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El pasado 25 de abril, Robinson Remigio Leal recibió la noticia de que su bebé de tres meses de nacido, que había ingresado en delicado estado de salud al hospital infantil Los Ángeles en Pasto, había fallecido y que su cuerpo ya había sido cremado “por sospecha de contagio del COVID-19”.
La noticia la recibió solo, mientras permanecía en el cuarto de un hotel en Pasto, ciudad a la que había llegado dos días atrás, en busca de algún centro médico que atendiera a su hijo por urgencias. Robinson y su esposa, Leidy Irley García Iglesias, son excombatientes de las Farc. Inicialmente, hicieron su proceso de dejación de armas en el espacio de reincorporación de Pondores (Guajira). Sin embargo, meses más tarde, decidieron buscar a su familia y comenzar su vida de cero, en el departamento de donde son oriundos: Putumayo.
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Cuando hicieron su traslado, solicitaron a la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), la entidad encargada del proceso de reinserción de los excombatientes, que hicieran el cambio de IPS a una más cercana su nueva vivienda. El trámite lo solicitaron en 2017, y hasta la fecha, no han recibido respuesta.
Durante este tiempo, ninguno tuvo acceso a la salud porque la IPS donde estaban inscritos quedaba en La Guajira, a más de 1.250 kilómetros de distancia. Emily Avendaño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad y quien representa a la pareja, explicó que la persona de la ARN encargada del proceso de reincorporación de Robinson y Leidy, durante todos esos años, “les decía que estaban en ese trámite, pero más de tres años para cambiar una IPS es absurdo”, afirma.
Uno de los asuntos más graves de no haber podido acceder al sistema de salud en Putumayo, es que, desde el año pasado, durante el embarazo de Leidy Irley, no le realizaron ningún tipo de control médico prenatal. “No tuvo acceso a ecografías y cuando nació el bebé tampoco tuvo controles mensuales ni controles neonatales”, explica Avendaño.
A finales de abril de este año, al menor le salieron unas erupciones en la piel. El 22 de abril, Robinson Remigio Leal, salió de urgencias con su hijo hacia el hospital de Orito (Putumayo), donde le dijeron que no tenían convenio con la Nueva EPS y, por tanto, le negaron la atención.
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De allí fue remitido al hospital de Puerto Asís, pero, por la misma razón de la falta de convenio, le dijeron que debía ir al hospital infantil Los Ángeles (Pasto). El menor ingresó por urgencias el 23 de abril donde se le informó a Robinson que parecía estar contagiado con el nuevo coronavirus.
Pese a eso, según explicó la abogada Avendaño, el hospital les dijo que “no era necesario” que les practicaran la prueba a ellos, sus padres. El 25 de abril, Ever Alexander falleció por choque séptico, estafilococcemia (infección grave que ocasiona insuficiencia orgánica, en este caso pulmonar). “El hospital cremó al bebé, incluso antes de avisarle a sus padres que había fallecido”, explica la abogada.
Días después, el 29 de abril, el hospital confirmó que la prueba de COVID-19 que le practicaron al bebé salió negativa. Sin embargo, la ARN emitió un comunicado sobre lo ocurrido, en el que se menciona que el bebé falleció por: choque séptico, estafilococcemia y sospecha de COVID-19.
“Ellos tienen miedo de volver a su vivienda porque la gente no supo que la prueba salió negativa y piensan que están contagiados”, explica la abogada.
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Colombia2020 se comunicó con la oficina de prensa de la ARN que respondió: “La ARN no es la encargada de realizar trámites de traslado y portabilidad ante las EPS de las personas en proceso de reincorporación, dado que estos trámites deben realizarse de manera personal por cada excombatiente. Sin embargo, se corrobora que, en este caso, la solicitud de traslado, se encuentra radicada ante la Oficina de Aseguramiento de la Secretaría de Salud del municipio de Orito, Putumayo, y se encuentra en trámite. La demora frente al trámite es un asunto que no es de competencia de la ARN”.
Este diario consultó la Ruta de Reincorporación de esta entidad, para conocer sus competencias con los excombatientes, y encontró que una de las labores en el componente de salud es velar por la "vinculación y acceso al sistema de salud de la persona en reincorporación y su grupo familiar".
Por su parte, Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de investigación de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo que algunas de las dificultades que más han vivido los excombatientes en estos tres años de proceso de reincorporación ha sido el acceso adecuado al sistema de la salud.
En eso coincidió Sandra Ramírez, senadora del partido FARC, quien aseguró que “se están muriendo los hijos de la paz por falta de atención, porque nos están haciendo el paseo de la muerte”. Una de las observaciones que hace la senadora es que para las personas en proceso de reincorporación a la vida civil, comprender las burocracias del sistema de salud es mucho más complejo y, por ende, deberían tener un mejor acompañamiento.
“Ahora debemos enfrentarnos a un sistema deficiente y del que no estábamos acostumbrados”, señala Ramírez. La Fundación Lazos de Dignidad interpuso un derecho de petición al hospital Los Ángeles, porque, pese a que han pasado diez días desde el fallecimiento del bebé, se negaron a entregar copia de la historia clínica a sus padres.
