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En una de las últimas acciones contra la campaña “¿Quién dio la orden?”, el general (r) Óscar González Peña, antiguo comandante del Ejército, solicitó información de tipo personal de quienes participaron en la elaboración y distribución de las piezas de esa iniciativa. En su derecho de petición, que luego escaló a tutela el pasado 21 de mayo, exigió que se le suministraran “los nombres de los empleados, colaboradores, periodistas, publicistas y abogados con sus respectivas tarjetas profesionales del Movice que participaron en la estrategia y elaboración de pancartas, Twitter, Instagram, Facebook, Google, muros, murales, radio, prensa, televisión y comunicación de la publicidad “¿Quién dio la orden?”, en la que se presenta mi cara y nombre como responsable de crímenes”.
El juzgado 25 penal con funciones de control de garantías de Bogotá, el pasado 18 de junio, negó sus pretensiones al considerar que dicha campaña no vulneraba en forma alguna sus derechos al buen nombre, honra, debido proceso y presunción de inocencia, como el general (r) lo reclamaba. Pero la tutela de González Peña es apenas la más reciente entre casi una decena de acciones emprendidas por generales referenciados en las piezas de esa campaña que buscan silenciarla desde hace dos años.
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La noche del 18 de octubre de 2019 fue la primera vez que el país supo del mural “¿Quién dio la orden?”, una pieza de la Campaña por la Verdad del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y 10 organizaciones más. En una pared de la calle 80 con carrera 30, sus promotores pintaron la cara de los generales Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya, Nicacio Martínez y Marcos Pinto como los responsables de los asesinatos, a quienes tildaban de ser los responsables de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, conocidos como “falsos positivos”. El mural no duró ni un día. Integrantes del Ejército lo borraron. Ese sería solo el inicio de una cruzada por parte de los militares para acabar con la estrategia, que ha terminado en los estrados judiciales.
Los generales Mario Montoya y Marcos Evangelista Pinto fueron los primeros en tomar acciones contra la iniciativa. De hecho, los hombres que esa noche borraron la pieza en Bogotá eran de la XIII Brigada del Ejército que para ese momento comandaba el general Marcos Pinto. Apenas unos días después de ese episodio, cuando a raíz de la denuncia de censura el mural se viralizaba en redes sociales, los generales Pinto y Montoya, de forma independiente, presentaron dos tutelas contra el Movice para que se eliminara toda publicación que incluyera esa imagen en la que aparecían.
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Ambas tutelas terminaron acumuladas en el juzgado 79 penal con funciones de control de garantías de Bogotá, que el 13 de noviembre las declaró improcedentes, pues los generales no pidieron primero la rectificación de la información a los autores de la imagen. El general Pinto siguió adelante y un mes después presentó una nueva tutela invocando una vez más sus derechos al buen nombre, honra, presunción de inocencia y debido proceso. El 22 de enero, el juzgado 42 civil municipal de Bogotá negó la protección a esos derechos al considerar que el mural no los afectaba y que, por el contrario, la información tenía respaldo en procesos que se adelantaban en organismos de control y la rama judicial. Asimismo, el juzgado aseguró que el general contaba con los mecanismos legales para controvertir esa información sobre su gestión.
El general impugnó el fallo y en respuesta el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá, el 21 de febrero de 2020, protegió sus derechos y le dio al Movice 48 horas para eliminar la imagen de murales, redes sociales y medios de comunicación hablados o escritos. En su momento, la decisión fue cuestionada por expertos constitucionales y en libertad de expresión, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que la calificó como violatorio de la libertad de expresión y el debido proceso, además de ser imposible de cumplir. Las organizaciones impulsoras de la campaña le solicitaron a la Corte Constitucional revisar esa tutela y ese alto tribunal, el 18 de septiembre de 2020, la seleccionó. Desde ese día, el proceso reposa en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Pero las acciones no sólo han sido dirigidas a los estrados judiciales y contra el Movice. El 27 de mayo de 2020, el general Marcos Pinto envió una solicitud formal al rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos, para que se retirara de las instalaciones de ese centro educativo el mural que estudiantes habían pintado a la entrada de la universidad como una réplica del que se había realizado en Bogotá. También solicitó que se rectificara la información allí reproducida. Días antes de esa misiva, uniformados trataron de borrar el mural de la pared en el centro educativo. En su respuesta al general, el rector sostuvo que el mural no atenta contra ninguna disposición normativa y que no fueron funcionarios de la administración universitaria quienes lo realizaron, en ese sentido, no pueden hacer rectificaciones o retractaciones sobre manifestaciones que no han hecho.
En otro episodio, el recurso jurídico se dirigió contra los autores del libro La responsabilidad del ‘hombre de atrás’ en ejecuciones extrajudiciales; análisis de casos del Oriente, Nordeste y Magdalena Medio Antioqueño, elaborado por las corporaciones jurídicas Libertad, Yira Castro, Humanidad Vigente y el Equipo colombiano interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas). El recurso lo presentó el mayor general Robinson Alexander Ramírez Cedeño, debido a que en la publicación se había confundido erróneamente su nombre con el de otro oficial de idénticos apellidos, Wilson Ramírez Cedeño, en un caso de falsos positivos. Si bien las organizaciones respondieron a la solicitud del general corrigiendo el error cometido, el oficial le pidió al juzgado que se prohibiera la expedición del libro y que fueran recogidos y destruidos todos los ejemplares de esa publicación.
Víctimas del caso 03 en la JEP sobre ‘falsos positivos’ amenazadas
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron radicadas dos solicitudes de medidas cautelares, en octubre de 2020 y en marzo de 2021, que buscan proteger a algunas víctimas que participan activamente en medio del caso 03 de esa justicia, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Ambos casos pertenecen además al colectivo Tejiendo Memorias, que agrupa a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha participado en entrega de informes sobre esos casos a la JEP, junto con organizaciones jurídicas que integran la Campaña por la Verdad.
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La primera se refiere a una víctima que asumió la vocería pública de quienes presentaron a la JEP la petición de exclusión del general Mario Montoya por considerar que faltaba a su compromiso con la verdad. Tal como había sido delegada, ese día atendió entrevistas en medios de comunicación. En la noche recibió un mensaje de texto a su celular en el que le advirtieron que no se “voletiara (sic)” (se expusiera) más en la emisora, que la tenían ubicada a ella y a sus familiares, en caso de “que den un paso mal dado”.
La segunda petición de protección es a integrantes de ese mismo colectivo que asumieron como voceros en la entrega del informe La brigada más ‘efectiva’: crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia, en el que aparece reseñado el general Mario Montoya Uribe. Según la solicitud de protección, cinco hombres armados ingresaron a la vivienda y amenazaron con armas de fuego a los integrantes de la familia, donde había menores de edad, y explícitamente les exigieron retractarse de sus denuncias por casos de falsos positivos.
A continuación encontrará una línea de tiempo que detalla cada una de las acciones jurídicas:
Los argumentos de la Campaña por la Verdad
El argumento común en todos los recursos presentados por los generales es que no existen hasta hoy sentencias penales condenatorias en su contra que permitan hablar de su responsabilidad en los casos de falsos positivos, a pesar de que sí existen investigaciones en la Fiscalía y ahora en la JEP, reclama el Movice.
¿De dónde sale entonces el número de casos que se les atribuye a los generales en el mural de “¿Quién dio la orden?”. De los registros que ha construido la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una plataforma que agrupa decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos, incluyendo las que hacen parte de la Campaña por la Verdad. De hecho, esa coordinación fue una de las tres fuentes de la JEP para fijar la cifra de 6.402 casos de falsos positivos, junto con la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
De acuerdo con el Movice, los militares que aparecen reseñados en los murales también están dentro de los informes entregados a la justicia transicional, que documentan casos ocurridos bajo sus comandancias y que los salpican. En el caso del general Marcos Pinto, cuya tutela estudia hoy la Corte Constitucional, en diciembre de 2018 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) entregó a la JEP un informe en el que documenta al menos 45 casos ocurridos a manos de hombres bajo su mando cuando estuvo al frente de dos batallones.
Uno es el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, con jurisdicción en el centro y norte de Antioquia, que comandó entre abril de 2006 y abril de 2007. Allí se presentaron, según el documento, 11 casos en que campesinos fueron asesinados y se intentó presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Las otras 34 víctimas que se le atribuyen cuando comandó el Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, con jurisdicción en el Huila, entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Cuando inició la Campaña por la Verdad, Pinto era el comandante de la XIII Brigada del Ejército y era brigadier general. Hoy es mayor general y es el comandante de la Segunda División del Ejército.
Sobre el general (r) González Peña, quien interpuso la tutela más reciente y a quien en uno de los murales se le atribuyen 1.653 casos, existe un informe titulado La continuación de la política del horror, que será entregado a la JEP y en el que se documentan todos estos hechos de falsos positivos que habrían sido cometidos bajo sus comandancias en la Décimo Primera Brigada, Cuarta Brigada, Séptima División, Comando Conjunto del Caribe No. 1 y Ejército Nacional, según las organizaciones sociales. Se trata del oficial que siguió los pasos del general Mario Montoya a medida que este iba ascendiendo, hasta que lo reemplazó en la comandancia del Ejército, luego de que Montoya renunciara cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos.
Pero más allá de esos procesos, la intención de llevar a las calles la problemática de los falsos positivos con piezas como el mural, explica Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, es que “la memoria histórica del conflicto y los crímenes de Estado no se puede limitar a los estrados judiciales, pues allí lo que ha operado hasta ahora son mecanismos de impunidad”. Para Arboleda, eso se ha materializado en que, como han dicho los generales, no existan hasta hoy sentencias en su contra, a pesar de lo que las organizaciones consideran un acervo probatorio sólido.
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Por el contrario, lo que ha ocurrido es que las sentencias en la justicia ordinaria se han quedado en los eslabones más bajos de la responsabilidad. Ese es el llamado que estas plataformas le han hecho a la JEP, cuya metodología para estos casos será ir desde abajo hacia arriba, es decir, desde los soldados rasos a los generales.
El primer paso que tomó en ese sentido fue la imputación de este martes a un general y otros nueve militares por 120 casos de falsos positivos en la región del Catatumbo (Norte de Santander), entre 2007 y 2008. Para esas organizaciones, la JEP ya cuenta con información sólida para abordar todos sus casos de arriba hacia abajo. El ejemplo de eso es la acusación que se hizo en enero de este año en el caso 01, sobre el delito de secuestro, en el que sí se imputó por esos hechos a los máximos responsables, es decir, ocho antiguos comandantes de las Farc.
Lo cierto es que mientras la justicia transicional avanza, las víctimas de este crimen de lesa humanidad esperan que la Corte Constitucional se pronuncie pronto acerca de si pueden seguir cuestionando públicamente a quienes serían los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, a través de los murales con los rostros de los generales. Según ellas, al igual que sucede con los procesos de sus familiares, pareciera que a esa Campaña por la Verdad le quisiera imponer una pintura de silencio.
