La difícil tarea de educarse en el Catatumbo

Un estudiante de primaria y bachillerato del Catatumbo debe almorzar con $1.050. ¿La razón? Desde 2001, los colegios oficiales de todo el país reciben su alimentación escolar gracias al Sistema General de Participaciones. La norma es que a cada estudiante se le asignan $2.500 para almorzar, pero, de ahí, el municipio también debe costear el transporte de la comida. En el caso de las zonas rurales de regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, esa logística es cara, insegura y demorada. De los $2.500, también se deducen los costos de almacenamiento de la comida y el pago de la cocinera, que gana $100 por cada plato. El resultado es que al estudiante, que muchas veces debe caminar hasta dos horas para llegar al colegio, se le da una ración de comida equivalente a $1.050.

La falta de alimentación no es la única barrera de acceso a la educación que enfrentan los niños y adolescentes de los once municipios que integran esa región fronteriza. Se suman la utilización de las sedes escolares por los grupos armados (ilegales y legales), las minas antipersonal que las guerrillas plantan en zonas aledañas a las escuelas, el largo trayecto desde las casas hasta las sedes, la falta de recursos para comprar los útiles escolares, el embarazo juvenil y el hecho de que el niño debe contribuir al sostenimiento del hogar. Todos estos factores se unen para producir una alarmante cifra: En el Catatumbo, únicamente el 6% de los niños que entran a primaria termina su bachillerato.

Lea más sobre Tibú, uno de los municipio que conforma la región del Catatumbo

Lo primero que muchas organizaciones se preguntan es: ¿cómo llegó la región a tener todos estos problemas de forma simultánea?, ¿son fruto del conflicto, de la pobreza, del abandono del Estado? Lo cierto es que, en esta zona, que ha sufrido la guerra desde la década de 1970, cuando llegó el Eln por primera vez, la mayoría de los problemas se ha vuelto un ciclo vicioso en el que la guerra alimenta la pobreza y la pobreza a la guerra.

Lea también: Los riesgos de no negociar con el Eln. 

El resultado se puede apreciar a lo largo de las polvorientas carreteras que intercomunican los diferentes municipios. Para cientos de jóvenes del Catatumbo resulta más productivo ayudar a sus padres a cargar pimpinas de gasolina traída de contrabando desde Venezuela, raspar coca en alguna de las miles de hectáreas plantadas en la zona o trabajar como cocineros en los campamentos de algún grupo armado, que ir a la escuela.

Y muchos de los niños que sí asisten a clase no tienen una educación de calidad porque los equipamientos están en mal estado, los profesores no están capacitados y los materiales nunca llegan a la escuela.

Según las cifras de un censo realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), a más de 2.000 hogares de 10 municipios del Catatumbo, el 38 % de los estudiantes abandona la escuela entre 3º y 6º. El 45 % de los niños desescolarizados no puede estudiar por problemas económicos y un 11,5 % de los adolescentes desescolarizados entre los 13 y 17 años abandona el aula escolar a causa de estado de embarazo.

Lea también: El asentamiento que dejó el cierre fornterizo. 

Una trabajadora de una organización no gubernamental, que lleva años en la zona, explica que el conflicto ha dejado muchas consecuencias humanitarias; entre ellas, una dinámica de economía ilegal y dificultades para acceder a los servicios básicos. “Durante muchos años hubo instituciones del Estado que eran amenazadas cada vez que intentaban entrar al Catatumbo. Hasta hoy en día, si quieren llegar a poner electrificación o conectividad, les ponen vacuna y los amenazan. La gente está sometida a las dinámicas que el conflicto impone”.

En la encuesta realizada por el NRC, también se encontró que el 98 % de los niños no tiene acceso a internet; el 88 %, a alcantarillado; el 70 % no cuenta con ningún sistema de recolección de basura y el 35 % no tiene servicio de acueducto. Estas carencias afectan directamente el rendimiento académico del niño. “Son dificultades que no están directamente ligadas al conflicto, pero, si tuviéramos otro contexto, se podrían solucionar de forma más sencilla”, dice Jesús Toro, alcalde del municipio de El Tarra.

Las intimidaciones que entorpecen la construcción de infraestructura también influyen en la contratación de profesores. Entre 2015 y 2016, la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander registró 35 amenazas hacia profesores de la región. Defensoría y Procuraduría también se han dado cuenta de que la contratación de los profesores es muy política y que las guerrillas ponen los docentes de muchos colegios o, en otros casos, los nombran por son amigos de algún alcalde o concejal.

Pero ese no es el único problema en materia de contratación de docentes. Los profesores de las zonas rurales dependen de un operador de servicio que muchas veces los nombra meses después de iniciado el año electivo y, cuando finalmente llegan a dictar clase, no están preparados académicamente. La mayoría de los nombrados no cursaron una carrera universitaria. Jesús Toro, alcalde del municipio de El Tarra, explica que la solución es prescindir del operador. “La Alcaldía y el Ministerio de Educación oficializarán la planta de docentes del departamento para que el año electivo 2017 empiece en enero”. Sólo faltaría ver si los profesores que ganen el concurso docente que se hace en el ámbito nacional quieren irse para el Catatumbo.

Otro problema es la falta de equipamientos educativos, sobre todo en las zonas rurales, que es donde vive la mayor cantidad de niños en el Catatumbo. Aun cuando el equipamiento sea suficiente, las plantas físicas de las escuelas, muchas veces, son utilizadas por actores armados, tanto legales como ilegales. En los últimos dos años, las personerías y los organismos humanitarios han tenido cuantiosos reportes sobre utilización de las escuelas por el Ejército. Hay que tener en cuenta que el uso de los equipamientos educativos por cualquier actor armado, así sea para descansar un par de horas, viola el derecho internacional humanitario.

José Trinidad Núñez, secretario de Gobierno del municipio de El Tarra, explica que las escuelas, por ser los puntos de concentración de las reuniones comunitarias, también se convierten en el lugar donde los grupos armados congregan a la comunidad cuando hay algún anuncio, cambio de comandantes o ajusticiamiento. Eso ha pasado mucho en los últimos años, durante el proceso de paz con las Farc, debido a la reorganización que han tenido el Eln y el Ejército Popular de Liberación (Epl), la primera guerrilla de izquierda que surgió en Colombia (en 1967) y que, a pesar de haberse desmovilizado parcialmente en 1990, ha recobrado fuerza en los últimos años.

Solucionar estos problemas se ha convertido en uno de las principales metas de las administraciones municipales. “Los resultados que obtienen nuestros niños en las pruebas de Estado están muy por debajo del promedio nacional. Eso afecta su rendimiento profesional, impide su ingreso a la universidad y dificulta su camino para salir de la pobreza extrema. Mejorar la educación es uno de los principales desafíos para acabar con la guerra”, concluye el alcalde Toro.

El apoyo internacional también es clave para esta región. Christian Visnes, director de NRC sugiere que hacen falta recursos económicos y acciones para atender la situación de la educación en el Catatumbo. El apoyo financiero de comunidad internacional en general y del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en particular, continúan siendo críticos para responder a la situación humanitaria en la región.

Un estudiante de primaria y bachillerato del Catatumbo debe almorzar con $1.050. ¿La razón? Desde 2001, los colegios oficiales de todo el país reciben su alimentación escolar gracias al Sistema General de Participaciones. La norma es que a cada estudiante se le asignan $2.500 para almorzar, pero, de ahí, el municipio también debe costear el transporte de la comida. En el caso de las zonas rurales de regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, esa logística es cara, insegura y demorada. De los $2.500, también se deducen los costos de almacenamiento de la comida y el pago de la cocinera, que gana $100 por cada plato. El resultado es que al estudiante, que muchas veces debe caminar hasta dos horas para llegar al colegio, se le da una ración de comida equivalente a $1.050.

La falta de alimentación no es la única barrera de acceso a la educación que enfrentan los niños y adolescentes de los once municipios que integran esa región fronteriza. Se suman la utilización de las sedes escolares por los grupos armados (ilegales y legales), las minas antipersonal que las guerrillas plantan en zonas aledañas a las escuelas, el largo trayecto desde las casas hasta las sedes, la falta de recursos para comprar los útiles escolares, el embarazo juvenil y el hecho de que el niño debe contribuir al sostenimiento del hogar. Todos estos factores se unen para producir una alarmante cifra: En el Catatumbo, únicamente el 6% de los niños que entran a primaria termina su bachillerato.

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Lo primero que muchas organizaciones se preguntan es: ¿cómo llegó la región a tener todos estos problemas de forma simultánea?, ¿son fruto del conflicto, de la pobreza, del abandono del Estado? Lo cierto es que, en esta zona, que ha sufrido la guerra desde la década de 1970, cuando llegó el Eln por primera vez, la mayoría de los problemas se ha vuelto un ciclo vicioso en el que la guerra alimenta la pobreza y la pobreza a la guerra.

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El resultado se puede apreciar a lo largo de las polvorientas carreteras que intercomunican los diferentes municipios. Para cientos de jóvenes del Catatumbo resulta más productivo ayudar a sus padres a cargar pimpinas de gasolina traída de contrabando desde Venezuela, raspar coca en alguna de las miles de hectáreas plantadas en la zona o trabajar como cocineros en los campamentos de algún grupo armado, que ir a la escuela.

Y muchos de los niños que sí asisten a clase no tienen una educación de calidad porque los equipamientos están en mal estado, los profesores no están capacitados y los materiales nunca llegan a la escuela.

Según las cifras de un censo realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), a más de 2.000 hogares de 10 municipios del Catatumbo, el 38 % de los estudiantes abandona la escuela entre 3º y 6º. El 45 % de los niños desescolarizados no puede estudiar por problemas económicos y un 11,5 % de los adolescentes desescolarizados entre los 13 y 17 años abandona el aula escolar a causa de estado de embarazo.

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Una trabajadora de una organización no gubernamental, que lleva años en la zona, explica que el conflicto ha dejado muchas consecuencias humanitarias; entre ellas, una dinámica de economía ilegal y dificultades para acceder a los servicios básicos. “Durante muchos años hubo instituciones del Estado que eran amenazadas cada vez que intentaban entrar al Catatumbo. Hasta hoy en día, si quieren llegar a poner electrificación o conectividad, les ponen vacuna y los amenazan. La gente está sometida a las dinámicas que el conflicto impone”.

En la encuesta realizada por el NRC, también se encontró que el 98 % de los niños no tiene acceso a internet; el 88 %, a alcantarillado; el 70 % no cuenta con ningún sistema de recolección de basura y el 35 % no tiene servicio de acueducto. Estas carencias afectan directamente el rendimiento académico del niño. “Son dificultades que no están directamente ligadas al conflicto, pero, si tuviéramos otro contexto, se podrían solucionar de forma más sencilla”, dice Jesús Toro, alcalde del municipio de El Tarra.

Las intimidaciones que entorpecen la construcción de infraestructura también influyen en la contratación de profesores. Entre 2015 y 2016, la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander registró 35 amenazas hacia profesores de la región. Defensoría y Procuraduría también se han dado cuenta de que la contratación de los profesores es muy política y que las guerrillas ponen los docentes de muchos colegios o, en otros casos, los nombran por son amigos de algún alcalde o concejal.

Pero ese no es el único problema en materia de contratación de docentes. Los profesores de las zonas rurales dependen de un operador de servicio que muchas veces los nombra meses después de iniciado el año electivo y, cuando finalmente llegan a dictar clase, no están preparados académicamente. La mayoría de los nombrados no cursaron una carrera universitaria. Jesús Toro, alcalde del municipio de El Tarra, explica que la solución es prescindir del operador. “La Alcaldía y el Ministerio de Educación oficializarán la planta de docentes del departamento para que el año electivo 2017 empiece en enero”. Sólo faltaría ver si los profesores que ganen el concurso docente que se hace en el ámbito nacional quieren irse para el Catatumbo.

Otro problema es la falta de equipamientos educativos, sobre todo en las zonas rurales, que es donde vive la mayor cantidad de niños en el Catatumbo. Aun cuando el equipamiento sea suficiente, las plantas físicas de las escuelas, muchas veces, son utilizadas por actores armados, tanto legales como ilegales. En los últimos dos años, las personerías y los organismos humanitarios han tenido cuantiosos reportes sobre utilización de las escuelas por el Ejército. Hay que tener en cuenta que el uso de los equipamientos educativos por cualquier actor armado, así sea para descansar un par de horas, viola el derecho internacional humanitario.

José Trinidad Núñez, secretario de Gobierno del municipio de El Tarra, explica que las escuelas, por ser los puntos de concentración de las reuniones comunitarias, también se convierten en el lugar donde los grupos armados congregan a la comunidad cuando hay algún anuncio, cambio de comandantes o ajusticiamiento. Eso ha pasado mucho en los últimos años, durante el proceso de paz con las Farc, debido a la reorganización que han tenido el Eln y el Ejército Popular de Liberación (Epl), la primera guerrilla de izquierda que surgió en Colombia (en 1967) y que, a pesar de haberse desmovilizado parcialmente en 1990, ha recobrado fuerza en los últimos años.

Solucionar estos problemas se ha convertido en uno de las principales metas de las administraciones municipales. “Los resultados que obtienen nuestros niños en las pruebas de Estado están muy por debajo del promedio nacional. Eso afecta su rendimiento profesional, impide su ingreso a la universidad y dificulta su camino para salir de la pobreza extrema. Mejorar la educación es uno de los principales desafíos para acabar con la guerra”, concluye el alcalde Toro.

El apoyo internacional también es clave para esta región. Christian Visnes, director de NRC sugiere que hacen falta recursos económicos y acciones para atender la situación de la educación en el Catatumbo. El apoyo financiero de comunidad internacional en general y del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en particular, continúan siendo críticos para responder a la situación humanitaria en la región.