La historia oculta de un exalcalde de Chigorodó en una convivir de Antioquia

Edgar Payares Berrio llegó a ser alcalde de Chigorodó (Antioquia), entre 2012 y 2015, por el Partido de la U con un gran apoyo político. El aval lo recibió de manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de Juan Lozano, actual director de Noticias RCN. “Es un hombre firme, fraterno y de manos puras: expresión de la transparencia”, aseguró Uribe sobre Payares, de quien también dijo que era su amigo “desde 1996″. Para esa campaña, este último subió una hoja de vida a internet en la que enumeró los cargos que había ocupado, aunque ignoró uno: el 1 de diciembre de 1997 fue nombrado representante legal de la convivir Chigorodó Alegre, organización que también estaba integrada por miembros de los grupos paramilitares de la región.

(Lea también: Las advertencias del Ejército para que Uribe no promocionara las Convivir)

El Espectador conoció una serie de documentos que dan cuenta de la historia de esa organización que operó en Urabá. El 28 de octubre de 1996, Óscar Hernán Jiménez, el primer representante legal de Chigorodó Alegre, solicitó personería jurídica para esa convivir a la Gobernación de Antioquia. La persona que figuraba como revisor fiscal de la convivir para ese entonces era Faber Leonel Londoño Londoño, conocido en la guerra como ‘Gustavo Alzáte’, hombre de confianza del comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Raúl Hasbún. Álvaro Uribe, en ese momento gobernador de Antioquia, concedió la personería por medio de un documento firmado el 5 de noviembre de 1996. Un mes después, el 6 de diciembre, el general Rito Alejo del Río (condenado por sus alianzas con el paramilitarismo) pidió autorizar la compra de 5 subametralladoras, 10 pistolas 9 milimetros, 10 revólveres y 20 escopetas de repetición para esa convivir.

Londoño también fungió como revisor fiscal de otras convivir de Urabá que se constituyeron a finales de 1996: Nueva Luz, Churidó, La Tagua del Darién, Papagayo y Palma Real. Él le ha dicho a la Fiscalía que nunca firmó ningún documento para aceptar esos cargos, pero ha admitido que recogía los aportes que ganaderos de la región les hacían a los grupos paramilitares. Londoño se desmovilizó en 2004.

La justicia, en varios fallos, ha establecido que las convivir de Urabá sirvieron para que las AUC recibieran aportes de empresarios. “La forma ideada por Hasbún para el recaudo de los dineros, con un aparente halo de legalidad, consistió en crear unas entidades que contaran con el beneplácito de las autoridades y que permitiera a los integrantes de las Autodefensas deambular libremente so pretexto de pertenecer a estas organizaciones, aun cuando era de conocimiento público, incluso de las autoridades, que las mismas eran simplemente el brazo urbano de estos grupos armados. Inicialmente, estas agrupaciones fueron denominadas Asociaciones Convivir”, explicó la Fiscalía en una acusación contra varios empresarios bananeros vinculados a la multinacional Chiquita Brands, que hicieron estos aportes.

Otro hecho que da cuenta de irregularidades en la conformación de Chigorodó Alegre es la manera en que supuestamente Óscar Hernán Jiménez llegó a ser el primer representante legal: “a mí me obligaron a firmar”, aseguró en entrevista con este medio. Aunque se negó a dar detalles, aduciendo que la Fiscalía lo interrogó por esos hechos, dijo que quien lo habría obligado fue “gente que pertenecía a una organización. Podrían ser de los grupos paramilitares, gente extraña que llegó a Chigorodó”.

Jiménez duró poco tiempo en la dirección de la convivir. El 1 de diciembre de 1997, según consta en un documento de la Gobernación de Antioquia, ese cargo lo empezó a ocupar Payares Berrio por decisión de la junta de asociados. Al preguntarle por qué no incluyó esa información en la hoja de vida que publicó respondió: “Uno en la hoja de vida registra lo que considera pertinente en los cargos. Como hubo tanta especulación sobre ese tema de las convivir, que era legal, que era ilegal, no vi pertinente registrar ese nombre allí”.

Los hechos que vinculan a Chigorodó Alegre con los paramilitares persistieron. El 30 de abril de 1998, María Lourdes Villa, integrante de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá (Asevsp), le envió un documento a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (adscrita al Ministerio de Defensa) en el que pedía renovar la licencia de funcionamiento de la convivir dirigida por Payares y de las organizaciones Coembera, Covitur, Una Nueva Luz y Abibe. Adjunto iba el listado de los asociados de Chigorodó Alegre. Llama la atención que entre esas personas aparece la firma de Raúl Emilio Hasbún, quien en ese momento ya era comandante del Bloque Bananero. Junto a él firmaron reconocidos empresarios de la región como Antonio Argote Bolaños, José Gentil Silva, Jaime Ardila Sarmiento, Felipe Echeverri Zapata (a quien el Tribunal Superior de Antioquia ordenó recientemente investigar por presuntamente crear una trama de despojo y haber financiado grupos paramilitares en la región), entre otros.

(Lea también: Las contradicciones de un empresario bananero de Urabá)

Para esa época, las convivir hacían ajustes debido a una sentencia de la Corte Constitucional de 1997. El 20 de agosto de 1998 se adelantó una reunión en Apartadó (Antioquia), a la cual asistieron unos 300 representantes de esas asociaciones y pidieron cancelar las licencias de funcionamiento. Sin embargo, en Urabá había un plan b: se convirtieron en Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada y se agruparon en la Asevsp (también conocida como Papagayo). El propio Payares tramitó el cambio de razón social de Chigorodó Alegre ante la Gobernación de Antioquia, el 9 de marzo de 1998.

El 6 de octubre de 1998, Arnulfo Peñuela, director de la Asevp que terminó condenado por sus vínculos con los paramilitares, pidió de nuevo renovación de las licencias de funcionamiento. Entre la documentación de Chigorodó Alegre que anexó se encuentra la hoja de vida de Realvale Sepúlveda Corrales. Ese documento revela que Sepúlveda fue recomendado por Payares para entrar a la organización. Además, en las referencias personales se encuentran los nombres de Jesús Enrique Doval Urango, exalcalde de Carepa y excongresista por Cambio Radical condenado por sus nexos con los paramilitares, y Antonio Arboleda, también condenado por sus relaciones con ese grupo armado. Sepúlveda, conocido en la vida delictiva como ‘Alfonsito’, dirigió una facción de los Comandos Populares, grupos armados que fueron absorbidos por la estructura criminal de los Castaño, y se desmovilizó junto al Bloque Bananero, según una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.

Otras hojas de vida que se encuentran en los archivos de Chigorodó Alegre son las de los empresarios Francisco Luis Castaño Hurtado, quien ha tenido que devolver tierra despojada, y Jesús Emilio Manco Zapata, a quien el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) señaló de ser un ocupante de mala fe en tierras de la ribera del río Jiguamiandó (Chocó).

Al preguntarle a Payares sobre su relación con personas vinculadas a los paramilitares que hicieron parte de Chigorodó Alegre respondió: “eso lo dice usted, pero en el caso mío yo no tenía conocimiento si salieron posteriormente no es de mi resorte ni era de mi incumbencia (…) Yo no sé nada de ese tema que usted me está comentando”.

Otro tema por aclarar son las finanzas de Chigorodó Alegre, ya que sus balances generales son sospechosos. En 1997 firmó el contador Carlos Mario Jaramillo, pero está vacío el espacio donde debería firmar el representante legal. Los de 1998 y 1999 tienen una firma que debería corresponder al representante legal, para ese momento Payares, pero se parecen más a la de Arnulfo Peñuela Marín y están suscritos por la contadora Emma Eugenia Cadavid, quien también fue revisora fiscal de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), organización que según un fallo del Tribunal Superior de Medellín fue creada por Hasbún. La del 2000 también tiene una firma parecida a la de Marín sobre una línea que estaba destinada para la de Payares y fue avalado por la contadora Luz Mery Álvarez. El retiro de Payares de Chigorodó Alegre se dio hacia 2001, en su lugar quedó José Rodríguez Martínez, cuya supuesta firma también es muy parecida a la de Peñuela, como queda evidenciado en el de ese año.

Sobre ese tema, Payares aseguró que “no manejábamos recursos, eso lo manejó Peñuela que era el director financiero de las convivir desde Carepa. Yo de eso no tengo conocimiento”. Según su relato “lo que se hizo allá fue una labor social, era un proceso que era legal”. También agregó que llegó a esa organización por cuenta de su trabajo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro). Un documento demuestra que Payares tenía asignado un radio modelo GP68 de serie 477TXNC733 y su código era “46”. Contactamos a Peñuela para conocer su versión sobre la posible falsificación de las firmas, pero no contestó nuestras preguntas.

Absalón Andrade, quien fue vigilante de Chigorodó Alegre, también se refirió a “labores sociales” de parte de esa organización como la construcción de carreteras. Sin embargo, resume el trabajo que desempeñaba esa empresa de manera diferente a como lo hizo Payares: “simplemente nosotros éramos como unos sapos de la Policía, del Ejército, porque uno andaba por todas partes”, puntualizó. Asegura que todos los días hacían recorridos por las fincas bananeras y le informaban por radio cualquier novedad a la Fuerza Pública y a la Asevsp, cuya sede quedaba en Carepa, justo detrás de la Brigada 17. Dijo, en entrevista con este medio, que nunca conoció de los vínculos con los paramilitares.

La violencia no mermó con la puesta en marcha de Chigorodó Alegre, por el contrario, se agudizó. Según la Unidad para las Víctimas, 1996 fue el año que más afectados por el conflicto armado: 5.808. En los años que siguieron las víctimas se contaron por miles: 3.598 en 1997, 2.002 en 1998, 1.771 en 1999 y 2.100 en el 2000. Ese municipio tiene 462 solicitudes de restitución de tierra. Además, sus habitantes recuerdan la masacre perpetrada por los paramilitares el 8 de enero de 1999 en la que fueron asesinadas cuatro personas.

Payares también apoyó a los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada cuando fue alcalde. En un oficio que envió a la Superintendencia, el 28 de febrero de 2007, escribió que la Asevsp “viene cumpliendo un papel importante, en virtud del principio de solidaridad social, colaborando permanentemente con las autoridades legítimas del Estado en la prevención, represión y juzgamiento del delito”.

Una justicia que no actúa

En 2013, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó: “que se investigue penalmente a todos los directivos de las cerca de 15 Cooperativas de Seguridad Privada “Convivir”, que funcionaron en Urabá, las cuales estuvieron ligadas directamente con el movimiento paramilitar, Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Sin embargo, Payares dice que nunca ha sido requerido por ninguna autoridad para explicar el papel que jugó en la convivir Chigorodó Alegre.

Incluso la propia Fiscalía, en una acusación contra empresarios vinculados a una filial de Chiquita Brands en 2018, enfatizó que “el paramilitarismo, a la sombra de las convivir, en el Urabá Antioqueño y de la mano del terror, se convirtió en una macro organización criminal, sembrando sangre y dolor en la historia de Colombia”. Por eso, el ente investigativo expidió copias para investigar a los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, alcaldes, gobernadores y “demás funcionarios de la rama ejecutiva para los años 1997 a 2004 respecto de su conducta oficial por acción o por omisión en la conformación, vigilancia, control de las convivir”. El ente investigativo declaró en 2017 la financiación de grupos paramilitares de Urabá por parte de empresarios como un crimen de lesa humanidad.

A pesar de esos anuncios y esas órdenes judiciales la impunidad es casi total. Consultados por El Espectador, la oficina de prensa de la Fiscalía respondió que sobre la orden del Tribunal Superior de Bogotá “se ordenó recibir en versión libre a aproximadamente 65 integrantes de esas asociaciones”. Sin embargo, siete años después solamente se han recibido 25 versiones. “Una vez se culmine la totalidad de las versiones libres, se analizará la posibilidad de proferir la apertura de instrucción y la eventual vinculación de estas personas mediante indagatoria”, respondió el ente investigativo. Tampoco se conocen sentencias contra empresarios de la región por financiación de grupos paramilitares.

Payares está en detención domiciliaria por cuenta de un proceso que se adelanta en su contra por posibles actos de corrupción con dineros del transporte escolar mientras era alcalde de Chigorodó. La captura se dio en medio de la campaña de 2019, en la cual aspiraba a ocupar por tercera vez la Alcaldía de Chigorodó, con aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), y sacó la segunda votación más alta. Las víctimas de los paramilitares en Urabá siguen esperando que la Fiscalía actúe para que les explique quiénes financiaron y estructuraron la maquinaria criminal que asesinó, desplazó y despojó de sus tierras a miles de habitantes de esa región.

(Lea también: La participación ganadera en una convivir de los paramilitares en Urabá)

Edgar Payares Berrio llegó a ser alcalde de Chigorodó (Antioquia), entre 2012 y 2015, por el Partido de la U con un gran apoyo político. El aval lo recibió de manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de Juan Lozano, actual director de Noticias RCN. “Es un hombre firme, fraterno y de manos puras: expresión de la transparencia”, aseguró Uribe sobre Payares, de quien también dijo que era su amigo “desde 1996″. Para esa campaña, este último subió una hoja de vida a internet en la que enumeró los cargos que había ocupado, aunque ignoró uno: el 1 de diciembre de 1997 fue nombrado representante legal de la convivir Chigorodó Alegre, organización que también estaba integrada por miembros de los grupos paramilitares de la región.

(Lea también: Las advertencias del Ejército para que Uribe no promocionara las Convivir)

El Espectador conoció una serie de documentos que dan cuenta de la historia de esa organización que operó en Urabá. El 28 de octubre de 1996, Óscar Hernán Jiménez, el primer representante legal de Chigorodó Alegre, solicitó personería jurídica para esa convivir a la Gobernación de Antioquia. La persona que figuraba como revisor fiscal de la convivir para ese entonces era Faber Leonel Londoño Londoño, conocido en la guerra como ‘Gustavo Alzáte’, hombre de confianza del comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Raúl Hasbún. Álvaro Uribe, en ese momento gobernador de Antioquia, concedió la personería por medio de un documento firmado el 5 de noviembre de 1996. Un mes después, el 6 de diciembre, el general Rito Alejo del Río (condenado por sus alianzas con el paramilitarismo) pidió autorizar la compra de 5 subametralladoras, 10 pistolas 9 milimetros, 10 revólveres y 20 escopetas de repetición para esa convivir.

Londoño también fungió como revisor fiscal de otras convivir de Urabá que se constituyeron a finales de 1996: Nueva Luz, Churidó, La Tagua del Darién, Papagayo y Palma Real. Él le ha dicho a la Fiscalía que nunca firmó ningún documento para aceptar esos cargos, pero ha admitido que recogía los aportes que ganaderos de la región les hacían a los grupos paramilitares. Londoño se desmovilizó en 2004.

La justicia, en varios fallos, ha establecido que las convivir de Urabá sirvieron para que las AUC recibieran aportes de empresarios. “La forma ideada por Hasbún para el recaudo de los dineros, con un aparente halo de legalidad, consistió en crear unas entidades que contaran con el beneplácito de las autoridades y que permitiera a los integrantes de las Autodefensas deambular libremente so pretexto de pertenecer a estas organizaciones, aun cuando era de conocimiento público, incluso de las autoridades, que las mismas eran simplemente el brazo urbano de estos grupos armados. Inicialmente, estas agrupaciones fueron denominadas Asociaciones Convivir”, explicó la Fiscalía en una acusación contra varios empresarios bananeros vinculados a la multinacional Chiquita Brands, que hicieron estos aportes.

Otro hecho que da cuenta de irregularidades en la conformación de Chigorodó Alegre es la manera en que supuestamente Óscar Hernán Jiménez llegó a ser el primer representante legal: “a mí me obligaron a firmar”, aseguró en entrevista con este medio. Aunque se negó a dar detalles, aduciendo que la Fiscalía lo interrogó por esos hechos, dijo que quien lo habría obligado fue “gente que pertenecía a una organización. Podrían ser de los grupos paramilitares, gente extraña que llegó a Chigorodó”.

Jiménez duró poco tiempo en la dirección de la convivir. El 1 de diciembre de 1997, según consta en un documento de la Gobernación de Antioquia, ese cargo lo empezó a ocupar Payares Berrio por decisión de la junta de asociados. Al preguntarle por qué no incluyó esa información en la hoja de vida que publicó respondió: “Uno en la hoja de vida registra lo que considera pertinente en los cargos. Como hubo tanta especulación sobre ese tema de las convivir, que era legal, que era ilegal, no vi pertinente registrar ese nombre allí”.

Los hechos que vinculan a Chigorodó Alegre con los paramilitares persistieron. El 30 de abril de 1998, María Lourdes Villa, integrante de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá (Asevsp), le envió un documento a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (adscrita al Ministerio de Defensa) en el que pedía renovar la licencia de funcionamiento de la convivir dirigida por Payares y de las organizaciones Coembera, Covitur, Una Nueva Luz y Abibe. Adjunto iba el listado de los asociados de Chigorodó Alegre. Llama la atención que entre esas personas aparece la firma de Raúl Emilio Hasbún, quien en ese momento ya era comandante del Bloque Bananero. Junto a él firmaron reconocidos empresarios de la región como Antonio Argote Bolaños, José Gentil Silva, Jaime Ardila Sarmiento, Felipe Echeverri Zapata (a quien el Tribunal Superior de Antioquia ordenó recientemente investigar por presuntamente crear una trama de despojo y haber financiado grupos paramilitares en la región), entre otros.

(Lea también: Las contradicciones de un empresario bananero de Urabá)

Para esa época, las convivir hacían ajustes debido a una sentencia de la Corte Constitucional de 1997. El 20 de agosto de 1998 se adelantó una reunión en Apartadó (Antioquia), a la cual asistieron unos 300 representantes de esas asociaciones y pidieron cancelar las licencias de funcionamiento. Sin embargo, en Urabá había un plan b: se convirtieron en Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada y se agruparon en la Asevsp (también conocida como Papagayo). El propio Payares tramitó el cambio de razón social de Chigorodó Alegre ante la Gobernación de Antioquia, el 9 de marzo de 1998.

El 6 de octubre de 1998, Arnulfo Peñuela, director de la Asevp que terminó condenado por sus vínculos con los paramilitares, pidió de nuevo renovación de las licencias de funcionamiento. Entre la documentación de Chigorodó Alegre que anexó se encuentra la hoja de vida de Realvale Sepúlveda Corrales. Ese documento revela que Sepúlveda fue recomendado por Payares para entrar a la organización. Además, en las referencias personales se encuentran los nombres de Jesús Enrique Doval Urango, exalcalde de Carepa y excongresista por Cambio Radical condenado por sus nexos con los paramilitares, y Antonio Arboleda, también condenado por sus relaciones con ese grupo armado. Sepúlveda, conocido en la vida delictiva como ‘Alfonsito’, dirigió una facción de los Comandos Populares, grupos armados que fueron absorbidos por la estructura criminal de los Castaño, y se desmovilizó junto al Bloque Bananero, según una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.

Otras hojas de vida que se encuentran en los archivos de Chigorodó Alegre son las de los empresarios Francisco Luis Castaño Hurtado, quien ha tenido que devolver tierra despojada, y Jesús Emilio Manco Zapata, a quien el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) señaló de ser un ocupante de mala fe en tierras de la ribera del río Jiguamiandó (Chocó).

Al preguntarle a Payares sobre su relación con personas vinculadas a los paramilitares que hicieron parte de Chigorodó Alegre respondió: “eso lo dice usted, pero en el caso mío yo no tenía conocimiento si salieron posteriormente no es de mi resorte ni era de mi incumbencia (…) Yo no sé nada de ese tema que usted me está comentando”.

Otro tema por aclarar son las finanzas de Chigorodó Alegre, ya que sus balances generales son sospechosos. En 1997 firmó el contador Carlos Mario Jaramillo, pero está vacío el espacio donde debería firmar el representante legal. Los de 1998 y 1999 tienen una firma que debería corresponder al representante legal, para ese momento Payares, pero se parecen más a la de Arnulfo Peñuela Marín y están suscritos por la contadora Emma Eugenia Cadavid, quien también fue revisora fiscal de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), organización que según un fallo del Tribunal Superior de Medellín fue creada por Hasbún. La del 2000 también tiene una firma parecida a la de Marín sobre una línea que estaba destinada para la de Payares y fue avalado por la contadora Luz Mery Álvarez. El retiro de Payares de Chigorodó Alegre se dio hacia 2001, en su lugar quedó José Rodríguez Martínez, cuya supuesta firma también es muy parecida a la de Peñuela, como queda evidenciado en el de ese año.

Sobre ese tema, Payares aseguró que “no manejábamos recursos, eso lo manejó Peñuela que era el director financiero de las convivir desde Carepa. Yo de eso no tengo conocimiento”. Según su relato “lo que se hizo allá fue una labor social, era un proceso que era legal”. También agregó que llegó a esa organización por cuenta de su trabajo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro). Un documento demuestra que Payares tenía asignado un radio modelo GP68 de serie 477TXNC733 y su código era “46”. Contactamos a Peñuela para conocer su versión sobre la posible falsificación de las firmas, pero no contestó nuestras preguntas.

Absalón Andrade, quien fue vigilante de Chigorodó Alegre, también se refirió a “labores sociales” de parte de esa organización como la construcción de carreteras. Sin embargo, resume el trabajo que desempeñaba esa empresa de manera diferente a como lo hizo Payares: “simplemente nosotros éramos como unos sapos de la Policía, del Ejército, porque uno andaba por todas partes”, puntualizó. Asegura que todos los días hacían recorridos por las fincas bananeras y le informaban por radio cualquier novedad a la Fuerza Pública y a la Asevsp, cuya sede quedaba en Carepa, justo detrás de la Brigada 17. Dijo, en entrevista con este medio, que nunca conoció de los vínculos con los paramilitares.

La violencia no mermó con la puesta en marcha de Chigorodó Alegre, por el contrario, se agudizó. Según la Unidad para las Víctimas, 1996 fue el año que más afectados por el conflicto armado: 5.808. En los años que siguieron las víctimas se contaron por miles: 3.598 en 1997, 2.002 en 1998, 1.771 en 1999 y 2.100 en el 2000. Ese municipio tiene 462 solicitudes de restitución de tierra. Además, sus habitantes recuerdan la masacre perpetrada por los paramilitares el 8 de enero de 1999 en la que fueron asesinadas cuatro personas.

Payares también apoyó a los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada cuando fue alcalde. En un oficio que envió a la Superintendencia, el 28 de febrero de 2007, escribió que la Asevsp “viene cumpliendo un papel importante, en virtud del principio de solidaridad social, colaborando permanentemente con las autoridades legítimas del Estado en la prevención, represión y juzgamiento del delito”.

Una justicia que no actúa

En 2013, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó: “que se investigue penalmente a todos los directivos de las cerca de 15 Cooperativas de Seguridad Privada “Convivir”, que funcionaron en Urabá, las cuales estuvieron ligadas directamente con el movimiento paramilitar, Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Sin embargo, Payares dice que nunca ha sido requerido por ninguna autoridad para explicar el papel que jugó en la convivir Chigorodó Alegre.

Incluso la propia Fiscalía, en una acusación contra empresarios vinculados a una filial de Chiquita Brands en 2018, enfatizó que “el paramilitarismo, a la sombra de las convivir, en el Urabá Antioqueño y de la mano del terror, se convirtió en una macro organización criminal, sembrando sangre y dolor en la historia de Colombia”. Por eso, el ente investigativo expidió copias para investigar a los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, alcaldes, gobernadores y “demás funcionarios de la rama ejecutiva para los años 1997 a 2004 respecto de su conducta oficial por acción o por omisión en la conformación, vigilancia, control de las convivir”. El ente investigativo declaró en 2017 la financiación de grupos paramilitares de Urabá por parte de empresarios como un crimen de lesa humanidad.

A pesar de esos anuncios y esas órdenes judiciales la impunidad es casi total. Consultados por El Espectador, la oficina de prensa de la Fiscalía respondió que sobre la orden del Tribunal Superior de Bogotá “se ordenó recibir en versión libre a aproximadamente 65 integrantes de esas asociaciones”. Sin embargo, siete años después solamente se han recibido 25 versiones. “Una vez se culmine la totalidad de las versiones libres, se analizará la posibilidad de proferir la apertura de instrucción y la eventual vinculación de estas personas mediante indagatoria”, respondió el ente investigativo. Tampoco se conocen sentencias contra empresarios de la región por financiación de grupos paramilitares.

Payares está en detención domiciliaria por cuenta de un proceso que se adelanta en su contra por posibles actos de corrupción con dineros del transporte escolar mientras era alcalde de Chigorodó. La captura se dio en medio de la campaña de 2019, en la cual aspiraba a ocupar por tercera vez la Alcaldía de Chigorodó, con aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), y sacó la segunda votación más alta. Las víctimas de los paramilitares en Urabá siguen esperando que la Fiscalía actúe para que les explique quiénes financiaron y estructuraron la maquinaria criminal que asesinó, desplazó y despojó de sus tierras a miles de habitantes de esa región.

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