“La captura de ‘Otoniel’ no ha cambiado nada en el Bajo Cauca”: Carlos Zapata

“Hoy podemos asegurarle a Colombia que Los Caparros llegó a su fin”, sentenció el primero de junio de este año el ministro de Defensa, Diego Molano. El Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como Caparros o Caparrapos, era una estructura derivada de los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que tenía el control de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Luego de la desmovilización de las Auc en 2006, los Caparros se integraron al Clan del Golfo, otro grupo derivado del paramilitarismo con fuerte presencia en la región. Pero la alianza se quebró en 2017, agudizando el conflicto en el territorio por las rentas de la coca y la minería ilegal, en el que también participan el Eln y las disidencias de las Farc.

Por eso, con la supuesta derrota de ‘Los Caparros’, el ministro celebró el fin del terror para los líderes sociales en estos municipios. “Quien fue el responsable de masacres y patrocinador de todo tipo de acciones criminales no los acechará más”, dijo. Cuatro meses después, el 23 de octubre de este año, las autoridades confirmaron la captura de Dairo Antonio Úsuga Otoniel, el otrora máximo líder del Clan del Golfo. El presidente Iván Duque calificó el hecho como el “golpe que marca el final” de este grupo armado.

Pero tras cinco meses del primer suceso y tres semanas del segundo, en el Bajo Cauca, la mayor área de influencia de los Caparros y una de las de mayores zonas de control del Clan del Golfo, el conflicto no cesa ni tiende a disminuir. Carlos Zapata lo sabe bien. Trabajó ocho años con la Organización Indígena de Antioquia, ocho más con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Bajo Cauca y lleva dos coordinando el Observatorio de Derechos Humanos del IPC, una organización que tiene más de 12 años en el territorio, y a la que, por razones de seguridad, las asociaciones de campesinos de la zona han decidido delegarle la vocería en los temas relacionados al conflicto armado.

(Le puede interesar: “Al Estado le faltan pantalones para ir a una zona en conflicto”)

Recientemente, en un encuentro organizado por la Comisión de la Verdad, en Caucasia, Zapata denunció una reconfiguración de los grupos armados en la región tras el debilitamiento de Los Caparros. Muy contrario al triunfalismo en el discurso oficial, “hay reductos de este grupo que buscan hacer alianzas con otros grupos armados; alianzas que van desde el reclutamiento, la absorción, hasta la protección”.

Pero no solo es el caso de los grupos armados posdesmovilización de los paramilitares. También hay nuevos movimientos y alianzas de las disidencias de las Farc y el Eln. “Hay una movilización del Frente 33, que viene desde el Catatumbo, y que le interesa abrir una brecha en el control del tráfico de drogas desde el sur de Bolívar hacia la frontera oriental, con Venezuela. Esa tendencia no le gusta al Eln que tiene un control sobre este territorio. Estamos viendo hostilidades por eso. También por el reclutamiento de excombatientes y el control de otras disidencias que han operado en este territorio, las del Frente 37 y las del Frente 4, que aparentemente estarían en alianza con el Eln”, explicó el investigador.

Por eso, en entrevista con Colombia+20, cuestionó el “falso triunfalismo” del gobierno Duque y la despolitización de los grupos armados en el discurso oficial. Además, dice que el narcotráfico debe ser asumido como una economía de guerra. Sostiene, además, que la captura de Otoniel no ha detenido el conflicto en el territorio.

¿Hubo paz en algún momento en el Bajo Cauca?

Después de la firma del Acuerdo de Paz, hubo un año muy tranquilo. Pero pasó lo que pasó en todo el territorio nacional. Todos los sabíamos. Si salían las Farc y no entraba el gobierno nacional con un componente de seguridad, pero, sobre todo, de institucionalidad civil, de inversión a los territorios; pues obvio que los otros criminales iban a heredar las rentas ilegales que se producían ahí. Son negocios muy rentables, el de la coca y el de la minería ilegal, principalmente, que son los que se ven en este territorio.

Usted habla de un falso triunfalismo por parte del Gobierno, ¿qué ha cambiado en el Bajo Cauca y qué no tras los golpes a ‘Los Caparros’ y la captura de Otoniel?

Primero hablemos de cómo estaban las cosas antes. Durante el 2019 y el 2020, las Agc o Clan del Golfo lograron golpes muy contundentes contra el bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como Los Caparros. Pero para el 2021 consolidan una estrategia que es la de no solo controlar sus territorios de expansión, sino meterse a las sedes clásicas de los enemigos. En algunos territorios, las comunidades hablan de una alianza de las Agc con el Ejército para asfixiar a los Caparros.

Y ahí fue donde empezó todo este proceso de masacres y desplazamientos forzados que fue tan fuerte contra la población. Porque ya la política era “tierra arrasada”. Aún así, no es cierto que acabaran a Los Caparros. Hay pequeños reductos que siguen operando en algunos municipios haciendo alianzas con grupos o células locales de otros grupos armados. Lo que es claro es que sí perdieron control territorial. Y ese es un territorio sobre el que han avanzado las Agc. ¿Quién queda al frente? El Eln. Entre el Eln y los Caparros sí había acuerdos tácitos de no agresión porque tenían que dar la cuota para el mismo cliente, para el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Pero ahora encontramos puntos donde el Eln y las Agc han quedado en disputa en territorios donde todavía se producen rentas ilegales. Y esa es la situación hacia donde tiende en este momento la transformación del conflicto armado: un conflicto entre grupos posdesmovilización de las Auc, como fueron los Caparros y las Agc, contra una guerrilla como el Eln, reciclando los viejos tiempos de la guerra.

(Le puede interesar: “Este golpe marca el final del Clan del Golfo”: Duque tras captura de Otoniel)

¿Y eso cambió con la captura de Otoniel?

A Otoniel lo capturan después de consolidar su batalla más dura territorialmente, porque se debe hablar de la región continua entre el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá, en donde sí había hegemonía de las Agc. Con la captura de Otoniel, hay relevo de mandos. Pero los territorios donde están asentados siguen siendo controlados por ellos, eso no cambia: no hay ninguna duda. Nosotros creemos que esto del “Plan Pistola” fue realmente una escaramuza muy circunstancial y muy momentánea. No hemos visto cambios y no creemos que vayan a cambiar considerablemente las cosas. Antes, lo que se puede generar es un recrudecimiento de la alianza entre fuerza pública y paramilitares, porque ya vuelve a ser el enemigo común una guerrilla.

¿Y ya se ha empezado ver ese recrudecimiento?

Pues con la captura de Otoniel, en este mes, no ha cambiado absolutamente nada. Uno puede prever por lo que ha visto en la dinámica de la conflictividad colombiana que tras Otoniel se consoliden un mando militar y un mando financiero, porque realmente no hay una persona que reúna los dos aspectos. Por eso es que hoy se especula de Chiquito Malo, de aquí, del Bajo Cauca, que de verdad es muy malo. Él abarcaría todo el componente militar y eso es muy temible por lo que vivimos de las acciones de este señor por acá. Y el tal Javier en el Pacífico, como componente financiero, porque, claro, la mayor cantidad de coca que está saliendo en este momento del país es por el Pacífico, que es el que le está dando más rentas a todas las estructuras armadas, incluyendo a las Agc.

Si entre esos dos hay armonía y consolidan el mando, siguen las cosas iguales. Pero cuando hay un pez gordo como Otoniel que controla tanto poder y se entrega, los lugartenientes empiezan a disputar ese lugar hegemónico. Mientras Otoniel esté aquí en Colombia no va a pasar eso. Todos sabemos que desde la cárcel los bandidos siguen ordenando. Cuando lo extraditen y quede incomunicado, lo que tendremos que ver es si de aquí a un año estos dos sujetos logran consolidar armónicamente ese poder o sí hay disputa entre ellos u otros mandos por debajo.

Un líder de El Bagre pidió en un encuentro reciente que además de retomar el diálogo con el Eln se inicien diálogos con el Clan del Golfo y otros grupos posdesmovilización de los paramilitares, porque, dijo, “el único que no ha querido ver la postura política de las Agc es el Gobierno”. Y lo que uno ve es que hay una tendencia desde el discurso oficial a despolitizar a los actores armados llamando criminales tanto a guerrillas y como a las Agc, por la creencia de que lo único que se disputan es el narcotráfico. ¿Cuál es su percepción sobre esto?

Claro que hay una ideología política detrás. Es que el Gobierno desde el 2006 niega la existencia grupos paramilitares en este país y asume que el Gobierno de (Álvaro) Uribe fue exitoso en el exterminio de los grupos paramilitares. Eso es una mentira que la institucionalidad se ha repetido y se ha repetido recurrentemente. Vamos a hablar concretamente de las Agc. ¿Cuándo nacen? La gente no sabe, pero nacieron el 8 de noviembre de 2007. ¿Quién las conformó? La casa Castaño, Vicente Castaño, que fue quien quedó con ese reducto y lo que quedó del Bloque Elmer Cárdenas, que operaba en el Chocó, y Héroes del Vichada, que era el que tenía Don Mario hermano de El Alemán. Esas dos estructuras nunca se desmovilizaron, entonces ¿cómo lo van a llamar bandas emergentes? Sacaron un manifiesto político en el 2007, es gente que no se desmovilizó y dijo que continuaba en el paramilitarismo.

Es decir, históricamente, viendo los hitos y los referentes, el Gobierno está errado. Dijeron: “no son autodefensas” y los llamaron Clan Úsuga, luego Clan del Golfo, y los Urabeños, o sea, siempre son remoquetes para bajarle su tradición paramilitar. Pero no son, ni siquiera, grupos posdemovilización: han seguido siendo grupos paramilitares.

¿Y la relación con el narcotráfico que les atribuyen?

Es que ahí hay otra falsa dicotomía. Carlos Mauricio García, Doble Cero, que fue del Bloque Metro, sí lo decía: ‘El narcotráfico no es para lucrarme, pero sí para financiar la guerra’. Es decir, la dificultad es que el gobierno nunca ha visto el narcotráfico como una economía de guerra. Entonces puede meterle todos los remoquetes de censura moral que quiera, pero eso no resuelve nada. Ninguna guerra se financia con recursos legales. Pero si el narcotráfico no se asume como una economía de guerra, van a seguir haciendo la misma política antidrogas errada, desacertada, que le ha costado más de ochenta billones al país y que le único que reporta son litros de sangre, que no los reporta ni siquiera la población adicta. Hay que cambiar el chip porque eso lo que fortalece es que un grupo como las Agc nunca se extinga.

Usted ha hablado reiteradamente de un falso triunfalismo del Gobierno. Eso está relacionado con la postura contra el narcotráfico, con la supuesta derrota de Los Caparros y la captura de Otoniel. ¿Por qué es errado y cuáles son sus posibles consecuencias?

La política es errada porque siempre aquí creen que, si acaban con el líder de la banda, se disuelve la banda. Lo que no ha podido entender el gobierno nacional es que hay una carrera criminal. En el Urabá en este momento hay crisis porque se están pensionando los obreros de la industria bananera. ¡Y no hay forma de renovar ese personal que se está pensionando! Los muchachos se están yendo más hacia toda esta actividad ilícita porque la ven como una mejor oportunidad. O sea, lo que permite esa visión triunfalista es que el Estado básicamente argumente que todo el territorio está sumido en criminalidad y no genera ninguna alternativa diferente que la mera intervención militar.

¿Y entonces cuál es la respuesta? La represión. Para el campesino es ‘¿Usted está cultivando coca?, Venga lo proceso y le erradico forzadamente’. Pueden ser más de 200 mil familias las que viven de los cultivos de coca. Eso es una actividad para ellos de subsistencia. Pero el Gobierno Nacional sigue pescando el eslabón débil. Y luego dicen ‘Ah, pero cogimos a Otoniel, que es un pez gordo’. Sí, vaya a ver cómo sigue la cadena. Lo que sí es claro es que la errada política antidrogas seguirá alimentando eternamente la conflictividad en territorios como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y Urabá.

“Hoy podemos asegurarle a Colombia que Los Caparros llegó a su fin”, sentenció el primero de junio de este año el ministro de Defensa, Diego Molano. El Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como Caparros o Caparrapos, era una estructura derivada de los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que tenía el control de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Luego de la desmovilización de las Auc en 2006, los Caparros se integraron al Clan del Golfo, otro grupo derivado del paramilitarismo con fuerte presencia en la región. Pero la alianza se quebró en 2017, agudizando el conflicto en el territorio por las rentas de la coca y la minería ilegal, en el que también participan el Eln y las disidencias de las Farc.

Por eso, con la supuesta derrota de ‘Los Caparros’, el ministro celebró el fin del terror para los líderes sociales en estos municipios. “Quien fue el responsable de masacres y patrocinador de todo tipo de acciones criminales no los acechará más”, dijo. Cuatro meses después, el 23 de octubre de este año, las autoridades confirmaron la captura de Dairo Antonio Úsuga Otoniel, el otrora máximo líder del Clan del Golfo. El presidente Iván Duque calificó el hecho como el “golpe que marca el final” de este grupo armado.

Pero tras cinco meses del primer suceso y tres semanas del segundo, en el Bajo Cauca, la mayor área de influencia de los Caparros y una de las de mayores zonas de control del Clan del Golfo, el conflicto no cesa ni tiende a disminuir. Carlos Zapata lo sabe bien. Trabajó ocho años con la Organización Indígena de Antioquia, ocho más con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Bajo Cauca y lleva dos coordinando el Observatorio de Derechos Humanos del IPC, una organización que tiene más de 12 años en el territorio, y a la que, por razones de seguridad, las asociaciones de campesinos de la zona han decidido delegarle la vocería en los temas relacionados al conflicto armado.

(Le puede interesar: “Al Estado le faltan pantalones para ir a una zona en conflicto”)

Recientemente, en un encuentro organizado por la Comisión de la Verdad, en Caucasia, Zapata denunció una reconfiguración de los grupos armados en la región tras el debilitamiento de Los Caparros. Muy contrario al triunfalismo en el discurso oficial, “hay reductos de este grupo que buscan hacer alianzas con otros grupos armados; alianzas que van desde el reclutamiento, la absorción, hasta la protección”.

Pero no solo es el caso de los grupos armados posdesmovilización de los paramilitares. También hay nuevos movimientos y alianzas de las disidencias de las Farc y el Eln. “Hay una movilización del Frente 33, que viene desde el Catatumbo, y que le interesa abrir una brecha en el control del tráfico de drogas desde el sur de Bolívar hacia la frontera oriental, con Venezuela. Esa tendencia no le gusta al Eln que tiene un control sobre este territorio. Estamos viendo hostilidades por eso. También por el reclutamiento de excombatientes y el control de otras disidencias que han operado en este territorio, las del Frente 37 y las del Frente 4, que aparentemente estarían en alianza con el Eln”, explicó el investigador.

Por eso, en entrevista con Colombia+20, cuestionó el “falso triunfalismo” del gobierno Duque y la despolitización de los grupos armados en el discurso oficial. Además, dice que el narcotráfico debe ser asumido como una economía de guerra. Sostiene, además, que la captura de Otoniel no ha detenido el conflicto en el territorio.

¿Hubo paz en algún momento en el Bajo Cauca?

Después de la firma del Acuerdo de Paz, hubo un año muy tranquilo. Pero pasó lo que pasó en todo el territorio nacional. Todos los sabíamos. Si salían las Farc y no entraba el gobierno nacional con un componente de seguridad, pero, sobre todo, de institucionalidad civil, de inversión a los territorios; pues obvio que los otros criminales iban a heredar las rentas ilegales que se producían ahí. Son negocios muy rentables, el de la coca y el de la minería ilegal, principalmente, que son los que se ven en este territorio.

Usted habla de un falso triunfalismo por parte del Gobierno, ¿qué ha cambiado en el Bajo Cauca y qué no tras los golpes a ‘Los Caparros’ y la captura de Otoniel?

Primero hablemos de cómo estaban las cosas antes. Durante el 2019 y el 2020, las Agc o Clan del Golfo lograron golpes muy contundentes contra el bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como Los Caparros. Pero para el 2021 consolidan una estrategia que es la de no solo controlar sus territorios de expansión, sino meterse a las sedes clásicas de los enemigos. En algunos territorios, las comunidades hablan de una alianza de las Agc con el Ejército para asfixiar a los Caparros.

Y ahí fue donde empezó todo este proceso de masacres y desplazamientos forzados que fue tan fuerte contra la población. Porque ya la política era “tierra arrasada”. Aún así, no es cierto que acabaran a Los Caparros. Hay pequeños reductos que siguen operando en algunos municipios haciendo alianzas con grupos o células locales de otros grupos armados. Lo que es claro es que sí perdieron control territorial. Y ese es un territorio sobre el que han avanzado las Agc. ¿Quién queda al frente? El Eln. Entre el Eln y los Caparros sí había acuerdos tácitos de no agresión porque tenían que dar la cuota para el mismo cliente, para el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Pero ahora encontramos puntos donde el Eln y las Agc han quedado en disputa en territorios donde todavía se producen rentas ilegales. Y esa es la situación hacia donde tiende en este momento la transformación del conflicto armado: un conflicto entre grupos posdesmovilización de las Auc, como fueron los Caparros y las Agc, contra una guerrilla como el Eln, reciclando los viejos tiempos de la guerra.

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¿Y eso cambió con la captura de Otoniel?

A Otoniel lo capturan después de consolidar su batalla más dura territorialmente, porque se debe hablar de la región continua entre el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá, en donde sí había hegemonía de las Agc. Con la captura de Otoniel, hay relevo de mandos. Pero los territorios donde están asentados siguen siendo controlados por ellos, eso no cambia: no hay ninguna duda. Nosotros creemos que esto del “Plan Pistola” fue realmente una escaramuza muy circunstancial y muy momentánea. No hemos visto cambios y no creemos que vayan a cambiar considerablemente las cosas. Antes, lo que se puede generar es un recrudecimiento de la alianza entre fuerza pública y paramilitares, porque ya vuelve a ser el enemigo común una guerrilla.

¿Y ya se ha empezado ver ese recrudecimiento?

Pues con la captura de Otoniel, en este mes, no ha cambiado absolutamente nada. Uno puede prever por lo que ha visto en la dinámica de la conflictividad colombiana que tras Otoniel se consoliden un mando militar y un mando financiero, porque realmente no hay una persona que reúna los dos aspectos. Por eso es que hoy se especula de Chiquito Malo, de aquí, del Bajo Cauca, que de verdad es muy malo. Él abarcaría todo el componente militar y eso es muy temible por lo que vivimos de las acciones de este señor por acá. Y el tal Javier en el Pacífico, como componente financiero, porque, claro, la mayor cantidad de coca que está saliendo en este momento del país es por el Pacífico, que es el que le está dando más rentas a todas las estructuras armadas, incluyendo a las Agc.

Si entre esos dos hay armonía y consolidan el mando, siguen las cosas iguales. Pero cuando hay un pez gordo como Otoniel que controla tanto poder y se entrega, los lugartenientes empiezan a disputar ese lugar hegemónico. Mientras Otoniel esté aquí en Colombia no va a pasar eso. Todos sabemos que desde la cárcel los bandidos siguen ordenando. Cuando lo extraditen y quede incomunicado, lo que tendremos que ver es si de aquí a un año estos dos sujetos logran consolidar armónicamente ese poder o sí hay disputa entre ellos u otros mandos por debajo.

Un líder de El Bagre pidió en un encuentro reciente que además de retomar el diálogo con el Eln se inicien diálogos con el Clan del Golfo y otros grupos posdesmovilización de los paramilitares, porque, dijo, “el único que no ha querido ver la postura política de las Agc es el Gobierno”. Y lo que uno ve es que hay una tendencia desde el discurso oficial a despolitizar a los actores armados llamando criminales tanto a guerrillas y como a las Agc, por la creencia de que lo único que se disputan es el narcotráfico. ¿Cuál es su percepción sobre esto?

Claro que hay una ideología política detrás. Es que el Gobierno desde el 2006 niega la existencia grupos paramilitares en este país y asume que el Gobierno de (Álvaro) Uribe fue exitoso en el exterminio de los grupos paramilitares. Eso es una mentira que la institucionalidad se ha repetido y se ha repetido recurrentemente. Vamos a hablar concretamente de las Agc. ¿Cuándo nacen? La gente no sabe, pero nacieron el 8 de noviembre de 2007. ¿Quién las conformó? La casa Castaño, Vicente Castaño, que fue quien quedó con ese reducto y lo que quedó del Bloque Elmer Cárdenas, que operaba en el Chocó, y Héroes del Vichada, que era el que tenía Don Mario hermano de El Alemán. Esas dos estructuras nunca se desmovilizaron, entonces ¿cómo lo van a llamar bandas emergentes? Sacaron un manifiesto político en el 2007, es gente que no se desmovilizó y dijo que continuaba en el paramilitarismo.

Es decir, históricamente, viendo los hitos y los referentes, el Gobierno está errado. Dijeron: “no son autodefensas” y los llamaron Clan Úsuga, luego Clan del Golfo, y los Urabeños, o sea, siempre son remoquetes para bajarle su tradición paramilitar. Pero no son, ni siquiera, grupos posdemovilización: han seguido siendo grupos paramilitares.

¿Y la relación con el narcotráfico que les atribuyen?

Es que ahí hay otra falsa dicotomía. Carlos Mauricio García, Doble Cero, que fue del Bloque Metro, sí lo decía: ‘El narcotráfico no es para lucrarme, pero sí para financiar la guerra’. Es decir, la dificultad es que el gobierno nunca ha visto el narcotráfico como una economía de guerra. Entonces puede meterle todos los remoquetes de censura moral que quiera, pero eso no resuelve nada. Ninguna guerra se financia con recursos legales. Pero si el narcotráfico no se asume como una economía de guerra, van a seguir haciendo la misma política antidrogas errada, desacertada, que le ha costado más de ochenta billones al país y que le único que reporta son litros de sangre, que no los reporta ni siquiera la población adicta. Hay que cambiar el chip porque eso lo que fortalece es que un grupo como las Agc nunca se extinga.

Usted ha hablado reiteradamente de un falso triunfalismo del Gobierno. Eso está relacionado con la postura contra el narcotráfico, con la supuesta derrota de Los Caparros y la captura de Otoniel. ¿Por qué es errado y cuáles son sus posibles consecuencias?

La política es errada porque siempre aquí creen que, si acaban con el líder de la banda, se disuelve la banda. Lo que no ha podido entender el gobierno nacional es que hay una carrera criminal. En el Urabá en este momento hay crisis porque se están pensionando los obreros de la industria bananera. ¡Y no hay forma de renovar ese personal que se está pensionando! Los muchachos se están yendo más hacia toda esta actividad ilícita porque la ven como una mejor oportunidad. O sea, lo que permite esa visión triunfalista es que el Estado básicamente argumente que todo el territorio está sumido en criminalidad y no genera ninguna alternativa diferente que la mera intervención militar.

¿Y entonces cuál es la respuesta? La represión. Para el campesino es ‘¿Usted está cultivando coca?, Venga lo proceso y le erradico forzadamente’. Pueden ser más de 200 mil familias las que viven de los cultivos de coca. Eso es una actividad para ellos de subsistencia. Pero el Gobierno Nacional sigue pescando el eslabón débil. Y luego dicen ‘Ah, pero cogimos a Otoniel, que es un pez gordo’. Sí, vaya a ver cómo sigue la cadena. Lo que sí es claro es que la errada política antidrogas seguirá alimentando eternamente la conflictividad en territorios como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y Urabá.