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Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro Méndez y tía de Edward Rincón Méndez, víctimas de los mal llamados “falsos positivos”, no visita las tumbas de sus familiares en el cementerio Jardínes de El Apogeo, en el sur de Bogotá, desde hace más de seis meses por el miedo a que le cobren los 12 años de deuda que tiene su familia con el camposanto. En junio de 2004, cuando ocurrieron los asesinatos, le advirtieron que los cuerpos podían estar en la misma bóveda únicamente por cuatro años y luego debían exhumarlos y llevarlos a osarios. Pero nada de eso se cumplió por la investigación que, desde hace 13 años, se adelanta en la justicia por el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Beatriz no puede remover esos cuerpos sin autorización y orden del Estado.
A Beatriz, en 2018, le propusieron inicialmente pagar $150.000 mensuales para comenzar a saldar la deuda con el cementerio por los cuerpos de su hijo y su sobrino, “pero la necesidad en mi casa siempre ha sido grande y esa es una suma de dinero que para nosotros es impensable pagar”, dice. Su mayor temor ahora no es ni siquiera que la deuda siga incrementando con el paso del tiempo, sino que un día, cuando vuelva a visitarlos en el camposanto, le digan que trasladaron los cuerpos sin su autorización por estar en mora tantos años, aunque judicialmente esa no sea una posibilidad ahora. En Colombia, como ella bien lo sabe, todo puede ocurrir.
La deuda del cementerio estaba a nombre de su cuñado, Benjamín Zacarías Rincón, y su esposo, Edilberto Pérez Rodríguez, quienes murieron hace tres meses y un año, respectivamente. “Cuando murieron, yo pensé que la deuda en el cementerio quedaba hasta ahí, pero hace poco me informaron que esa deuda se hereda hasta la tercera generación y que la responsable ahora de los cuerpos de ambos muchachos soy yo”. Beatriz no sabe cuánto debe pagar hoy por ambos y asegura que teme averiguarlo, pero hasta comienzos del 2020 la deuda por su hijo y sobrino ascendía a $13 millones.
Su caso no es el único. Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga, explica que 14 Madres de Falsos Positivos de Soacha tienen el mismo problema y, hasta ahora, nadie les ha ayudado a solucionarlo. En 2017, el Ejército, en cabeza del entonces comandante Alberto José Mejía, les prometió la construcción de un mausoleo en una de las zonas del cementerio público de Soacha. “Alcanzaron a hacer los planos del lugar y la Arquidiócesis donó el lote para que allí estuvieran todos los cuerpos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero hasta ahora, nada de eso se ha cumplido”, agrega Castillo.
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Por el contrario, varias de ellas denuncian que reciben llamadas amenazantes por parte de los administradores de los cementerios, quienes les advierten que si no pagan, dispondrán de los cuerpos de sus hijos. Zoraida Muñoz, madre de Jonny Duvián Soto Muñoz, asesinado el 23 de septiembre del 2008, relata que hasta 2017 recibía comunicados en los que le notificaban que si no saldaba los $14 millones que debe al cementerio El Serafín, por los 13 años que ha estado el cuerpo allí, “me iban a mandar a mi hijito a una fosa común”.
Angustiada, acudió al entonces fiscal del caso para que advirtiera que no podían mover el cuerpo sin autorización porque de hacerlo, podrían ser cómplices del delito que se cometió y entorpecerían las investigaciones judiciales.
“Yo estaba muy angustiada porque para mí lo único que queda de mi hijo es su cuerpo. Y varias veces cuando les explicaba que él era uno de los casos de “falsos positivos” me decían que los fiscales mandaban en la Fiscalía y ellos mandaban en su cementerio. Y eso a mí me ponía muy triste porque entonces ¿qué puedo hacer yo si no tengo cómo pagar? Tras de que me mataron a mi hijo me toca a mí pagar todos los años que esté en un cementerio?”, reclama.
De acuerdo con las investigaciones de las organizaciones sociales, las familias afectadas por el fenómeno de los “falsos positivos” eran campesinas, de bajos recursos y más vulnerables a los engaños a los que fueron sometidos sus hijos, hermanos y sobrinos cuando les hicieron falsas promesas de empleo o de estudio y se los llevaron fuera del departamento, para luego asesinarlos en otras regiones del país, como Norte de Santander. En el caso de las Madres de Soacha, los asesinatos ocurrieron entre 2004 y 2010, pero el 2008 fue el año en el que más se presentaron víctimas, con 19 denuncias formales. Fue gracias a la organización de estas mujeres que, en esa época, el país conoció el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, en las que varios militares hacían pasar a sus víctimas como “guerrilleros dados de baja en combate” para mostrar resultados contra la insurgencia.
Gracias a sus reclamos y denuncias, se abrieron investigaciones en la justicia ordinaria y, en 2008, fueron destituidos 27 militares. Para las Madres de Falsos Positivos, la luz ha estado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, desde 2018, abrió el Caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, para investigar este fenómeno en varias regiones del país, priorizando Norte de Santander, donde eran llevados los jóvenes desde Soacha y Bogotá.
Jacqueline Castillo, líder de Mafapo, cuenta que algunas familias han ido abonando a la deuda de los cementerios por el temor a que alteren el cuerpo de su familiar y el alto riesgo de que quede en la impunidad. Castillo, que también está en “mora” con el Parque Cementerio El Paraíso, donde está su hermano Jaime Castillo, explica que “muchas mamás han hecho rifas o han vendido cosas personales para, por lo menos, abonar algo al cementerio por el temor de que esa deuda, más adelante, se les vuelva un impagable, aunque ya lo está”. Uno de los casos es el de Gloria Astrid Martínez, mamá de Daniel Alexander Martínez, quien abonó hace tres años $600.000, o Mélida Bermúdez, mamá de Jonathan Soto Bermúdez, que pudo pagar $350.000 luego de haber hecho varias recolectas.
Según Jacqueline, la mayoría de mujeres ha preferido no consultar ni actualizar el valor de la deuda en los cementerios por el miedo que les genera que las acosen o amenacen, si no hacen un acuerdo de pago. En su caso, por ejemplo, afirma que “hace mucho no voy al cementerio y cuando lo hago, ni siquiera pregunto cuánto debo porque no puedo ni me interesa pagar”. De acuerdo con las estimaciones que tienen con los abogados, entre todas deben, al menos, $150 millones. “Ha sido difícil hacerles entender que deben estar tranquilas, porque si el cementerio llega a tocar o mover uno de eso cuerpos sin autorización judicial, se meten en un problema jurídico grande. Pero cada vez que ellas quieren visitar el cementerio, las abordan y les dicen que paguen, entonces se asustan y buscan la forma de abonar algo aunque les decimos que no lo hagan porque eso no nos corresponde”, señala la integrante de Mafapo.
Muchas de ellas han buscado varias salidas para que les condonen la deuda, teniendo en cuenta que son crímenes de lesa humanidad. Beatriz Méndez, por ejemplo, cuenta que, en 2018, fue a la Fiscalía para buscar una solución luego de que a su cuñado, el padre de Edward Rincón Méndez, lo llamaran a exigirle hacer un acuerdo de pago a cuotas. “Esa vez una fiscal que llevaba casos de “falsos positivos” me dijo que la Fiscalía no tenía plata ni presupuesto para eso. Que buscáramos en las ONG que nos ayudan cómo saldar esa deuda, y que ellos no podían exigirle tampoco a un cementerio privado que condonen la deuda”.
En los cementerios les han dicho que si ellas deciden no pagar podrían “embargar sus bienes, si tienen, o sus pertenencias” cuando la deuda llegue a cobro jurídico, como denuncia Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy: “Lo curioso es que muchas de nosotras no tenemos bienes. Hay algunas que sí tienen su casita propia, pero otras no tenemos nada, entonces ¿qué más nos van a quitar? Ya nos arrebataron a nuestros hijos, más grave que eso no hay. El resto es material”.
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Aunque las investigaciones estén en curso en la justicia transicional, como explica la abogada Castillo, lo cierto es que los cementerios privados tienen unas políticas diferentes a las de los cementerios públicos y hasta que no se salde lo que está en deuda, los cuerpos deberán permanecer allí sin posibilidad de ser trasladados en ningún momento. “Debemos reconocer que sobre este tema no hemos puesto especial atención en muchas ocasiones y lo hemos dejado pasar, pero ahora lo estamos retomando y pondremos un requerimiento al Ministerio de Defensa para solucionar ese asunto, porque sabemos que el problema más grande vendrá el día que las investigaciones culminen y ellas quieran exhumar a sus hijos”, dice Castillo.
El mausoleo que quedó en planos
La batalla que han librado las Madres de Soacha para que el Estado asuma la deuda de los cementerios viene desde 2014, cuando denunciaron por primera vez que los camposantos, pasados ocho años después de los crímenes, ya habían comenzado a cobrarles a través de cartas, comunicados y llamadas telefónicas. En ese entonces, según Jacqueline, la primera instancia a la que recurrieron fue a la Fiscalía, donde pidieron que les expidieran una carta para que los administradores de estos lugares estuvieran enterados del proceso judicial y de violación a los Derechos Humanos que estaban en proceso.
Sin embargo, la única iniciativa con la que creyeron ver la luz para solucionar el problema surgió en 2016, cuando, por sugerencia de la Fiscalía, buscaron ayuda a los altos mandos del Ejército. “Si ellos fueron quienes asesinaron a nuestros hijos injustamente, que sean quienes carguen con nuestra deuda”, añade la líder de Mafapo. Por eso, a través de la organización Minga, enviaron una solicitud formal pidiendo reunirse con el entonces general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares.
“Después de una reunión que tuvimos con las Madres de Soacha y con el excoordinador de la oficina jurídica del Ejército nos dijeron que el Comando de Ingenieros del Ejército iba construir un mausoleo en una de las zonas del cementerio público de Soacha y que la institución asumiría todos los costos”, sostiene la abogada Castillo. La persona encargada de todo el proceso al interior del Ejército era el coronel José Abelardo Sotelo Barrera, quien además fue quien asumió la aprobación de los planos.
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Las madres entrevistadas por Colombia+20 recuerdan ese encuentro del 6 de octubre del 2017, en la sede de la Asociación Minga, como esperanzador, y dicen que pensaron que esa sería una de las formas de reparación de los militares por el daño que les causaron, porque además de ser el lugar donde estarían los cuerpos de sus familiares también sería un espacio para la memoria. “Nos dijeron que ya habían asignado un rubro presupuestal para la construcción y hasta tuvimos una reunión con la Arquidiócesis de Soacha, que nos dijo que nos iba donar la zona sur del cementerio para nuestros hijos”, dice Jacqueline. Sin embargo, hoy, cuatro años después de la promesa, no volvieron a contactarlas.
Zoraida Muñoz recuerda que les prometieron que la institución pagaría la deuda que, hasta 2018, las madres tenían con los cementerios, para que pudieran hacer el traslado de los cuerpos hasta la zona de memoria que iban a construir para ellas: “Dijeron que ya tenían un rubro del presupuesto asignado para todo eso y que nosotras podríamos decidir cómo íbamos a decorar las tumbas de nuestros hijos, los colores del espacio de memoria y los mensajes que íbamos a poner”.
El diseño que les habían propuesto era construir bóvedas en forma de caracol con fuentes de agua y jardines a su alrededor. De hecho, en esa reunión, les pidieron a las familias que diseñaran las placas en homenaje a sus víctimas y que aprobaran los planos para iniciar la construcción. Aparentemente, estaba todo listo, pero “lo que supimos después fue que, aunque ya el terreno había sido donado, en ese lote el sepulturero, que no sabemos quién era, había hecho unas ventas fraudulentas y la Fiscalía inició una querella por ese caso. Supimos que esa zona la acordonaron porque también había otros cuerpos inhumados allí”, relata la abogada Castillo, que ha estado a la cabeza de todo el proceso en el caso de los cementerios.
Aunque el temor de algunas madres como doña Blanca era que con la construcción del mausoleo, al tener todos los cuerpos en un mismo cementerio, pudieran llegar a alterar o profanar las tumbas, el lugar prometía ser un espacio seguro impulsado por las Fuerzas Militares y la Arquidiócesis. Otra de las preocupaciones que manifiestan las madres es que, si bien la donación la hicieron en un acto simbólico en octubre de 2017, no existen documentos que prueben que hace cuatro años ese predio estaba destinado para ese fin, porque no quedó nada firmado.
Además, con la salida del entonces comandante Mejía de las Fuerzas Militares, en diciembre de 2018, como explica la abogada, se perdió todo el lazo de comunicación que tenían las madres de los “falsos positivos” con el Ejército. “Pero tenemos que retomar eso porque fue un compromiso institucional. El lío es que, como no hay papeles de esa donación, eso también dificultó en su momento la construcción”. Este diario consultó con la oficina de prensa del Ejército sobre la construcción de este proyecto, pero hasta la publicación del artículo no dio una respuesta.
Zoraida Muñoz dice que la promesa del mausoleo ha sido, hasta ahora, lo más cercano a una propuesta de reparación que han vivido las víctimas de “falsos positivos”. En su momento, alcanzó a diseñar la que sería la bóveda de su hijo: “Yo ya había pensado en que le íbamos a poner los mensajes de la familia y que podíamos poner una pequeña biografía de sus 23 añitos”. Beatriz, por ejemplo, también había decidido con su cuñado que pondrían a su hijo y sobrino juntos en el mausoleo y recuerda que, antes de morir su cuñado y su esposo, “tenían la ilusión de ir a un lugar de memoria para honrarlos. Pero no alcanzaron a estar vivos para verlo”.
Por ahora, esperan que el Ministerio de Defensa se pronuncie sobre sus deudas y, de ser necesario, dicen que pedirán a la JEP que contemple esta como una medida de reparación, como lo expresa Jacqueline Castilo: “Si ya no se pudo hacer como en 2017 nos prometió directamente la institución, al menos que la Jurisdicción Especial para la Paz lo contemple como una sanción propia, porque si ya están los planos aprobados, no es mucho el trabajo que hay que adelantar. Lo mínimo que exigimos y que vamos a pedir hasta que se cumpla, es que el Ejército se haga cargo, tanto de la deuda para sacar los cuerpos de los cementerios privados, como de la construcción de un espacio de memoria con el que nos ilusionaron”.
