La Iglesia católica le dice no al glifosato

Los obispos del país siguen reiterando su apoyo a la paz y a la vía negociada para la conclusión del conflicto, sin embargo, creen que aún falta mucho por hacer por ese tema, pese a que hay un documento suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc que traza las líneas de implementación del proceso de paz. En la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que finalizó este viernes bajo el lema de “La economía al servicio de la dignidad humana y del común”, la Iglesia dio más luces sobre su postura en el calloso asunto que se ha convertido el posconflicto. En voz del monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, hubo un contundente “no” a la reactivación del glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito, problemática que fue puesta sobre la mesa por el Gobierno hace unos días, con el argumento de que el Estado debe de contar con todas las herramientas para acabar con este flagelo que, a su juicio, ha sido motor de la violencia en los territorios productores.  

“Los obispos del suroccidente del país hemos analizado la situación y nos inspiramos en dos fundamentos. Primero, en lo que vemos en el territorio, y es que el glifosato es absolutamente perjudicial para la salud humana y para el medio ambiente; segundo, compartimos muchos estudios que tiene la academia colombiana y sectores de organizaciones sociales, que han dicho que el herbicida, en sí, no es la solución”, dijo monseñor Barreto, secundando las palabras de hace unos meses del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, quien aseguró ser testigo de los perjuicios de este producto en las personas, especialmente en los niños.

(Le puede interesar: “Abandonar la implementación sería un error grave”: monseñor Óscar Urbina)

A cambio de reactivar esta estrategia, suspendida desde 2015 por la administración de Juan Manuel Santos, la Iglesia pidió por el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria, los cuales, a sus ojos, “promueven el empoderamiento de los campesinos a través de las economías legales”. Sin embargo, los obispos, como testigos directos de la realidad de las regiones más tocadas por el conflicto, afirman que ese punto, suscrito en el pacto firmado en La Habana está siendo incumplido. “Esta población marginada históricamente debe recibir el apoyo que ha estado ausente durante tanto tiempo, pues en las regiones productoras no hay un Estado social de derecho fuerte. Ha sido, más bien, absolutamente frágil e ineficaz”, sentenció Barreto.

Ante el incumplimiento de la sustitución voluntaria, el obispo de Quibdó también enumeró otros puntos que el Gobierno no ha puesto en marcha o lo está haciendo de forma lenta. Por ejemplo, la concentración de tierras por parte de unos pocos; la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de los que el presidente Iván Duque y otros funcionarios encargados de la implementación se vanaglorian de haber completado el diseño de 14 de los 16 PDET en diez meses de gobierno, y, por último, la situación de los excombatientes en cuanto a su reincorporación. “Hay vacíos todavía en ese aspecto en que se ha ido avanzando, pero no contundentemente, como se esperaría, para garantizar el éxito de lo pactado”.

Poco se ha escuchado de la veeduría de la Iglesia en los procesos de reincorporación, no obstante, monseñor Barreto recalcó las labores de la institución religiosa en esta labor específica. “Hay muchísimos proyectos de acompañamiento a nivel de cada una de las diócesis y también de la Pastoral Nacional. En Quibdó, por ejemplo, hemos seguido a unos cincuenta excombatientes de las Farc, que recibieron de un empresario un terreno de diez hectáreas con un comodato a diez años y un capital económico semilla. Entonces, esas experiencias las hemos apoyado y estamos estableciendo el diálogo entre esa población, la institucionalidad y la empresa privada”, explicó.

(Lea también: El ritmo de implementación del Acuerdo de paz disminuyó en los últimos meses: Instituto Kroc)

Bajo esa línea, el religioso también coincidió con las posturas de la dirección del partido FARC y Emilio Archila, consejero para la Estabilización, sobre la situación del Acuerdo de Paz por el caso de Jesús Santrich: “Colombia no se debe desesperar porque algunos exguerrilleros, sobre todo sus líderes, han sido ambiguos en su respuesta a lo pactado o lo han irrespetado. No podemos por eso deslegitimar el proceso”. Y añadió que el sentimiento generalizado de la ciudadanía sobre la presunta huida hacia Venezuela del ahora representante a la Cámara es una demostración de que Santrich está siendo incoherente con su compromiso declarado públicamente ante la verdad y las víctimas. “Las personas deben confirmar con hechos lo que dicen con sus palabras. Con lo que está pasando, esas palabras no son tan sinceras, y si no regresa, todo esto fue una farsa ante el país”, manifestó Barrera tajantemente.

Así las cosas, desde la Iglesia llaman a todos los actores del Acuerdo, especialmente al Gobierno, a respetar lo pactado, continuar con los compromisos de manera contundente para concluir con la violencia, que sigue siendo el escenario en algunas regiones del país. A la par, continúa la insistencia para que se reanuden los diálogos con el Eln. “El Gobierno tiene que flexibilizar muchas de sus posiciones para que se reinicien las conversaciones y la guerrilla tiene que respetar el derecho internacional humanitario, dejar de reclutar menores, cesar con las intimidaciones a la comunidad, no sembrar más minas antipersonales. Debe dar un signo de paz, y lo importante es que la sociedad civil lo exija”, concluyó Barreto.

(Lea: Iglesia pide al Eln gestos sólidos de paz)

Los obispos del país siguen reiterando su apoyo a la paz y a la vía negociada para la conclusión del conflicto, sin embargo, creen que aún falta mucho por hacer por ese tema, pese a que hay un documento suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc que traza las líneas de implementación del proceso de paz. En la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que finalizó este viernes bajo el lema de “La economía al servicio de la dignidad humana y del común”, la Iglesia dio más luces sobre su postura en el calloso asunto que se ha convertido el posconflicto. En voz del monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, hubo un contundente “no” a la reactivación del glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito, problemática que fue puesta sobre la mesa por el Gobierno hace unos días, con el argumento de que el Estado debe de contar con todas las herramientas para acabar con este flagelo que, a su juicio, ha sido motor de la violencia en los territorios productores.  

“Los obispos del suroccidente del país hemos analizado la situación y nos inspiramos en dos fundamentos. Primero, en lo que vemos en el territorio, y es que el glifosato es absolutamente perjudicial para la salud humana y para el medio ambiente; segundo, compartimos muchos estudios que tiene la academia colombiana y sectores de organizaciones sociales, que han dicho que el herbicida, en sí, no es la solución”, dijo monseñor Barreto, secundando las palabras de hace unos meses del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, quien aseguró ser testigo de los perjuicios de este producto en las personas, especialmente en los niños.

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A cambio de reactivar esta estrategia, suspendida desde 2015 por la administración de Juan Manuel Santos, la Iglesia pidió por el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria, los cuales, a sus ojos, “promueven el empoderamiento de los campesinos a través de las economías legales”. Sin embargo, los obispos, como testigos directos de la realidad de las regiones más tocadas por el conflicto, afirman que ese punto, suscrito en el pacto firmado en La Habana está siendo incumplido. “Esta población marginada históricamente debe recibir el apoyo que ha estado ausente durante tanto tiempo, pues en las regiones productoras no hay un Estado social de derecho fuerte. Ha sido, más bien, absolutamente frágil e ineficaz”, sentenció Barreto.

Ante el incumplimiento de la sustitución voluntaria, el obispo de Quibdó también enumeró otros puntos que el Gobierno no ha puesto en marcha o lo está haciendo de forma lenta. Por ejemplo, la concentración de tierras por parte de unos pocos; la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de los que el presidente Iván Duque y otros funcionarios encargados de la implementación se vanaglorian de haber completado el diseño de 14 de los 16 PDET en diez meses de gobierno, y, por último, la situación de los excombatientes en cuanto a su reincorporación. “Hay vacíos todavía en ese aspecto en que se ha ido avanzando, pero no contundentemente, como se esperaría, para garantizar el éxito de lo pactado”.

Poco se ha escuchado de la veeduría de la Iglesia en los procesos de reincorporación, no obstante, monseñor Barreto recalcó las labores de la institución religiosa en esta labor específica. “Hay muchísimos proyectos de acompañamiento a nivel de cada una de las diócesis y también de la Pastoral Nacional. En Quibdó, por ejemplo, hemos seguido a unos cincuenta excombatientes de las Farc, que recibieron de un empresario un terreno de diez hectáreas con un comodato a diez años y un capital económico semilla. Entonces, esas experiencias las hemos apoyado y estamos estableciendo el diálogo entre esa población, la institucionalidad y la empresa privada”, explicó.

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Bajo esa línea, el religioso también coincidió con las posturas de la dirección del partido FARC y Emilio Archila, consejero para la Estabilización, sobre la situación del Acuerdo de Paz por el caso de Jesús Santrich: “Colombia no se debe desesperar porque algunos exguerrilleros, sobre todo sus líderes, han sido ambiguos en su respuesta a lo pactado o lo han irrespetado. No podemos por eso deslegitimar el proceso”. Y añadió que el sentimiento generalizado de la ciudadanía sobre la presunta huida hacia Venezuela del ahora representante a la Cámara es una demostración de que Santrich está siendo incoherente con su compromiso declarado públicamente ante la verdad y las víctimas. “Las personas deben confirmar con hechos lo que dicen con sus palabras. Con lo que está pasando, esas palabras no son tan sinceras, y si no regresa, todo esto fue una farsa ante el país”, manifestó Barrera tajantemente.

Así las cosas, desde la Iglesia llaman a todos los actores del Acuerdo, especialmente al Gobierno, a respetar lo pactado, continuar con los compromisos de manera contundente para concluir con la violencia, que sigue siendo el escenario en algunas regiones del país. A la par, continúa la insistencia para que se reanuden los diálogos con el Eln. “El Gobierno tiene que flexibilizar muchas de sus posiciones para que se reinicien las conversaciones y la guerrilla tiene que respetar el derecho internacional humanitario, dejar de reclutar menores, cesar con las intimidaciones a la comunidad, no sembrar más minas antipersonales. Debe dar un signo de paz, y lo importante es que la sociedad civil lo exija”, concluyó Barreto.

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