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Monseñor Hugo Alberto Torres es oriundo de Briceño, Antioquia, una tierra especialmente golpeada por el conflicto armado. En 2014 fue designado obispo de la diócesis de Apartadó, que cubre el Urabá antioqueño y todo el norte del Chocó incluyendo la región del Darién, en la frontera con Panamá. Desde entonces ha recorrido los territorios de su diócesis por trocha y por río, en canoa o en mula, realizando una ardua labor con la Iglesia para impulsar las iniciativas de paz territorial. Primero lo hizo acompañando el proceso de paz con las Farc y luego facilitando canales de diálogos con el Clan del Golfo o Agc, grupo predominante en la región. Torres afirma que aún hay voluntad del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) para un diálogo con el gobierno, con quiénes la Iglesia ha sostenido una comunicación permanente.
¿Cómo ha sido la reacción del Clan del Golfo en el Urabá tras la captura de ‘Otoniel’? ¿Se ha agravado la situación?
Ha estado todo muy tranquilo, nos esperábamos algo mucho más fuerte, pero curiosamente la calma se ha mantenido. Hay como una tensa calma, una cierta indiferencia, como si se estuvieran reorganizando al interior, cambiando de capitanes y comandantes en las distintas zonas. Hoy todo se mueve con normalidad.
Lo que vamos encontrando es que en algunas zonas más rurales si está muy controlada la entrada y salida de las personas, casi que hay que mandar con anterioridad el aviso de quiénes van, para dónde, con quién van y quiénes son. No faltan los casos de que paran a las personas en los caminos porque no se han identificado. La presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona del Urabá es poca, pero sí conocemos que hay algunos actores, especialmente en los límites con Mutatá. Ellos controlan allí un territorio y colocan sus minas para defenderse. Yo diría que el dominio total lo tienen las Agc [que las autoridades también llaman ‘Clan del Golfo’]. Es un dominio entre comillas respetuoso. Ellos han manifestado que la población está cuidada y que no tiene que estar asustada.
Yo pienso que la captura de ‘Otoniel’ es la oportunidad para que el mismo gobierno ofrezca un camino de diálogo o de negociación, creo todos los actores ilegales que están en el conflicto merecen ser atendidos. Si al Eln se le puede tener como un actor político con el que se puede dialogar -aunque hoy esté limitado ese diálogo- pues los otros movimientos también tienen la oportunidad y más cuando ellos dicen que son movimientos de carácter militar, pero también de carácter social y político. Ellos tienen sus propuestas, tienen sus seguidores, de alguna manera influyen en el territorio y mucha gente los ve como la autoridad consolidada, porque la autoridad pública a estos territorios no va nunca.
¿Cómo ven ustedes afectado el trabajo de la Iglesia y el trabajo comunitario por la presencia de estos grupos?
Hasta el momento no hemos vuelto a tener ninguna oposición para que las entidades de la iglesia o las que trabajan con la iglesia se desplacen por los territorios. Unas dos veces que eso nos ocurrió ellos pidieron las debidas disculpas y hoy el desplazamiento es normal. Sin embargo, los párrocos tienen que comunicar lo que hacen, cómo lo hacen y cuáles son las personas que tienen el aval de las parroquias. Eso sucede especialmente en el norte del Chocó, donde la población está más bajo el accionar de las Agc y la autoridad tiene muy poquita incidencia.
Hace unas semanas Miguel Ceballos, el ex Alto Comisionado de Paz, le reconoció a El Espectador que tanto Iván Duque como él nunca quisieron negociar con ‘Otoniel’, a pesar de que Santos había dejado unos diálogos exploratorios avanzados. ¿Qué opina de esa iniciativa que se frustró?
No supimos cuál fue la razón, lo más seguro fue porque la ley que se estaba presentando y aprobando en el Congreso se hablaba de “sometimiento” y esa palabra no gustó en las altas jerarquías de las Agc, por eso ellos se cerraron a la banda y ya no quisieron seguir hablando de la posibilidad de un diálogo. Hoy yo creo que ellos están a la espera de mejores decisiones de parte del gobierno, pero me imagino que eso tendrá que hacerlo ya la próxima administración porque con esta la valla está cerrada totalmente.
¿Como Iglesia han hecho algún acercamiento reciente? ¿Tienen conocimiento de que el Clan del Golfo quiera explorar esa posibilidad?
Sí, hemos tenido algunas insinuaciones, nos han dicho que por qué no damos esta clase de declaraciones, como diciendo que ellos están con todas las intenciones de escuchar y de comenzar un diálogo en el momento que el gobierno así lo juzgue conveniente.
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¿Y con el Eln han tenido algún tipo de interlocución reciente?
Hemos conversado con algunos de sus delegados, más como para conocer un poco la dinámica del conflicto en qué va, en qué va la situación de ellos con el Estado. Hemos encontrado en ellos buena voluntad, pero ya sabemos muy bien cuál es la posición del Estado frente a un Eln que sigue secuestrando y no entrega los secuestrados, esa ha sido la exigencia más importante del Estado.
En el Urabá ha habido varios procesos de paz, cada 10 años hay una desmovilización distinta, si las Agc finalmente negocian, ¿usted cree que esa será la solución al problema?
Pues yo creería que dejar las armas, cualquiera que sea el bando armado, sería una muy buena solución. Copar los territorios con el Estado. El tema es que en Urabá fácilmente aparecen grupos al margen de la ley cuando los otros dejan un vacío, eso fue lo que pasó con las Agc actuales que volvieron a las armas para proteger la población del vandalismo que imperaba en ese momento, entonces ante el vacío del Estado cualquier grupo se puede rearmar. Ante el incumplimiento de los acuerdos otros se desesperan y quieren buscar soluciones de esa manera, pero yo si creería que el desarme es una opción válida siempre. A partir de ahí viene el diálogo, las políticas de integración a la sociedad que se pueden dar. Un hecho concreto en Urabá es la experiencia de los reincorporados que están en el sector de Mutatá. Muestran cumplimiento, muestran resultados ellos mismos por su organización, otros están a la esperan de que se les entregue la tierra, entonces uno sí ve que es viable. Pero hay un punto muy importante tener en el tema del conflicto: las víctimas no han sido reparadas y ellas esperan que, así como se les da a los desmovilizados y a quienes están en lo ilícito oportunidades, a las víctimas también se les debe dar la oportunidad de recuperar sus tierras. El despojo de tierras fue muy generalizado y muchos aún están esperando que el gobierno les provea la tierra.
La experiencia que usted menciona de San José de León, en Mutatá, ha sido exitosa porque los paramilitares los respetaron, no los atacaron. ¿Hubo acuerdos con ellos allí para sacar adelante la paz?
Hubo muy buena intención allí de parte de las Agc porque el problema no era con los reinsertados, sino con quienes continúan ocupando territorios, por eso hasta ahora no han atentado contra ninguno de los reincorporados.
