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Las recientes confrontaciones entre campesinos cocaleros y cerca de 180 militares de la Segunda División del Ejército en Tibú (Norte de Santander) demuestran, una vez más, que la estrategia de erradicación forzada de cultivos de coca carece de mecanismos de diálogo y propicia el enfrentamiento entre comunidades y fuerza pública, dejando a las autoridades civiles como simples espectadores de un conflicto social al que no pueden aportar soluciones, tal como lo reconoció Nelson Leal, alcalde de ese municipio.
Y también está lo que sucedió esta semana en Anorí (Antioquia). Desde el pasado 23 de octubre, más de 700 campesinos en la vereda Tenche han tenido confrontaciones con militares y cuerpos del Esmad que llegaron a sus tierras a erradicar forzosamente. Hay denuncias de abuso de autoridad, desproporcionalidad en el uso de la fuerza y constantes llamados para que se implemente el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Según versiones de la Mesa Nacional de Víctimas de Antioquia, más de cien familias campesinas en esta zona se encuentran en refugios humanitarios y a la espera de una respuesta estatal para definir su situación socioeconómica.
Estos son los más recientes casos de enfrentamientos entre uniformados y campesinos cocaleros, pero el Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario documentó 95 incidentes de este tipo entre diciembre de 2016 y julio de 2020. Este año reseñamos hechos similares en Putumayo, Cauca y Antioquia, por solo mencionar algunos casos.
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Este ha sido uno de los argumentos de quienes se oponen a la actual estrategia de lucha contra las drogas que Colombia ha articulado con el apoyo de EE. UU., ya que no ha logrado darle una respuesta concreta a este flagelo, más allá de las cifras en reducción de hectáreas de coca o capturas individuales de narcotraficantes.
Justamente, en esta nueva etapa, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas en EE. UU. anunció que con Colombia se irá más allá de estas cifras y se trabajará sobre la reducción en la oferta de estas sustancias, el blanqueamiento de capitales de los máximos responsables, el impulso al Acuerdo de Paz, inversiones de desarrollo rural y de seguridad ciudadana y políticas que impulsen el acceso a la justicia de forma más equitativa. En pocas palabras, un cambio radical a lo que ha sido la intervención norteamericana durante los últimos cincuenta años.
La “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos como campaña de política exterior en los países andinos, con especial énfasis en Colombia, comenzó en 1971. Por aquel entonces, el presidente estadounidense Richard Nixon ejecutó programas y proyectos como el Plan Dignidad, con el que quiso mitigar la naciente producción masiva de drogas en Latinoamérica, pues para él un aumento del narcotráfico en esta región significaba un atentado directo contra la seguridad nacional de su país.
En Colombia, particularmente, este vínculo bilateral se hizo más fuerte en 1999 con el nacimiento del Plan Colombia, durante los gobiernos Clinton-Pastrana. Desde allí, hasta la actual nueva estrategia de lucha contra las drogas emitida por Joe Biden a inicio de la semana pasada, las constantes han sido choques entre campesinos cocaleros y fuerza pública, operaciones de aspersión con glifosato (suspendidas por la Corte Constitucional en 2015), persistencia en la violencia armada en zonas rurales en las que hay cultivos de coca, pese al Acuerdo de Paz, y deficitarios accesos a la justicia para familias que necesitan sustituir sus cultivos, acceder a cadenas de mercado legales o, simplemente, formalizar las tierras en las que han vivido por años.
Por la defensa de derechos humanos
Ester Julia Cruz, representante legal de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Zona Alta de San Pablo (Asocazul), en el sur de Bolívar, lleva décadas acompañando procesos de familias cocaleras y con cultivos lícitos en esta zona del país. Dice que una de las cosas que más le ha dolido a lo largo de su vida ha sido el sufrimiento de personas que se han enfermado o lo han perdido todo por las aspersiones aéreas y terrestres con glifosato.
“Estas prácticas de la lucha contra las drogas arrasaron con todo e imposibilitaron procesos de diálogo para que el desenlace fuera una sustitución adecuada y no gente enferma y sin tierras. Afortunadamente, nos hemos movido jurídicamente, contamos con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la acción de grupo que interpusimos por las familias afectadas ya está en segunda instancia ante la Corte. En el sur de Bolívar este era un calvario casi constante y confiamos en que con el nuevo plan del presidente Biden las cosas van a cambiar, porque al menos cuenta con un componente de derechos humanos y no menciona nada de aspersiones; por fin vieron que hay más opciones antinarcóticas para cambiar la economía que asfixiar a los campesinos”, narra.
Cruz ve que en el territorio no ha habido una reducción en el delito del narcotráfico, pues considera que la alianza colombo-estadounidense para combatir este flagelo se ha limitado en “ver que la reducción de hectáreas de cultivos de coca es lo único a analizar para saber si se va bien o se va mal”, concluye la representante.
(También puede ver: “La lucha antidrogas es un negocio de doble moral entre Colombia y EE. UU.”)
Por su parte, Pedro Arenas, constructor de reformas de políticas de drogas, miembro del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil ante la Comisión de Drogas de la ONU y cofundador de la Corporación Viso Mutop, considera que ningún cambio desde la Casa Blanca es suficiente si el Gobierno colombiano no cambia sus dinámicas de acción frente al narcotráfico.
“Los cocaleros no son el mal y el error siempre ha estado en atacar al eslabón más débil. La herencia que nos deja hoy esta lucha que ha acompañado EE. UU. por tantos años es una estrategia condenada al fracaso. Por suerte, ahora hay un interés de Biden por introducir un enfoque de desarrollo rural y en materia de seguridad. Este plan desde Washington propone impulsar el PNIS y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para cumplir con la premisa básica de que la coca no puede ser la única alternativa para vivir. Además, expone puntos sobre acceso a la justicia y ajustes en la seguridad ciudadana que son un llamado para que en Colombia de verdad le apostemos a eso. Cada año concentramos un análisis de cifras de incautaciones de cocaína, capturas o reducción de hectáreas de coca, pero eso no nos dice nada. Hoy la cosa está complicada en Tibú, Iscuandé (Nariño) y Anorí, y lo que se necesita no es exponer números sino ser certeros con políticas sociales en favor de los derechos de estas poblaciones, hay que dejar de criminalizar y dar soluciones vacías”, comenta Arenas.
La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) confirmó en un comunicado que la reducción en la dependencia de cultivos de coca para las poblaciones periféricas en las que el alcance estatal no es suficiente es una estrategia que va de la mano con el desincentivo de la demanda en EE. UU., para que no se alimente la actividad ilícita.
Líderes como Nidia Quintero, vocera de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), ven en estas opciones algo que deberá ser esperado con paciencia, pues considera que son vías para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.
“Este cambio de estrategia es una muestra más del apoyo internacional que tiene lo pactado en La Habana. Nunca me ha gustado la intervención de Estados Unidos en nuestros temas internos, porque todas sus recomendaciones siempre han sido llevadas a criminalizarnos y meternos militares hasta por las orejas, cosa que empeora todo. Menos mal hay un componente para la defensa de los derechos humanos en los que romperemos ese falso paradigma de que la economía de la coca nos enriquece. Al revés, es volátil, lo vemos como una única opción por falta de vías o acceso a mercados legales y si no hay voluntad política para sustituir la economía nacional, no pueden esperar que haya una completa sustitución de cultivos de coca”, sustenta Quintero.
Desde la mirada estadounidense, Adam Isacson, director para la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), plantea la idea de que en el entorno de Biden hay una intención real de mostrar resultados sociales sobre una lucha antinarcótica en Colombia, que no sean “decepcionantes para los campesinos”, cuiden el medio ambiente y muestren que la vía de erradicación forzada no es la solución.
“No podemos olvidar que esta es una estrategia holística; es decir, se dirige a diferentes frentes a la vez. Será costosa y no sabremos realmente de cuánto será el apoyo a Colombia ni a los demás países en estos casos, pues hasta febrero se conocerá el presupuesto de cooperación internacional para 2023. Seguramente habrá un impulso a USAID en Colombia y por fin habrá avances serios en los análisis de necesidades básicas insatisfechas o de pobreza extrema para dimensionar el narcotráfico, más allá de la cantidad de coca que haya cultivada. Estoy convencido de que asperjar con glifosato tampoco es una de las opciones prioritarias acá; de hecho, la meta es que los aportes sean más de intervención social para el desarrollo que con militares o técnicas que han usado históricamente desde EE. UU.”, comenta.
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Las dudas sobre la protección del medioambiente
Uno de los pilares de la estrategia antinarcóticos está encaminada a una “protección del medio ambiente”. En los territorios hay dudas de que se llegue a pensar en eso, pero sin impulsar financiaciones del PNIS y o delos PDET.
Esa misma inquietud la plantea Isabel Pereira, coordinadora de la Línea de Política de Drogas de Dejusticia. Para la investigadora, el aumento en la militarización para luchar contra la deforestación en la Amazonia colombiana sumado a una “deuda impresentable” como la Ley de Tratamiento Penal Diferencial solo criminaliza más y no resuelve los problemas de fondo.
“La seguridad jurídica siempre ha sido una deuda en estos casos. Es positivo que EE. UU. hable de esto también en el marco de la protección medioambiental, pero si esto no entra en la lógica del Gobierno colombiano, los problemas siguen. Hay retrasos en la formalización de tierras y lo que pasa allí lo trata el Ministerio de Defensa, ¿por qué no el de Ambiente también?”, sintetiza.