La guerra y el clientelismo amenazan los liderazgos del Chocó
Líderes de ese departamento que aspiran a la curul de paz no solo le temen el recrudecimiento de la violencia y la reconfiguración del conflicto armado, sino a que los caciques políticos tradicionales se apoderen de los escaños en el Congreso para las víctimas.
Amparo Murillo llegó con sus tres hijos al caserío San Miguel, en Chocó, el mismo día en que comenzaron los combates entre los guerrilleros del Eln y el grupo criminal del Clan del Golfo. Era el 13 de septiembre de 2021.
“Fue algo muy difícil y muy doloroso. Yo trataba de tener a mi familia a salvo y la llevé justo adonde está la confrontación. Pensábamos en que todos podíamos perder la vida. Mis hijos me preguntaban si nos íbamos a salvar, y yo sin saber les decía que sí para darles fuerza”.
Murillo había sacado a su familia hacia el municipio de Istmina porque temía lo que al final acabó por ocurrirle: se quedó atrapada en la mitad de un combate.
Ella es una de las lideresas del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), una organización étnica que, según explica, “surgió de la gente campesina que ha luchado por el derecho territorial de las comunidades afrocolombianas”. Y agrega: “Desde nuestros ancestros se viene trabajando por proteger el territorio”.
Acadesan es el mayor consejo comunitario del sur del Chocó y su territorio comprende buena parte del área rural donde se va a definir la elección de la curul de paz de este departamento: Litoral del San Juan, Medio San Juan, Istmina y Sipí.
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En esta extensa región se ha agudizado la crisis humanitaria por la confrontación entre el Eln, el Clan del Golfo y la fuerza pública. Los líderes locales aseguran que el riesgo permanente por los enfrentamientos constituye la mayor amenaza directa para su labor y potencial ejercicio electoral. “Todo el departamento del Chocó está lleno de grupos al margen de la ley”, se lamenta Murillo.
La situación en el resto del departamento, aunque menos tensa en días recientes, no deja de ser preocupante. José de la Cruz Valencia, sobreviviente de la masacre de Bojayá y líder del Comité de Víctimas de ese municipio, asegura que el eje de todo el problema está en los incumplimientos a los Acuerdos de Paz de La Habana.
“Se había dicho claramente que estos territorios que dejaban las Farc debía ocuparlos el Estado colombiano inmediatamente, para evitar que nuevos actores llegaran y se generara la disputa territorial, pero esto es justamente lo que está pasando en todo el Pacífico”, explica Valencia, quien fue postulado por las víctimas de Bojayá como precandidato a la curul para las víctimas en Chocó. “Esa realidad que se vive en el río San Juan, en el Medio y Bajo Atrato, la tiene también clarísima Bojayá. Por eso es tan insistente el llamado que hacemos de reiterar la necesidad del cumplimiento estricto de los acuerdos”.
Esa implementación avanza con enormes limitantes y tropiezos y no implicó lo que las comunidades esperaban. Al menos eso cree Valerio Murillo, asesor del Consejo Comunitario Mayor de Istmina (Cocominsa). “Queríamos que hubiera renovación, que participáramos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los temas de implementación y que las organizaciones étnicas en los territorios estuvieran haciendo inversiones y contrataciones, pero la realidad que hoy vivimos es la pobreza extrema. Frente a ello necesitamos garantías: que [a las curules de paz] vayan candidatos comprometidos con los procesos organizativos y con las comunidades”.
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Las curules de paz son un logro del Acuerdo de La Habana y su propósito es que las comunidades rurales que fueron más afectadas por el conflicto tengan representación política en el Congreso por dos períodos. Un fallo de la Corte Constitucional obligó al presidente Iván Duque a revivir esos escaños para las próximas elecciones de marzo, después de que el partido de gobierno bloqueara la iniciativa por tres años seguidos.
Los líos de la curul de paz
Hace ya más de una década que Blasney Mosquera estuvo amarrado a un árbol en la mitad de la selva a punto de que le pegaran un tiro. A causa de un rumor infundado, la guerrilla casi lo ejecuta. En la otra orilla, los paramilitares amenazaron y asesinaron a familiares y amigos suyos en el río San Juan, de donde salió desplazado y prefiere no volver en estos días de zozobra.
Blasney ha sido coordinador de la Mesa de Víctimas del Chocó y ahora es precandidato a la curul de paz, pero considera que líderes como él, que deberían ser los verdaderos beneficiarios de esos escaños, ahora compiten en desventaja. “Se ha legislado para seguir favoreciendo a la clase política. El acto legislativo [que dio vida a las curules] tiene muchos baches, tiene conveniencias para los partidos tradicionales”, asegura Mosquera. “En el departamento del Chocó el miedo que nos da es que no seamos las víctimas quienes vayamos a ostentar las curules”, dice.
Lo mismo opina Murillo, de Cocominsa, quien sostiene que persisten los beneficios para la clase política. “Muchos políticos han tenido sus intereses; así la ley diga que no, ellos soterradamente tratarán de poner sus candidatos”. Además, cuenta que en su zona no se ha hecho todavía pedagogía sobre las curules “por la incertidumbre” que había sobre si serían aprobadas o no.
Al describir la dinámica electoral que se viene, Murillo emplea una palabra clave para entender cómo funcionan las elecciones en el Chocó: “Padrino”. Es decir, cualquier barón electoral del departamento a los que buscan algunos candidatos para lograr financiación, votos y apoyo, incluso si eso significa hipotecar su campaña al poder de las maquinarias electorales.
Aunque la ley es clara en que los partidos tradicionales no podrán acceder a las curules de paz, en el departamento muchos creen que el mayor riesgo para la elección no es la violencia, sino las lógicas clientelistas instauradas.
Otro contexto: Líderes de Suárez: una dignidad que brilla más que el oro
“Es un hecho que la curul se va a perder”, asegura un politólogo que prefiere no ser citado. El experto acompaña varios procesos étnicos de la región y afirma que las divisiones podrían debilitar a los aspirantes. “Las organizaciones están tan divididas que no van a poder competir con los políticos tradicionales; pero eso va a pasar en todo el país: se van a perder parte de las curules por los desacuerdos”, precisa.
Willington Valois, líder comunitario de Panamacito, en Istmina, es más certero: “El riesgo son los politiqueros”, afirma.
Los precandidatos de las organizaciones étnicas y de víctimas en el Chocó son más de quince, divididos entre indígenas y afros. De ahí surge otra de las preocupaciones para perder esos escaños, pues alguno de los grupos políticos que han dominado las elecciones podría apoderarse de la curul de paz con un candidato testaferro y consiguiendo el aval de algún consejo comunitario pequeño o de cualquiera de los grupos de víctimas del departamento.
De nuevo, la violencia
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), nueve de los catorce municipios que hacen parte de la circunscripción especial de paz tienen dificultad para llegar al puesto de votación, pues el promedio es un centro de votación por cada 190 kilómetros cuadrados.
A esto se suma, otra vez, la violencia. Diego Rubiano, investigador político de la MOE, señala riesgos por “la presencia activa de grupos armados que confluyen en el norte del departamento, como el Clan del Golfo y el Eln” con “una presencia más consolidada del Eln en el sur del departamento”, explica.
“Hay un elemento bien marcado en el acto legislativo 02 que dice que el presidente está en facultad de cancelar las elecciones en lugares que tengan situación compleja de orden público y ese riesgo es latente para nosotros (…) las comunidades nos estamos alistando, pero sabemos que eso puede poner en riesgo las elecciones para la curul especial en el territorio”, asegura De la Cruz Valencia.
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En el decreto que revivió las curules consta que el presidente de la república podrá “suspender la elección en cualquiera de los puestos de votación dentro de las 16 circunscripciones transitorias de Paz” basándose previamente en las “alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia”. Alertas que en el Chocó abundan desde hace años porque la situación humanitaria nunca mejoró con la salida de las Farc.
“No hay confianza, no hay garantías. Hay muchas cosas para denunciar, pero se teme por la vida y la seguridad”, asegura Hugo Bailarín, otro líder de la Mesa Indígena del Chocó., quien da otra terrible sentencia y es que la labor del que en últimas gane la curul de paz no será fácil en el actual contexto. “Yo creo que es evidente que una persona que llegue al campo [y logre el escaño] se convierte en una presa de los grupos armados porque va ser quien visibilice las situaciones y luche por las comunidades”.
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*Esta producción hace parte del especial “Defender la paz: una labor de alto riesgo”, apoyado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol), a través de su proyecto “Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo”.
Amparo Murillo llegó con sus tres hijos al caserío San Miguel, en Chocó, el mismo día en que comenzaron los combates entre los guerrilleros del Eln y el grupo criminal del Clan del Golfo. Era el 13 de septiembre de 2021.
“Fue algo muy difícil y muy doloroso. Yo trataba de tener a mi familia a salvo y la llevé justo adonde está la confrontación. Pensábamos en que todos podíamos perder la vida. Mis hijos me preguntaban si nos íbamos a salvar, y yo sin saber les decía que sí para darles fuerza”.
Murillo había sacado a su familia hacia el municipio de Istmina porque temía lo que al final acabó por ocurrirle: se quedó atrapada en la mitad de un combate.
Ella es una de las lideresas del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), una organización étnica que, según explica, “surgió de la gente campesina que ha luchado por el derecho territorial de las comunidades afrocolombianas”. Y agrega: “Desde nuestros ancestros se viene trabajando por proteger el territorio”.
Acadesan es el mayor consejo comunitario del sur del Chocó y su territorio comprende buena parte del área rural donde se va a definir la elección de la curul de paz de este departamento: Litoral del San Juan, Medio San Juan, Istmina y Sipí.
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En esta extensa región se ha agudizado la crisis humanitaria por la confrontación entre el Eln, el Clan del Golfo y la fuerza pública. Los líderes locales aseguran que el riesgo permanente por los enfrentamientos constituye la mayor amenaza directa para su labor y potencial ejercicio electoral. “Todo el departamento del Chocó está lleno de grupos al margen de la ley”, se lamenta Murillo.
La situación en el resto del departamento, aunque menos tensa en días recientes, no deja de ser preocupante. José de la Cruz Valencia, sobreviviente de la masacre de Bojayá y líder del Comité de Víctimas de ese municipio, asegura que el eje de todo el problema está en los incumplimientos a los Acuerdos de Paz de La Habana.
“Se había dicho claramente que estos territorios que dejaban las Farc debía ocuparlos el Estado colombiano inmediatamente, para evitar que nuevos actores llegaran y se generara la disputa territorial, pero esto es justamente lo que está pasando en todo el Pacífico”, explica Valencia, quien fue postulado por las víctimas de Bojayá como precandidato a la curul para las víctimas en Chocó. “Esa realidad que se vive en el río San Juan, en el Medio y Bajo Atrato, la tiene también clarísima Bojayá. Por eso es tan insistente el llamado que hacemos de reiterar la necesidad del cumplimiento estricto de los acuerdos”.
Esa implementación avanza con enormes limitantes y tropiezos y no implicó lo que las comunidades esperaban. Al menos eso cree Valerio Murillo, asesor del Consejo Comunitario Mayor de Istmina (Cocominsa). “Queríamos que hubiera renovación, que participáramos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los temas de implementación y que las organizaciones étnicas en los territorios estuvieran haciendo inversiones y contrataciones, pero la realidad que hoy vivimos es la pobreza extrema. Frente a ello necesitamos garantías: que [a las curules de paz] vayan candidatos comprometidos con los procesos organizativos y con las comunidades”.
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Las curules de paz son un logro del Acuerdo de La Habana y su propósito es que las comunidades rurales que fueron más afectadas por el conflicto tengan representación política en el Congreso por dos períodos. Un fallo de la Corte Constitucional obligó al presidente Iván Duque a revivir esos escaños para las próximas elecciones de marzo, después de que el partido de gobierno bloqueara la iniciativa por tres años seguidos.
Los líos de la curul de paz
Hace ya más de una década que Blasney Mosquera estuvo amarrado a un árbol en la mitad de la selva a punto de que le pegaran un tiro. A causa de un rumor infundado, la guerrilla casi lo ejecuta. En la otra orilla, los paramilitares amenazaron y asesinaron a familiares y amigos suyos en el río San Juan, de donde salió desplazado y prefiere no volver en estos días de zozobra.
Blasney ha sido coordinador de la Mesa de Víctimas del Chocó y ahora es precandidato a la curul de paz, pero considera que líderes como él, que deberían ser los verdaderos beneficiarios de esos escaños, ahora compiten en desventaja. “Se ha legislado para seguir favoreciendo a la clase política. El acto legislativo [que dio vida a las curules] tiene muchos baches, tiene conveniencias para los partidos tradicionales”, asegura Mosquera. “En el departamento del Chocó el miedo que nos da es que no seamos las víctimas quienes vayamos a ostentar las curules”, dice.
Lo mismo opina Murillo, de Cocominsa, quien sostiene que persisten los beneficios para la clase política. “Muchos políticos han tenido sus intereses; así la ley diga que no, ellos soterradamente tratarán de poner sus candidatos”. Además, cuenta que en su zona no se ha hecho todavía pedagogía sobre las curules “por la incertidumbre” que había sobre si serían aprobadas o no.
Al describir la dinámica electoral que se viene, Murillo emplea una palabra clave para entender cómo funcionan las elecciones en el Chocó: “Padrino”. Es decir, cualquier barón electoral del departamento a los que buscan algunos candidatos para lograr financiación, votos y apoyo, incluso si eso significa hipotecar su campaña al poder de las maquinarias electorales.
Aunque la ley es clara en que los partidos tradicionales no podrán acceder a las curules de paz, en el departamento muchos creen que el mayor riesgo para la elección no es la violencia, sino las lógicas clientelistas instauradas.
Otro contexto: Líderes de Suárez: una dignidad que brilla más que el oro
“Es un hecho que la curul se va a perder”, asegura un politólogo que prefiere no ser citado. El experto acompaña varios procesos étnicos de la región y afirma que las divisiones podrían debilitar a los aspirantes. “Las organizaciones están tan divididas que no van a poder competir con los políticos tradicionales; pero eso va a pasar en todo el país: se van a perder parte de las curules por los desacuerdos”, precisa.
Willington Valois, líder comunitario de Panamacito, en Istmina, es más certero: “El riesgo son los politiqueros”, afirma.
Los precandidatos de las organizaciones étnicas y de víctimas en el Chocó son más de quince, divididos entre indígenas y afros. De ahí surge otra de las preocupaciones para perder esos escaños, pues alguno de los grupos políticos que han dominado las elecciones podría apoderarse de la curul de paz con un candidato testaferro y consiguiendo el aval de algún consejo comunitario pequeño o de cualquiera de los grupos de víctimas del departamento.
De nuevo, la violencia
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), nueve de los catorce municipios que hacen parte de la circunscripción especial de paz tienen dificultad para llegar al puesto de votación, pues el promedio es un centro de votación por cada 190 kilómetros cuadrados.
A esto se suma, otra vez, la violencia. Diego Rubiano, investigador político de la MOE, señala riesgos por “la presencia activa de grupos armados que confluyen en el norte del departamento, como el Clan del Golfo y el Eln” con “una presencia más consolidada del Eln en el sur del departamento”, explica.
“Hay un elemento bien marcado en el acto legislativo 02 que dice que el presidente está en facultad de cancelar las elecciones en lugares que tengan situación compleja de orden público y ese riesgo es latente para nosotros (…) las comunidades nos estamos alistando, pero sabemos que eso puede poner en riesgo las elecciones para la curul especial en el territorio”, asegura De la Cruz Valencia.
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En el decreto que revivió las curules consta que el presidente de la república podrá “suspender la elección en cualquiera de los puestos de votación dentro de las 16 circunscripciones transitorias de Paz” basándose previamente en las “alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia”. Alertas que en el Chocó abundan desde hace años porque la situación humanitaria nunca mejoró con la salida de las Farc.
“No hay confianza, no hay garantías. Hay muchas cosas para denunciar, pero se teme por la vida y la seguridad”, asegura Hugo Bailarín, otro líder de la Mesa Indígena del Chocó., quien da otra terrible sentencia y es que la labor del que en últimas gane la curul de paz no será fácil en el actual contexto. “Yo creo que es evidente que una persona que llegue al campo [y logre el escaño] se convierte en una presa de los grupos armados porque va ser quien visibilice las situaciones y luche por las comunidades”.
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