La FARC y el rigor de la legalidad a tres años de la creación del partido

A menos que se cuente con una maquinaria sólida y estructural —como en el caso del Partido de la U— o con el expresidente más popular de la historia reciente —como lo ocurre al Centro Democrático—, forjar un partido político no es una tarea sencilla. Y ese trabajo es mucho más difícil si lo que se relaciona con el nuevo proyecto político son décadas de conflicto, deudas por pagar con la verdad y la justicia y un proceso de paz que, si bien trajo consigo una amplia agenda de promesas para transformaciones sociales y el fin de las balas desde un bando, generó resistencia en parte de la sociedad colombiana. Así lo ha vivido desde hace tres años el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), hijo del Acuerdo de Paz y la apuesta de los excombatientes para confrontar a sus contradictores a través de la palabra.

(Le puede interesar: ¿Por qué se resquebraja el partido FARC?)

El 27 de agosto de 2017, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, se dio el primer paso de lo que sería el partido político de la exguerrilla. Fue un escenario de debate en donde quienes sostuvieron las armas durante más de medio siglo sintieron los rigores de la democracia. Allí, reunidos, centenares de excombatientes presenciaron la competencia alrededor de las opciones de nombre para la naciente colectividad: unos querían llamarse como hoy, FARC; otros, Nueva Colombia. La conclusión ya es conocida, y para algunos analistas mantener el acrónimo de la guerra era un auténtico tiro al pie, pero lo que hubo detrás fue el primer pulso político entre Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, e Iván Márquez.

Meses después, en marzo de 2018, la FARC como partido político se mediría en las urnas, aunque, producto del Acuerdo, tenía garantizadas cinco curules en Senado y cinco en Cámara. Un poco más de 85.000 votos, menos del 1 % del total, fue el balde de agua fría que se convirtió en un claro mensaje por parte de la ciudadanía de que primero tenían que pasar muchos años para luego aceptarlos como una alternativa política viable para el país. En paralelo estuvo la candidatura presidencial del mismo Londoño, pasada por las piedras que le lanzaban algunos inconformes, la cual declinó. Y en 2019 los comicios regionales, con uno de sus triunfos más visibles, el de la Alcaldía de Turbaco (Bolívar), con Julián Conrado, conocido como “el cantante de las Farc”, aunque a nombre de Colombia Humana.

En ese trasegar, también se cuenta la desaparición del mapa de Iván Márquez; la captura, libertad y recaptura de Jesús Santrich y su posterior huida y, finalmente, el rearme de una facción de la guerrilla encabezada por estos dos. Aun así, los que siguen fieles al compromiso de la paz lo hacen desde el Congreso y desde los territorios en los que, pese a las trabas que ha tenido la implementación, han seguido adelante con la reincorporación. Los desafíos han sido muchos y las agrieras de la estigmatización y la violencia los persiguen día a día y se hacen presentes de manera contundente con al menos 225 excombatientes asesinados.

“Yo pensé que el momento más difícil sería lograr el Acuerdo de Paz, pero hoy vivimos condiciones duras. La situación de seguridad no nos ha permitido llegar a los territorios en donde históricamente estuvimos, donde está nuestra base social. Es doloroso, porque mucha gente tenía la esperanza de que siguiéramos acompañándolos”, comenta Victoria Sandino, hoy senadora del partido FARC.

(Vea también: La primera secretaría de paz liderada por una militante de FARC)

El también senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, concuerda con ese sentir. “Hay un ambiente de estigmatización que hemos soportado por enemigos del proceso y el partido de gobierno, lo que hace el proceso complicado y difícil. Cuando se inició esta etapa de estigmatización, advertimos que eso se iba a convertir en una amenaza para nuestra seguridad en los territorios. Y mire: son 225 compañeros asesinados, lo que genera temor e incertidumbre en nuestra gente”, dice. El miedo es algo que han tenido que asumir.

El balance legislativo da muestras de lo que ha sido desempeñar su papel dentro de la legalidad. “En el primer año, que fue el último período del gobierno de Santos, se nos aplicó una operación tortuga a muchos pasos que se deberían haber dado y no se hicieron. Duque llegó con toda la determinación de hacer trizas el Acuerdo, aplicando una política de simulación de la implementación, con un discurso de paz, pero lleno de engaños a la comunidad internacional”, agrega la senadora Griselda Lobo, mejor conocida como Sandra Ramírez.

De lo que hay un convencimiento total es de que la dejación de las armas ha permitido que el país enfoque sus lentes hacia otro lado. “El ruido de la guerra no dejaba oír los otros males del país. Por eso, quienes están inmersos en la corrupción, en la parapolítica, necesitan la violencia y están atizando la guerra para que el pueblo se enfrente al pueblo”, expresa por su parte Luis Alberto Albán, representante a la Cámara, conocido en la guerra como Marco León Calarcá.

Desde la FARC, dicen sus senadoras, también existe un compromiso con la mujer, sobre todo con la campesina, y se ha anunciado la intención de la formación de lideresas que puedan llegar a espacios de poder. “Estamos haciendo talleres para continuar con la preparación de nuestras lideresas y buscando ayudas para generar en los espacios territoriales unas guarderías infantiles, para que unos compañeros sean cuidadores y las madres puedan participar en la política”, agrega Lobo.

(Lea: Tres exguerrilleras que lideran la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto)

Para el período de Congreso 2022-2026, el partido de la exguerrilla conservará las diez curules del Acuerdo de Paz, pero la misión es clara y será aumentar su participación popular. Ese será el termómetro de su trabajo legislativo y un indicio de la capacidad de reconciliación del país. Eso sí, tienen que asumir ante la opinión pública y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su compromiso con la verdad y las recientes críticas por la negativa de varios de sus miembros de reconocer delitos que sucedieron en la guerra, como el reclutamiento forzado de menores.

A menos que se cuente con una maquinaria sólida y estructural —como en el caso del Partido de la U— o con el expresidente más popular de la historia reciente —como lo ocurre al Centro Democrático—, forjar un partido político no es una tarea sencilla. Y ese trabajo es mucho más difícil si lo que se relaciona con el nuevo proyecto político son décadas de conflicto, deudas por pagar con la verdad y la justicia y un proceso de paz que, si bien trajo consigo una amplia agenda de promesas para transformaciones sociales y el fin de las balas desde un bando, generó resistencia en parte de la sociedad colombiana. Así lo ha vivido desde hace tres años el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), hijo del Acuerdo de Paz y la apuesta de los excombatientes para confrontar a sus contradictores a través de la palabra.

(Le puede interesar: ¿Por qué se resquebraja el partido FARC?)

El 27 de agosto de 2017, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, se dio el primer paso de lo que sería el partido político de la exguerrilla. Fue un escenario de debate en donde quienes sostuvieron las armas durante más de medio siglo sintieron los rigores de la democracia. Allí, reunidos, centenares de excombatientes presenciaron la competencia alrededor de las opciones de nombre para la naciente colectividad: unos querían llamarse como hoy, FARC; otros, Nueva Colombia. La conclusión ya es conocida, y para algunos analistas mantener el acrónimo de la guerra era un auténtico tiro al pie, pero lo que hubo detrás fue el primer pulso político entre Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, e Iván Márquez.

Meses después, en marzo de 2018, la FARC como partido político se mediría en las urnas, aunque, producto del Acuerdo, tenía garantizadas cinco curules en Senado y cinco en Cámara. Un poco más de 85.000 votos, menos del 1 % del total, fue el balde de agua fría que se convirtió en un claro mensaje por parte de la ciudadanía de que primero tenían que pasar muchos años para luego aceptarlos como una alternativa política viable para el país. En paralelo estuvo la candidatura presidencial del mismo Londoño, pasada por las piedras que le lanzaban algunos inconformes, la cual declinó. Y en 2019 los comicios regionales, con uno de sus triunfos más visibles, el de la Alcaldía de Turbaco (Bolívar), con Julián Conrado, conocido como “el cantante de las Farc”, aunque a nombre de Colombia Humana.

En ese trasegar, también se cuenta la desaparición del mapa de Iván Márquez; la captura, libertad y recaptura de Jesús Santrich y su posterior huida y, finalmente, el rearme de una facción de la guerrilla encabezada por estos dos. Aun así, los que siguen fieles al compromiso de la paz lo hacen desde el Congreso y desde los territorios en los que, pese a las trabas que ha tenido la implementación, han seguido adelante con la reincorporación. Los desafíos han sido muchos y las agrieras de la estigmatización y la violencia los persiguen día a día y se hacen presentes de manera contundente con al menos 225 excombatientes asesinados.

“Yo pensé que el momento más difícil sería lograr el Acuerdo de Paz, pero hoy vivimos condiciones duras. La situación de seguridad no nos ha permitido llegar a los territorios en donde históricamente estuvimos, donde está nuestra base social. Es doloroso, porque mucha gente tenía la esperanza de que siguiéramos acompañándolos”, comenta Victoria Sandino, hoy senadora del partido FARC.

(Vea también: La primera secretaría de paz liderada por una militante de FARC)

El también senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, concuerda con ese sentir. “Hay un ambiente de estigmatización que hemos soportado por enemigos del proceso y el partido de gobierno, lo que hace el proceso complicado y difícil. Cuando se inició esta etapa de estigmatización, advertimos que eso se iba a convertir en una amenaza para nuestra seguridad en los territorios. Y mire: son 225 compañeros asesinados, lo que genera temor e incertidumbre en nuestra gente”, dice. El miedo es algo que han tenido que asumir.

El balance legislativo da muestras de lo que ha sido desempeñar su papel dentro de la legalidad. “En el primer año, que fue el último período del gobierno de Santos, se nos aplicó una operación tortuga a muchos pasos que se deberían haber dado y no se hicieron. Duque llegó con toda la determinación de hacer trizas el Acuerdo, aplicando una política de simulación de la implementación, con un discurso de paz, pero lleno de engaños a la comunidad internacional”, agrega la senadora Griselda Lobo, mejor conocida como Sandra Ramírez.

De lo que hay un convencimiento total es de que la dejación de las armas ha permitido que el país enfoque sus lentes hacia otro lado. “El ruido de la guerra no dejaba oír los otros males del país. Por eso, quienes están inmersos en la corrupción, en la parapolítica, necesitan la violencia y están atizando la guerra para que el pueblo se enfrente al pueblo”, expresa por su parte Luis Alberto Albán, representante a la Cámara, conocido en la guerra como Marco León Calarcá.

Desde la FARC, dicen sus senadoras, también existe un compromiso con la mujer, sobre todo con la campesina, y se ha anunciado la intención de la formación de lideresas que puedan llegar a espacios de poder. “Estamos haciendo talleres para continuar con la preparación de nuestras lideresas y buscando ayudas para generar en los espacios territoriales unas guarderías infantiles, para que unos compañeros sean cuidadores y las madres puedan participar en la política”, agrega Lobo.

(Lea: Tres exguerrilleras que lideran la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto)

Para el período de Congreso 2022-2026, el partido de la exguerrilla conservará las diez curules del Acuerdo de Paz, pero la misión es clara y será aumentar su participación popular. Ese será el termómetro de su trabajo legislativo y un indicio de la capacidad de reconciliación del país. Eso sí, tienen que asumir ante la opinión pública y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su compromiso con la verdad y las recientes críticas por la negativa de varios de sus miembros de reconocer delitos que sucedieron en la guerra, como el reclutamiento forzado de menores.