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La Corte Constitucional está estudiando tres tutelas presentadas por organizaciones cocaleras en Cauca, Nariño y Norte de Santander, para que se cumplan los acuerdos de sustitución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y también para que la erradicación forzada sea una medida excepcional, como está escrito en el Acuerdo de Paz.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez esperan una decisión del talante de la que en 2017 estableció las condiciones para el retorno de las aspersiones aéreas con glifosato, suspendidas en 2015 por el Ministerio de Salud luego de que la OMS considerara esta sustancia “probablemente cancerígena”.
Las principales solicitudes de las tutelas presentadas por asociaciones campesinas y cocaleras de esos tres departamentos contemplan que se cumpla el PNIS y que se dé un tratamiento penal diferenciado a cultivadores de coca, tal y como se pactó en el punto 4 del Acuerdo de Paz; que cese la estigmatización por parte de las instituciones contra los campesinos cocaleros a quienes se ha etiquetado como“narcotraficantes” y, además, que se suspenda o se pongan límites a la estrategia de erradicación forzada implementada durante este Gobierno.
La Corte Constitucional decidió estudiar en conjunto las tres tutelas -apoyadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- al considerar que tenía gran importancia constitucional.
Las tutelas fueron presentadas en distintos momentos luego de múltiples confrontaciones entre campesinos cocaleros que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria y que denunciaron incumplimientos en el programa y miembros del Ejército y de la Policía. En las tres regiones ha habido múltiples operativos de erradicación forzada.
La tutela del Cauca, por ejemplo, cuenta con denuncias de las veredas Aguabonita, del municipio de Suárez; El Vergel, de Caloto; Cacahual, en Cajibío; Remanso, en Villanueva y La Esmeralda de Piamonte. De acuerdo con las denuncias, los militares habrían entrado sin autorización, sin cumplir medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 e iniciaron la erradicación forzada de cultivos, pese a que los campesinos manifestaron su voluntad de sustituir voluntariamente las plantas de coca por siembras legales y advirtieron que habían firmado acuerdos individuales o el acuerdo colectivo de sustitución en la región.
Además, el texto reclama el cese de la estigmatización por parte de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) Núm. 4 en contra los habitantes de Aguabonita, pues, según la demanda, dijeron que sus casas “no eran viviendas de civiles, sino un laboratorio para procesar coca”.
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En el caso de la tutela interpuesta por las organizaciones de Nariño, se denuncia que miembros de la Fuerza Pública detuvieron a dos campesinos, quemaron ranchos y “atropellaron” a los cultivadores que trabajaban en las veredas Chamba y Casa Vieja, del municipio de Ancuya, pese a que en este se firmó un acuerdo colectivo en 2017 para iniciar el proceso de sustitución voluntaria.
La tutela señala también excesos de fuerza como disparos contra los campesinos en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, e incluso la fumigación de 1,5 hectáreas de coca desde helicópteros de la Policía Antinarcóticos en la vereda Santa Lucía, en Ipiales.
El reclamo por disparos contra los campesinos se repite en la tutela interpuesta por las organizaciones cocaleras del Catatumbo, que hace énfasis en Tibú, el municipio del país con más hectáreas con coca en 2020, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). En este documento también denunciaron incumplimientos del PNIS y amenazas contra la vida de los cultivadores y líderes inscritos a este programa.
Además, señalan que también en los municipios de Norte de Santander de San Calixto, Cúcuta, El Zulia y Sardinata se han realizado operativos de erradicación forzada pese a la disposición de los campesinos de sustituir voluntariamente sus cultivos de coca.
A mediados del 2020, las tutelas de Cauca y Nariño recibieron fallo favorable en segunda instancia por parte de los tribunales administrativos, que ordenaron suspender los operativos de erradicación forzada en los casos en los que hay intención de sustitución o erradicación voluntaria.
Sin embargo, según explica el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, estas decisiones no han tenido efectos prolongados. “Los últimos operativos de erradicación forzada, los últimos episodios de violencia en el marco de esas incursiones del Ejército Nacional y los incumplimientos del PNIS siguen persistentes y están principalmente en esas regiones desde donde se presentaron las tutelas. Es decir, en principio, hubo un freno a las erradicaciones forzadas, pero estas se han ido retomando en todos estos territorios y con ellas todas sus consecuencias”, explicó a Colombia+20 un abogado del Cajar que prefiere no ser identificado.
El caso de Catatumbo llama especialmente la atención porque las tensiones entre civiles y Ejército se han ido agudizando. De hecho, justo en ese municipio hace una semana hubo una confrontación en la que al menos 100 soldados fueron retenidos por parte de unos 600 campesinos cocaleros, un hecho que para las organizaciones fue un cerco humanitario, pero que fue denominado secuestro por las autoridades.
“(La de Catatumbo) fue una tutela que en primera y segunda instancia fue considerada improcedente y es en donde más agudo está el conflicto social”, añade el abogado.
Pese a que el gobierno del presidente Iván Duque ha celebrado como exitosa la erradicación forzada, pues según cifras del Ministerio de Defensa se erradicaron un total de 321.085 hectáreas de cultivos ilícitos entre agosto de 2018 y octubre de 2021, la estrategia ha sido cuestionada desde amplios sectores porque no cuenta con un comité de verificación externo y las tasas de resiembra son altas. Entre 2018 y 2020, las hectáreas de coca sembradas en el país solo disminuyeron de 169.018 a 142.783, de acuerdo con el Simci.
La importancia de la decisión
Las denuncias se repiten a nivel nacional. Por eso, José David Hernández, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y quien también ha hecho seguimiento a los recientes enfrentamientos en Anorí, Antioquia, ratifica que la importancia de la decisión de la Corte va más allá de las tres regiones iniciales.
“Aquí no se trata solo de Cauca, Nariño y Norte de Santander. Se trata de todos los campesinos cocaleros que firmaron un acuerdo, bien sea individual o colectivo, y que no les han cumplido pese a que la mayoría arrancaron las matas de coca que eran el sustento de sus familias. A esos municipios donde hay PNIS es a donde está llegando el Ejército a arrancar por las malas las matas de quienes volvieron a sembrar y sin previa socialización, como lo exigía el Acuerdo”.
Aún no se sabe con exactitud la fecha en la que la entidad judicial emitirá la sentencia, pero desde ya las organizaciones y los colectivos de abogados tienen varias preocupaciones. El abogado del Cajar puntualizó principalmente dos.
La primera es que la Corte dio un plazo de 10 días hábiles para que las entidades públicas implicadas hicieran llegar más pruebas para la decisión final, pero sólo dio tres días para que las organizaciones denunciantes las revisaran y respondieran. Además, la Corte invitó a otros ciudadanos que se encuentren en circunstancias parecidas a las de los denunciantes (es decir, que tengan dificultades con el PNIS o la erradicación forzada y tengan un interés legítimo en la solución del proceso) a intervenir y hacer llegar información.
“Esto es muy llamativo, pero es preocupante porque el tiempo no es suficiente para recoger la información si se tiene en cuenta que las comunidades cocaleras viven en zonas muy apartadas de los cascos urbanos y están es preocupadas porque no las saquen de sus territorios. Entonces puede ser un anuncio llamando a alguien que no se va a enterar”, explica. Por eso, el Cajar y el Colectivo Luis Carlos Pérez solicitaron la ampliación de ese tiempo para lograr recoger la mayor información posible. Los interesados pueden hacerla llegar a través de la plataforma web de la Corte Constitucional o al correo del Cajar territorio1@cajar.org
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La segunda preocupación es por las pruebas que hasta ahora han hecho llegar entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Justicia y la Agencia Jurídica del Estado. De acuerdo con el abogado del Cajar, “el Estado tiene unas tesis jurídicas muy peligrosas: una es que tanto los acuerdos colectivos que se firmaron a nivel municipal por los campesinos cocaleros con el Gobierno para iniciar planes de sustitución como las preinscripciones firmadas por las familias no son vinculantes. Es decir, señalan que no son de obligatorio cumplimiento. Pero eso no aparece en la ley ni los decretos que regulan el PNIS”.
La mayor contradicción, según explica Hernández, de Coccam, “es que a los campesinos sí les daban un periodo de 60 días para arrancar las matas de coca luego de la firma de esos acuerdos para recibir los beneficios de la sustitución y si volvían a sembrar corrían el riesgo de ser judicializados, pero ahora el Gobierno está buscando argumentos para decir que no eran de obligatorio cumplimiento”.
Además, explica el Cajar, desde la firma del Acuerdo de Paz y con la reglamentación del PNIS hay un compromiso de que una vez se firmen los acuerdos, estos deben ser cumplidos entre ambas partes. “Por eso, uno de los temas que tiene en sus manos la Corte Constitucional es justamente decidir el valor jurídico de esos acuerdos colectivos y de los formularios de preinscripción”, asegura.
El Cajar insiste en que la solicitud no es que se finalice definitivamente con la erradicación de cultivos de uso ilícito por parte del Estado, sino que esta sea una medida excepcional y que se haga de acuerdo a la ley y al Acuerdo de paz.
“La erradicación forzada debe ser el último mecanismo al que debe acudir al Estado. Incluso el auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional vuelve a retomar esa jerarquía de los acuerdos. Dice, incluso, que si hay familias que no se acogen al PNIS lo primero que se debe hacer son espacios de participación donde se busque una alternativa para erradicar la coca. No puede entrar a hacer operativos violentos y mucho menos disparar de un momento a otro. Eso no se está cumpliendo”, asegura.
El proceso recuerda la sentencia de la Corte Constitucional que en 2017 ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea con glifosato a los cultivos de uso ilícito, que surgió de una tutela de la comunidad étnica de Novita, Chocó.
Los abogados esperan que esta nueva decisión de la Corte Constitucional tenga la misma dimensión porque, señalan, ambas estrategias tienen una relación directa: “precisamente desde esa decisión de la Corte Constitucional sobre el glifosato y otra posterior en la que las organizaciones volvimos a tutelar porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) iba a aprobar la licencia para retomar las aspersiones, lo que hemos visto es que la erradicación forzada se volvió la alternativa a la aspersión aérea en vez de la sustitución. Lo global aquí es una política antidrogas centrada en los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico y la Corte tendrá que pronunciarse al respecto”, sentencia el abogado del Cajar.