Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La antopóloga Berenice Celeita Alayón ajusta tres décadas involucrada en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento de organizaciones étnicas en el suroccidente del país. Fue ganadora del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en 1998. Actualmente dirige la Asociación para la Investigación y Acción Social, conocida como Nomadesc, que ha asumido la representación jurídica en una decena de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del Paro Nacional en el Valle del Cauca. Precisamente por esa labor de acompañamiento durante las manifestaciones, este año Nomadesc fue finalista en el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Conversamos con ella sobre las investigaciones.
¿Qué balance tiene su organización después del Paro Nacional?
Fueron cuatro meses bastante complejos, diferentes equipos de derechos humanos, el nuestro entre ellos, trabajamos en terreno documentando las violaciones que se presentaban contra los puntos de movilización en Cali, Yumbo, Tuluá y Buga. Tenemos un balance en términos de impunidad muy complejo, ninguna de las personas que disparó y cegó la vida de más de 82 jóvenes en el Valle ha sido procesado o está detenido. Al contrario, sí hay muchos jóvenes que participaron de la movilización que aún están privados de la libertad en circunstancias donde se han violado todos los derechos del detenido. Algunos fueron torturados, otros fueron llevados a sitios ilegales de detención como el garaje de San Nicolás, que ya hemos denunciado, allí hay desde la pandemia más de 450 personas confinadas en un lugar sin ningún tipo de medida de bioseguridad o que respete la dignidad humana. En cualquier parte del mundo ocultar el lugar de detención de una persona es ilegal y eso se convirtió en una práctica constante, además de infringir daños y tratos crueles y degradantes que generaron problemas psicológicos irreparables, hay jóvenes que han cometido intentos de suicidio. Personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas posteriormente muertas. Fue una forma criminal como se atacó a los diferentes puntos de movilización.
Lea: Paro Nacional: el malestar de Cali, una ciudad con varias ciudades furiosas que no se hablan
Me habla de 82 víctimas fatales sólo en Valle, pero no coinciden con datos de Temblores ONG o Human Rights Watch, ¿de dónde sale la cifra?
Sale del cotejo de Temblores, de Justicia y Paz, Nomadesc y de las mismas comunidades. En Colombia tenemos ese problema: que las cifras nunca coinciden. Hemos cotejado caso por caso con los datos que tienen las organizaciones, pero sustentamos la cifra con otros casos que tenemos de manera directa.
¿Y sobre los desaparecidos?
Nos tocó destacar equipos para buscarlos en los centros de detención y ubicarlos por redes sociales, pero ya en la cuarta o quinta semana del paro era imposible, estábamos desbordados. Ninguna organización a nivel nacional logra dilucidar bien el fenómeno, aún hay muchos casos donde no sabemos si las personas aparecieron o no porque no tenemos la capacidad humana ni profesional.
Pero hay casos confirmados de personas que luego aparecieron muertas...
Claro, hay varios. En Siloé hubo dos chicos incinerados, uno que apareció en el Dollar City y otro en La Playa. El balance es complejo por la impunidad, no es fácil conseguir la información para las denuncias, muchos chicos se han ido de la ciudad o están siendo perseguidos, otros simplemente no sabemos dónde ubicarlos.
Hábleme de los casos de Kevin Agudelo y Nicolás Guerrero ¿por qué podrían ser emblemáticos?
Esos casos ocurren en una fecha crucial: el 3 de mayo, cuando ocurren ataques simultáneos, esos fueron los que nosotros conocimos de manera directa, pero en otros puntos de la ciudad también sucedían casos graves. Nicolás y Kevin fueron asesinados el 3 de mayo. Nicolás estaba en el Paso del Comercio, Kevin estaba en Siloé, en la velatón de los jóvenes que habían asesinado los días anteriores. El proceso lo tiene un fiscal destacado de Bogotá después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuviera en Cali y Buga, allí se solicitó que la vicefiscal asumiera las investigaciones desde Bogotá, porque se requería un alto grado de imparcialidad y seguridad en la denuncia. A pesar de ello creemos que no tiene el equipo suficiente para la dimensión de la investigación, por eso nosotros hemos asumido que algunos técnicos e investigadores realicen su trabajo para aportarle a la justicia, no es nuestro deber sino de la Fiscalía, pero en aras del esclarecimiento y de que haya verdad, justicia y garantías de no repetición para las familias de las víctimas es que lo estamos haciendo.
¿Eso significa que ustedes están pagando los peritos que hagan la investigación?
Si, implica que hay un equipo interdisciplinario de las organizaciones de Derechos Humanos con acompañamiento internacional. Es un equipo de abogados, investigadores y criminalistas que tratan de ubicar la información. Otro elemento importante en estos casos es que la actuación fue conjunta y el modus operandi fue el mismo: estuvo el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el Grupo de Operaciones Especiales, la SIJIN, actuando de manera conjunta. Y en ambos casos hubo disparos de fusil.
¿Está probado eso?
Totalmente. De hecho, en la inspección judicial que hizo la Fiscalía hay pruebas alrededor de esa situación, pero por la reserva del sumario no puedo entrar en detalles porque dañaría la investigación y es lo que menos queremos nosotros. Pero en las casetas, en las rejas de las casas y los comercios hay impactos de fusil. Coincidencialmente apagaban las luces del sector donde iban a atacar y el helicóptero alumbraba hacia las primeras líneas.
Se parece mucho al experimento de septiembre de 2019 en Cali...
Exacto, eso técnicamente se llama pánico moral, sucedió el 21, 22 y 23 de noviembre de 2019 en Cali y Bogotá, los mensajes de WhatsApp eran los mismos y la estrategia de pagarle a infiltrados para que saquearan comercios, almacenes. Es una forma de generalizar el miedo a través de acciones que justifican luego la violencia contra los supuestos vándalos. Tenemos por ejemplo el caso de Duván Villegas, un joven de 26 años con dos hijos pequeños a quién le disparan por la espalda en el Paso del Comercio y lo dejan inválido, eso sucedió el 21 de noviembre del 2019, otro caso en la total impunidad. En el paro de Buenaventura se vivió lo mismo cuando ingresaron a los supermercados a saquear y fue la gente del paro la que impidió los saqueos. Vándalo no significa nada, porque el código penal no tipifica ningún delito de vandalismo, pero es una forma de generar desprecio en la población hacia quienes protestan.
Habla del mismo modus operandi en puntos de protesta distintos de la ciudad, ¿eso que prueba?
La teoría de caso es la misma: el Estado colombiano, en cabeza de Iván Duque, ordena al General Zapateiro arremeter de manera violenta contra todos los puntos de protesta. Zapateiro llega a Cali y asume el control del orden público, pero decimos que hubo un golpe de Estado al gobernante local [Jorge Iván Ospina] y a la gobernante departamental [Clara Luz Roldán]. Ellos ante la omisión son responsables y el costo en vidas fue demasiado alto. El General usó una figura jurídica que fue la asistencia militar, con la que se extralimitó al prestar apoyo al ESMAD. Para nosotros esto hace parte de una política de Estado y de una práctica social genocida cuando se impide el derecho de manifestarse al pueblo, el derecho a la libre expresión, y para ello se cometen actos delictivos como lo que sucedió el 9 de mayo con la Minga Indígena, sobre todo porque la Minga había logrado identificar y detener a los paramilitares armados que agredían los diferentes puntos de protesta.
Ahí ustedes llevan otro caso: el de Daniela Soto…
El caso de Daniela el 9 de mayo es importante porque es mujer, es líder, es defensora de Derechos Humanos, había sido perfilada por ellos, y además determina la acción coordinada entre la Fuerza Pública y civiles armados, es absolutamente evidente: el mundo lo vio, hay videos, hay imágenes, todas las pruebas. Era algo que se venía instigando por parte de la Fuerza Pública. En los casos de días anteriores no tenemos evidencia de que hayan actuado civiles, pero si las tenemos el 9 y el 28 de mayo.
Le recomendamos: Daniela Soto, la joven lideresa indígena herida en ataque armado a la minga en Cali
¿Qué implicaciones hay con que se revele quiénes fueron los determinadores y responsables?
Es importante que esto llegue a feliz término, entendemos que la Fiscalía tiene pruebas de una reunión que se hizo previa, por parte de la Fuerza Pública con algunos de estos civiles y sus escoltas que habitan la zona de Cañasgordas, donde sucedieron los hechos. Montaron una especie de cooperativa de seguridad con miembros de la Fuerza Pública que también estaban de civil y con civiles armados. El tema de fondo es cómo la Fiscalía con todas las pruebas y testimonios establece que ahí lo que hubo fue un concierto para delinquir, entendemos que a los civiles se los está investigando por usurpación de funciones de la Policía, pero la tipificación de entrada encubre la acción conjunta entre fuerza pública y los civiles. Si esos civiles fueron instigados por la Policía, y eso es posible comprobarlo, entonces estaban actuando como paramilitares.
¿Incurrieron entonces los mandos de la Policía y los civiles en paramilitarismo?
Totalmente. No fue sólo el 9 de mayo en Cañasgordas, sino también el 28 en Ciudad Jardín y la Universidad del Valle y también en la vía al mar donde civiles llegaron acompañados de la Policía, en Paso del Comercio, en Andrés Sanín. Es decir, por toda la ciudad se desplegó una acción de paramilitarismo urbano.
Pero volvamos al plan del 9 de mayo: ¿ustedes apuntan a los máximos responsables?
Si, nosotros pensamos dos cosas: el ESMAD actuó de manera criminal, pero alguien les dio la orden. Y ese alguien en línea de mando sería el comandante de Policía de Cali, pero quien dirigió la operación de asistencia militar fue el general Zapateiro, que a su vez recibe órdenes del presidente Iván Duque, máximo comandante de la Fuerza Pública. Zapateiro también dirigió la operación en Buga el 14 de mayo que duró cincuenta horas de ataque continuo contra los jóvenes de primera línea del barrio Aures, dejando un saldo terrible de heridos y de habitantes del barrio afectados, en muchas casas dispararon, a la gente la sacaban arrastrada del pelo, atacaron a los jóvenes desde los helicópteros del Ejército. Claro, las investigaciones apuntan a individualizar quién ejecutó, pero quién dio la orden tiene que ser investigado en el marco de una acción que fue sistemática y que deja un saldo de muertos por verificar, adicionalmente, instigan a los civiles a armarse. Es lo que ha pasado en la historia de violencia rural donde los paramilitares han actuado con total impunidad acompañados del Ejército. El Estado siempre se justificó en que defendía a la ciudadanía de unos supuestos vándalos armados, si así fuera, la pregunta es cuántos miembros de la Fuerza Pública hay heridos, si de verdad era un combate pues debería haber víctimas de los dos lados.
Claro, el principio de proporcionalidad…
Ahí no hay ningún tipo de proporcionalidad: una piedra, un escudo… Los jóvenes fueron muy valientes pero muy ingenuos, a pesar de ver morir el primero, el segundo, el tercero, con balas de fusil que atravesaban los escudos de lata, siguieron creyendo que con eso iban a frenar las balas. Los casos de Aures el 14 y de Yumbo el 17 de mayo, donde hubo cuatro muertos esa noche y cientos de heridos, evidencian que había una orden superior de eliminar a quienes ejercían el derecho a la protesta.
Es importante saber por qué ocurrió el estallido social. Hay un incumplimiento del Estado colombiano a todos los compromisos pactados con organizaciones, pueblos y sectores. Eso determina una injusticia social agudizada por las medidas de la pandemia, que obligaron a las familias a confinarse sin poder llevar nada a su casa, los pobres se estaban muriendo de hambre en los barrios.
