La Local, una banda armada que impone el silencio en Buenaventura

En Buenaventura (Valle del Cauca) los líderes sociales no se atreven a hablar de La Local de manera abierta, piden ser citados como anónimos. Viven en medio del centro de operaciones de ese grupo ilegal que, según todas las fuentes consultadas para este artículo, está en todo el casco urbano de la ciudad. Si los integrantes de esa banda llegan a saber que alguien dio información sobre su accionar criminal lo asesinan. Una muestra de su poderío ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando hubo siete asesinatos en varios barrios de manera casi simultánea y hombres en moto patrullaron por barrios de la Comuna 8 con armas de largo alcance.

Ante esa situación, el 31 de diciembre, se desarrolló un consejo de seguridad en la ciudad al cual asistieron el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la administración distrital, la departamental y autoridades militares y de Policía. El ministro ofreció una recompensa de “hasta $100 millones” por información que permita desarticular a La local y sobre los responsables de los homicidios del 30 de diciembre. Su versión coincide con la del secretario de Gobierno del puerto, Ulpiano Riascos, el exalcalde encargado Mauricio Aguirre y el coronel Dalmiro Heras, comandante de Policía en Buenaventura: lo que está pasando en la ciudad es una disputa entre facciones de La Local que pelean por obtener el control territorial para manejar el microtráfico, el narcotráfico y la extorsión.

Según la Policía, su respuesta ante los hechos del 30 de diciembre fue la captura de 23 personas que presuntamente hacen parte de ese grupo delincuencial. Además, se incautaron siete fusiles, un lanzagranadas, una subametralladora, 747 cartuchos para varios tipos de armas, diez granadas y seis radios de comunicaciones, entre otros elementos bélicos. “No son armamentos de unas estructuras delincuenciales comunes, sino armas de guerra”, anotó Aguirre, quien fungió como alcalde encargado entre el 9 de diciembre de 2020 y el 6 de enero pasado.

Los habitantes de esa ciudad se acostumbraron a que solo cuando el crimen alcanza relevancia nacional se le da importancia a lo que pasa en Buenaventura. A los consejos de seguridad que se han hecho en los últimos años los sucede una serie de compromisos por parte de los gobernantes, pero la situación de seguridad poco cambia. “Llega el consejo de seguridad, los comandantes hacen un balance, pero las acciones concretas no salen, sigue siendo lo mismo”, puntualizó uno de los integrantes del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, quien reconoce que muchas veces las condiciones en medio de las cuales trabaja la Policía son precarias. Por ejemplo, a veces los uniformados se tienen que alojar en coliseos.

La Defensoría del Pueblo emitió en 2019 una alerta temprana, advirtiendo lo que pasa en Buenaventura. En ese documento denunciaban la presencia de los grupos armados La Local, La Empresa, algunos integrantes del Eln y de las disidencias de las Farc. En ese momento había una guerra entre los dos primeros que, al parecer, ganó La Local. “La Empresa se encuentra diezmada en más de un 95 % en Buenaventura”, enfatizó el coronel Heras en diálogo con este diario. La Defensoría, respondiendo a un cuestionario, aseguró que La Empresa tiene presencia “en algunos barrios de la vía alterna interna”.

Sobre el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Defensoría en 2019, esa entidad le dijo a este diario que “se concluyó, con base en la información aportada por las entidades, un cumplimiento bajo de la gestión institucional y una persistencia del escenario de riesgo advertido inicialmente”.

A pesar de que los grupos armados están en diez de las doce comunas de la ciudad, el coronel Heras aseguró que “no hay territorio vedado donde la Policía no pueda entrar, nosotros entramos y salimos por donde queramos”.

(También le puede interesar: Reclutamiento forzado y confinamiento: la guerra en los ríos de Buenaventura)

Aguirre, director de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, agregó que “esto no es un conflicto nuevo. Buenaventura vive unos episodios de violencia de manera cíclica, producto de las reconfiguraciones del conflicto armado”.

Ese carácter cíclico de la violencia en el casco urbano se ve reflejado en los índices de homicidios de Medicina Legal. En 2015 se presentaron 84 asesinatos en el municipio; cifra que disminuyó considerablemente en 2016, cuando llegó a 65. En 2017 hubo un leve incremento, con 73 casos. En 2018, cuando ocurrió la disputa entre La Local y La Empresa, el número llegó a 96 y en 2019 bajó a los noventa registros.

Las cifras que maneja el Observatorio Social del Delito, adscrito a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Buenaventura, son más altas. Según esa dependencia, en 2019 se presentaron 113 homicidios, cifra que se mantuvo estable frente a 2020, cuando se presentaron 111. Marzo de 2020, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, fue un mes atípico. Solo se presentó un homicidio, pero en abril se reactivó la violencia y se presentaron quince casos.

“Algo muy preocupante es que cuando las autoridades hablan de los homicidios se refieren a que la mayoría son de personas que hacen parte de los grupos delincuenciales, como si de alguna forma la vida de ellos no valiera”, dijo una persona que conoce la dinámica del conflicto armado en la región, pero que pidió que se reservara su identidad porque no tenía autorización de la entidad en la que trabaja.

Los datos de Medicina Legal revelan la afectación específica de la violencia sobre los jóvenes, de los 90 asesinatos que registró esa entidad durante 2019, 66 fueron de personas menores de 35 años. Además, ninguna de las 90 víctimas tenía educación universitaria, aunque hay que tener en cuenta que en 15 casos se desconoce el nivel de escolaridad.

El mismo miembro del Comité del Paro Cívico explicó que están “incidiendo para crear la política de acceso a la justicia”. Vale la pena recordar que la administración distrital actual está liderada por Víctor Vidal, quien fue una figura importante en las jornadas de movilización que se dieron entre mayo y junio de 2017, conocidas como el paro cívico de Buenaventura.

Otros delitos

A pesar de que pedimos cifras de reclutamiento forzado y utilización de menores de edad en Buenaventura a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al Observatorio Social del Delito, ninguna de las tres entidades lleva un registro. Eso da cuenta de que es un flagelo que, aunque está a los ojos de todos los bonaverenses, es muy difícil de monitorear. Incluso, el ICBF ha recibido, en su programa de restitución de menores de edad reclutados forzosamente, a solo 55 personas que manifestaron haber sido vinculadas a un grupo armado en Buenaventura.

Parte del problema lo explica una fuente que pidió reservar su nombre por temor a represalias: “Es muy fácil reclutarlos porque los integrantes de los grupos armados son vistos como referentes y viven en los espacios donde están los muchachos, entonces les dan un helado o los ponen de vigilantes. Con el tiempo, los van incorporando a sus filas y los que no se dejen reclutar tienen que irse o se mueren”, relató. “El año pasado se dieron muchos casos de vinculación de jóvenes a los grupos armados”, agregó otro líder.

“Recurrentemente hay casos de familias que buscan sacar al muchacho de la ciudad. Además, hay un margen de desprotección de los mayores de 18 años; jurídicamente no tienen una protección, porque son considerados mayores de edad”, enfatizó la fuente que no tenía autorización para hablar.

“En este aspecto siempre ha habido un subregistro por el temor de los jóvenes a denunciar, pero también porque muchas veces los jóvenes son seducidos por estas estructuras. Es un delito que se esconde muy fácil porque se vale de esas desigualdades”, puntualizó Aguirre, quien aseguró que desde la Secretaría de Convivencia de la Alcaldía vienen trabajando en la prevención del reclutamiento.

La Defensoría del Pueblo destacó que el ICBF “ha dispuesto unidades móviles de atención con miras a mitigar acciones de reclutamiento y consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños y adolescentes”. Esta última entidad, en comunicación con este diario, destacó que tiene tres programas en la ciudad con el mismo fin: “Generaciones Sacúdete” (850 cupos), “Generaciones Étnicas” (1.875) y la “Estrategia de Prevención de Riesgos Específicos” (150).

(Lea también: Escuelas de Palabra: una apuesta educativa para no repetir la guerra)

Otra violación a los derechos humanos que mencionaron los líderes consultados es la desaparición forzada. Según los registros de Medicina Legal, los casos vienen aumentando desde 2016. En ese año hubo 19 reportes; en 2017, 24; en 2018, 25 y en 2019, 34. “Una de las violaciones sistemáticas en Buenaventura es la desaparición forzada y este es un problema que la gente deja de denunciar”, aseguró la fuente que no tenía autorización para hablar. Con esa afirmación coincide Aguirre, quien reveló que las autoridades están investigando si la noche del 30 de diciembre se presentaron casos de desaparición forzada.

Pero al crecimiento en las cifras se suma algo que los líderes y las autoridades reconocen: el subregistro. Según la fuente anónima citada en el anterior párrafo, hay muchos casos que no se denuncian por desconfianza en la Fiscalía y por desconocimiento de los protocolos de denuncia. Aunque, también reconoce que tanto el ente investigativo como otras instituciones del Estado han hecho esfuerzos por atacar esa problemática, cree que no son suficientes.

Intentamos obtener la versión de la Fiscalía sobre los temas que se desarrollan en este artículo, pero hasta el momento de la publicación no habían llegado las respuestas.

Agresiones a líderes sociales

En diciembre llegaron amenazas a los teléfonos de algunos líderes en Buenaventura. “Son hechos que todavía no se han podido esclarecer y estamos esperando que las autoridades nos den razón de dónde provienen y por qué se están dando”, exigió un líder social que fue citado anteriormente.

Entre 2018 y 2020, la Defensoría ha documentado dos homicidios, nueve amenazas y cuatro atentados en contra de esa población. Entre los asesinatos estuvo el de Temístocles Machado, perpetrado el 27 de enero de 2018, en el barrio Isla de la Paz. Por ese crimen hay tres personas condenadas.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno aseguró que “las amenazas han sido conjuradas en términos de apoyo a estos líderes por parte de la Unidad Nacional de Protección, que ha proporcionado esquemas que garantizan la seguridad de los mismos”.

Pero los riesgos persisten. Los líderes en Buenaventura han optado por resguardar sus vidas no hablando de ciertos temas, como el control armado que ejerce La Local o hacerlo, como para este artículo, recurriendo al anonimato. Y detrás están las comunidades que viven bajo las normas que le impone ese grupo armado, intentan resguardar a sus hijos del reclutamiento forzado, de la muerte y de la desaparición forzada. En esa ciudad no se puede hablar en voz alta, pues si no se está en un pico de violencia, se tiene la certeza de que en cualquier momento llegará.

En Buenaventura (Valle del Cauca) los líderes sociales no se atreven a hablar de La Local de manera abierta, piden ser citados como anónimos. Viven en medio del centro de operaciones de ese grupo ilegal que, según todas las fuentes consultadas para este artículo, está en todo el casco urbano de la ciudad. Si los integrantes de esa banda llegan a saber que alguien dio información sobre su accionar criminal lo asesinan. Una muestra de su poderío ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando hubo siete asesinatos en varios barrios de manera casi simultánea y hombres en moto patrullaron por barrios de la Comuna 8 con armas de largo alcance.

Ante esa situación, el 31 de diciembre, se desarrolló un consejo de seguridad en la ciudad al cual asistieron el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la administración distrital, la departamental y autoridades militares y de Policía. El ministro ofreció una recompensa de “hasta $100 millones” por información que permita desarticular a La local y sobre los responsables de los homicidios del 30 de diciembre. Su versión coincide con la del secretario de Gobierno del puerto, Ulpiano Riascos, el exalcalde encargado Mauricio Aguirre y el coronel Dalmiro Heras, comandante de Policía en Buenaventura: lo que está pasando en la ciudad es una disputa entre facciones de La Local que pelean por obtener el control territorial para manejar el microtráfico, el narcotráfico y la extorsión.

Según la Policía, su respuesta ante los hechos del 30 de diciembre fue la captura de 23 personas que presuntamente hacen parte de ese grupo delincuencial. Además, se incautaron siete fusiles, un lanzagranadas, una subametralladora, 747 cartuchos para varios tipos de armas, diez granadas y seis radios de comunicaciones, entre otros elementos bélicos. “No son armamentos de unas estructuras delincuenciales comunes, sino armas de guerra”, anotó Aguirre, quien fungió como alcalde encargado entre el 9 de diciembre de 2020 y el 6 de enero pasado.

Los habitantes de esa ciudad se acostumbraron a que solo cuando el crimen alcanza relevancia nacional se le da importancia a lo que pasa en Buenaventura. A los consejos de seguridad que se han hecho en los últimos años los sucede una serie de compromisos por parte de los gobernantes, pero la situación de seguridad poco cambia. “Llega el consejo de seguridad, los comandantes hacen un balance, pero las acciones concretas no salen, sigue siendo lo mismo”, puntualizó uno de los integrantes del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, quien reconoce que muchas veces las condiciones en medio de las cuales trabaja la Policía son precarias. Por ejemplo, a veces los uniformados se tienen que alojar en coliseos.

La Defensoría del Pueblo emitió en 2019 una alerta temprana, advirtiendo lo que pasa en Buenaventura. En ese documento denunciaban la presencia de los grupos armados La Local, La Empresa, algunos integrantes del Eln y de las disidencias de las Farc. En ese momento había una guerra entre los dos primeros que, al parecer, ganó La Local. “La Empresa se encuentra diezmada en más de un 95 % en Buenaventura”, enfatizó el coronel Heras en diálogo con este diario. La Defensoría, respondiendo a un cuestionario, aseguró que La Empresa tiene presencia “en algunos barrios de la vía alterna interna”.

Sobre el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Defensoría en 2019, esa entidad le dijo a este diario que “se concluyó, con base en la información aportada por las entidades, un cumplimiento bajo de la gestión institucional y una persistencia del escenario de riesgo advertido inicialmente”.

A pesar de que los grupos armados están en diez de las doce comunas de la ciudad, el coronel Heras aseguró que “no hay territorio vedado donde la Policía no pueda entrar, nosotros entramos y salimos por donde queramos”.

(También le puede interesar: Reclutamiento forzado y confinamiento: la guerra en los ríos de Buenaventura)

Aguirre, director de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, agregó que “esto no es un conflicto nuevo. Buenaventura vive unos episodios de violencia de manera cíclica, producto de las reconfiguraciones del conflicto armado”.

Ese carácter cíclico de la violencia en el casco urbano se ve reflejado en los índices de homicidios de Medicina Legal. En 2015 se presentaron 84 asesinatos en el municipio; cifra que disminuyó considerablemente en 2016, cuando llegó a 65. En 2017 hubo un leve incremento, con 73 casos. En 2018, cuando ocurrió la disputa entre La Local y La Empresa, el número llegó a 96 y en 2019 bajó a los noventa registros.

Las cifras que maneja el Observatorio Social del Delito, adscrito a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Buenaventura, son más altas. Según esa dependencia, en 2019 se presentaron 113 homicidios, cifra que se mantuvo estable frente a 2020, cuando se presentaron 111. Marzo de 2020, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, fue un mes atípico. Solo se presentó un homicidio, pero en abril se reactivó la violencia y se presentaron quince casos.

“Algo muy preocupante es que cuando las autoridades hablan de los homicidios se refieren a que la mayoría son de personas que hacen parte de los grupos delincuenciales, como si de alguna forma la vida de ellos no valiera”, dijo una persona que conoce la dinámica del conflicto armado en la región, pero que pidió que se reservara su identidad porque no tenía autorización de la entidad en la que trabaja.

Los datos de Medicina Legal revelan la afectación específica de la violencia sobre los jóvenes, de los 90 asesinatos que registró esa entidad durante 2019, 66 fueron de personas menores de 35 años. Además, ninguna de las 90 víctimas tenía educación universitaria, aunque hay que tener en cuenta que en 15 casos se desconoce el nivel de escolaridad.

El mismo miembro del Comité del Paro Cívico explicó que están “incidiendo para crear la política de acceso a la justicia”. Vale la pena recordar que la administración distrital actual está liderada por Víctor Vidal, quien fue una figura importante en las jornadas de movilización que se dieron entre mayo y junio de 2017, conocidas como el paro cívico de Buenaventura.

Otros delitos

A pesar de que pedimos cifras de reclutamiento forzado y utilización de menores de edad en Buenaventura a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al Observatorio Social del Delito, ninguna de las tres entidades lleva un registro. Eso da cuenta de que es un flagelo que, aunque está a los ojos de todos los bonaverenses, es muy difícil de monitorear. Incluso, el ICBF ha recibido, en su programa de restitución de menores de edad reclutados forzosamente, a solo 55 personas que manifestaron haber sido vinculadas a un grupo armado en Buenaventura.

Parte del problema lo explica una fuente que pidió reservar su nombre por temor a represalias: “Es muy fácil reclutarlos porque los integrantes de los grupos armados son vistos como referentes y viven en los espacios donde están los muchachos, entonces les dan un helado o los ponen de vigilantes. Con el tiempo, los van incorporando a sus filas y los que no se dejen reclutar tienen que irse o se mueren”, relató. “El año pasado se dieron muchos casos de vinculación de jóvenes a los grupos armados”, agregó otro líder.

“Recurrentemente hay casos de familias que buscan sacar al muchacho de la ciudad. Además, hay un margen de desprotección de los mayores de 18 años; jurídicamente no tienen una protección, porque son considerados mayores de edad”, enfatizó la fuente que no tenía autorización para hablar.

“En este aspecto siempre ha habido un subregistro por el temor de los jóvenes a denunciar, pero también porque muchas veces los jóvenes son seducidos por estas estructuras. Es un delito que se esconde muy fácil porque se vale de esas desigualdades”, puntualizó Aguirre, quien aseguró que desde la Secretaría de Convivencia de la Alcaldía vienen trabajando en la prevención del reclutamiento.

La Defensoría del Pueblo destacó que el ICBF “ha dispuesto unidades móviles de atención con miras a mitigar acciones de reclutamiento y consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños y adolescentes”. Esta última entidad, en comunicación con este diario, destacó que tiene tres programas en la ciudad con el mismo fin: “Generaciones Sacúdete” (850 cupos), “Generaciones Étnicas” (1.875) y la “Estrategia de Prevención de Riesgos Específicos” (150).

(Lea también: Escuelas de Palabra: una apuesta educativa para no repetir la guerra)

Otra violación a los derechos humanos que mencionaron los líderes consultados es la desaparición forzada. Según los registros de Medicina Legal, los casos vienen aumentando desde 2016. En ese año hubo 19 reportes; en 2017, 24; en 2018, 25 y en 2019, 34. “Una de las violaciones sistemáticas en Buenaventura es la desaparición forzada y este es un problema que la gente deja de denunciar”, aseguró la fuente que no tenía autorización para hablar. Con esa afirmación coincide Aguirre, quien reveló que las autoridades están investigando si la noche del 30 de diciembre se presentaron casos de desaparición forzada.

Pero al crecimiento en las cifras se suma algo que los líderes y las autoridades reconocen: el subregistro. Según la fuente anónima citada en el anterior párrafo, hay muchos casos que no se denuncian por desconfianza en la Fiscalía y por desconocimiento de los protocolos de denuncia. Aunque, también reconoce que tanto el ente investigativo como otras instituciones del Estado han hecho esfuerzos por atacar esa problemática, cree que no son suficientes.

Intentamos obtener la versión de la Fiscalía sobre los temas que se desarrollan en este artículo, pero hasta el momento de la publicación no habían llegado las respuestas.

Agresiones a líderes sociales

En diciembre llegaron amenazas a los teléfonos de algunos líderes en Buenaventura. “Son hechos que todavía no se han podido esclarecer y estamos esperando que las autoridades nos den razón de dónde provienen y por qué se están dando”, exigió un líder social que fue citado anteriormente.

Entre 2018 y 2020, la Defensoría ha documentado dos homicidios, nueve amenazas y cuatro atentados en contra de esa población. Entre los asesinatos estuvo el de Temístocles Machado, perpetrado el 27 de enero de 2018, en el barrio Isla de la Paz. Por ese crimen hay tres personas condenadas.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno aseguró que “las amenazas han sido conjuradas en términos de apoyo a estos líderes por parte de la Unidad Nacional de Protección, que ha proporcionado esquemas que garantizan la seguridad de los mismos”.

Pero los riesgos persisten. Los líderes en Buenaventura han optado por resguardar sus vidas no hablando de ciertos temas, como el control armado que ejerce La Local o hacerlo, como para este artículo, recurriendo al anonimato. Y detrás están las comunidades que viven bajo las normas que le impone ese grupo armado, intentan resguardar a sus hijos del reclutamiento forzado, de la muerte y de la desaparición forzada. En esa ciudad no se puede hablar en voz alta, pues si no se está en un pico de violencia, se tiene la certeza de que en cualquier momento llegará.