La guerra en el corregimiento de Urabá donde asesinaron a ocho policías
Casi tres décadas después de una masacre perpetrada por los paramilitares de Fidel Castaño, El Tomate fue testigo de otra matanza. Este lugar fue el fortín de los Castaño, sitio de entrenamiento paramilitar y de fosas comunes. Los habitantes del lugar no hablan por miedo a represalias del Clan del Golfo.
Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez
Ninguno de los ocho policías que murieron en medio de un ataque con explosivos en el corregimiento El Tomate, de San Pedro de Urabá (Antioquia), superaba los 32 años. El atentado fue perpetrado en la mañana del miércoles 11 de abril. Ese hecho se suma a los que por lo menos hace 30 años han enlutado a los habitantes de dicho corregimiento, quienes han sobrevivido tres décadas de violencia.
Lea también: 30 años de las masacres de Honduras y La Negra
Para finales de los 80 Urabá veía cómo la guerra daba sus primeros y crueles pasos. Entre 1984 y 1990 el Estado empezó a adjudicar terrenos baldíos a campesinos sin tierra. Al tiempo en la zona se fortalecían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los grupos paramilitares de Fidel Castaño.
El año de1992 fue fatídico en El Tomate. En ese entonces hombres armados asesinaron a los ganaderos Manuel del Cristo Portillo, Osvaldo Tirado, Angel Isidro Calonge y Omar Trujillo, el Ejército señaló al EPL como responsable de esos hechos. Tras esa masacre, los paramilitares masacraron a nueve personas en el corregimiento de Las Changas, de Necoclí (Antioquia). En la región se recuerda la segunda matanza como una retaliación por la muerte de los ganaderos.
En El Tomate los hermanos Castaño instalaron la primera base paramilitar en la región de Urabá. Fue en la finca “La 35”, de unas 100 hectáreas, desde donde se organizó la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por la región. Incluso, en ese predio funcionó una escuela de entrenamiento de los paramilitares entre 1994 y 2003. En versiones libres excombatientes de la AUC aseguraron que en varias ocasiones los entrenamientos fueron impartidos por oficiales retirados del Ejército.
No se sabe cuántos habitantes de Urabá fueron asesinados y desaparecidos en “La 35”. En septiembre de 2009 instituciones del Estado hallaron 17 víctimas enterradas en ese predio. Luego, en inspecciones judiciales desarrolladas en marzo del 2010 por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encontraron 12 fosas comunes.
La búsqueda de cuerpos continúa. En documentos de la Fiscalía consta que entre el 21 y el 22 de octubre de 2017 se realizaron visitas a “La 35” en compañía de los desmovilizados Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido en la guerra como “Monoleche"; Isaías Montes Hernández, “Junior”, y Jhon Freddy Polo Tabares, “Bracho”. A pesar de que las diligencias se iban a extender hasta el 23 de ese mes un documento del ente investigador señala que “por graves problemas de orden público, el coronel del Ejército que opera en la zona sugirió que se dieran por terminadas”.
La tierra
La caravana atacada el miércoles 11 de abril iba a hacer una inspección judicial de restitución de tierras. Aparte de los uniformados, iban funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un juez y dos fiscales. Se dirigían al predio conocido como "Parcela 23", ubicado en la vereda El Porvenir del corregimiento El Tomate.
Una muestra de las complicaciones que ha encontrado la restitución en la zona son las cifras de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía. Ocho veces han tenido incidentes armados. Cinco de esas acciones se perpetraron en Urabá y las tres restantes en Cauca, Meta y César. El saldo es de 13 uniformados heridos y 9 muertos.
La historia de la tierra en la región es convulsa. Entre 1957 y 1983 se desarrolló en El Tomate un proceso de colonización. Luego de que familias campesinas se asentaran en la zona, con la expedición de la ley 135 de 1961, se empezó a formalizar la tenencia de los predios a través del Incora. Debido a las parcelaciones que hizo esa entidad, muchas parcelas conservan como nombre el número que se les asignó.
A inicios de los 90 los campesinos empezaron a desplazarse debido a la violencia en la región. “Fueron obligados a salir basicamente por presión de grupos paramilitares”, cuenta Ricardo Sabogal, director de la URT.
Al abandono de las tierras por miedo de quedar en medio de la guerra se sumó el despojo. Sentencias judiciales dan cuenta de que por medio de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización de la casa Castaño, los paramilitares le arrebataban los predios a los campesinos de El Tomate. “Las víctimas eran conducidas desde sus predios hasta la sede operativa (de Funpazcor) en la ciudad de Montería. Allí se les hacían firmar poderes y documentos con vocación traslaticia de dominio”, quedó consignado en una sentencia de restitución del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras.
Funpazcor tomaba control sobre los predios que los campesinos abandonaban. Repoblaron la zona con campesinos a los cuales les daban de a cinco hectáreas, pero a los más allegados a las AUC les daban extensiones más grandes, así consta en la misma sentencia.
Hay quienes quieren recuperar las tierras que abandonaron o les despojaron. Ante la URT se han radicado 134 solicitudes de restitución, de las cuales seis tienen fallos. Sin embargo, un líder de restitución de tierras de Urabá, que habló bajo la condición de que no se revelara su identidad por cuestiones de seguridad, afirmó que en Arboletes, San Juan de Urabá y San Pablo de Urabá “la ley es que al que reclamen lo matan”. Desde el 2008, según cifras de la fundación Forjando Futuros, han sido asesinados 21 líderes reclamantes en la región. En El Tomate nadie habla del tema con medios de comunicación por temor al Clan del Golfo.
Lea también: El Trébol, la finca vinculada con el asesinato de un líder de tierras
Sabogal dice que en la región están asentadas personas que en la ley de restitución de tierras son llamadas “segundos ocupantes, es decir, población campesina que se asentó en tierras que le quitaron a los campesinos”. Explica que “son campesinos vulnerables asentados en tierras que los grupos ilegales obligaron abandonar”. Al preguntarle por otros opositores en los procesos de restitución distintos a los segundos ocupantes respondió: “No tengo la información en específico del caso a caso. No tengo datos de opositores que tengan alguna relevancia. Hay temas que estarán en investigaciones y serán las autoridades las que determinen qué ocurrió allí”. El líder reclamante que habló con Colombia2020 afirmó que en la zona hacia la cual se dirigía la caravana hay tierras que le pertenecen a Jesús Ignacio Roldán Pérez.
Se han expedido seis sentecias de restitución de tierras sobre predios ubicados en El Tomate. Revisamos cinco de esos documentos, de los cuales solo en uno figura un opositor. En la sentencia que obliga a restituir un predio conocido como “Parcela 28” el opositor era Edgar de Jesús Álvarez Vélez, cuyo apoderado era Jorge Enrique Mendoza Lara. Álvarez fue víctima de secuestro por parte de las Farc en el 2007 en Concordia (Antioquia) e hizo parte de Empresas Públicas de Medellín.
Por su parte, Mendoza tiene una firma de abogados en cuya página web dice: “asesoramos y representamos a Empresas Agroindustriales y a propietarios del campo en procesos donde se les solicite sus tierras en restitución a población desplazada”. Además, tiene una cuenta en Twitter en la cual constantemente hace comentarios contra de la restitución de tierras. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras ordenó que el predio, de 18 hectáreas, fuera restituido y desvirtuó los argumentos de la defensa de Álvarez.
Otro hecho se sumará al panorama de la tierra en la región. El sábado 14 de abril empezó a llegar la maquinaría para dar inicio a la exploración petrolera en la vereda Los Almendros en el corregimiento Santa Catalina, cercano a El Tomate. Los habitantes del sector vieron pasar una caravana de tractomulas con máquinas.
El ataque
La caravana de cuatro vehículos había andado durante 30 minutos y le faltaba la mitad de camino cuando se dio la explosión que destruyó el carro con los ocho patrulleros. Ese automovil llevaba unos 50 metros de distancia frente a los otros, por lo cual las personas que se movilizaban en los otros carros no resultaron heridas.
Las autoridades no han determinado qué tipo de explosivo se utilizó en el ataque. Lo que sí afirma el coronel Álvaro Bermudez, comandante de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía, es que una acción armada de ese tipo contra una caravana de restitución “no tiene antecedentes. Fue demencial”.
En la región donde se presentó el atentado hace presencia el Clan del Golfo. Los ataques de ese grupo armado han sido conocidos a nivel nacional. En algunas ocasiones han llegado a declarar planes pistola que se traducen en muertes de policías. Por eso Bermudez no cree que el atentado se haya perpetrado en razón de la diligencia judicial de restitución de tierras que se iba a relizar. “No puedo decir que sea contra la restitución. Hay una retaliación contra las operaciones que diariamente realiza la Policía. Si hubiera pasado otra unidad policial también se hubiera dado el atentado”, puntualiza.
El general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, prometió dar pronto con los responsables del atentado contra los uniformados. Para eso la intitución desplegó la operación Agamenón. Mientras tanto, las familias de los ocho policías lloran a sus seres queridos y los habitantes de El Tomate se niegan a hablar de la restitución y de la presencia del Clan del Golfo por temor a represalias de los armados.
Lea también: El camino para ser líder de restitución en Urabá
Ninguno de los ocho policías que murieron en medio de un ataque con explosivos en el corregimiento El Tomate, de San Pedro de Urabá (Antioquia), superaba los 32 años. El atentado fue perpetrado en la mañana del miércoles 11 de abril. Ese hecho se suma a los que por lo menos hace 30 años han enlutado a los habitantes de dicho corregimiento, quienes han sobrevivido tres décadas de violencia.
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Para finales de los 80 Urabá veía cómo la guerra daba sus primeros y crueles pasos. Entre 1984 y 1990 el Estado empezó a adjudicar terrenos baldíos a campesinos sin tierra. Al tiempo en la zona se fortalecían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los grupos paramilitares de Fidel Castaño.
El año de1992 fue fatídico en El Tomate. En ese entonces hombres armados asesinaron a los ganaderos Manuel del Cristo Portillo, Osvaldo Tirado, Angel Isidro Calonge y Omar Trujillo, el Ejército señaló al EPL como responsable de esos hechos. Tras esa masacre, los paramilitares masacraron a nueve personas en el corregimiento de Las Changas, de Necoclí (Antioquia). En la región se recuerda la segunda matanza como una retaliación por la muerte de los ganaderos.
En El Tomate los hermanos Castaño instalaron la primera base paramilitar en la región de Urabá. Fue en la finca “La 35”, de unas 100 hectáreas, desde donde se organizó la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por la región. Incluso, en ese predio funcionó una escuela de entrenamiento de los paramilitares entre 1994 y 2003. En versiones libres excombatientes de la AUC aseguraron que en varias ocasiones los entrenamientos fueron impartidos por oficiales retirados del Ejército.
No se sabe cuántos habitantes de Urabá fueron asesinados y desaparecidos en “La 35”. En septiembre de 2009 instituciones del Estado hallaron 17 víctimas enterradas en ese predio. Luego, en inspecciones judiciales desarrolladas en marzo del 2010 por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encontraron 12 fosas comunes.
La búsqueda de cuerpos continúa. En documentos de la Fiscalía consta que entre el 21 y el 22 de octubre de 2017 se realizaron visitas a “La 35” en compañía de los desmovilizados Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido en la guerra como “Monoleche"; Isaías Montes Hernández, “Junior”, y Jhon Freddy Polo Tabares, “Bracho”. A pesar de que las diligencias se iban a extender hasta el 23 de ese mes un documento del ente investigador señala que “por graves problemas de orden público, el coronel del Ejército que opera en la zona sugirió que se dieran por terminadas”.
La tierra
La caravana atacada el miércoles 11 de abril iba a hacer una inspección judicial de restitución de tierras. Aparte de los uniformados, iban funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un juez y dos fiscales. Se dirigían al predio conocido como "Parcela 23", ubicado en la vereda El Porvenir del corregimiento El Tomate.
Una muestra de las complicaciones que ha encontrado la restitución en la zona son las cifras de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía. Ocho veces han tenido incidentes armados. Cinco de esas acciones se perpetraron en Urabá y las tres restantes en Cauca, Meta y César. El saldo es de 13 uniformados heridos y 9 muertos.
La historia de la tierra en la región es convulsa. Entre 1957 y 1983 se desarrolló en El Tomate un proceso de colonización. Luego de que familias campesinas se asentaran en la zona, con la expedición de la ley 135 de 1961, se empezó a formalizar la tenencia de los predios a través del Incora. Debido a las parcelaciones que hizo esa entidad, muchas parcelas conservan como nombre el número que se les asignó.
A inicios de los 90 los campesinos empezaron a desplazarse debido a la violencia en la región. “Fueron obligados a salir basicamente por presión de grupos paramilitares”, cuenta Ricardo Sabogal, director de la URT.
Al abandono de las tierras por miedo de quedar en medio de la guerra se sumó el despojo. Sentencias judiciales dan cuenta de que por medio de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización de la casa Castaño, los paramilitares le arrebataban los predios a los campesinos de El Tomate. “Las víctimas eran conducidas desde sus predios hasta la sede operativa (de Funpazcor) en la ciudad de Montería. Allí se les hacían firmar poderes y documentos con vocación traslaticia de dominio”, quedó consignado en una sentencia de restitución del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras.
Funpazcor tomaba control sobre los predios que los campesinos abandonaban. Repoblaron la zona con campesinos a los cuales les daban de a cinco hectáreas, pero a los más allegados a las AUC les daban extensiones más grandes, así consta en la misma sentencia.
Hay quienes quieren recuperar las tierras que abandonaron o les despojaron. Ante la URT se han radicado 134 solicitudes de restitución, de las cuales seis tienen fallos. Sin embargo, un líder de restitución de tierras de Urabá, que habló bajo la condición de que no se revelara su identidad por cuestiones de seguridad, afirmó que en Arboletes, San Juan de Urabá y San Pablo de Urabá “la ley es que al que reclamen lo matan”. Desde el 2008, según cifras de la fundación Forjando Futuros, han sido asesinados 21 líderes reclamantes en la región. En El Tomate nadie habla del tema con medios de comunicación por temor al Clan del Golfo.
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Sabogal dice que en la región están asentadas personas que en la ley de restitución de tierras son llamadas “segundos ocupantes, es decir, población campesina que se asentó en tierras que le quitaron a los campesinos”. Explica que “son campesinos vulnerables asentados en tierras que los grupos ilegales obligaron abandonar”. Al preguntarle por otros opositores en los procesos de restitución distintos a los segundos ocupantes respondió: “No tengo la información en específico del caso a caso. No tengo datos de opositores que tengan alguna relevancia. Hay temas que estarán en investigaciones y serán las autoridades las que determinen qué ocurrió allí”. El líder reclamante que habló con Colombia2020 afirmó que en la zona hacia la cual se dirigía la caravana hay tierras que le pertenecen a Jesús Ignacio Roldán Pérez.
Se han expedido seis sentecias de restitución de tierras sobre predios ubicados en El Tomate. Revisamos cinco de esos documentos, de los cuales solo en uno figura un opositor. En la sentencia que obliga a restituir un predio conocido como “Parcela 28” el opositor era Edgar de Jesús Álvarez Vélez, cuyo apoderado era Jorge Enrique Mendoza Lara. Álvarez fue víctima de secuestro por parte de las Farc en el 2007 en Concordia (Antioquia) e hizo parte de Empresas Públicas de Medellín.
Por su parte, Mendoza tiene una firma de abogados en cuya página web dice: “asesoramos y representamos a Empresas Agroindustriales y a propietarios del campo en procesos donde se les solicite sus tierras en restitución a población desplazada”. Además, tiene una cuenta en Twitter en la cual constantemente hace comentarios contra de la restitución de tierras. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras ordenó que el predio, de 18 hectáreas, fuera restituido y desvirtuó los argumentos de la defensa de Álvarez.
Otro hecho se sumará al panorama de la tierra en la región. El sábado 14 de abril empezó a llegar la maquinaría para dar inicio a la exploración petrolera en la vereda Los Almendros en el corregimiento Santa Catalina, cercano a El Tomate. Los habitantes del sector vieron pasar una caravana de tractomulas con máquinas.
El ataque
La caravana de cuatro vehículos había andado durante 30 minutos y le faltaba la mitad de camino cuando se dio la explosión que destruyó el carro con los ocho patrulleros. Ese automovil llevaba unos 50 metros de distancia frente a los otros, por lo cual las personas que se movilizaban en los otros carros no resultaron heridas.
Las autoridades no han determinado qué tipo de explosivo se utilizó en el ataque. Lo que sí afirma el coronel Álvaro Bermudez, comandante de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía, es que una acción armada de ese tipo contra una caravana de restitución “no tiene antecedentes. Fue demencial”.
En la región donde se presentó el atentado hace presencia el Clan del Golfo. Los ataques de ese grupo armado han sido conocidos a nivel nacional. En algunas ocasiones han llegado a declarar planes pistola que se traducen en muertes de policías. Por eso Bermudez no cree que el atentado se haya perpetrado en razón de la diligencia judicial de restitución de tierras que se iba a relizar. “No puedo decir que sea contra la restitución. Hay una retaliación contra las operaciones que diariamente realiza la Policía. Si hubiera pasado otra unidad policial también se hubiera dado el atentado”, puntualiza.
El general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, prometió dar pronto con los responsables del atentado contra los uniformados. Para eso la intitución desplegó la operación Agamenón. Mientras tanto, las familias de los ocho policías lloran a sus seres queridos y los habitantes de El Tomate se niegan a hablar de la restitución y de la presencia del Clan del Golfo por temor a represalias de los armados.
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