La lucha LGBT por la justicia en medio del conflicto

Han pasado 18 años desde que “Mama Mía” fue asesinada. Hoy, seguramente sería una activista trans en Puerto Boyacá y su nombre no estaría en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sino tal vez en medios de comunicación contando su historia de resistencia, pero el 12 de enero de 2002 miembros de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) la sacaron engañada de su casa y nunca regresó. Su historia puede representar a las 7.320 víctimas del conflicto armado LGBT reconocidas ante el Registro Único.

Aunque su desenlace no fue la desaparición, ese fantasma de la incertidumbre sí acompañó a su madre y a su hermana durante algunos días después de que la secuestraran, hasta que un grupo de pescadores de la zona les dijeran que “habían encontrado una pierna”. Su hermana recuerda que identificó en ella un tatuaje de sol que tenía en esa parte de su cuerpo, y eso fue suficiente para saber que estaba muerta. Los paramilitares, en versiones libres de los tribunales de Justicia y Paz, confirmaron haberla asesinado, desmembrado y arrojado al río Magdalena.

Casos como el de Mama Mía son necesarios para entender la magnitud del conflicto armado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero hay varias barreras en el camino. La primera, según María Daniela Villamil, coordinadora del área de paz y conflicto armado de Colombia Diversa, es que muchas de las personas de la comunidad LGBT, especialmente las personas trans, no siempre cuentan con núcleos familiares sólidos. “Para estos casos las familias sociales (que usualmente son amigos) son muy importantes, porque son los que pueden dar información clave para los procesos de búsqueda de desaparecidos o simplemente de memoria del conflicto armado”, dice la abogada.

(Lea también: El cuerpo y el río: la memoria trans en Chaparral (Tolima)

Otra de las barreras es que, aunque la Ley 999 y el Decreto 1227 permitan hacer cambios de nombre y del sexo en el documento de identidad, muchas personas prefieren no hacerlo por desconocimiento o por elección. Entonces, como ha pasado muchas veces en la justicia ordinaria, las personas trans pueden ser identificadas con el nombre que aparece al pie de su documento, pero sin tener en cuenta el nombre identitario. Como el caso de Mama Mía, que en la justicia quedó registrado con su nombre masculino pese a que no se identificaba con él.

Para eso, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) determinó en el primer borrador de su Plan de Búsqueda que para la identificación de una persona se tendrán en cuenta su nombre y género identitario. “Dificulta ostensiblemente la búsqueda de las personas LGBT en la medida que estas siempre han sido buscadas con el género con el cual nacieron y no con el que se identificaban entonces, por ejemplo, se estará buscando a un hombre cuando en realidad el círculo social o laboral al que pertenecía al momento de su desaparición la identificaba como una mujer”, señala el documento de la UBPD.

Estas barreras, sumadas a los históricos estigmas homofóbicos y transfóbicos que ponen a esta población en situaciones vulnerables, son algunos de los primeros obstáculos que tendrá que derribar la justicia transicional en Colombia. Alexandra Sandoval, magistrada de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo mencionó en una conferencia virtual, a propósito del Día del Orgullo Gay: “Somos el primer tribunal de justicia en implementar el enfoque de género”.

La JEP, que tiene 18 víctimas LGBT acreditadas según las organizaciones activistas, tiene la tarea de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto armado con el enfoque diferencial de cada población. De hecho, en los tres años de su mandato, han recibido 36 informes clasificados en la categoría “Orientación Sexual y Género”, que aunque muchos son de mujeres se estima que al menos seis informes de población LGBT.

(Le puede interesar: Víctimas LGBT le entregan sus historias a la Comisión de la Verdad)

Sin embargo, hay una preocupación que inquieta a Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, las organizaciones que lideran los procesos de esta población ante la justicia transicional, y es que aunque se han presentado varios casos de violaciones de derechos humanos, todavía no hay un macrocaso que les permita entrar a la JEP como víctimas y comenzar su proceso en este tribunal. “Hemos evidenciado más de 30 casos de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBT, pero no hay un caso en el que tengan cabida, entonces por ahora la labor no es más que documentar porque hay muchas trabas para la acreditación”, comenta la abogada Villamil. En el informe “¿Quién nos va a contar?”, entregado por Colombia Diversa a la Comisión de la Verdad, se documentan al menos 37 episodios de violencias por prejuicio contra personas LGBTI por parte de actores armados. Y en el informe “¡Nosotras resistimos!”, de Caribe Afirmativo, se narra el testimonio de un hombre gay en El Carmen de Bolívar que cuenta cómo fue violado en calabozos, trincheras, coliseos y hasta en estaciones de policía. “Hacían con uno lo que les daba la gana y uno se dejaba hacer las cosas por miedo de que le fueran a hacer algo, que lo fueran a matar a uno o a la familia”, narra.

La entidad encargada de reunir todos estos testimonios en el sistema de justicia transicional y de incluir sus voces es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “Hemos firmado acuerdos de entendimiento con Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y la Plataforma LGBT por la Paz. Organizaciones que forman parte de la Mesa de Asistencia Técnica del grupo de Trabajo de Género, a través de la cual han hecho aportes muy significativos a nuestra metodología, que hacen por ejemplo que hoy desde la Comisión abordemos el concepto de violencia por prejuicio”, explican desde esa entidad. Además, ha incorporado en el enfoque de género en cada una de las entrevistas que ha recogido en distintos territorios, por ejemplo, no dando por sentado que todas las personas son heterosexuales y haciendo preguntas que aborden de manera particular los impactos y las luchas que estas han afrontado.

Otra de las peticiones que surgieron durante los encuentros entre la justicia transicional con población LGBT es que haya un apoyo constante con las redes de esta comunidad que hay en todo el territorio nacional. Algunas de las ideas que surgieron fueron crear una aplicación para que las personas puedan estar al tanto del proceso con su familiar víctima del conflicto y fortalecer el apoyo psicosocial a quienes vivieron los estragos de la guerra, que son por ahora los pedidos más urgentes.

Han pasado 18 años desde que “Mama Mía” fue asesinada. Hoy, seguramente sería una activista trans en Puerto Boyacá y su nombre no estaría en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sino tal vez en medios de comunicación contando su historia de resistencia, pero el 12 de enero de 2002 miembros de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) la sacaron engañada de su casa y nunca regresó. Su historia puede representar a las 7.320 víctimas del conflicto armado LGBT reconocidas ante el Registro Único.

Aunque su desenlace no fue la desaparición, ese fantasma de la incertidumbre sí acompañó a su madre y a su hermana durante algunos días después de que la secuestraran, hasta que un grupo de pescadores de la zona les dijeran que “habían encontrado una pierna”. Su hermana recuerda que identificó en ella un tatuaje de sol que tenía en esa parte de su cuerpo, y eso fue suficiente para saber que estaba muerta. Los paramilitares, en versiones libres de los tribunales de Justicia y Paz, confirmaron haberla asesinado, desmembrado y arrojado al río Magdalena.

Casos como el de Mama Mía son necesarios para entender la magnitud del conflicto armado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero hay varias barreras en el camino. La primera, según María Daniela Villamil, coordinadora del área de paz y conflicto armado de Colombia Diversa, es que muchas de las personas de la comunidad LGBT, especialmente las personas trans, no siempre cuentan con núcleos familiares sólidos. “Para estos casos las familias sociales (que usualmente son amigos) son muy importantes, porque son los que pueden dar información clave para los procesos de búsqueda de desaparecidos o simplemente de memoria del conflicto armado”, dice la abogada.

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Otra de las barreras es que, aunque la Ley 999 y el Decreto 1227 permitan hacer cambios de nombre y del sexo en el documento de identidad, muchas personas prefieren no hacerlo por desconocimiento o por elección. Entonces, como ha pasado muchas veces en la justicia ordinaria, las personas trans pueden ser identificadas con el nombre que aparece al pie de su documento, pero sin tener en cuenta el nombre identitario. Como el caso de Mama Mía, que en la justicia quedó registrado con su nombre masculino pese a que no se identificaba con él.

Para eso, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) determinó en el primer borrador de su Plan de Búsqueda que para la identificación de una persona se tendrán en cuenta su nombre y género identitario. “Dificulta ostensiblemente la búsqueda de las personas LGBT en la medida que estas siempre han sido buscadas con el género con el cual nacieron y no con el que se identificaban entonces, por ejemplo, se estará buscando a un hombre cuando en realidad el círculo social o laboral al que pertenecía al momento de su desaparición la identificaba como una mujer”, señala el documento de la UBPD.

Estas barreras, sumadas a los históricos estigmas homofóbicos y transfóbicos que ponen a esta población en situaciones vulnerables, son algunos de los primeros obstáculos que tendrá que derribar la justicia transicional en Colombia. Alexandra Sandoval, magistrada de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo mencionó en una conferencia virtual, a propósito del Día del Orgullo Gay: “Somos el primer tribunal de justicia en implementar el enfoque de género”.

La JEP, que tiene 18 víctimas LGBT acreditadas según las organizaciones activistas, tiene la tarea de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto armado con el enfoque diferencial de cada población. De hecho, en los tres años de su mandato, han recibido 36 informes clasificados en la categoría “Orientación Sexual y Género”, que aunque muchos son de mujeres se estima que al menos seis informes de población LGBT.

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Sin embargo, hay una preocupación que inquieta a Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, las organizaciones que lideran los procesos de esta población ante la justicia transicional, y es que aunque se han presentado varios casos de violaciones de derechos humanos, todavía no hay un macrocaso que les permita entrar a la JEP como víctimas y comenzar su proceso en este tribunal. “Hemos evidenciado más de 30 casos de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBT, pero no hay un caso en el que tengan cabida, entonces por ahora la labor no es más que documentar porque hay muchas trabas para la acreditación”, comenta la abogada Villamil. En el informe “¿Quién nos va a contar?”, entregado por Colombia Diversa a la Comisión de la Verdad, se documentan al menos 37 episodios de violencias por prejuicio contra personas LGBTI por parte de actores armados. Y en el informe “¡Nosotras resistimos!”, de Caribe Afirmativo, se narra el testimonio de un hombre gay en El Carmen de Bolívar que cuenta cómo fue violado en calabozos, trincheras, coliseos y hasta en estaciones de policía. “Hacían con uno lo que les daba la gana y uno se dejaba hacer las cosas por miedo de que le fueran a hacer algo, que lo fueran a matar a uno o a la familia”, narra.

La entidad encargada de reunir todos estos testimonios en el sistema de justicia transicional y de incluir sus voces es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “Hemos firmado acuerdos de entendimiento con Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y la Plataforma LGBT por la Paz. Organizaciones que forman parte de la Mesa de Asistencia Técnica del grupo de Trabajo de Género, a través de la cual han hecho aportes muy significativos a nuestra metodología, que hacen por ejemplo que hoy desde la Comisión abordemos el concepto de violencia por prejuicio”, explican desde esa entidad. Además, ha incorporado en el enfoque de género en cada una de las entrevistas que ha recogido en distintos territorios, por ejemplo, no dando por sentado que todas las personas son heterosexuales y haciendo preguntas que aborden de manera particular los impactos y las luchas que estas han afrontado.

Otra de las peticiones que surgieron durante los encuentros entre la justicia transicional con población LGBT es que haya un apoyo constante con las redes de esta comunidad que hay en todo el territorio nacional. Algunas de las ideas que surgieron fueron crear una aplicación para que las personas puedan estar al tanto del proceso con su familiar víctima del conflicto y fortalecer el apoyo psicosocial a quienes vivieron los estragos de la guerra, que son por ahora los pedidos más urgentes.