. Por esa razón se realizó el cambio respectivo.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.