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Hace pocos años, un grupo de trabajo creado en la Fiscalía para investigar los hechos del Palacio de Justicia ocurridos en 1985, liderado por la Fiscal 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Yenny Claudia Almeida, dejó listo un documento de 110 de páginas con la decisión de capturar a tres generales (r) del Ejército en la investigación por la muerte violenta del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Hoy en el ente investigador nadie da razón de ese documento, pero existió y en él se leen los argumentos por los cuales deberían ser procesados por homicidio agravado, ante la situación de indefensión de la víctima, los generales retirados Jesús Armando Arias, Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica.
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El abogado antioqueño Carlos Horacio Urán, de 43 años, padre de familia y magistrado auxiliar del presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur, apareció muerto en el recuento de la toma guerrillera y la retoma militar. Pero según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), salió vivo del Palacio custodiado por agentes estatales, fue privado de la libertad, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente. Dos días después de la toma, uno de sus sobrinos y una médica amiga de la familia encontraron su cuerpo en un cuarto de Medicina Legal donde el Ejército había dispuesto los cadáveres de los guerrilleros. Lo identificaron por sus huellas dactilares y porque en su pierna tenía una cicatriz por una cirugía.
La muerte de Urán fue una más en el expediente. Pero en febrero de 2007, en las instalaciones de la Brigada XIII del Ejército, en una caja ubicada en una bóveda de la sección de inteligencia, se encontró una billetera con documentos y fotografías de Carlos Horacio Urán. Tres años después, la Fiscalía ordenó exhumar sus restos y un examen legista probó que el magistrado murió por un tiro de gracia. Además, el cuerpo dejó ver lesiones en brazos, manos y piernas que no fueron producto de esquirlas. Tenía quebrados varios dedos. ¿Fue torturado y ejecutado? fue la pregunta que quedó rondando y que la fiscal Almeida, buscaba resolver procesando a tres generales y vinculando a seis oficiales y suboficiales más.
Ya estaba detenido Jesús Armando Arias, comandante de la Brigada 13 del Ejército para la época de los hechos; y los generales Rafael Hernández, comandante de la unidad que ingresó al edificio, y Carlos Alberto Fracica, jefe de operaciones del equipo al mando de Hernández, se habían retirado de las Fuerzas Armadas. En el texto referido, del cual hoy la Fiscalía no da razón, la fiscal Almeida concluyó que los oficiales que comandaron la retoma del Palacio debían explicar la muerte del magistrado Urán, “que salió vivo del Palacio de Justicia, y fue señalado como uno de los presuntos guerrilleros, evacuado, inmolado y vuelto a ingresar a las instalaciones”, como se lee en el documento conocido por El Espectador.
Facsímiles del documento de la exfiscal Yenny Claudia Almeida.
Entre otros, quedaron consignados como aspectos sobre los cuales los oficiales vinculados al caso Urán debían dar explicaciones puntuales, “la ocupación del Palacio con disciplina de fuego indiscriminada, la instalación del puesto de mando avanzado en la Casa del Florero, la intensa actividad para producción de inteligencia durante el tiempo de la toma para identificar responsables dentro del Palacio y la identificación, concentración, selección y reseña de rehenes, seguida de evacuación hacia la Casa del Florero para interrogatorios, identificación y reseñas”. Y quedó escrito: “En el primer piso hubo mayor concentración de personas evacuadas y al segundo piso fueron llevados los catalogados como especiales”.
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En este último escenario, la funcionaria define qué deberían aclarar los oficiales. Si los miembros de la Fuerza Pública tenían un estricto control a la salida del Palacio de Justicia para identificar guerrilleros, fue ese el momento en el que el magistrado Urán pudo ser confundido como miembro del M-19. Estas tareas militares no se habrían podido realizar sin previa autorización de los oficiales que estaban a cargo de la operación, resalta el documento. Y enfatiza que existe un hecho “indicador, relevante e indiscutible”: la muerte de Urán no fue producida por disparos de fusil ni explosiones de cargas de demolición ni tampoco por granadas. “Fue un disparo a corta distancia con dirección al cráneo con un arma calibre 9 mm”.
En sus indagatorias, los generales retirados Arias, Hernández y Fracica negaron cualquier responsabilidad en los hechos y se limitaron a explicar que su participación en la retoma se ajustó a las normas del derecho y a los manuales de guerra. Según ellos, su labor fue seguir órdenes de sus superiores. Los tres oficiales enfrentan otros procesos judiciales por hechos ocurridos durante el holocausto. Arias, por ejemplo, tiene vigente una condena por desaparición forzada. Él exoficial presentó recurso de casación en 2015, pero aún no ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a los oficiales Hernández y Fracica, tienen procesos abiertos por tortura y desaparición forzada.
“Para este despacho es evidente que la orden de acabar con la vida del magistrado, de la desaparición de rehenes y guerrilleros y de torturar para identificar si algunos de los evacuados hacían parte del grupo guerrillero, no incluyó una fórmula específica. Lo que revela el proceso es que existía una orden clara y era conjurar la toma, sin consideración a una salida negociada”, se lee en el texto de la entonces fiscal 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien además, sin rodeos, escribió que para lograr su cometido las órdenes pasaron por la cúpula de las Fuerzas Militares, el comando del Ejército, hasta llegar a las unidades operativas y de inteligencia adentro y afuera del Palacio de Justicia, y en los distintos cantones en la ciudad.
El documento que se debía presentar ante un juez para iniciar juicio contra los generales (r), sin explicaciones se traspapeló en las oficinas de los múltiples fiscales que han llevado el caso. Hoy, en el ente investigador nadie lo explica. Sin embargo, fuentes de la misma Fiscalía aclararon a este diario que el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto, el funcionario judicial que actualmente tiene el expediente, le explicó a la vicefiscal María Paulina Riveros que una de las tareas que tiene pendiente es, justamente, resolver la situación jurídica de los exoficiales en este caso. Lo empezó a hacer desde mayo pasado, sin el documento de su antecesora Almeida, porque legalmente no existe. Hoy, no se tienen noticias de cuándo se va a tomar una decisión de fondo.
Abogados cercanos al caso comentaron que tienen información de que la Fiscalía evalúa la posibilidad de cambiar la hipótesis que se venía manejando en el caso. De hecho, a finales del año pasado, el fiscal Díaz ordenó exhumar por segunda vez los restos del magistrado Carlos Horacio Urán para revisarlos una vez más y realizar los procedimientos médicos legales que sean pertinentes, a fin de asegurarse primero de que los restos que enterró la familia sí correspondan a su identidad. Lo que han podido establecer allegados al caso es que, con base en las pruebas recaudadas, el ente investigador tiene claro que las heridas de Urán en su cadera y fémur fueron lo suficientemente superficiales para permitirle salir con vida del edificio.
Entre los entendidos, la Fiscalía quiere desvirtuar lo que la Corte IDH y la propia familia del magistrado Urán han advertido: que salió vivo del Palacio y extrañamente apareció muerto en el primer piso del edificio. “El tema es de extrema delicadeza, porque sería un giro radical para dar con los responsables y pondría en duda el fallo de la Corte IDH, que ha sido clave para que la investigación en Colombia siga su curso”, comentó una fuente que conoce a fondo el caso. “Más allá de esta situación, lo que preocupa es la incomprensible demora por resolver la responsabilidad de los militares en este caso específico”, añadió Eduardo Carreño, apoderado de la familia Urán.
Aunque el caso es estudiado como delito de lesa humanidad, el Código Penal determina que el plazo para resolver la situación jurídica de personas de la investidura de los tres oficiales es de diez días. “Es un derecho de la defensa para resolver en el menor tiempo posible su situación, como también el de las víctimas, que exigen encontrar verdad y justicia”, señaló un abogado. En este caso, desde que apareció la billetera de Urán en una bóveda de inteligencia en 2007, han transcurrido once años, y ocho desde que un examen determinó la verdadera causa de su muerte. El Espectador no obtuvo respuesta de la Fiscalía distinta a referir que en cualquier momento se adoptarán las decisiones pertinentes en este asunto.
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Al ser consultada la familia Urán Bidegaín sobre el tema, su respuesta es que no sabían de la existencia de ese documento, ni tampoco de lo que puede estar pasando en la Fiscalía. “Lo que podemos decir es que se trata de la misma línea que la Fiscalía ha mantenido: no investigar el caso y que quede oculto”, explicó Helena Urán, una de las hijas del magistrado. “Esperaríamos que la Fiscalía se dé cuenta que sería vergonzoso que sean las cortes internacionales las que digan lo que pasó porque no está en capacidad o no quiere hacerlo”, agregó Helena Urán, quien insistió en que su familia no pierde la esperanza de que algún día se establezca la verdad de lo que le sucedió a su papá y también a otras víctimas del Palacio de Justicia.