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¿Cómo surgió la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola?
Esto tiene unos antecedentes históricos. Cuando los diálogos del Caguán se realizó una audiencia pública que se llamó “Medioambiente y cultivos de uso ilícito”, a la que asistimos muchas organizaciones campesinas y cerca de 25 embajadores de la Unión Europea. Allí se conformó la COCCA, que era la Coordinadora de Cultivadores de Coca del país, pero con los ires y venires de que el Gobierno no cambiaba su política antidrogas, se acabó. En 2013, a partir de los diálogos de paz de La Habana y de las asambleas y audiencias que hizo Naciones Unidas para consultar el punto cuatro de la agenda, precisamente el de solución al problema, se volvió a intentar hacer una coordinación. Los campesinos siempre han estado organizados en veredas, municipios y departamentos donde hay coca en comités de cocaleros, esto no es un secreto para nadie. Lo que hemos hecho ahora es recoger todos estos procesos locales y regionales, y conformar la coordinación nacional con el fin de convertirnos en un actor determinante en el tema de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito.
¿Cuál es entonces el propósito?
Avanzar rápidamente en la implementación del punto cuatro. Eso nos lleva a hacer la presentación formal de la Coordinadora, aunque sabemos que genera algunas desconfianzas en el Gobierno. Nosotros hemos invitado a la Comisión de Implementación de los Acuerdos de La Habana y a los ministros Juan Fernando Cristo (Interior) y Aurelio Iragorri (Agricultura), al doctor Eduardo Díaz (director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos) y hasta a Rafael Pardo (alto consejero para el Posconflicto). Nosotros no estamos defendiendo los cultivos de coca ni de amapola ni de marihuana, lo que estamos diciendo es que la actividad que hacen nuestros campesinos es porque no tienen otra opción. No vamos a obstaculizar el proceso de sustitución que se vaya a adelantar ni estamos diciendo que queremos perpetuar esos cultivos. La idea es avanzar con una verdadera solución al problema, lo cual tiene que ver con el desarrollo rural integral.
¿Y por qué su creación, como usted lo dice, le preocupa al Gobierno?
Creo que hay una malinterpretación. Es normal que el Gobierno tenga preocupaciones, pero por eso queremos hacer el lanzamiento público y decir quiénes son los voceros, que vean que detrás de esto hay campesinos, indígenas y negros, pequeños cultivadores de coca, marihuana y amapola. Aquí no hay narcotraficantes, eso hay que dejarlo claro. Además, hay que partir del hecho de que los acuerdos de La Habana reconocen que los campesinos han sido abocados a meterse en el tema de los cultivos de uso ilícito porque no tienen otra opción y que la implementación lo que tiene que hacer es generar condiciones para que salgan del problema. Y nosotros estamos en esa línea. Lo que a mí me dijo Eduardo Díaz es que tenían preocupaciones en términos de que de todas maneras ellos pretenden adelantar la política de erradicación forzada por un lado, y por otro la de sustitución, y que pareciera que la Coordinadora se pudiera oponer a la primera.
¿Y cuál es la postura frente a la erradicación forzada?
Lo que decimos es que revisemos esa situación, porque si va a ser de manera forzada, eso va a generar conflicto social, emergencia humanitaria y va a desesperanzar a la gente que tanto empeño y fuerza le ha hecho al proceso de paz, pues creen que sí se va a solucionar su problema de fondo. Pero si lo que llega es represión, la gente va a dejar de creer y pensará que esto va a continuar igual o peor. La idea es que en la medida en que se vayan acabando los cultivos ilegales y los campesinos vayan haciendo tránsito hacia una economía lícita, sigan siendo parte de sus asociaciones campesinas como siempre lo han hecho, ya no como cocaleros sino como productores agrícolas lícitos. El Gobierno, en lugar de criticar y “despelucarse”, lo que debería es ver que aquí hay una gran oportunidad de encontrar a todos los campesinos reunidos bajo una sola línea y aprovechar para que la paz sea mejor en los territorios. Y que permita que haya veeduría, que los recursos no se pierdan, que los proyectos sean concertados, que se puedan construir los planes de desarrollo, que implique una gran participación y eso nos dé la posibilidad de encontrarnos, reconciliarnos y salir de ese agujero negro.
¿Y cuál es la percepción que tienen los campesinos sobre ese tema?
La gente está cansada de tanta persecución, de tanta guerra y lo que quiere es hacer tránsito a recuperar su verdadera vocación de agricultores, que siempre la han tenido, pero que infortunadamente se ha tenido que utilizar para cultivar coca, que es lo único que la gente puede hacer en esas regiones. Los campesinos no cultivan coca porque quieran ser cocaleros, cultivan coca porque no tienen otra opción, pero si llegan las soluciones de tierras, de asistencia técnica, de infraestructura agropecuaria y todo lo que se está planteando para mejorar la calidad de vida de toda esta población, pues ya no habrá razón para cultivar coca y los campesinos saldrán de esa situación. También, en algunas zonas, la gente está reclamando que se le respete y no se erradique forzosamente.
¿En cuáles regiones se está dando ya la erradicación forzada?
En muchas regiones del país hay una emergencia humanitaria en este momento como en Guaviare, por todo el río Guayabero, donde entró un proceso de erradicación forzada muy fuerte en diciembre y a la gente la dejaron sin nada, sin qué comer. Igualmente en Caquetá, cerca de San José de Fragua, y hay algunas zonas del Cauca que han erradicado. Lo que dijo el Gobierno la semana pasada es que van para el Catatumbo, Nariño y Putumayo a erradicar. Uno dice: por qué mejor no anuncian que se van a sentar para que nos pongamos de acuerdo en la ruta de implementación. En el Catatumbo, por ejemplo, hay un fuerte proceso organizativo con el que pueden arrancar ya todo el proceso de sustitución voluntaria y concertada.
¿Cómo está conformada la Coordinadora?
Por ahora hay 14 departamentos involucrados, sobre todo los que tienen mayor densidad de cultivos de coca como Nariño, Cauca, Putumayo, Catatumbo, Magdalena Medio, Guaviare, Arauca, Córdoba, Antioquia y Chocó. La Coordinadora quedó conformada con dos delegados por cada departamento, acompañados por dos delegados de cada región. Somos casi 43 personas que estamos trabajando en el tema de la coordinación nacional, elegidos por los comités veredales, municipales y departamentales de cultivadores y trabajadores en todo el país.
¿Y cuál será el sistema de trabajo?
La asamblea deliberativa, entre hoy y mañana en Popayán, tiene como propósito trabajar una propuesta de ruta de implementación del punto cuatro, que posteriormente será presentada al Gobierno, porque sabemos que los acuerdos ya están firmados, pero la ruta todavía no está acordada. Nosotros que sí conocemos el territorio y las características, queremos hacerle una propuesta y por eso lo convocamos para que asista a la reunión. Tanto estamos defendiendo la sustitución de cultivos, que lo que vamos a presentar es precisamente una propuesta de implementación de la paz. Estamos absolutamente comprometidos todos. La idea es que el primer día de la asamblea trabajemos 600 delegados de todo el país y si hay asistencia del Gobierno, las Farc y la comunidad internacional, podremos tener un espacio deliberativo con ellos. El segundo día vamos a hacer una marcha por la ciudad y un acto público para presentar de manera formal tanto las conclusiones y la propuesta como a los integrantes de nuestra Coordinadora. No estamos haciendo nada a espaldas del país, todo es público.
¿Cuál sería el primer paso de esa hoja de ruta?
Ponernos de acuerdo en cómo va a ser la implementación. Estamos contemplando unas fases para el inicio, la continuación y eso pasa por saber si el Gobierno efectivamente está pensando en hacerlo en todo el país o si está pensando priorizar regiones. Para nosotros sería espectacular que el Gobierno tuviera los recursos y todo para iniciar de una vez en los 14 departamentos, nos daría una celeridad muy importante y que en lugar de pensar en erradicar 50 mil hectáreas se den cuenta que la sustitución funciona y que realmente se resuelve el problema de fondo y de pronto reconsideren y piensen que todo el proceso debe ser totalmente por vía sustitución. Eso no significa que se tenga que descartar que tendrán que hacer erradicación a la gente que no quiera entrar en los programas y en eso nosotros también somos claros. Sabemos que hay medianos y grandes cultivadores a los que nos les gusta esa solución. Nosotros estamos trabajando con los pequeños cultivadores, con los que si quieren sustituir, salir de ese problema y hacer un tránsito hacia la economía lícita.