La guerra en el Bajo Cauca

El fin de semana se supo de una masacre que al parecer perpetró el Clan del Golfo en el corregimiento de Guarumo, en el municipio de Cáceres, donde cuatro personas murieron. En dicho corregimiento funcionaría una de las principales bases de los Caparrapos, quienes fueron socios del Clan del Golfo y desde hace poco más de un año se masacran en una de las guerras más violentas que ha visto la región. Centenares de muertos, miles de desplazados y un Estado cooptado es el saldo que ha dejado esta disputa.

Entre 2017 y 2018 el homicidio se dobló, se produjeron ataques con armas largas en zonas pobladas, se dictaron toques de queda ilegales y todo el mundo debía pagar extorsión. Además, nadie confía en las autoridades, la población manifiesta que todo el mundo debe escoger un bando y reina la ley del silencio.

En 2017 se registraron 128 homicidios y para 2018 la cifra llegó a 396. Allí opera el Clan del Golfo, que tenía un acuerdo con los Caparrapos o el bloque Virgilio Peralta. Luego del intento de sometimiento a la justicia de una parte de la jefatura del Clan, la guerra estalló. Los municipios más afectados son Cáceres, que en muchas zonas parece un pueblo fantasma, Tarazá y Caucasia. La guerra demandó recursos y las extorsiones comenzaron a aumentar; los comerciantes y campesinos deben pagar doble vacuna, una al Clan y otra a los Caparrapos. Por ejemplo, los campesinos inscritos en el PNIS o Plan Nacional de Sustitución de Cultivos deben dedicar parte de sus recursos para pagar la extorsión.

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En Tarazá, entre el 17 y el 22 de mayo se cerraron todos los establecimientos comerciales. Unas semanas antes del cierre del comercio, integrantes de los Caparrapos pasaron varios días, al azar, subiendo en moto a La Caucana y a El Doce a disparar indiscriminadamente contra las casas y los locales comerciales. El día anterior al cierre comercial, miembros de los Caparrapos subieron en moto hasta El Doce e iniciaron la primera ráfaga de disparos contra un local de mecánica de vehículos, hiriendo a dos hombres. En el mismo recorrido dispararon contra la casa de Diana Gutiérrez y la asesinaron. Posteriormente se dirigieron hacia una cantina del corregimiento y lanzaron una granada contra el lugar, hiriendo a cinco personas más, y terminaron la jornada disparando indiscriminadamente contra casas y locales antes de abandonar El Doce hacia la cabecera municipal.

Todos estos hechos han llevado a un desplazamiento gota a gota. Al 31 de marzo de 2019, la Unidad de Víctimas registró 1.485 familias desplazadas en Antioquia, el 41 % de ellas del Bajo Cauca. De acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, 587 familias provenían de Cáceres y Tarazá. En febrero de 2018, Cáceres presentó un desplazamiento masivo que sumó 822 personas y a septiembre de 2018 el desplazamiento forzado de Tarazá ya sumaba más de 3.440. Son pueblos que serán, a este ritmo, fantasmas.

Las fuentes consultadas del terreno aseguran que las veredas de Cáceres están prácticamente deshabitadas y que los caseríos los ocupan integrantes de los grupos armados. También afirman que lo mismo está ocurriendo en Tarazá y que la gente está saliendo gota a gota. Los desplazamientos masivos solo ocurren cuando quedan en medio de un enfrentamiento armado.

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En Caucasia, la capital de la subregión, persiste una violencia selectiva constante que llevó a que en las últimas horas fuera declarado el toque de queda para los menores de edad por parte del gobernador del departamento. Dos hechos graves se presentaron en este municipio. El 28 de marzo, al parecer hubo un combate entre Caparrapos y Agc que ocasionó un desplazamiento temporal; la comunidad se vio obligada a refugiarse en una escuela. Y en el otro, entre el 4 y el 6 de mayo, se presentó un combate entre el Ejército y los Caparrapos que acabó con la vida de un jefe de estos últimos.

Otro municipio con problemas de orden público es El Bagre. Según las fuentes consultadas, aunque la guerra de Caparrapos y Agc se siente en el área rural de este municipio, específicamente en Puerto Claver, la cabecera municipal tiene una serie de bandas que no especifican un grupo. El último nombre que se les conoció fue Limpieza Social del Bloque Central Bolívar; no obstante, no han vuelto a mencionarse. Asimismo, el Eln tiene fuerte presencia en este territorio y controla todo el corregimiento de Puerto Claver.

Todo parece indicar que estos grupos están apostando por candidatos a alcaldías y concejos. Cada candidato ya tiene bando y se dará uno de los procesos de cooptación política más grande desde la época paramilitar. En fin, medio departamento de Antioquia se desangra y nadie hace nada.

El fin de semana se supo de una masacre que al parecer perpetró el Clan del Golfo en el corregimiento de Guarumo, en el municipio de Cáceres, donde cuatro personas murieron. En dicho corregimiento funcionaría una de las principales bases de los Caparrapos, quienes fueron socios del Clan del Golfo y desde hace poco más de un año se masacran en una de las guerras más violentas que ha visto la región. Centenares de muertos, miles de desplazados y un Estado cooptado es el saldo que ha dejado esta disputa.

Entre 2017 y 2018 el homicidio se dobló, se produjeron ataques con armas largas en zonas pobladas, se dictaron toques de queda ilegales y todo el mundo debía pagar extorsión. Además, nadie confía en las autoridades, la población manifiesta que todo el mundo debe escoger un bando y reina la ley del silencio.

En 2017 se registraron 128 homicidios y para 2018 la cifra llegó a 396. Allí opera el Clan del Golfo, que tenía un acuerdo con los Caparrapos o el bloque Virgilio Peralta. Luego del intento de sometimiento a la justicia de una parte de la jefatura del Clan, la guerra estalló. Los municipios más afectados son Cáceres, que en muchas zonas parece un pueblo fantasma, Tarazá y Caucasia. La guerra demandó recursos y las extorsiones comenzaron a aumentar; los comerciantes y campesinos deben pagar doble vacuna, una al Clan y otra a los Caparrapos. Por ejemplo, los campesinos inscritos en el PNIS o Plan Nacional de Sustitución de Cultivos deben dedicar parte de sus recursos para pagar la extorsión.

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En Tarazá, entre el 17 y el 22 de mayo se cerraron todos los establecimientos comerciales. Unas semanas antes del cierre del comercio, integrantes de los Caparrapos pasaron varios días, al azar, subiendo en moto a La Caucana y a El Doce a disparar indiscriminadamente contra las casas y los locales comerciales. El día anterior al cierre comercial, miembros de los Caparrapos subieron en moto hasta El Doce e iniciaron la primera ráfaga de disparos contra un local de mecánica de vehículos, hiriendo a dos hombres. En el mismo recorrido dispararon contra la casa de Diana Gutiérrez y la asesinaron. Posteriormente se dirigieron hacia una cantina del corregimiento y lanzaron una granada contra el lugar, hiriendo a cinco personas más, y terminaron la jornada disparando indiscriminadamente contra casas y locales antes de abandonar El Doce hacia la cabecera municipal.

Todos estos hechos han llevado a un desplazamiento gota a gota. Al 31 de marzo de 2019, la Unidad de Víctimas registró 1.485 familias desplazadas en Antioquia, el 41 % de ellas del Bajo Cauca. De acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, 587 familias provenían de Cáceres y Tarazá. En febrero de 2018, Cáceres presentó un desplazamiento masivo que sumó 822 personas y a septiembre de 2018 el desplazamiento forzado de Tarazá ya sumaba más de 3.440. Son pueblos que serán, a este ritmo, fantasmas.

Las fuentes consultadas del terreno aseguran que las veredas de Cáceres están prácticamente deshabitadas y que los caseríos los ocupan integrantes de los grupos armados. También afirman que lo mismo está ocurriendo en Tarazá y que la gente está saliendo gota a gota. Los desplazamientos masivos solo ocurren cuando quedan en medio de un enfrentamiento armado.

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En Caucasia, la capital de la subregión, persiste una violencia selectiva constante que llevó a que en las últimas horas fuera declarado el toque de queda para los menores de edad por parte del gobernador del departamento. Dos hechos graves se presentaron en este municipio. El 28 de marzo, al parecer hubo un combate entre Caparrapos y Agc que ocasionó un desplazamiento temporal; la comunidad se vio obligada a refugiarse en una escuela. Y en el otro, entre el 4 y el 6 de mayo, se presentó un combate entre el Ejército y los Caparrapos que acabó con la vida de un jefe de estos últimos.

Otro municipio con problemas de orden público es El Bagre. Según las fuentes consultadas, aunque la guerra de Caparrapos y Agc se siente en el área rural de este municipio, específicamente en Puerto Claver, la cabecera municipal tiene una serie de bandas que no especifican un grupo. El último nombre que se les conoció fue Limpieza Social del Bloque Central Bolívar; no obstante, no han vuelto a mencionarse. Asimismo, el Eln tiene fuerte presencia en este territorio y controla todo el corregimiento de Puerto Claver.

Todo parece indicar que estos grupos están apostando por candidatos a alcaldías y concejos. Cada candidato ya tiene bando y se dará uno de los procesos de cooptación política más grande desde la época paramilitar. En fin, medio departamento de Antioquia se desangra y nadie hace nada.