“La pandemia agravó los cinco conflictos armados que hay en el país”: CICR

“La pandemia por COVID-19 hizo que las comunidades que viven en zonas afectadas por la violencia quedaran sumidas en un miedo aún mayor al que ya vivían, y no solo por la presencia de un virus que ha afectado a miles de familias, sino por lo que implica verse desprotegidas en medio de conflictos armados que parecieran empeorar a medida que pasan los meses”, destaca el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) en su balance humanitario de 2020, presentado públicamente este miércoles 24 de marzo.

(Le puede interesar: Al menos 12.481 menores de edad fueron víctimas de grupos armados en 2020)

Las consecuencias humanitarias por los cinco conflictos armados no internacionales que reconoce esta entidad incrementaron el año pasado: hubo 389 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto en los últimos cuatro años, en 69 municipios del país; 21.307 personas fueron desplazadas de manera forzada y otras 28.123 quedaron confinadas en sus territorios debido a las minas antipersonales, amenazas y enfrentamientos de grupos armados. “Nada más en Nariño, en promedio, hubo un desplazamiento masivo cada 11 días”, sostiene esta entidad.

(Le puede interesar: En 2020 hubo 165 víctimas de minas y van cinco en lo que va de este año)

Además de Nariño, los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. El CICR añade que la pandemia aisló mucho más a estas comunidades, las cuales quedaron a disposición de los grupos armados que, con el argumento de detener el contagio por el coronavirus, restringieron su movilidad y acceso a servicios básicos de salud. “Al no cumplir con estas medidas de control, la población fue víctima de amenazas y homicidios”, agrega.

A pesar de que el personal de la salud a nivel mundial estuvo en la primera línea que le hizo frente al COVID-19, en Colombia hubo 353 ataques en todo 2020 contra las misiones médicas, “la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 24 años”. Algunos de estos ataques se relacionaron con hechos de intolerancia por el miedo al contagio, como agresiones físicas o amenazas, a la circulación de información falsa, como que se estaban beneficiando económicamente esta situación, o a ataques por parte de actores armados.

“Estos fueron responsables de al menos 88 eventos”, se explica en el reporte. “Aunque nuestro trabajo en terreno indica que este número podría ser más alto”. Estos hechos afectaron paralelamente, y de nuevo, a las comunidades que se quedaron sin servicios de salud.

El CICR hizo un fuerte llamado en detener las desapariciones de personas en Colombia. “Documentamos un caso cada tres días. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz al 31 de diciembre de 2020, registramos 571 desapariciones relacionadas con la violencia y el conflicto”. Los departamentos más afectados por este crimen fueron Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.

La pandemia, de acuerdo con esta entidad, le impidió a las familias y organizaciones continuar con la búsqueda de estas personas, además, hizo necesario que los cuerpos de personas no identificadas en cementerios sean mejor preservados para su posterior identificación ante el incremento de fallecidos por COVID-19.

(Vea: El Copey (Cesar): denuncian que el alcalde desacató órdenes de proteger cuerpos de desaparecidos)

El año pasado, el CICR facilitó el reencuentro de 22 personas con sus familias que estaban en poder de grupos armados y recuperó los restos de 16 personas desaparecidas.

Le recomendó al Estado colombiano que ponga en marcha una política penitenciaria que garantice los derechos y dignidad de la población privada de la libertad y a que se regule el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública. Por otro lado, destacó que el Gobierno Nacional pusiera en marcha el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos.

“En el ámbito del Plan Nacional de vacunación que Colombia está implementando nosotros apelamos para que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a la vacunación. Estamos hablando, por ejemplo, de poblaciones en zonas afectadas por el conflicto armado y la violencia, personas con discapacidad, migrantes y personas detenidas”, indicó Loreno Caraffi, jefe del CICR en Colombia.

Junto con al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el CICR ofreció al Gobierno colombiano su ayuda para facilitar la llegada de la vacunación a estas poblaciones

“La pandemia por COVID-19 hizo que las comunidades que viven en zonas afectadas por la violencia quedaran sumidas en un miedo aún mayor al que ya vivían, y no solo por la presencia de un virus que ha afectado a miles de familias, sino por lo que implica verse desprotegidas en medio de conflictos armados que parecieran empeorar a medida que pasan los meses”, destaca el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) en su balance humanitario de 2020, presentado públicamente este miércoles 24 de marzo.

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Las consecuencias humanitarias por los cinco conflictos armados no internacionales que reconoce esta entidad incrementaron el año pasado: hubo 389 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto en los últimos cuatro años, en 69 municipios del país; 21.307 personas fueron desplazadas de manera forzada y otras 28.123 quedaron confinadas en sus territorios debido a las minas antipersonales, amenazas y enfrentamientos de grupos armados. “Nada más en Nariño, en promedio, hubo un desplazamiento masivo cada 11 días”, sostiene esta entidad.

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Además de Nariño, los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. El CICR añade que la pandemia aisló mucho más a estas comunidades, las cuales quedaron a disposición de los grupos armados que, con el argumento de detener el contagio por el coronavirus, restringieron su movilidad y acceso a servicios básicos de salud. “Al no cumplir con estas medidas de control, la población fue víctima de amenazas y homicidios”, agrega.

A pesar de que el personal de la salud a nivel mundial estuvo en la primera línea que le hizo frente al COVID-19, en Colombia hubo 353 ataques en todo 2020 contra las misiones médicas, “la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 24 años”. Algunos de estos ataques se relacionaron con hechos de intolerancia por el miedo al contagio, como agresiones físicas o amenazas, a la circulación de información falsa, como que se estaban beneficiando económicamente esta situación, o a ataques por parte de actores armados.

“Estos fueron responsables de al menos 88 eventos”, se explica en el reporte. “Aunque nuestro trabajo en terreno indica que este número podría ser más alto”. Estos hechos afectaron paralelamente, y de nuevo, a las comunidades que se quedaron sin servicios de salud.

El CICR hizo un fuerte llamado en detener las desapariciones de personas en Colombia. “Documentamos un caso cada tres días. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz al 31 de diciembre de 2020, registramos 571 desapariciones relacionadas con la violencia y el conflicto”. Los departamentos más afectados por este crimen fueron Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.

La pandemia, de acuerdo con esta entidad, le impidió a las familias y organizaciones continuar con la búsqueda de estas personas, además, hizo necesario que los cuerpos de personas no identificadas en cementerios sean mejor preservados para su posterior identificación ante el incremento de fallecidos por COVID-19.

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El año pasado, el CICR facilitó el reencuentro de 22 personas con sus familias que estaban en poder de grupos armados y recuperó los restos de 16 personas desaparecidas.

Le recomendó al Estado colombiano que ponga en marcha una política penitenciaria que garantice los derechos y dignidad de la población privada de la libertad y a que se regule el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública. Por otro lado, destacó que el Gobierno Nacional pusiera en marcha el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos.

“En el ámbito del Plan Nacional de vacunación que Colombia está implementando nosotros apelamos para que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a la vacunación. Estamos hablando, por ejemplo, de poblaciones en zonas afectadas por el conflicto armado y la violencia, personas con discapacidad, migrantes y personas detenidas”, indicó Loreno Caraffi, jefe del CICR en Colombia.

Junto con al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el CICR ofreció al Gobierno colombiano su ayuda para facilitar la llegada de la vacunación a estas poblaciones